Manifiesto   
en el 75 aniversario de la II República
     

Setenta y cinco años después de aquel 14 de Abril de 1931 en el que la mayoría del pueblo español, con entusiasmo y responsabilidad, proclamaba la Segunda República Española y expulsaba del país a la nefanda monarquía borbónica, los republicanos de toda condición, comprometidos con los valores democráticos de Libertad, Igualdad, Justicia y Solidaridad que dieron sentido al inmenso contenido social y emancipador que supuso la Constitución de la Segunda República, venimos hoy aquí a reafirmarnos en la vigencia de aquellos valores con el compromiso de perseverar en nuestra lucha, defendiendo e impulsando el modelo de estado republicano democrático, federalista, laico y solidario hasta la abolición de la vigente monarquía y la consecución de la III República.  

 En estos últimos años, y en especial, desde las movilizaciones contra la guerra que inundaron nuestras calles de banderas republicanas, apreciamos, con nitidez y con no menos esperanza, un imparable auge del movimiento republicano. Así, si ya la instauración de la manifestación anual contra la monarquía y por la República el 6 de diciembre supuso un resurgir del movimiento republicano, con la incesante constitución de ateneos, de asociaciones y de colectivos republicanos a todo lo largo y ancho del país y la proliferación de medios digitales de información de índole republicana, así como por los innumerables actos y convocatorias que con motivo del 75 aniversario de la II República se están programando en todo el Estado, además de la encomiable labor que vienen desarrollando las organizaciones republicanas en cuanto a la recuperación de la memoria son, en suma, un ejemplo incuestionable de que el movimiento republicano avanza.  

 Pero para que la República sea una realidad, de manera natural y democrática, es preceptivo que todos aquellos que propugnamos la República, seamos más; que haya más republicanas y más republicanos, que exista una masa social republicana fuerte y activa que incida en todos los ámbitos de la sociedad, en lo político, en lo social y en lo cultural, que la vaya impregnado de los valores que han significado el modelo republicano y que, en la medida de su fortaleza y razón democrática, sean asumidos por los partidos políticos de raíz republicana rompiendo, sin ambages y con valentía, las ataduras que impuso la transición. 

 Al respecto, el movimiento republicano, desde la independencia y la diversidad que le caracteriza, tiene una labor importante a desarrollar en adelante. Construir la República. Labor ingente, sin duda, pero a todas luces gratificante.  

 Construir la República significa intensificar nuestra denuncia de la monarquía impuesta por el franquismo y de la constitución de 1978 que la sustenta, dado que, por simple razón democrática, es toda una contradicción con la República que demandamos y con la misma Democracia. 

 En este sentido, es ineludible  nuestro rechazo a la vigente constitución de 1978 que otorga al soberano y a la institución monárquica, privilegios tales que conculcan la Declaración Universal de los Derechos Humanos de NN. UU. de 1948, suscrita por España, y los más elementales ordenamientos jurídicos y democráticos en todo lo referente a la igualdad y no discriminación ante la Ley; ya en el caso de la sucesión a la Jefatura del Estado; ya al considerar a la monarquía como “inviolable”, por encima de toda Ley; ya asignándola, vía Presupuestos del Estado, una cantidad (art. 65) que distribuye libremente y sin obligación de declarar IRPF ni patrimonio; ya al declarar al rey  no responsable de sus actos (art. 56.3), es decir que no puede ser juzgado en caso de delito. Constitución que, a su vez, confiere a la monarquía poderes anacrónicos y antidemocráticos como son el “hacer guardar” la propia Constitución (art. 61), el de ejercer el “mando supremo” de las Fuerzas Armadas (art. 62 h), que, al tiempo, tienen la no menos preocupante misión de defender “el ordenamiento constitucional” y de “defender la integridad territorial de España ” (art. 8). Aspectos, éstos que se utilizan como espantajo ante las demandas de un mayor autogobierno por parte de las nacionalidades del Estado Español. 

 De ahí que ante la reforma constitucional que nos vienen anunciando, la posición de los republicanos no puede ser otra que la de superar el actual régimen monárquico, mediante la exigencia de la convocatoria de un referéndum entre Monarquía y República que propicie la ruptura democrática y el inicio de un proceso constituyente.   

 Hacer República es, asimismo, promover las iniciativas necesarias que sirvan para reparar la injusticia del olvido de nuestro pasado. A los treinta años de la muerte del dictador, la democracia española está en la obligación de avanzar en la reconciliación que obligatoriamente conlleva el agradecimiento y reconocimiento de los hechos y sobre todo de las personas que fueron derrotados primero y perseguidos después, por defender la democracia. El olvido de estos gestos y estas gestas sigue siendo la continuación de su derrota.

 Así, si la transición pactada, de la dictadura franquista al régimen actual de libertades, no restituyó la legalidad y legitimidad de la II República, si la misma “equiparó” la dictadura con la II República y en la práctica supuso una “Ley de punto final” para los que golpistas, la transición no resolvió los derechos de las víctimas y afectados por el golpe de estado, la guerra y la dictadura, ni tampoco los de los republicanos reprimidos por los nazis. Todavía más de 35.000 asesinados están en cunetas y campos. Todavía en pueblos y ciudades nuestro país las denominaciones de miles de calles y plazas hacen referencia al pasado régimen franquista y a hechos de relevancia antidemocrática

 Por ello, y porque  cuando, precisamente, en este mes de Abril se cumplen 75 años de la proclamación de la II República y, en julio, 70 desde el inicio de la Guerra Civil, es un buen momento, en todos los actos y celebraciones que se lleven a efecto, para que los republicanos recuperemos el tiempo perdido redoblando las demandas para que, definitivamente, se restaure la memoria y se solucionen las numerosas injusticias pendientes. Consecuentemente, desde las organizaciones republicanas continuaremos presionando para que el Gobierno y el Parlamento resuelvan de una vez por todas, los derechos de las víctimas y afectados por la represión franquista y fascista, así como por la definitiva supresión de esa toponimia preconstitucional y contraria a los valores de respeto y convivencia en libertad. Toda una muestra del deber moral e higiene democrática que los republicanos demandamos.

 Pero para la consecución democrática de la República no basta con la legítima recuperación de la memoria ni consiste en el cambio en la Jefatura del Estado del monarca por un presidente de la República, sino mediante un proceso político y social que vaya cimentando la arquitectura de la III República que propugnamos

 En este sentido, construir hoy la República es contribuir a la lucha por la paz. El precedente del artículo 6º de la Constitución republicana de 1.931 debe ser para los republicanos una referencia de carácter imperativo. Nuestro compromiso en la defensa de los Derechos Humanos, por la Justicia, por una cooperación justa que favorezca el desarrollo sostenible y el bienestar social, reivindicando un futuro en PAZ, COOPERACIÓN y SOLIDARIDAD con todos los países del mundo así como la desvinculación de nuestro país de la OTAN son los ejes que los republicanos demandamos en cuanto a las relaciones internacionales.   

 Contribuir a la  Paz, es, asimismo, mostrar nuestra satisfacción a ante el alto el fuego permanente determinado por ETA y manifestar nuestro apoyo a la apertura de las vías de diálogo oportunas que posibiliten la adopción de medidas políticas que superen, definitivamente, el estado de violencia que hemos padecido y el marco político y judicial que, de la misma manera, ha impedido la expresión política de un amplio sector de la sociedad vasca. 

 En el marco del Estado Federal que propugnamos, construir la República significa reivindicar mayores cotas de autogobierno de las comunidades y  nacionalidades superando el actual marco estatutario y las constantes tensiones que esta cuestión históricamente ha producido. Siempre bajo el respeto al principio de subsidiariedad y desde el reconocimiento del derecho a la libre determinación 

 La Laicidad del Estado y de las Instituciones es fundamental en la construcción del Estado republicano. De ahí que la separación de las Iglesias y el Estado, la derogación del concordato con el Vaticano de 1953, la enseñanza de la religión en la Escuela Pública, las subvenciones a la enseñanza religiosa, el sostenimiento de su profesorado, del clero y sus instituciones son retos a combatir por todos los republicanos y una meta a superar con el establecimiento de la III República. 

 Pero no habrá República sin reconocimiento de los derechos sociales. La lucha, por una sociedad más justa, de pleno empleo, que erradique la precariedad laboral, la discriminación y el racismo; que facilite el acceso a la vivienda digna y, en especial, a los jóvenes, que proteja el medio ambiente y combata la especulación inmobiliaria y financiera; que mediante la protección social plena salvaguarde las pensiones; que garantice una enseñanza laica, no discriminatoria, pública, de calidad y gratuita a todos los niveles; que dignifique la Cultura y sea accesible a toda la sociedad; que potencie la empresa pública y los servicios públicos esenciales con especial atención a la Sanidad y al Transporte, son retos que el actual ordenamiento constitucional ha sido incapaz de resolver y que, en suma, los republicanos no podemos eludir, debiendo estar presentes en nuestra lucha cotidiana por la consecución de la III República.

 Con estas pautas de trabajo, con el propósito y convencimiento que el conjunto del movimiento republicano nos hemos impuesto y por pura razón democrática, estamos convencidos que la República llegará y será una realidad más pronto que tarde. A todos los republicanos, sin duda, nos espera un trabajo ingente, incluso difícil. La República no nos la regalarán, habrá que conquistarla. 

¡Por la convocatoria de un referéndum Monarquía-República!

¡Por el inicio de un proceso constituyente!

¡Por la República!

¡Viva la III República!

Abril 2006


¡Viva la República española!

Enric Sopena. El Plural 14 de abril de 2006

 Sostiene Zapatero que “la democracia exige un Estado aconfesional y una cultura pública basada en valores laicos.” Esta consideración es impecable y sobre la misma se sustenta el Estado democrático moderno, que reemplazó a los absolutismos de raíz teocrática. “Todo poder viene de Dios”, argumentaban los defensores de este género de regímenes cuya postrera expresión estuvo representada en España por la dictadura franquista. Franco habría sido elegido –según se podía leer en las monedas de la época- “Caudillo de España por la gracia de Dios”.

 La mezcla de religión y política formaba parte de las esencias del tinglado. Los obispos llevaban al vencedor de la Cruzada bajo palio. Como si fuera la Custodia. El nacionalcatolicismo se basó en esa aberración. Cuenta Miguel Maura, católico y ministro del Gobierno provisional republicano que el cardenal de Toledo, Pedro Segura, habría dicho desde el púlpito de la catedral que “debería caer la maldición de Dios sobre España, si la República se consolidaba.”

 El César y Dios
Sostiene además Zapatero que “la Iglesia católica puede mantener algunas posturas que evocan todavía la aspiración a que las leyes eclesiásticas estén por encima de las leyes de la polis, pero creo que esa actitud es ya una reliquia ideológica”. Niega el presidente del Gobierno que una “ley natural esté por encima de las leyes que los hombres se dan”. El discurso de Zapatero es el de un demócrata, partidario de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, favorable a la separación –que no es sinónimo de enfrentamiento- entre Iglesia y Estado.

 Los valores laicos
Los valores laicos, aludidos por Zapatero, son los valores republicanos. Ésos que el presidente elogió recientemente, lo que ha provocado otra oleada de insultos contra él procedentes de la caverna mediática. Se ha comprobado que la II República continúa excitando las bajas pasiones de la derecha. Eduardo Madina, lúcido diputado socialista, escribió hace unos días sobre la República en
elplural.com
. La gran oportunidad, robada era el título de su comentario. Tenía razón Los nostálgicos ultramontanos se cargaron el hermoso sueño republicano. Lo hicieron a sangre y fuego.

 Los impulsores de la rebelión
¿Quiénes fueron sus impulsores? Consta en un informe remitido por quien fuera embajador de EEUU en España entre 1933 y 1939, Claude G. Bowers, a Cordell Hull, secretario de Estado del presidente Roosevelt. Lo resume Bowers en su libro Misión en España, publicado por Grijalbo (1966) en México. “Escribí a Cordell Hull exponiéndole los elementos que apoyaban la rebelión.

  1. Los monárquicos, que deseaban la vuelta del Rey y del antiguo régimen.

  2. Los grandes terratenientes, que deseaban conservar el régimen feudal poniendo fin a la reforma agraria.

  3. Los industriales y los banqueros, que deseaban sujetar y mantener a los obreros “en su lugar”.

  4. La jerarquía eclesiástica, hostil a la separación de la Iglesia y el Estado.

  5. Las camarillas militares, que perseguían el establecimiento de una dictadura militar.

  6. Los elementos fascistas, inclinados a la creación de un Estado totalitario”

Nazis y fascistas
Bowers, un periodista que se autodefinía como “demócrata jeffersonista”-, subraya que “la Segunda Guerra Mundial comenzó en España en 1936”. En su libro narra con precisión “la conspiración al descubierto” y “la guerra del Eje contra la democracia española”. Es decir, de los nazis y los fascistas. Transcribe, por ejemplo, lo que escribió el conde Ciano –yerno de Mussolini- en su diario cuando oficialmente terminó la guerra. Afirmaba que se trataba de “la victoria más formidable del fascismo, posiblemente la más grande hasta entonces.” Ciano retrata a Musolini, “lleno de alegría”, señalando el atlas abierto en la página de España y diciendo: “Ha estado abierto por esta página casi durante tres años y eso es bastante.”

 El capitán Lozano
Pues bien, un día como ayer, 14 de abril de 1931, los españoles proclamaron pacíficamente, con emoción y entusiasmo, la República. Claro que los republicanos cometieron errores y excesos repudiables. Pero el mayor y más injustificable exceso lo protagonizaron los poderosos que no quisieron ceder ni un ápice de sus privilegios seculares. En todo caso, la semilla de la República no pudo ser erradicada por los liberticidas a pesar de sus incesantes esfuerzos por conseguirlo. Floreció décadas más tarde a través de la Constitución de 1978. Los valores de esa Constitución –que consagra un sistema monárquico respetable, de carácter democrático y parlamentario- son, en su mayoría, intercambiables con los valores propiamente republicanos. Esos valores son los que hizo suyos Zapatero, nieto del capitán Lozano, un militar honorable que pagó con la vida su lealtad a la República surgida de las urnas y no de las bayonetas.

 Historiadores lacayos
La derecha no quiere ni oír hablar de la República. Algunos de sus lacayos –que presumen de historiadores, como Pío Moa, César Vidal o Ricardo de la Cierva- se dedican a denigrarla, ovacionados por los hijos y los nietos, familiares o amigos, de los golpistas. En el espejo de la República aún se observa cómo el complot de los ricos y los reaccionarios acabó vilmente con ella. Les enoja contemplar ese espejo. Les irrita la recuperación de la memoria histórica, secuestrada por los ganadores de la guerra.

 El Valle de los Caídos
No se trata de ningún ajuste de cuentas. “Paz, piedad y perdón”, clamaba Manuel Azaña, presidente de la II República, el 18 de julio de 1938, segundo aniversario de la sublevación, desde el Ayuntamiento de Barcelona. Su ruego no fue escuchado por los insurrectos. Azaña murió el año 1940 en Montauban, cerca de Toulouse. Sus restos mortales permanecen ahí. ¿Cuándo podrán regresar a España con la dignidad debida? Mientras, el cadáver del general victorioso reposa en el faraónico Valle de los Caídos, uno de los símbolos más ignominiosos de la dictadura.

 Es de justicia
Es de justicia que la II República sea honrada como se merece. Hoy, 14 de abril, 75 años después, muchos ciudadanos la evocarán y seguirán luchando desde la legalidad por ella. ¡Viva la República española!


El destello formidable de la República

Soledad Gallego-Díaz. El País 14 de abril de 2006

La República que se conmemora el 14 de abril tuvo personajes magníficos. Probablemente, como decía el periodista Hunter Thompson, hay momentos en los que sin que se sepa por qué la energía de toda una generación produce un destello formidable. Eso fue la proclamación de la II República española: un destello de esperanza en un mundo que todavía no conocía Auschwitz, ni Hiroshima ni el Gulag. Un destello magnífico cuando todavía las esperanzas estaban intactas. Negarse a reconocer lo extraordinario de aquella experiencia, como proponen los negacionistas del Golpe de Estado del 18 de Julio, resulta mezquino, no para la izquierda de este país, sino para el país entero. La II República no es hoy día la herencia de un partido, sino la herencia que dejó aquella generación, de la que se esperó mucho, a esta otra, a la que mucho le es dado, en uno de esos misteriosos ciclos de los que hablaba Roosevelt.

Uno de esos personajes formidables fue una mujer a la que no se cita frecuentemente entre los creadores de la II República, pero sin la que la Constitución de 1931 no hubiera incluido nada menos que el sufragio universal. La feminista Elizabeth Stanton decía que la República consistía en dar a los hombres sus derechos, nada más... "Y en darle a las mujeres sus derechos, nada menos". Y eso es exactamente lo que consiguió Clara Campoamor. El debate que propició aquella diputada madrileña, su herencia, sigue vigente hoy día: ¿se puede posponer el reconocimiento a la igualdad legal de las mujeres hasta que se produzca una modernización suficiente de la sociedad, encomendada a los hombres?

Muchos expertos, y expertas, estiman, por ejemplo, que no pasa nada por aprobar ahora en Irak, o en Afganistán, bajo la supervisión de las democracias occidentales, Constituciones que discriminan legalmente a las mujeres, a cambio de un acuerdo entre los principales partidos que saque adelante el país. Ésa es prácticamente la misma postura que mantuvo en 1931 Victoria Kent y contra la que se alzó Campoamor: "Nadie como yo sirve en estos momentos a la República", porque la República no puede sacrificar el derecho de media población, sea cual sea la moneda de cambio. Algo tan simple si se aplica a los hombres sigue siendo, sin embargo, hoy día motivo de discusión cuando afecta a las mujeres.

El voto femenino se aprobó, justo es decirlo, gracias a una extraña mezcla de socialistas y de grupos de derecha que compartían, seguramente, los argumentos de Kent. A Campoamor la izquierda le reprochó siempre la victoria de la CEDA en 1933 y el éxito del Frente Popular en 1936 no cambió nada. Nadie le pidió perdón. Ella no ocultó su amargura: "No espero que se eleve una voz, una sola, que desde ese campo de la izquierda, de quien hube de sufrirlo todo, por ser el único que ideológicamente me interesa, una sola voz que proclame que no fui yo la equivocada".

Clara Campoamor, hija de un contable y una modista, empezó a trabajar a los 13 años y entre los 32 y los 36 hizo el bachillerato y la carrera de Derecho. Murió en el exilio en 1972. Con su impulso, y el de otros hombres y mujeres, la II República aprobó la igualdad de derechos de ambos sexos, el acceso de la mujer a la vida pública, la abolición de la prostitución regulada, el derecho al aborto, el matrimonio civil y el divorcio de mutuo acuerdo, la supresión del delito de adulterio aplicado sólo a mujeres, la educación mixta, la protección a la maternidad, la equiparación salarial, la investigación de paternidad, el reconocimiento de hijos naturales y la patria potestad compartida. Prácticamente todos esos derechos fueron suprimidos por el franquismo. Es absurda la idea de que no importa lo que un hombre, o una mujer, cree. Claro que importa: importa lo aquellos hombres y mujeres que proclamaron la República creyeron y lo que creían quienes lucharon contra ella. Y es una indecencia pretender que lo ignoremos.


Un intento brillante abocado al fracaso
 

Francisco Bustelo. El País 14 de abril de 2006

Lo sorprendente hubiera sido que la II República se hubiera desenvuelto en paz. España en 1931 se caracterizaba por ser un país sumamente conflictivo. Tenía un nivel económico bajo, una riqueza mal distribuida y mucha pobreza. Las tensiones sociales eran fortísimas y entre los desfavorecidos los afanes de cambio eran lógicamente grandes. Esos afanes ya habían comenzado a dejarse sentir desde principios del siglo XIX, pero en el primer tercio del siglo XX, ante las escasas mejoras, se intensificaron. Frente a ello, había un tradicionalismo no menos fuerte en instituciones y fuerzas políticas que se oponían tenazmente a todo cambio.

Esa resistencia al progreso, mayor que la registrada en otros países, se explica por la propia historia de España, cuando ya desde el siglo XIII, por mor de la Reconquista, predominó la nobleza con un régimen señorial que afianzaron los Reyes Católicos, cuando en el siglo XVI una Contrarreforma religiosa cerró al país en sí mismo, cuando una insuficiente Ilustración dejó en poca cosa los adelantos entrevistos en el siglo XVIII. Todo ello hizo que arraigaran hondo unos valores que eran muy poco propicios para hacer los dos grandes cambios de la edad contemporánea: la revolución industrial y la revolución burguesa.

Desde principios del siglo XIX hubo así en España conflicto, a veces abierto, otras soterrado, pero siempre presente, entre modernización y tradición. La inestabilidad política, con nueve Constituciones y 130 gobiernos en menos de cien años, el escaso desarrollo económico, los continuos intentos de recurrir a la fuerza, bien para avanzar, bien para impedir el avance, todo ello era una buena muestra de una sociedad desequilibrada. Baste recordar que palabras de uso internacional como pronunciamiento y guerrilla son creación española.

En 1931, con el cambio de régimen, los republicanos pensaron con razón que se presentaba una ocasión histórica única. Contaban con ilustres políticos, con el apoyo de una pléyade de brillantes intelectuales y con el respaldo de buena parte de la población. Pero, ¡ay!, cometieron un error que acabaría teniendo funestas consecuencias. La pacífica y rápida implantación de la República confundió a muchos. Creyeron que la derecha, entonces casi siempre extremosa, estaba definitivamente arrumbada. Nada más equivocado.

Esa derecha no quería república, democracia, laicismo, reforma agraria, mejoras sociales, nacionalidades. Su oposición era cerrada y su fuerza grande. Tanto fue así que acabó recurriendo a la sublevación militar, a la guerra civil y a una larga dictadura para evitar que se alcanzasen esos fines. Salvo la cuestión agraria, que el desarrollo económico de los años sesenta permitió resolver en lo principal, aunque fuera sin buscarlo expresamente, todo lo demás -libertad, aconfesionalidad, autonomías- todavía estaba pendiente cuarenta años después, a la muerte de Franco.

Es evidente que los culpables del retraso en la modernización de España fueron unas derechas políticas, sociales, económicas y religiosas que con gran cortedad de miras se oponían al cambio. Pero también es cierto que, en su enfrentamiento con ellas, las izquierdas no acertaron. Cuando tuvieron el poder no fueron capaces de neutralizar a sus enemigos ni tampoco intentaron, como mal menor, templar gaitas a la espera de que el tiempo jugara a su favor. Cuando las elecciones de 1933 demostraron que había una derecha poderosa, capaz de unirse y gobernar, parte de la izquierda se ofuscó y buscó una inútil y contraproducente vía violenta para intentar hacerse de nuevo con el poder, lo que se consiguió, en cambio, por la vía democrática en las elecciones de febrero de 1936. Entonces se repitió, agravado, el error de 1931, a saber, no prever la enemiga de parte del país.

¿Qué habría podido hacerse y no se hizo? Claro es que si la izquierda hubiese estado más unida, si hubiese gobernado con más firmeza y a la vez con más flexibilidad, si tanto en el Gobierno como en la oposición no hubiera permitido ni alentado el menor asomo de violencia entre sus partidarios por muchas que fueran las provocaciones, quizá el resultado habría sido otro. Pero ni siquiera ello es seguro. La desgraciada historia de nuestro país, de la que algunos están tan sorprendentemente orgullosos, hacía probablemente inevitable, tras un siglo largo de enfrentamientos, que estallara la traca final de la Guerra Civil. Su duración demostró que el país estaba muy dividido y que ambos bandos estaban equiparados en fuerza, decidiendo el resultado un Ejército mayormente rebelde y el auge de los fascismos en Europa.

En suma, ¿cómo se podría haber avanzado en los años treinta en la modernización del país sin provocar, primero crispación y, luego, una contienda fratricida, en unos tiempos en que España estaba tan necesitada de cambios como sobrada de ideas, personas e instituciones tozudamente opuestas a que se hicieran?

Tuvo que mediar mucha sangre, sudor y lágrimas y esperar hasta los años setenta para que la derecha se civilizara, la situación socioeconómica mejorara y la izquierda dejara de buscar atajos conflictivos para modernizar el país. A la luz de la historia, los 75 años transcurridos permiten decir que en la España de entonces la crispación fue inevitable en la República desde sus inicios. Hoy, por fortuna, no lo es. Quienes la fomentan son un anacronismo, que como tal acabará desapareciendo, cuanto antes mejor.


"La gente se quiso como nunca aquel 14 de abril de 1931"

Rafael Fraguas. El País 14 de abril de 2006

Tres testigos cuentan la jornada de la proclamación de la República en Madrid

En la mañana de aquel martes 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la Segunda República, la primavera acababa de llegar a Madrid: habían brotado las glicinias del palacio del marqués de Salamanca, en el paseo de Recoletos. Modistillas cantarinas, recién liberadas de sus talleres por patronos receptivos a la clase obrera en tal jornada, caminaban por la Gran Vía hacia la Puerta del Sol y las plazas de Cibeles y Antón Martín. Sobre los rizos de sus permanentes se veían muchos gorros frigios que costureras veteranas les habían enseñado a confeccionar en papel y, a veces, en seda. Trenzadas por los brazos, sus voces agudas envolvían de inocencia la mañana. Otras mujeres, entre las que figuraba la esposa de José Giral, futuro ministro de Marina, se afanaban por coser las banderas tricolores que adornarían horas después los balcones de los principales edificios de Madrid.

A la misma hora, el estudiante Luis Rubio Chamorro, de 13 años, salía de su casa de la calle de Fúcar, cerca de Atocha, hacia el Instituto San Isidro, en la calle de Toledo. "Al llegar a la boca del metro de Antón Martín vi unas modistillas con cestitas llenas de banderas tricolores prendidas de alfileres", cuenta. "Una de ellas se me acercó y con una sonrisa me prendió una en la solapa. Desde aquel instante, yo fui ya un niño republicano", sonríe hoy Rubio a sus 88 años. "Seguí camino del instituto, pero fui a dar con un grupo de estudiantes. '¿Adónde vais?', les pregunté. 'A la plaza de Ópera: hemos oído que van a derribar la estatua de Isabel II y queremos verlo', me dijeron. Fui con ellos. Encaramados en la estatua, dos hombres habían cruzado sogas por la cintura de la efigie", explica. "Aunque no asistí, ya que marché a la Puerta del Sol, creo que la derribaron: fue la tercera víctima del día -incruenta, claro-, junto con la estatua de Felipe III, en la plaza Mayor, y la de la infanta María Teresa, en San Sebastián".

Las Casas del Pueblo ugetistas habían repartido pasquines que anunciaban la inminente proclamación de la República. También distribuyeron desde primera hora entre los taxistas escarapelas tricolores y, sobre todo, banderas rojas, que los conductores colocaban atadas a las ventanillas de sus coches. A su paso por las calles, los madrileños y las madrileñas -"la calle se llenó de señoras", se leía al día siguiente en el diario Abc- les saludaban agitando sombreros con divertidos aspavientos, que, al poco, hallaban la respuesta de los cláxones, todo un clamor encauzado hacia Cibeles y la Puerta del Sol.

"Yo estaba allí", cuenta con orgullo Emilio Álvarez, que el próximo 16 de junio cumplirá 90 años. "Trabajaba de aprendiz en la imprenta Matesanz, de la calle del Humilladero; cobraba una peseta diaria. El 14 de abril de 1931 fue uno de los días más felices de mi vida", explica este impresor jubilado en 1981 en Gráficas Espejo. "Todo Madrid rebosaba alegría... Cantos, abrazos y besos", dice. ¿Besos? "Sí, la gente se miraba a los ojos, se cogía de las manos y se besaba alborozada... pero, sobre todo, se quería. Aquel 14 de abril", comenta emocionado, "la gente en Madrid se quiso como nunca". Y añade: "Fue un día irrepetible. Cuando llegué a mi casa, me puse a dar vivas a la República. Entonces, mi abuela, Josefa Álvarez, que, como muchas mujeres de entonces, era monárquica, me dijo algo tremendo que nunca olvidaré: 'No ha habido sangre... Pero la habrá". Una premonición que se hizo realidad cinco años después, cuando el general Francisco Franco se alzó en armas contra la entonces flamante República, levantamiento que desató la Guerra Civil.

Quizá con un temor similar al de la abuela de Emilio actuó el padre de su amigo Jaime Cruzado Mira, impresor del diario Ya, unos meses menor que él y amigo suyo casi desde entonces: "Aquel 14 de abril, mi padre, Andrés Cruzado, almeriense y gorrero de profesión, se presentó en los Escolapios de la calle de Mesón de Paredes, donde yo estudiaba. Muy serio, me dijo: 'Te llevo a casa y de allí no te mueves en todo el día'. Obedecí sin rechistar. Desde el balcón vi pasar gente muy alegre", dice resignado.


Elogio crítico de la II República

Gregorio Peces-Barba. El País 25 de abril de 2006

En este setenta y cinco aniversario de la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, han surgido muchas voces, incluidas las del señor presidente del Gobierno, de conmemoración positiva de aquella etapa de nuestra historia contemporánea.

Aunque sólo sea para compensar las cantidades de basura que se lanzaron contra ella y contra sus hombres en el franquismo y en los ecos que mantienen la descalificación entre escritores de escaso rigor y de ideología reaccionaria, frente a la inmensa mayoría de los historiadores generales y de las ideas, el esfuerzo de dignificación y de respeto merece la pena.

Además, el republicanismo, que tiene una honda tradición en la cultura política desde Cicerón, pasando por Maquiavelo, por los libertinos, por el Padre Feijoo, por Voltaire y Rousseau y por los socialistas liberales, éticos o democráticos, entre otros, es compatible con la Monarquía parlamentaria, donde el Rey carece de prerrogativa y es el máximo órgano que representa la unidad y permanencia del Estado, el referente de todas las decisiones que toman los órganos y las instituciones democráticas que expresan la soberanía que reside en el pueblo español. La Constitución de 1978 es ideológicamente republicana, incluida la Jefatura del Estado, y supone una continuidad inteligente de la Constitución de 1931. Cuando el Rey visitó Toulouse y saludó y compartió su tiempo con los republicanos que allí viven, y cuando en visita a México hace años su primera acción fue conocer y saludar a doña Lola Rivas Cherif, viuda de Azaña, estaba haciendo visibles su respeto y su homenaje a la Segunda República.

El nuevo pacto constitucional no tiene por qué ser una reproducción mimética del de 1931, sino sólo un traslado de sus dimensiones básicas, sujetas al cambio de los tiempos y a la evolución histórica.

Mucha gente, y yo desde luego lo constato en mí mismo, tenemos esa doble lealtad a las dos Constituciones, una en vigor que debemos defender entre todos y otra que supone uno de los momentos históricos más dignos y más nobles del que podemos enorgullecernos los españoles. Desde estas premisas, en libertad y democracia desde hace treinta años, podemos rendir a la Segunda República y a sus protagonistas el homenaje que merecen.

Fue una sociedad abierta en el sentido en el que la definieron Bergson y Popper en el siglo XX. Los valores que instauró la Constitución del 10 de diciembre de 1931 estaban fundados en una moral humana expresión del hombre centro del mundo y centrado en el mundo, que abarca a toda la humanidad, a todas las personas y a su dignidad. Como diría Popper en The Open Society and its Enemies (1945), la sociedad abierta es aquélla donde cada individuo debe asumir una responsabilidad personal y donde el núcleo de la vida social es la iniciativa moral y singular, es racional y crítica y abierta al progreso. Sólo la democracia, con sus valores liberales y sociales, es el ejemplo histórico de la sociedad abierta.

El pueblo español estaba harto del oscurantismo, del clericalismo y del catolicismo obligatorio, de la persecución de los heterodoxos, del tribalismo, de los mitos, del terror y de las supersticiones como orientación de la vida que habían acompañado y orientado nuestra historia moderna, que, salvo muy breves intervalos, había sido la historia de una sociedad cerrada. Bergson dirá lúcidamente que la sociedad abierta, la democracia, había sido en la historia el fruto de una protesta y que cada frase de la Declaración de los Derechos de 1789 era un desafío lanzado contra un abuso.

La República fue recibida con una ilusión y una esperanza enormes y sus medidas educativas y culturales, la potenciación de la escuela y sus maestros, la cultura popular, la extensión del teatro y de la lectura, fueron experiencias hasta entonces inéditas en nuestro país, como fue la Constitución que definía a España como república de trabajadores de todas las clases organizadas en unrégimen de libertad y de justicia, que renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional, que introdujo los derechos sociales, junto a los individuales y civiles, el control de constitucionalidad de las leyes y el principio de autonomía, aunque no generalizado, como en la Constitución de 1978. Sus protagonistas fueron los políticos y los juristas más dignos, expresión de los intelectuales que se inspiraban en la Institución Libre de Enseñanza: Besteiro, Azaña, Fernando de los Ríos o Prieto representan a aquellos que tenían claro lo que se debía hacer y lo intentaron con todas sus fuerzas.

Pronto, las buenas reformas y la política legislativa, abierta y progresiva, a partir de la Constitución se encontró con los adversarios de fuera y de dentro, que acabaron por hacerla fracasar. La desmesura de unos, la deslealtad de otros, produjo unos fuegos cruzados ante los que estuvieron impotentes los dirigentes republicanos, incapaces de responder a tanta traición y a tanta malicia. Desde dentro, los impacientes se levantaron; sectores socialistas y anarquistas, cuando la derecha ganó las elecciones de 1933, no consintieron su llegada al poder y se sublevaron en 1934, en la llamada Revolución de Octubre, que fue un ensayo sangriento de la Guerra Civil, donde la insurgencia fue derrotada y sometida a una durísima represión. La ruptura de las reglas de juego y la falta de respeto al resultado de las urnas y al principio de las mayorías abrió una puerta, como precedente, al levantamiento militar del 18 de julio de 1936. Después ya, desde la victoria del Frente Popular, esos impacientes respondieron con la fuerza a las acciones violentas de la extrema derecha falangista y tradicionalista y, lo que fue más grave, los impacientes más radicales, menos preparados y menos cultos reaccionaron ante el asalto a la legalidad de los militares rebeldes con asesinatos de sacerdotes, monjas y religiosas, muy numerosos e inocentes. Fue una explosión de irracionalidad y de violencia. Poco se habla, sin embargo, de los sacerdotes nacionalistas fusilados por las gentes de Franco, no tan numerosos, aunque lo cuantitativo no añade ni quita gravedad al tema. Se hizo contra la voluntad de las autoridades de la República, que hicieron lo posible por que la barbarie remitiese y lo consiguieron casi totalmente a lo largo de 1937.

Desde fuera, colectivos con mentalidad de sociedad cerrada conspiraron desde el principio. Fueron sectores militares que el 18 de julio eliminaron a muchos generales, jefes y oficiales fieles al Gobierno constitucional; fueron jerarquías de la Iglesia que pretendían mantener el monopolio de la verdad y que calificaron solemnemente al golpe militar como cruzada; y fueron los grupos de extrema derecha, falangistas y tradicionalistas, principalmente, quienes otorgaron el pedigrí político a los que sólo tenían la fuerza bruta. Los nacionalistas, con grandes tentaciones de sociedad cerrada, iniciaron la andadura republicana con deslealtad en Cataluña, proclamándola como Estado independiente dentro de la confederación de pueblos ibéricos. Restablecida la legalidad, el nacionalismo catalán fue hasta el final leal y cooperador con la República. El nacionalismo vasco, que no patrocinó ningún acto hostil, fue castigado duramente por los nazis alemanes aliados de Franco, con el horrible y salvaje bombardeo de Guernica. Fueron los primeros en rendirse en 1937, en circunstancias no totalmente claras.

La República murió con las botas puestas, luchando con valor y esfuerzo frente a muchas circunstancias internacionales adversas. Después la represión fue muy dura y todos sus políticos más respetables murieron en el exilio o ejecutados tras simulación de juicio por delitos como el auxilio a la rebelión aprobados por los rebeldes y aplicados con carácter retroactivo. Los vencedores, prepotentes y sin piedad, quisieron exterminar las ideas que inspiraron a la República, matando a las personas que la encarnaban y persiguiendo a sus hijos y a los herederos que persistían en perpetuarlas. La victoria acabó en derrota, porque es casi imposible silenciar definitivamente a las ideas. La Constitución de 1978 demuestra la vitalidad y la permanencia de los valores republicanos y fue el mejor homenaje que se podía hacer a la de 1931. ¿Sería posible no empezar de nuevo y que esta vez los demonios familiares no hicieran fracasar el último proyecto? Una frustración más sería difícil de superar. No podríamos soportar a más aventureros ni a más salvadores.


Notas escépticas de un republicano

Antonio Muñoz Molina. El País 24 de abril de 2006

En España, país desmemoriado, se ha puesto de moda la memoria. Es una memoria singularmente selectiva: borra o desfigura la parte del pasado más cercana al presente y se remonta a una lejanía hasta hace poco no muy frecuentada, salvo por los aficionados a la historia y los historiadores profesionales, y por algunos novelistas que educamos nuestra imaginación en los relatos cautelosos sobre la República y la guerra que escuchamos de nuestros mayores en la infancia. La historia es un saber difícil que requiere largas investigaciones, ofrece muchas incertidumbres y da a veces amargas noticias. La memoria no se investiga, sólo se recupera, sin exigir mucha disciplina, incluso, muchas veces, con un propósito de afirmación personal o colectiva que nadie está autorizado a discutir, ya que la memoria, por definición, le pertenece al que la posee. La memoria, si no es vigilada por la razón, tiende a ser consoladora y terapéutica. Modificar los recuerdos personales para que se ajusten a los deseos del presente es una tarea legítima, aunque con frecuencia tóxica, a la que casi todos nosotros somos proclives.

Cuando la memoria se convierte en un simulacro colectivo su efecto empieza a ser más alarmante. Su primacía desaloja a la historia del debate público, porque la historia es mucho menos maleable, y con frecuencia puede desmentir las buenas noticias sobre el pasado que a todos nos gusta regalarnos. Al filtrarse a través del recuerdo, y también del olvido, el pasado se convierte en ficción y en materia novelesca. Pero a la novela no le exigimos fidelidad a los hechos privados o públicos que puedan haberla inspirado. La responsabilidad de la novela es estética y moral: la de los discursos públicos, casi como la de la ciencia, debería estar sujeta a las exigencias más severas del conocimiento.

Como novelista y como ciudadano, la negligencia o el silencio que durante muchos años envolvieron el recuerdo de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la resistencia antifranquista me parecieron desoladores. La falta de conexión entre el presente iniciado en la transición y las tradiciones progresistas españolas que fueron interrumpidas por la guerra y sepultadas por el franquismo ha sido una de las debilidades mayores de nuestro sistema democrático: ha alimentado nuestro raquitismo cívico y nuestra profunda penuria cultural, así como una contumaz injusticia hacia quienes lucharon contra la dictadura o fueron víctimas de lo que Paul Preston ha llamado la "política de la venganza". Quienes ya éramos adultos a principios de los años ochenta sabemos que la razón de tanto olvido público no era el chantaje de una derecha franquista que siguiera vigilando desde la sombra. Desde 1982 el Partido Socialista gobernaba con mayoría absoluta, y sus dirigentes, empeñados en la tarea necesaria de modernizar plenamente el país, optaron por ocuparse más del futuro que del pasado, con un entusiasmo en el que había una parte de arrojo verdadero y otra de frivolidad y cosmética. De pronto la épica de la resistencia se había quedado antigua, tan obsoleta como las barbas y como las chaquetas de pana. Cambios verdaderos y profundos sucedían mientras tanto, pero muchos nos sentimos agraviados en aquellos años por la amnesia atolondrada de los que mandaban, por la falta de escrúpulos y una propensión al favoritismo y al descuido de la moral pública que habrían de acabar en los escándalos de corrupción de los primeros años noventa.

La historia proscrita por el franquismo fue una historia simplemente abandonada por la democracia. Abandonada por el Estado central y sustituida por mitologías más o menos lunáticas en los sistemas educativos de los gobiernos autónomos, consagrado cada uno a la tarea de inventar pasados gloriosos que fatalmente acabarían malogrados por una pérfida invasión española. La mezcla de la pedagogía posmoderna y del nacionalismo identitario pueden conducir a resultados pintorescos o alarmantes, a una confusa aleación de ignorancia y adoctrinamiento muy peligrosa para la vida civil pero muy útil para la demagogia política.

A algunos nos parecía que el estudio atento de la República y de la Guerra Civil era a la vez una reparación parcial de las injusticias del olvido y una búsqueda de esos valores sustantivos cuya debilidad resultaba tan dañina para nuestro sistema democrático. Al leer obsesivamente libros sobre entonces -los diarios de Azaña, las memorias de Barea, las novelas de Max Aub, los estudios de Hugh Thomas o de Jackson, la sobrecogedora historia oral de Ronald Fraser- revivíamos una y otra vez un drama que no nos apasionaba ni nos hacía sufrir menos porque conociéramos de sobra su triste final. Nos indignaba el escándalo de la indiferencia de las democracias hacia la suerte de la República española, el modo en que aceptaron sacrificarla queriendo apaciguar a Hitler. Pero también nos producía un íntimo dolor, semejante a una derrota personal, la incapacidad de las fuerzas políticas del bando leal para unirse eficazmente contra el enemigo común. Al cobrar conciencia política en los últimos años de la dictadura, sentíamos una nostalgia doble del porvenir y del pasado, del mañana en el que podríamos respirar y vivir en libertad y del lejano ayer en el que la libertad existió brevemente. Igual que saltábamos sobre la cultura del pasado inmediato para vincularnos a una tradición de heroica modernidad literaria y estética que interrumpió la guerra y dispersó el exilio, queríamos buscar nuestra legitimidad política en aquella República que era el reverso exacto del régimen siniestro en el que habíamos

crecido. Por eso había un fondo de desconsuelo al ver que la democracia restaurada no se esforzaba demasiado en honrar a los perseguidos, a los silenciados, a los encarcelados y asesinados por el franquismo, a los que salieron de España al final de la guerra y continuaron combatiendo al nazismo en Europa, a los cautivos y supervivientes de los campos alemanes. Hubiéramos querido que se les hiciera justicia mientras estaban vivos, y también que los valores que ellos defendieron tuviesen más presencia en la política española: un sentido de la austeridad y la decencia, de la ciudadanía solidaria y responsable, una vocación franca de justicia social, un amor exigente por la instrucción pública, un verdadero laicismo, un respeto a la ley entendida como expresión de la soberanía popular.

No es eso lo que hemos visto tanto como habría sido necesario, y si no lo hemos visto no ha sido por la presión de una derecha torva y de vocación autoritaria o por la existencia de un rey. Pero a pesar de esas deficiencias -de las cuales los únicos responsables son la clase política y la ciudadanía, cada uno en su escala de acción- en 30 años España ha cambiado tan prodigiosamente que ni siquiera los que hemos vivido este tránsito somos capaces de comprender su magnitud y su calado. Nos hace falta el testimonio deslumbrado de quienes nos han visto desde fuera, y no hemos sido capaces de hacer conscientes a nuestros hijos de la novedad y la fragilidad de lo que nosotros no tuvimos y ellos dan casi desganada o despectivamente por supuesto. Hemos pasado de la dictadura a la democracia, del centralismo al federalismo, del tercer mundo al primer mundo, del aislamiento internacional a la plena ciudadanía europea. Nos hemos dado un sistema educativo y sanitario públicos que con todas sus deficiencias sólo puede valorar quien ha viajado algo por el mundo y sabe lo que significa que la salud y la escuela sólo sean accesibles a quien puede pagarlas. Y sin embargo nadie o casi nadie siente lealtad hacia el sistema constitucional que ha hecho posibles tales cambios, y en lugar de compartir una concordia basada en la evidencia de lo que hemos podido construir entre todos nos entregamos a una furia política en la que cada cuál parece guiado por un propósito de máxima confrontación.

En una pelea de baja ley cualquier objeto puede convertirse en un arma arrojadiza: la más reciente, en España, es la memoria, la República olvidada que de pronto regresa a las primeras páginas, la Guerra Civil que se usurpa a los historiadores y al recuerdo doloroso de quienes la sufrieron para desfigurarla a la medida de los intereses políticos de unos y otros y a la voluntad de cizaña de los enemigos más descarados de la democracia. Para quienes hemos pasado muchos años no queriendo aceptar la obligación del olvido es alentadora la idea de que de pronto tantas personas coincidan en el recuerdo de un tiempo decisivo de la historia de España: pero no deja de ser llamativo que el recuerdo llegue tan tarde, y que coincida tan oportunamente con una nueva amnesia -ahora, sobre la transición- y con diversos proyectos de desmantelar el sistema político fundado por la Constitución de 1978.

Cada uno tiene sus lealtades íntimas y sus nostalgias personales, y para muchos de nosotros el 14 de abril y la bandera tricolor, el coraje republicano de Antonio Machado, el patriotismo cívico y sereno de los diarios de Manuel Azaña, mantienen un resplandor indeleble, vinculado a nuestros sueños juveniles de libertad y a nuestros más firmes ideales del presente. Pero la lealtad sentimental no debería cegarnos, precisamente porque entre los valores republicanos más altos está la primacía de la racionalidad sobre el delirio romántico. Y hace falta mucho cinismo intelectual, mucha malevolencia, para empujar al campo de los añorantes del franquismo a quienes no se dejan llevar por esta oleada entre dulzona e interesada de memoria nostálgica y prefieren no olvidar lo que han aprendido en los libros de Historia y en los testimonios de quienes vivieron de cerca aquel tiempo. En los diarios del tiempo de la guerra, en esa desolada obra maestra de la literatura en español que es La velada en Benicarló, Manuel Azaña cuenta su amargura ante el sectarismo, la incompetencia y la deslealtad a la República de muchos de los que deberían haberla defendido. En el desmoronamiento del Estado que sobrevino tras la intentona militar del 18 de julio, cada fuerza política o sindical, cada gobierno autónomo se entregó con ceguera suicida a la persecución de sus propios intereses, como si la guerra, más que una crisis terrible que los amenazara a todos por igual, fuese una oportunidad de oro para alcanzar fines -la independencia, la revolución, el comunismo libertario, etcétera- que nada tenían que ver con la legalidad republicana. Leyendo a los historiadores y a los memorialistas más eminentes, uno tiene la sensación de que la República, en un cierto momento de la guerra, no tenía más defensores sinceros que Manuel Azaña, Juan Negrín, el general Vicente Rojo y Max Aub.

No creo que sea de ese sectarismo insensato del que se tiene nostalgia, ni que en aquella tentativa breve y maltratada de democracia hubiese algo de lo que no disfrutemos ahora. Ni una sola de las libertades que afirmaba la Constitución de 1931 está ausente de la de 1978, del mismo modo que las valerosas iniciativas de justicia social, educación e igualdad de aquel régimen no pueden compararse, por la enorme diferencia de los tiempos históricos, con los progresos del Estado de bienestar que disfrutamos ahora. ¿Fueron entonces más iguales las mujeres y los hombres? ¿Hubo mejor protección para los parados, recibieron mejor atención pública los enfermos? ¿Estuvieron más respetadas las minorías? ¿Fue más autónoma Cataluña con el estatuto de 1932 que con el de 1980? ¿Podemos excluir de nuestra genealogía democrática a Adolfo Suárez o al general Gutiérrez Mellado, que tan gallardamente se mantuvieron en pie frente a la zafia agresión de los golpistas del 23 de febrero de 1981?

Parecen preguntas idiotas, pero es necesario formularlas, al menos para deslindar el reconocimiento histórico de las mejores iniciativas de entonces de esa nostalgia gaseosa que se va volviendo más densa cada día y no nos deja ver los secos perfiles de lo que ocurre ahora mismo, las señales de alarma que deberían empezar a inquietarnos. Algo distingue -o distinguía al menos hasta hace poco- a la mayor parte de los discursos políticos surgidos del 78 sobre los del 31: la idea de que el adversario no es necesariamente el enemigo, y de que por encima de las discrepancias más radicales está la fidelidad a unos cuantos principios comunes que son el entramado básico de la democracia. En 1931 España era un país de terribles diferencias sociales, en una Europa desgarrada por la crisis económica y los fanatismos políticos. En una época en la que tan rara era la templanza, puede ser comprensible -aunque no deje de ser lamentable- que con tanta frecuencia los discursos políticos derivaran hacia un pavoroso extremismo. Pero si estos tiempos son tan visiblemente otros, ¿de dónde nace la furia verbal que uno observa ahora en España, y que lo golpea a uno como un puñetazo al conectar la radio o mirar los titulares de un periódico, la voluntad desatada y al parecer casi unánime de eliminar cada uno de los espacios de concordia en los que se han basado estos treinta años de democracia y progreso? ¿Tenemos que seguir eligiendo entre lamentar el asesinato del teniente Castillo o el de José Calvo Sotelo, entre callar la matanza de la plaza de toros de Badajoz o la de la Cárcel Modelo de Madrid?

Manuel Azaña imaginó un patriotismo basado "en las zonas templadas del espíritu". Una manera de conmemorar ese deseo es vindicar los modestos ideales que lo hacen posible: defender la instrucción pública y no la ignorancia, el respeto a la ley frente a los mangoneos de los sinvergüenzas y los abusos de los criminales, el acuerdo cívico y el pluralismo democrático por encima de los lazos de la sangre o la tribu, la soberanía y la responsabilidad personal y no la sumisión al grupo o la impunidad de los que se fortifican en él. Estos son mis ideales republicanos: espero que se me permita no incluir entre ellos la insensata voluntad de expulsar al adversario de la comunidad democrática ni el viejo y renovado hábito de repetir consignas en vez de manejar razones y acusar de traición a quien se atreve a disentir de la ortodoxia establecida, o a no seguir la moda ideológica del momento.


La República de Sahagún

Secundino Serrano. El País 9 de abril de 2006

A las 7.30 del 14 de abril de 1931, un hombre salió al balcón del Ayuntamiento de Sahagún, en la Tierra de Campos leonesa, con una bandera tricolor y proclamó la República. Fue su alcalde, Benito Pamparacuatro. Un héroe anónimo en los 75 años de la República.

La villa de Sahagún está emplazada en un altozano de la Tierra de Campos leonesa, a orillas del río Cea, una geografía de llanuras ondulantes que en abril, el mes republicano, anuda el color verde de los trigales y el pardo gris de los barbechos. Estación de paso obligado y principal de la ruta jacobea, Sahagún acoge espléndidas iglesias de estilo mudéjar, cofradías de raigambre y un mercado semanal tan antiguo como la historia. También muestra una traza irregular, propia de una urbe que vivió su plenitud en el medievo, y conserva en sus barrios restos de una arquitectura popular de ladrillo, adobe y tapial. En la actualidad, la villa terracampina y su comarca contemplan el futuro con recelo a causa de una agricultura varada y un proceso imparable de despoblación. Pero en Sahagún también ocurren pequeños milagros.

Durante la dictadura, los despachos y salones municipales de España estaban presididos por un crucifijo al que escoltaban los retratos de Franco y José Antonio Primo de Rivera. En una mayoría de ayuntamientos, esos dos iconos de los tiempos aciagos fueron relegados a los trasteros. También en Sahagún, cuyos responsables decidieron en 1988 aliviar la falta de espacio tirando a la basura los objetos inservibles, incluidos los retratos citados, aunque un funcionario sugirió rescatar los marcos, pues parecían de algún valor. Al desmontar el cuadro de Primo de Rivera hallaron en la parte posterior dos diplomas esmaltados con los colores republicanos. El primero era un manifiesto del Gobierno de la República firmado por todos sus miembros. El segundo aludía específicamente a Sahagún, distinguida en el texto como “Muy Ejemplar Ciudad”. El motivo de ese reconocimiento tan singular se debía a que “proclamó la República en la madrugada del 13 al 14 de abril, con espontáneo y vibrante gesto de civismo y democracia”. El documento estaba dado en Madrid el 3 de julio de 1931 y lo rubricaba Niceto Alcalá Zamora, presidente del Gobierno provisional.

En efecto, la villa de Sahagún proclamó la República el 14 de abril de 1931 a las 7.30, una hora después que hiciera lo propio el socialista Alejandro Tellería Estala en la villa guipuzcoana de Éibar. Éibar y Sahagún fueron, por tanto, las dos localidades que inauguraron el sueño más hermoso de las clases populares, y que anunciaron la buena nueva adelantándose a Barcelona (Lluís Companys lo hizo a las 13.30) y Madrid (Niceto Alcalá Zamora la proclamó a las 20.15). Desde el balcón de la casa consistorial, el líder de los ediles republicanos, Benito Pamparacuatro, enarboló la enseña tricolor y proclamó el nuevo régimen.

Los relatos de los supervivientes evocan un amanecer magnífico, auténticamente primaveral; los vivas a la República, y un baile popular. También recuerdan que un ligero temor recorría el ambiente festivo: a nadie escapaba la posibilidad de un fracaso y ulteriores represalias. Diario de León, subtitulado ‘Periódico Católico Regional’, insistía en el clima sosegado de las jornadas: “Reconocemos la cordura y orden con que han recibido el triunfo nuestros contrarios. Esa conducta los ha hecho simpáticos”. Los republicanos dejaron constancia oficial del acontecimiento. En la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del 25 de abril de 1931 consignaron que el Ayuntamiento había abonado 38,30 pesetas al notario “en concepto de honorarios y papeles por el acta de proclamación de la República en esta villa”.

El artífice de la gesta, tal vez en contacto con los pioneros de Éibar, fue Benito Pamparacuatro Franco, un símbolo de la época que el paso del tiempo ha mudado en leyenda. Nacido el 5 de febrero de 1897 en la localidad terracampina, entre sus antepasados había catalanes, asturianos y leoneses. Algo que, por lo demás, ligaba con la historia de Sahagún, un modelo de mestizaje, pues fue poblada en sus inicios por gentes de origen y condición diversos: mozárabes, judíos, aventureros de varios países, peregrinos jacobeos… Pamparacuatro regentaba con su hermana Celina una tienda situada en los soportales de la plaza Mayor, al lado del Ayuntamiento, en donde vendían zapatillas, cordeles y género de punto. Los dos hermanos –la “tienda de los niños”, llamaban los lugareños a su comercio– consiguieron labrarse, a base de esfuerzo, una posición económica desahogada. Pero Benito Pamparacuatro, socialista y republicano sin militancia partidaria, creía igualmente en la actividad política como herramienta de cambio social: convirtió su tienda en un espacio de debate ideológico donde alentaba las justas exigencias de los braceros y reclutaba adeptos para la causa.

La temprana proclamación de la Re- pública en una villa extraviada de Tierra de Campos se inscribe en el capítulo de lo sorprendente. Pero ayuda a quebrar la imagen de un medio rural monárquico y retrógrado o de una Submeseta Norte convertida en vanguardia de la reacción. Sahagún, que surgió en la Edad Media como burgo civil en torno a una poderosa abadía, había sido adelantado de las rebeliones burguesas en la Península. El monasterio de San Benito sufrió numerosos ataques desde el siglo XII, y los gremios de menestrales sahaguninos se esforzaron por limitar sus privilegios y abusos. El enclave cluniacense fue arrasado por una cadena de episodios relevantes, que culminó en 1835 con un devastador incendio. En los años previos a la República, en Sahagún y su comarca –un territorio dominado por caciques, curas y prestamistas– se concentraban numerosos jornaleros del campo sometidos al paro estacional y que vivían en la penuria. Hasta tal punto, que convertirse en criado de algún campesino acomodado era una de las ilusiones máximas de los desheredados. La consolidación de los sindicatos agrarios de clase y la penetración de las teorías emancipadoras del socialismo estimularon un ambiente favorable a las reivindicaciones laborales. En ese entorno, la República encarnaba para los braceros los anhelos de cambio y la promesa de una vida mejor.

Benito Pamparacuatro fue elegido alcalde el 19 de abril –diez votos favorables y una abstención– por una corporación que integraban siete concejales republicanos y cuatro monárquicos. En la primera junta, toda una declaración de intenciones, se abordaron asuntos relacionados con la Beneficencia y la Instrucción Pública. Durante el trienio que estuvo al frente del Ayuntamiento, el nuevo corregidor logró cuantiosas inversiones para la villa en infraestructuras (carreteras, alcantarillado), equipamientos educativos (biblioteca, grupos escolares) y medio ambiente (encauzamiento del río Valderaduey, repoblaciones forestales). Pero en el arqueo final no todo fueron éxitos y parabienes. “También cometí errores, ¡qué duda cabe!, aunque debo consignar que unos los cometí con la mejor buena fe, y otros, obligado por la coacción que me hacían determinados elementos, a los cuales perdono y dedico mis respetos”, escribe Pamparacuatro en una carta titulada “A la opinión pública”. Los testimonios, y las actas municipales, acreditan una gestión intachable al servicio del pueblo: alcalde y concejales no tenían retribución alguna.

En octubre de 1934, la revuelta contra la presencia de la CEDA de Gil-Robles en el Gobierno de Lerroux acarreó la persecución de la izquierda por todo el país. También en Sahagún: los centros obreros de la comarca fueron clausurados, y los sindicatos de clase, perseguidos. El 9 de octubre de 1934, Pamparacuatro y todos los concejales fueron destituidos. Los otros dos precursores republicanos, Tellería y Companys, también se vieron implicados (e imputados) en la revuelta de octubre y sus consecuencias. No obstante, Companys y Tellería volverían al poder: el primero, a la Generalitat, y el segundo, a la alcaldía de Éibar. A Pamparacuatro, la suerte le fue más esquiva.

El Frente Popular ganó cómodamente (con el 66% de los sufragios) las elecciones de febrero de 1936 en el Ayuntamiento de Sahagún. Un triunfo incontestable y hasta cierto punto inesperado, pues en los municipios vecinos arrasó la derecha. Y Pamparacuatro se consideró como uno de los artífices de esa victoria. Había dedicado muchas horas a instruir políticamente a los oprimidos, a captar voluntarios para las candidaturas republicanas y a presidir el Ayuntamiento con la mirada puesta en las clases populares. Pero continuaba inhabilitado, una verdadera anomalía jurídica, y la izquierda triunfante no le repuso en el sillón municipal. Pamparacuatro vivió esa experiencia con el ánimo mellado, como una usurpación, aunque ni siquiera sospechaba que lo peor estaba por llegar. Cuando el 18 de julio de 1936 se produjo el golpe de Estado acudió a la alcaldía y reclamó a la primera autoridad, entonces Victoriano de la Puerta, que entregara a los trabajadores las armas confiscadas y custodiadas en los depósitos municipales. Además de apoyar con ahínco la huelga general convocada por los sindicatos del campo. Eran los intentos postreros de defender la legalidad republicana, de que no fueran proscritos los sueños tan largamente acariciados. Pero en la madrugada del día 20 de julio, las fuerzas rebeldes, guardias civiles sobre todo, controlaban la situación en Sahagún y pueblos vecinos; en toda la comarca. Los nuevos alcaldes, y se sucedieron varios en pocos días, eran nombrados y cesados por los mandos militares, los nuevos virreyes de Tierra de Campos. Uno de esos corregidores a la carta propuso el 10 de agosto cambiar los nombres de las calles y plazas bautizadas por el régimen anterior: urgía borrar las huellas de la República y rescatar la imaginería de la España eterna.

Pero lo más grave fue que, una vez asentados los rebeldes en el poder local, caciques, guardias civiles y barandas falangistas, matones disfrazados de autoridad en algún caso, alimentaron un discurso de exclusión contra quienes juzgaban como desafectos. Los notables republicanos de la comarca –maestros, boticarios, concejales…– fueron detenidos y encarcelados, a la espera de juicio, pero numerosos jornaleros aparecieron muertos por cunetas y rastrojeras, macerados sus cuerpos por las torturas. Como afirma un viejo testigo, la desgracia de Sahagún y su entorno radicó en que estaba lejos de la frontera francesa –en Portugal mandaba Salazar, un admirador de Franco– y cerca de Valladolid, patria chica de buena parte de las brigadas de verdugos que dibujaron en la Tierra de Campos leonesa una completa cartografía de horror y patriotismo de pacotilla. Pamparacuatro no se sintió concernido por tantos desmanes: decía a quien quisiera oírle que no había hecho nada malo y que nada malo temía. Según Juan Daniel Rodríguez, un empresario leonés, Baltasar Ibán quiso ayudarle a escapar del país; pero el ex alcalde se enrocó al mismo tiempo que insistía en su inocencia, incapaz de advertir el clima de encanallamiento que lo devastaba todo.

Finalmente, aconsejado por amigos y el runrún de tantas muertes arbitrarias, encontró refugio en San Andrés del Rabanedo, entonces un pueblo del alfoz de la ciudad de León. Pero fue una huida pespunteada de pistas, y hasta allí fue a buscarle un grupo de falangistas y vecinos. Era el 4 de agosto de 1936, y los recaderos de la muerte le hicieron firmar un documento por el que renunciaba a sus propiedades. Una vez conseguida la requisa económica fue torturado, maniatado a un camión y arrastrado por el pueblo; un disparo acabó con su vida. El dueño de la finca donde fueron arrojados sus despojos prometió a la hermana que respetaría la improvisada tumba, pero el incontenible avance urbanístico sepultó definitivamente ese trozo de tierra. Los ejecutores no pudieron, sin embargo, incautarse de los bienes de Pamparacuatro. El notario de Sahagún le había aconsejado que cediera las propiedades a su hermana Celina.

En otros puntos de España, sus compañeros de aventura republicana también compartieron su suerte. Su mala suerte. El alcalde de Éibar fue detenido cerca de la frontera francesa y murió en el penal de Burgos a consecuencia de una enfermedad contraída cuando estuvo preso en la cárcel de Pamplona, a raíz de los sucesos de octubre de 1934. Companys huyó cuando las fuerzas rebeldes ocuparon Barcelona; le detuvieron en Francia los ocupantes nazis y se lo regalaron a Franco: fue fusilado en los fosos del castillo de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. Pero el juego de las simetrías acaba ahí. Tellería tiene al menos una tumba y Companys es uno de los personajes centrales de la historia de Cataluña. Más allá de la tradición oral, se desconoce el lugar exacto donde fue enterrado Pamparacuatro, y su nombre no figura en el Registro Civil de San Andrés del Rabanedo, donde fue asesinado. Días después de la fecha de su muerte aparece en el registro un “sujeto no identificado muerto por disparo de arma de fuego”. Pero el muerto podía ser cualquiera: eran días en que la vida de los republicanos no valía nada. Hoy el ex alcalde continúa siendo oficialmente un desaparecido. Ni siquiera se conocen fotos de su edad adulta. En un libro editado por el Gobierno republicano, en la página dedicada a Sahagún no viene foto alguna, y recoge este comentario sobre la corporación: “Por ser todos ellos personas de gran modestia, no podemos publicar sus fotografías; enemigos de la exhibición y de toda vanidad al esfuerzo que realizan, se encuentran satisfechísimos con haber trabajado por su ideal y tener la plena satisfacción del deber cumplido”.

Tampoco su villa natal ha honrado a uno de sus prohombres políticos y reparado la criminalización simbólica de su antiguo alcalde. Tal vez existan dificultades para suturar heridas de hace setenta años. Quizá haya que buscar la causa en una memoria que rehuye mirar al pasado. O sencillamente sea galbana municipal. Lo cierto es que el callejero de Sahagún, atestado de santos y conquistadores, ignora a Pamparacuatro. Algo que el pionero republicano quizá intuía cuando redactó su carta abierta a los vecinos, semanas antes del golpe militar: “Si todas estas cosas que he hecho y otras muchas que silencio no han sabido estimarse ni mucho menos agradecerse, y que para mayor vergüenza sólo han servido para que unos me injurien y otros me zarandeen, me obligan en justa reciprocidad a decir de la manera más terminante: jamás volveré a ser alcalde de esta ciudad desgraciada, a la cual espera un porvenir catastrófico por culpa de los malos administradores que siempre tuvo”.

Una especie de maldición para una villa menguante –en tiempos pretéritos contó con murallas, y cinco hospitales, y también universidad– que apenas recuerda el antiguo esplendor. Y continuaba Pamparacuatro con su gavilla de agravios: “Con profundo dolor termino estas líneas, recordando con amargura, aunque no con pesar, un verso que un amigo me enseñó a los pocos meses de ser alcalde. Dice así: ‘La mayor inocentada / es hacer labor honrada / para la masa oprimida / en una villa dormida / que no se entera de nada’”. Una mano anónima garabateó en un muro de Sahagún la quintilla anterior, homenaje único y clandestino que la villa ha dedicado al alcalde asesinado. Mínimo reconocimiento a quien buscó la redención de una comarca vencida por la rutina, y que, a cambio de tanta pasión, no tiene calle dedicada, ni tumba, ni tan siquiera la constancia de su muerte en el Registro Civil.

Benito Pamparacuatro es el sujeto invisible de la historia reciente de Sahagún. Uno más de los miles de muertos no honrados de la posguerra en toda España. Ejemplos de memorias malbaratadas. De una historia borrada.

Tal vez una metáfora de la República de abril.

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