Cristina Federica de Borbón y Grecia, cómplice

El juez que investiga los negocios supuestamente corruptos de Iñaki Urdangarín, por fin, ha citado a la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, como imputada en la trama de corrupción. Una vez valoradas todas las pruebas en su poder, el juez cree que hay indicios de cooperación necesaria o complicidad de la infanta, con los delitos ya imputados a su marido y su socio. El rey defendiendo a su hija, ataca a la independencia judicial: buen padre, pero mal rey tenemos.

Ha sido costumbre de la casa real no comentar "decisiones judiciales". Pero ahora si comenta, dando su apoyo explícito al fiscal anticorrupción y a su iniciativa de recurrir la imputación de la hija de rey. La Fiscalía recurrirá la decisión del juez de Palma José Castro, siguiendo el criterio de la Fiscalía General del Estado, que siempre se ha mostrado contraria a la imputación de la infanta al considerar que no hay motivos para ello. Con esta aptitud se observa que el ministerio público defiende al poder establecido, alejándose del principio de justicia igualitaria.

No deseo el mal a nadie. Rectifico: a los canallas les deseo lo peor. Otra cosa es definir canalla: gente baja, que merece desprecio, ruin y miserable. Esta definición no se ajusta exactamente a la persona de la infanta Cristina, bien es cierto; por lo que como no es canalla, deseo lo mejor para ella y su real familia, si puede ser fuera de España. Otra cosa es mi deseo de que se aplique la ley sobre sus actuaciones supuestamente delictivas; las de ella y las de su real familia. Si "la ley es igual para todos", para un miembro destacadísimo de la casa real, se tiene que aplicar, como contra mi se aplicaría. El rey no es igual que todos. Está por encima de la ley. El artículo 56.3 de la Constitución española lo consume "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad…". Literalmente puede hacer lo que quiera, cometer incluso delitos que no se le podría imputar; pero a su hija si. Y a él veremos.

El marido de la infanta está siendo investigado y ya está imputado por la justicia por graves delitos: prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsedad documental, blanqueo de capitales, y delito fiscal. Graves delitos y más para una persona vinculada directamente con el jefe del Estado y rey de España. Como dice Manuel Arias, en este mismo DiarioProgresista.es, el auto del juez Castro, es más que razonado: explica que ha decidido imputar a la Infanta Cristina antes de finalizar la instrucción, dado que, en caso contrario, se hubiese dejado que "se perpetúe la incógnita" de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un "cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite".

La justicia, si quiere ser justicia, tiene que actuar con pruebas e indicios racionales de implicación y culpa, y el juez afirma que a partir de la declaración del exsocio de Urdangarín, de los numerosos correos electrónicos que aportó como pruebas y después de escuchar la versión dada por el secretario de la Infantas, García Revenga, "surgen una serie de indicios que hacen dudar" que la Infanta Cristina "desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la  Junta Directiva de  la Asociación Instituto Nóos y en la mercantil Aizoon S.L.". Toda una ingeniería mercantil, para lucrarse impunemente, digo yo.

Es "inevitable" que la hija del Rey preste declaración, al objeto de despejar "cualquier duda", dado que "hallándonos en la recta final de la instrucción, no parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que haya podido tener y si fuere otra la valoración que su versión arrojara, se depuren las responsabilidades que procedan". Sería conveniente que el rey, en su dignidad, cesara como tal y se sometiera a la justicia igualitaria, para conocer su implicación en esta causa. No lo hará precisamente por la soberbia de la dignidad real.

El duque, que parecía tan buen muchacho cuando  jugaba al balonmano, fue utilizando su personalidad pública, de primer nivel, y aprendiendo malas prácticas. Con ellas, y con la tarjeta de visita, que decía que era yerno del rey de España -con su conocimiento o sin él-, se fue enriqueciendo ilegalmente. Para él y para otros (¿quienes? otra pregunta que por hoy no tendrá respuesta). La infanta Cristina, ciega de amor, ha visto lo que ha visto, y sabe lo que sabe; pues eso es lo que el juez quiere comprobar y por eso la cita como imputada. Ojo, al imputarla, le hace directamente un favor, pues puede acudir a sede judicial con abogado, que no hubiera podido ser, si la hubiera citado como testigo.

El juez describe los indicios que han provocado la imputación de la infanta, desde que su marido decidiera instalarse por su cuenta “y aspira a compensar en breve los 36 millones de pesetas”, que iba a dejar de percibir. A partir de ahí se sucede la compra de la sociedad mercantil Araujuzón, el cambio del nombre a Nóos Consultoría, la constitución de Aizoon, y la designación de una nueva junta directiva con la infanta y Revenga como vocales. El ansia de tener, le pierde y el amor de la infanta lo consiente (ansiosa también). A partir de aquí, la casa real y a su cabeza el rey están tocados.

“Determinadas prácticas, como cargar gastos personales a las cuentas de Aizóon, propiedad del matrimonio, se revelan ahora más llamativas”, dice el juez, “conociendo al menos que ellos no los habían abonado los gastos estarían obligados a cuestionarse quién lo hizo”. También destaca el juez que hay actitudes de la infanta muy significativas “tales como contratar empleados del hogar en situación irregular en España anunciándoles que se les pagarían sus salarios en dinero fiscalmente opaco para luego acabar siendo contratados por Aizoon, coparticipada por el matrimonio”. Toda una imagen de como entienden la igualdad y justicia real.

El juez ve más pistas en la intervención de Cristina gracias a los correos electrónicos aportados por Torres a la causa, como uno en el que Urdangarin y Torres hablan de la intervención que Cristina debía de tener “en relación con un proyecto de vela”. Cree que es poco probable que Urdangarín actuara “de espaldas a su esposa” en la negociación de los convenios Illes Balears Forum y Valencia Summit. Urdangarin facilita como propia una cuenta donde la infanta estaba autorizada “para que se actualicen determinadas operaciones”. En otros correos Urdangarin “parece consultar con su esposa”, “para no levantar ampollas”; sospechas diríamos.

Todo era un diseño para conseguir dinero fácil y se contaba con "el conocimiento y apoyo" de la infanta para conseguirlo. La infanta conocía las actividades de Nóos, y "no se acaba de entender que no participara" ni conociera que su esposo estaba recibiendo un trato privilegiado en ámbitos privados y públicos por la vinculación con la Casa del Rey. Si el rey, tras conocer lo que pasaba en Nóos, hizo un reproche a Urdangarin y le reclamó -a través del conde de Fontao-, que se desvinculase, "no se acaba de entender que su hija, con un conocimiento mucho más directo y real, y con el asesoramiento" de García Revenga, "no llegara a enterarse y de propia iniciativa no hubiera decidido desvincularse formal y efectivamente de la Asociación".

El juez en el auto de implicación no "acaba de entender" que el rey "no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido, e incluso consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento". Para el juez, ello debería haber llevado a la infanta a la conclusión de que los consejos de su padre no se estaban siguiendo y a cuestionar al respecto la actitud de su marido. O se seguían escrupulosamente.

Difícilmente puede entenderse que Urdangarin actuara de espaldas a su esposa cuando la negociación del convenio Illes Balears Forum, tuvieron lugar en el Palacio de Marivent, y, el de Valencia Summit, en el Palacio de la Zarzuela, aunque este dato no esté confirmado. Con menos pruebas podríamos pensar que toda la familia lo sabía y todos callaron ¿esperando los beneficios? En definitiva, el juez reconoce que la suma de los indicios le hace cambiar de opinión. Aisladamente los indicios carecen de peso, pero en conjunto son relevantes para imputar a la hija del rey de España. Existen suficientes indicios racionales como para entender que esta implicada en la trama corrupta de su marido, como cooperadora necesaria o cómplice. Algunos entendemos que hay personas de mayor rango también implicadas. Todo llegará ¡al tiempo!