En Soto del Real
hay presos políticos. Y no me refiero a los miembros de ETA y otras
organizaciones afines. Me refiero a un luchador por la libertad: Alfonso
Fernández Ortega “Alfon”, joven de 21 años, vecino de Madrid, detenido por
la policía, a pocos metros de su casa, cuando se dirigía a un piquete
informativo el pasado 14-N. “Alfon”, educado desde la libertad, el
compromiso político y la solidaridad, iba a secundar la Huelga General
junto con su familia. Se lo impidieron.
Le cabe el “honor”
de ser el único trabajador que permanece encarcelado en toda Europa por
las movilizaciones de la Huelga General, acusado de “tenencia de
explosivos”. Según la policía, “Alfon”, como se le conoce en su barrio,
llevaba una bolsa con gasolina en el momento de su detención. No hay
pruebas, como así opina el fiscal: “Este paquete os lo vais a comer
vosotros” dijeron los de la secreta. Él lo niega rotundamente: “Estoy
tranquilo porque no he hecho nada, sé que soy una cabeza de turco, que el
objetivo de la policía era otro y que me están utilizado”, le dice a su
madre, Elena Ortega, mujer luchadora, de izquierdas, conocida por su
intensa actividad en movimientos sociales.
Cuenta Elena que
su hijo y su novia (también detenida), se negaron a declarar sin la
presencia de un abogado, que en principio no les fue concedido. Fueron
interrogados cada dos horas por policías con la cara tapada, amenazados y
torturados psicológicamente. La operación era de alcance: habían
encontrado al chivo expiatorio del 14-N y en él iba a recaer la fuerza
represora del Ministro del Interior y la Delegada del Gobierno. Por la
noche se produjeron registros. Cinco policías también encapuchados, se
presentaron en el domicilio familiar, amenazándoles con lo que le iba a
pasar a su hijo: “Está claro que somos gente de izquierdas. Aquí ven mi
bandera republicana, mi camiseta de la escuela pública, el tipo de libros
que tengo. Pero no somos terroristas”, me dice su madre que dijo; pero no
valieron palabras.
Todo parece que la
represión ha vuelto a actuar en nombre de la supuesta “seguridad” y contra
la movilización ciudadana. Las fuerzas represivas, al servicio de la
política antisocial de Rajoy, detuvieron a “Alfon” y a su novia,
acusándoles, en un principio, de cometer “actos vandálicos” y
posteriormente de tenencia de explosivos. El juez le envió a prisión por
la alarma social de los hechos (ninguna ley prevé tal circunstancia). El
recurso presentado para su libertad, ha sido denegado ante el riesgo de
fuga, sin tener en cuenta que “Alfon”, cumple todos los requisitos legales
para que le sea concedida la libertad condicional a la espera de juicio.
“Imaginaos que
estoy haciendo la mili en Melilla” dice a sus padres, para infundirles
ánimos, pero está en Soto del Real, en prisión provisional, decretada por
un juez. En prisión, y de forma arbitraria, se le ha aplicado el Régimen
FIES (Medidas de seguridad de internos incluidos en el Fichero de internos
de Especial Seguimiento), que supone restricción de derechos, movimientos
controlados y correspondencia censurada. Este régimen solo se aplica, por
orden judicial, que no es el caso, a los presos considerados “peligrosos”,
pertenecientes a bandas armadas o grandes narcotraficantes (el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 2008, anulaba parte del
protocolo FIES de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por vulnerar los derechos de los presos y excederse en las competencias de
los reglamentos penitenciarios). “Alfon” no es terrorista, ni
narcotraficante, “no ha hecho nada”, solo es un joven antifascista
vallecano, “educado desde la libertad, el compromiso político y la
solidaridad”, nos dice su madre. ¿Será por eso?
No es baladí el
delito del que se le acusa a “Alfon”. El artículo 568 del Código Penal,
castiga con la pena de prisión, la tenencia o el depósito de sustancias o
aparatos explosivos, inflamables o incendiarios; así como su fabricación,
tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por
las Leyes o la autoridad competente; de cuatro a ocho años, si se trata de
sus promotores y organizadores, y con la pena de prisión de tres a cinco
años para los que hayan cooperado a su formación. En este caso la
presunción de inocencia se está viendo rodeada de oscuras circunstancias y
pruebas policiales cogidas por los pelos: solo palabra de policía.
Esperemos el desarrollo de la causa.
El proceso va por
este camino: el abogado alegó en su momento que el supuesto de alarma
social no está tipificado desde 2003, y que no existía riesgo de fuga, ni
ninguna otra circunstancia que justificara la prisión preventiva;
denunciando un posible error judicial. Se aceptó el recurso y consiguió el
traslado a un nuevo juzgado de instrucción, con una nueva juez. Tras la
aceptación del recurso, se ha cambiado lo de alarma social, pero se le
aplica la posible pertenencia a banda organizada y se mantiene el riesgo
de fuga. Ni existe terrorista, ni banda organizada. Da la impresión que la
policía lo está fabricando en Vallecas ¿para justificar la represión?
“Mamá, quédate tranquila, yo no llevaba nada, ni he hecho nada. Soy un
cabeza de turco”. Mucha gente está llegando a esa conclusión, dentro y
fuera del histórico y luchador barrio obrero “la gente está muy motivada y
se encuentra al límite de la indignación” dice Elena.
La crispación
social es mayor cada día y la situación más caliente, a medida que el
gobierno adopta más medidas antisociales, pero no quieren protestas. El
gobierno, con mayoría absoluta parlamentaria, y cada vez con menos apoyo
social, está utilizando la represión en las manifestaciones como
salvaguarda de su política. Más violencia para infundir temor y disuadir
la movilización, la protesta y la “rebelión” social. Criminalizando la
protesta, demonizan a quienes la secundan y promueven cabezas de turco. A
“Alfon”, además, quieren doblegarle.
Cuando la
ciudadanía pierde el miedo y se rebela, los gobiernos represores, tienden
a cortar, a cualquier precio esa falta de miedo, utilizando la violencia
policial y las detenciones. El gobierno que defiende su política con la
policía y el Código Penal, está derrotado social y políticamente. En este
caso, Rajoy y el PP criminalizando las protestas e impidiendo la libertad
de expresión e información, avanzan hacia un modelo de estado totalitario
y represivo.
¿Es un montaje
policial para desviar la atención sobre el éxito de la Huelga General? ¿Es
un acto premeditado para criminalizar a una juventud organizada, crítica y
reivindicativa? ¿Es un acto represivo para penalizar las manifestaciones
de protesta y reivindicativas? ¿Es un ataque indiscriminado para
amedrentar, provocar temor y castigar de forma ejemplarizante? Todo y
parte puede ser; lo cierto es que estos acontecimientos desvirtúan cada
día más el sistema democrático y atacan el corazón de los principios
constitucionales de libertad y justicia social. Es nuestro deber
impedirlo, con “Alfon” en libertad.
