Derecho a que se haga justicia

Todas las personas tenemos derecho a que los jueces y tribunales impartan justicia, cuando nuestros derechos e intereses legítimos se vean perjudicados, sin que pueda producirse indefensión. La justicia será gratuita en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Estos son derechos que la Constitución otorga a la ciudadanía y muestran la concepción social del Estado Democrático de Derecho. Pero no es oro todo lo que reluce.

Nuestro sistema diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una prestación de servicio básico fundamental, encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos. La tutela judicial efectiva no es sólo un derecho, sino que es principio y fundamento del orden político y de la paz social, en un espacio de igualdad y justicia social.

En cuanto a las constituciones históricas españolas, únicamente la de 1931 recoge este derecho en su artículo 94, cuando dice: “La Justicia se administra en nombre del Estado y la República asegurará a los litigantes, económicamente necesitados, la gratuidad de la

Justicia”. Qué lejos quedó aquello en el largo invierno de la dictadura y que lejos se está quedando con el gobierno del Partido Popular.

Los recortes en educación o sanidad, suponen una falta de igualdad de oportunidades, y los recortes en justicia suponen una falta de igualdad ante la ley. El ataque al principio de igualdad ante la ley, que es grave en todos los ámbitos del derecho (civil, administrativo, laboral), lo es especialmente en el ámbito penal. Poner al ciudadano en pie de igualdad ante el Estado, que es quien ejerce la acción penal, garantizándose su derecho de defensa, es, ni más ni menos, lo que diferencia a un Estado de Derecho moderno de un estado inquisitorial.

Hasta ahora, en la historia de la democracia, ningún gobierno ha puesto en tela de juicio el derecho acceso a la justicia en igualdad de condiciones; ahora si lo hace el gobierno del señor Rajoy y su ministro Gallardón. Con la subida abusiva e indiscriminada de las tasas, están atacando el Estado de Derecho. Impiden que muchos ciudadanos sin recursos, podamos acudir a los tribunales en demanda de justicia. No quiero ni pensarlo; pero hay rumores, con la excusa económica, de eliminar incluso la asistencia de letrado en las detenciones policiales. Si fuera así, el Estado de Derecho plasmado en la Constitución, quedaría en papel mojado, como así está ocurriendo con otros derechos fundamentales.

Pero no solamente es la subida del importe de las tasas la que ataca al Estado de Derecho; la asistencia gratuita está siendo duramente agredida. Las Comunidades Autónomas, con competencia en materia de Administración de Justicia, están pagando tarde y mal a los abogados de los turnos de oficio y rebajando los honorarios. Esta situación que está perjudicando gravemente el derecho a la defensa.

Cada vez se presentan más litigios y los recursos a disposición de la justicia son muy limitados y obsoletos; Cada vez son más las causas que se tramitan y el número de jueces no varía. Los procesos se hacen interminables y la justicia llega tarde, mal y en múltiples ocasiones ni llega a tiempo.

Conocemos casos -ya se que técnicamente muy complejos-, que llevan años tramitándose (la catástrofe del Prestige, que se juzga ahora, después de diez años) y otros que ni siquiera se están investigando (la gran quiebra de bancos, cajas de ahorro y la gran estafa de las preferentes, por ejemplo). Grandes procesos de corrupción (Casos Urdangarín, Gurtel, Malaya, Palma Arena), cuyos investigados, imputados o procesados son grandes personalidades de las finanzas, de la política y de la clase noble, incluso real, que siguen en libertad. Por el contrario la Guardia Civil detiene a bombo y platillo a dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores por negarse a declarar ante el juez, por su participación en la concentración en una finca; y otros casos, de gente humilde, desconocida, que es detenida imputada, procesada y juzgada por el procedimiento express, en una semana, por el solo hecho de haber entrado en un supermercado y llevarse comida para dársela al hambriento. Y que decir de los desahucios! La justicia no es igual para todos.

Siempre me he preguntado y no he encontrado la respuesta satisfactoria: ¿Cómo es posible que no se haya abordado decididamente, la modernización de la administración de justicia y que a estas alturas de los avances tecnológicos se sigan utilizando medios del siglo XIX? Quiero pensar que es por la gran dificultad tecnológica y los enormes recursos económicos que hay que poner a su disposición, pero no me lo creo ni yo mismo. No quieren.

Lo que hasta ahora eran derechos inspirados por principios de solidaridad y de justicia, se está convirtiendo en prestación para pobres; la beneficencia de toda la vida, para los que nada tienen. Y digo, como dice mi compañera Clara Fernández, que dice el poder: “¡amos anda! ¿Con lo que cuesta, vamos a poner patas arriba a la administración de justicia, solo para que usted pueda ejercer gratis su derecho a la tutela judicial efectiva”.