Hay que reformar la Constitución

El próximo día 6 de diciembre tendremos que cantar “feliz, feliz en tu día” y todo lo demás; la Constitución cumple treinta y cuatro años. Es una institución adulta, y aprovechando su onomástica, hay que decirle que ya tiene la edad suficiente como para adaptarse a los tiempos y circunstancias de hoy. Cuando nació todo fueron para bienes, anhelos y esperanzas; miedos y demasiadas cesiones también. Los poderes fácticos amenazaban con la involución. Todo fue por la libertad y la democracia.

Su nacimiento no fue todo lo sencillo que parece hoy, sino todo lo contrario; estuvo cargado de dificultades y obstáculos. Las Cortes que surgen después de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, se encuentran, aun sin saberlo ciertamente, que son constituyentes. Hacía tres años que había muerto el dictador y todo estaba por hacer. El régimen de Franco estaba intacto, un régimen autoritario, represivo de las libertades y la democracia.

La historia del constitucionalismo español, desde el principio del siglo XIX, ha sido poco gratificante, cargada de inestabilidad y falta de continuidad. Las dos últimas constituciones, la de 1876 y la de 1931, terminaron mal. La primera convivió con el golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera; la segunda terminó con el golpe de estado, la guerra civil y el establecimiento de la dictadura militar de Franco. Toda esta historia marcó el debate y la posterior proclamación de la actual Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre (votó el 67,11% de un censo de 26.632.180,  y los votos favorables representaron el 88,54%, 15.709.078 de los votantes).

Y aquí la tenemos, con treinta y cuatro años y con ganas de sobrevivir. Pero para ello tiene que cambiar, que reformarse, y lo tiene que hacer como nació: con el máximo apoyo social y acuerdo político. Hubo acuerdo en 1992 para reformar el artículo 13.2, introduciendo la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, como consecuencia del Tratado de Maastricht. En 2011 no hubo acuerdo mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, que por presión de la Unión Europea, introdujo el concepto de "estabilidad presupuestaria" y la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses. Se reformó en menos de un mes y sin referéndum. Y si la Constitución se reformó por intereses económicos, también puede reformarse por intereses sociales.

La monarquía, que es un símbolo, se contradice y está muy alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición a la democracia; la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, no tiene competencias políticas, y su representación carece de efectividad. Ha llegado la hora de establecer un estado republicano.

Uno de los problemas históricos españoles y sin resolver todavía, fuente de permanentes conflictos, es el territorial. Las diferentes señas de identidad, históricas y culturales, la multiculturalidad y la diversidad, son valores inestimables que enriquecen nuestra propia identidad común y así tiene que reconocerse y permitir su propio desarrollo. Estos hechos tienen que quedar plasmados en la Constitución, en el marco de un estado federal -sin cerrar la posibilidad de otros modelos-, que junto con el derecho a decidir libremente, queden clarificadas las competencias; que se fije un modelo fiscal y se establezcan mecanismos de cooperación. Un modelo que venga a dar estabilidad política, que sea viable económicamente y justo socialmente. Por todo, es necesario, también, reformar el Senado, para darle verdadera naturaleza de cámara de representación territorial.

La Constitución declara que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”; pero no es suficiente, y además no es así; solo es aconfesional aparentemente. En un estado verdaderamente laico, se ha de dar una efectiva y real separación entre el estado y la iglesia, así como no financiar, con fondos públicos, ni a la iglesia católica, ni a ninguna otra. La religión tiene que salir de la escuela pública; y todo esto tiene que quedar plasmado en la reforma que se propone. Además el Concordato y acuerdos con el Vaticano deben derogarse, y las relaciones (y acuerdos, si los hubiera) enmarcarse en el ámbito de reciprocidad y de las relaciones diplomáticas entre estados soberanos.

El sistema electoral está impidiendo que una buena parte de formaciones políticas accedan a las instituciones representativas, favoreciendo el bipartidismo (esa fue la voluntad de los constituyentes y así se vienen cumpliendo). Ahora es preciso abordar una reforma inicial de la Ley electoral con medidas como listas desbloqueadas o la eliminación de la barrera electoral del 3%. No deben salir favorecidos los partidos de ámbito autonómico, que se presentan en limitadas circunscripciones, en detrimento de otras formaciones de ámbito estatal. La Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, penalizando a los que menos, debe cambiarse por otras normas que garanticen la proporcionalidad y equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas y ciudadanas.

Es necesario reformar la Constitución, para garantizar y favorecer la mayor participación ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y municipal, mediante todo tipo de medidas posibles, como iniciativas legislativas populares, referéndum o votación on-line, en un marco de transparencia en el sector público, institucional y político, que reconozca, como bien de dominio público, toda la información generada o en poder de entidades de titularidad, funciones o capital público.

La reforma amplia de la Constitución, se debe abordar con  serenidad, pero con la determinación propia de una sociedad democráticamente madura, siguiendo los procedimientos constitucionalmente previstos en los artículos 166-169, referéndum incluido. Una reforma que permita avanzar en la creación de un estado federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una mayor participación social. Una reforma que introduzca mecanismos para blindar el sistema público de pensiones (Tomás Gómez, Secretario General del PSM lo propuso hace unos días). De la misma manera blindar el sistema público de salud, las prestaciones sociales para dependientes y la educación pública y "plantar cara", con ello, a los "poderes económicos no democráticos".