La legitimidad de las
protesta ciudadanas

La democracia no consiste solamente en participar en un periodo de tiempo determinado, votando en elecciones generales, autonómicas y municipales. La democracia es participación, y cuanta más participación, mayor calidad adquiere el sistema.

La Constitución mandata a los poderes públicos para que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La ciudadanía que se sienta afectada por las decisiones de los poderes públicos, tiene derecho a manifestar públicamente sus disgusto o malestar, a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; pero también a ejercer ese derecho por si misma, sin intermediarios que la represente, en manifestaciones y reuniones.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política; como los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Pero ¿qué ocurre cuando un gobierno amparándose en la legalidad de una mayoría absoluta parlamentaria, ataca, con su política, la raíz misma del Estado y los valores que le identifican, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político? o ¿qué ocurre cuando ese gobierno se desentiende del mandato constitucional de promover los llamados principios rectores de la política social y económica?.

Las elecciones generales celebradas el 20-N del pasado 2011, dieron los siguientes resultados (datos remitido al Congreso de los Diputados): el Partido Popular consiguió un apoyo electoral del 21,39% sobre el total de la población española (47.021.031 a la fecha de las elecciones); el 28,12% sobre el censo electoral (35.779.208 votantes); 10.061.311 votos que representa el 40,78% sobre la ciudadanía que ejerció el derecho a votar (24.666.392 votos); y obtuvo una representación de 170 diputados, que con la corrección del sistema electoral le otorga el 48,57% de la cámara. Con estos datos no descubrimos nada nuevo, pero si resaltar que un partido que consigue una mayoría absoluta parlamentaria, no tiene mayoría social; y quién no tiene mayoría social, en mi opinión, no está “legitimado socialmente” para abordar unas reformas estructurales que afectan a valores y principios del Estado.

Dice la Constitución que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. También establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; o que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios; que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

También dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Si, ya se que los derechos anteriores no tienen la consideración de derechos fundamentales y que por tanto no están protegidos constitucionalmente; ya se que solo son mandatos orientativos, principios rectores, que los poderes públicos tendrán en cuenta, regularán o no regularán siguiendo su voluntad, o lo que es peor eliminarán algunos de los que ya estaban reconocidos y regulados, como así está ocurriendo, a favor de otros intereses particulares, que no generales.

Cuando un gobierno no tiene la legitimidad de la mayoría social y además se desentiende de proteger y regular derechos que la Constitución promueve; la ciudadanía desprotegida adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo está siendo por el actual gobierno. ¿Pueden esperar los mineros a que un próximo gobierno resuelva su futuro? ¿Y los desahuciados por las hipotecas bancarias, pueden esperar? ¿Y los enfermos, ancianos y dependientes, pueden esperar 4 años a que les atiendan debidamente? ¿Los padres, madres y jóvenes desempleados, cuatro años más sin trabajo? ¿Es que el pueblo puede esperar cuatro años para tener la oportunidad de elegir otro parlamento y otro gobierno?.

Todo está claro como la noche clara. Se ha subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Se han roto las reglas de juego y se pretende que solo una de las dos partes las siga respetando. Si esto es así, es que el sistema ha abandonado a la ciudadanía.