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Golpe de estado popular |
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25 de noviembre de 2013 |
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No se confundan por el título del artículo. No es que el pueblo haya
dado un golpe de estado, es el gobierno del Partido Popular quien lo
da. Utiliza su mayoría absoluta legal, para subvertir la apropia
Constitución de forma ilegítima. Elimina derechos sociales y recorta
derechos fundamentales y libertades públicas. Como el Sistema se lo
permite, tendremos que pensar en cambiarlo. |
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En la rueda de prensa del viernes tras el Consejo de Ministros, la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ha defendido la reforma de la ley
de Seguridad Ciudadana, porque cree que defiende las libertades y los
derechos de la ciudadanía. Nos toma por estúpidos, confundiendo
conceptos. El gobierno atrasa por ajustes técnicos unas semanas el
Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana,
pero la suerte está echada. Para el presidente Rajoy no es una
«mordaza», pero lo cierto es que volvemos a la ley de vagos y
maleantes utilizada por el régimen fascista.
Esta reforma, si termina aprobándose, coarta la libertad de los
ciudadanos, ejerce un mayor control sobre las protestas callejeras,
intentando evitar la crítica al gobierno. Hay que oponerse con todas
las fuerzas posibles a la criminalización de la protesta social. Si no
teníamos bastante con el futuro Código Penal, que criminaliza la
protesta social —derechos de manifestación, reunión, expresión y
opinión—, mediante duras penas de cárcel, ahora nos llega la reforma
de la ley seguridad ciudadana, que trata de arruinar a quienes
protestan mediante grandes multas económicas.
La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, tiene razón
al decir que «Interior y Justicia, Fernández y Gallardón, son el
látigo de un gobierno del PP, dispuesto a acabar con el ejercicio de
las libertades y derechos». La nueva ley, que tendrá 55 artículos,
también regula las diligencias de cacheo e identificación, abriendo la
posibilidad de que la policía retire el DNI a la persona identificada
para posteriores comprobaciones. Con la reforma de la ley se pretende,
no sólo la criminalización de la protesta social, sino su
desmovilización mediante el chantaje, la amenaza y la represión.
La aprobación de la ley tiene por delante un largo recorrido, donde
surgirán enmiendas, que conociendo al PP, no aceptará. Aprobado por el
Consejo de Ministros, se remite al Consejo de Estado y Consejo General
del Poder Judicial para que emitan dictámenes; se tramita como ley
orgánica —al regular derechos y libertades— y se aprueba por la
mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto
del proyecto.
En cualquier caso, la voluntad del gobierno está clara; pretende «usar
todo el rigor de la ley, contra quienes directa o indirectamente,
perturben el orden, la paz y la unidad». Exactamente lo que pretendía
el gobierno de Franco en 1956 —diario Arriba, edición del 11 de
febrero—, suspendiendo la vigencia de los artículos 14 y 18 del Fuero
de los Españoles, relativos a la detención y el confinamiento. Para
conseguir lo mismo, el gobierno de hoy, introduce infracciones
«graves» o «muy graves», éstas, con multas de entre 30.001 a 600.000
euros —hasta 100 millones de las antiguas pesetas—.
Son infracciones muy graves: La grabación y difusión de imágenes de
agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo, que
atenten contra el derecho a su honor o su imagen; la perturbación
grave del orden en actos públicos, religiosos o deportivos; las
concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado:
Congreso, Senado, parlamentos autonómicos o altos tribunales, aunque
se encuentren sin actividad; las protestas no comunicadas o prohibidas
ante infraestructuras críticas o aeropuertos, como centrales
nucleares; los escraches o actos de acoso a cargos públicos.
Por su parte las infracciones consideradas como «graves», serán
multadas con entre 1.001 a 30.000 euros: Alterar el orden público
encapuchado que dificulte la identificación; amenazar, coaccionar,
vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando
estén velando por el mantenimiento del orden público, en
manifestaciones o protestas; obstaculizar la vía pública con
neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de
vehículos y personas; escalar, como acción de protesta, edificios
públicos o precipitarse desde ellos. ¡Que tome nota Greenpeace!
Castigar con las mismas multas a participantes, organizadores y a
quienes convoquen protestas ante el Congreso, el Senado y demás
lugares, como ante centrales nucleares o aeropuertos, o hacer
escraches contra cargos públicos, es un disparate jurídico, como la
existencia de desproporción en la infracción, al meter en el mismo
paquete sancionador, al asistente a un acto público, como al que lo
convoca u organiza. Se desconoce como se ejecutarán las multas en caso
de impago, pero nos tememos lo peor.
Asistimos a un «complemento represor» del Código Penal, vía Protección
de la Seguridad Ciudadana. Se veía venir y lo tenemos encima. Ya en
marzo de 2012, el ministro del interior, en comparecencia
parlamentaria, anunciaba: «debemos impedir que la crisis que vivimos,
derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el
incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros
conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo
país desarrollado». Le faltó decir que quienes han provocado la
crisis, se van de rositas, con el beneplácito y la colaboración
necesaria del gobierno.
Para la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, el
anteproyecto parece una «ley de excepción que no va en consonancia con
la democracia» que «recuerda a la ley de vagos y maleantes» —vigencia:
1933/1970—. La portavoz de la Asociación Profesional Independiente de
Fiscales, subraya que «para garantizar la seguridad no se puede
limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de
manifestación o expresión». El portavoz de Jueces para la Democracia,
considera «absolutamente desorbitadas» las multas y el objetivo
«desalentar a la ciudadanía a ejercer derechos fundamentales». Censura
el hecho de que algunas faltas del actual Código Penal, pasen a ser
infracciones administrativas, convierten a la Administración en «juez
y parte», y unido a las nuevas tasas judiciales, genera «situaciones
muy cercanas a la indefensión».
El PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional la futura ley, que
nace del «miedo» provocado en el Gobierno y en el PP la movilización
ciudadana. Por su parte Izquierda Unida, ha presentado una
interpelación ante la Comisión Europea, en la que denuncia, que el
anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el gobierno de
Rajoy supone una «clara violación» de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE.
Para este gobierno, el bien público a proteger es una paz social y de
seguridad propias de un régimen totalitario. Que sea por la jornada de
«Desobediencia General» que propone la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, o como quiera que sea, entre todos, tenemos que impedir que
triunfe el golpe de estado del PP. No solo están recortando los
derechos sociales, destruyendo el Estado de bienestar; sino que están
atacando derechos fundamentales y libertades públicas, destruyendo el
Estado democrático de Derecho. |
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