|
El reconocido periodista Rubén Luengas, introdujo el tema, comparando
la situación por la que atraviesa México «que se encuentra patas
arriba, gobernada por demagogos y corruptos, en una situación que nada
tiene que ver con la democracia», dijo. Esta introducción me vino que
ni al pelo, pues algo de todo eso viene sucediendo en España.
Se reduce o desaparece el exiguo bienestar —decía yo
en la entrevista— que habíamos ido consiguiendo a lo largo de los años
entre todos. La vivienda, que es un derecho humano, se les está
negando a muchas personas en el estado español. Cientos de miles hacen
frente a ejecuciones hipotecarias, cuando nadie debería quedarse en la
calle como consecuencia de un desalojo. El gobierno que debería
proteger el derecho a la vivienda, mira para otro lado y favorece la
acción de los bancos contra la ciudadanía necesitada.
Muchos permanecieron callados, cuando el gobierno
quitaba la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes. Pero la
reforma sanitaria ha llegado más lejos; ha dejado sin sanidad a
873.000 personas inmigrantes y también españolas. «Personas con cáncer
o diabetes ya no tienen acceso a la salud», dice la campaña #Noescuchan
de Amnistía Internacional. El gobierno no es que no escuche —que no
escucha—, sino que mira para otro lado, olvidándose del interés
general, para favorecer a sus amigos. Rajoy y sus ministros preparan
la «solución final» versión PP: jubilados, dependientes y enfermos
crónicos seremos los colectivos prioritarios. El gobierno, que debe
garantizar el derecho a la salud para todas las personas, sin
discriminación, hace todo lo contrario.
El ministro de interior, ha ordenado a las fuerzas de
seguridad que hagan uso de la fuerza contra quienes se manifiestan
pacíficamente por sus derechos, criminalizando las protestas, por
medio del Código Penal. Con la utilización excesiva de la violencia,
el gobierno restringe derechos fundamentales y estigmatiza a los
movimientos sociales, que defienden derechos y libertades. Conocidos
son los mossos d´esquadra por sus actuaciones, que empiezan con
palizas y terminan con los apaleados muertos. El policía que maltrata
es un maltratador, no vale la obediencia debida como alegación; tan
canalla es el que ordena, como el que ejecuta la violencia contra las
personas.
Otra vergüenza de la #MarcaEspaña son las cuchillas
puestas en la verja de Melilla. Como disparate y delito, lo califica
Federico Mayor Zaragoza. Tanto tiempo luchando para que desaparezcan
muros, caídos por la fuerza de la libertad y la democracia, y ahora,
estos del gobierno, ponen «concertinas», cuchillas asesinas, que
vulneran y hierren los derechos de los inmigrantes, que huyen de la
hambruna y la pobreza, provocadas por el expolio occidental de los
recursos naturales en el continente africano.
De otra parte, el gobierno y la justicia española,
están entorpeciendo la orden de detención de los torturadores
franquistas, reclamados por la justicia argentina. Carlos Slepoy,
abogado de los querellantes, sostiene que «las autoridades españoles
están cometiendo una dilación indebida de los tiempos de la Justicia e
incumpliendo flagrantemente, tanto el Tratado entre ambos países, como
la propia ley española de extradición», que establece que la detención
debe efectuarse en el plazo máximo de 24 horas, tiempo superado con
creces. No podemos pedir peras al olmo; los franquistas de hoy en el
gobierno, protegen a los sicarios franquistas de ayer.
Mientras la violencia machista sigue asesinando
mujeres, el gobierno hace desaparecer millones de euros dedicados a la
prevención y a la atención sanitaria, que es una vía para detectar la
violencia de género y la trata de personas. En lo que va de año, han
sido asesinadas 49 mujeres víctimas del #TerrorismoMachista. Desde el
año 2001 han muerto más de ochocientas mujeres. Si el terrorismo
político, hubiera asesinado en este tiempo a tantas personas en
España, los cimientos del Estado temblarían. Pero éstos parece que
piensan, cuando no dicen: son mujeres al fin y al cabo.
Esta semana ha sido publicado el Barómetro del CIS.
Durante la mañana del día 6, los titulares de los medios informativos
digitales, destacaban que el PP aumentaba su ventaja y que el PSOE se
desplomaba. Luego nos enteramos de que la encuesta se había cocina y
aderezado a la conveniencia política del PP. Utilizando un artificio
aritmético, han recortado el factor de corrección del PSOE y
multiplicado el del PP, explicaba Carlos Enrique Bayo en Público. Esta
conducta, que en otros lugares daría lugar a dimisiones y ceses,
además de ser vergonzoso, es muy grave y demuestra como el gobierno de
Rajoy, al manipular, atenta contra el propio sistema democrático.
Las cuatro primeras preocupaciones de la ciudadanía
española son el paro, la corrupción, los problemas de índole económica
y los políticos. No se si estamos a la altura de México, pero muy mal
estamos. En octubre, la tasa de paro registrado afectaba a 4.811.383
personas, lo que representa el 25,98%. Una cuarta parte de la
población activa española está sin trabajo y el paro juvenil afecta al
54,37%. Datos que ilustran a la desdichada #MarcaPP en España.
Los casos Gürtel y Bárcenas siguen estando a la cabeza
de la corrupción política y económica. Esta semana el juez Gómez
Bermúdez ha metido en la cárcel a la cúpula de la Caja del
Mediterráneo, por otorgar créditos, para comprar hoteles y terrenos en
México, República Dominicana y Costa Rica, operando con entidades
radicadas en el paraíso fiscal de Curaçao. Por su parte, la infanta
Cristina, hija del rey de España, firmaba decenas de facturas falsas
de forma «inconsciente», en la trama corrupta de su marido. Estamos
ante unos casos de corrupción real en estado puro. Mientras, el Poder
Judicial, sanciona al juez Elpidio José Silva por meter a la cárcel al
banquero Blesa.
Jorge Arzuaga sigue en la Puerta del Sol de Madrid en
huelga de hambre, desde el día 12 de octubre y Rajoy con su gobierno
sin dimitir. Y España, como México, está patas arriba, gobernada por
demagogos, corruptos y en una situación que poco tiene que ver con la
democracia. |
