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¿Justicia igual para todos? |
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18 de noviembre de 2013 |
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Se sabía; pero hemos tenido que conocer casos concretos, para
confirmarlo una vez más y darnos cuenta de que la justicia no es igual
para todos. Decir que es igual para todos es una falacia y mienten
quienes lo afirman. Si eres rico y poderoso, cárcel de oro; si eres
pobre y mísero ciudadano, caerá sobre ti el brazo de la justicia no
tan ciega, empuñando espada, con todo su rigor. |
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Tenemos derecho a que los jueces y tribunales impartan justicia, si
consideramos que nuestros derechos e intereses legítimos se ven
perjudicados. La justicia no se aplica a todos por igual. Además, hay
que tener razón, demostrar que la tienes y que la mayoría de los
miembros de un tribunal te la den. Arduo empeño de años. Tener razón
se puede tener; la cosa se complica en su demostración —si con buen
abogado bien y con dinero mejor—. Más difícil es obtener la opinión
mayoritaria de los jueces y magistrados. Lo vemos cada día en las
sentencias, cada cual interpreta la cosa juzgada a su entender, y son
justas si nos dan la razón e injustas si nos la quitan.
Corren malos tiempos para la justicia, incluso para el que la imparte.
Que se lo digan al juez Elpidio José Silva, perseguido por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), en la soledad de su conciencia, por
haber metido a la cárcel a Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid (CM);
imputado por su posible implicación en créditos irregulares al Grupo
Marsans —el de Díaz Ferrán, presidente de los empresarios españoles y
ahora en la cárcel— y la compraventa del City National Bank of
Florida. El juez decretó su ingreso en prisión sin fianza, por delitos
societarios, administración desleal, falsedad en documento y posible
apropiación indebida. Hoy está en la calle por la anulación de la de
la causa judicial, por ser desproporcionada la prisión, según la
Audiencia Provincial.
El acoso continúa. El pasado viernes fue multado con 1.000 euros, por
el CGPJ por «revelación de secretos» en una entrevista publicada por
eldiario.es en junio pasado. Además, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid tiene una causa abierta contra el titular del Juzgado de
Instrucción nº 9 de Madrid, por prevaricación, después de que la
Fiscalía presentara una querella contra el magistrado, por su
instrucción contra el expresidente de CM. En España, meterse con los
banqueros, cuando se puede, sale caro, incluso para los jueces que
investigan delitos cometidos por el poder económico.
En el recurso que ha presentado el juez en su defensa, solicita
presentar como prueba determinados correos electrónicos de Blesa, que
pueden demostrar la intención del banquero de defraudar y enriquecerse
a costa de la Caja. En el mismo recurso, el juez apunta a una posible
relación de Miguel Blesa con el caso Gürtel, y contactos con José
María Aznar y su yerno Alejandro Agag, por negocios de armas. Y hasta
ahí podíamos llegar. Otro juez tocado por la Gürtel, que es mano de
santo para eliminar a jueces independientes, buenos profesionales y
dignos defensores de la Justicia.
Y que me dicen del caso «infanta Cristina», como así tenía que
denominarse a esta derivación real del «caso Nóos» —su marido Iñaki
Urdangarín es el principal implicado junto con su socio—, derivado a
su vez de la «Operación Babel», una ramificación del caso «Palma
Arena». Por todos es conocido, pero hagamos un resumen de este lío.
En abril de 2013, el juez José Castro —puesto ya en la picota—,
decidió al fin imputar a la hija de rey. En síntesis, el auto venía a
decir: que no existen evidentes indicios racionales de que Doña
Cristina Federica de Borbón y Grecia interviniera activa y
decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos; pero que sí
existen suficientes, de que prestaba su consentimiento, a que su
parentesco con el Rey, fuera utilizado por su marido y socio, a
sabiendas de que propiciaría un trato generoso por empresas privadas y
privilegiado por las Administraciones Públicas». Esto es, cuanto
menos, un claro caso de tráfico de influencias para enriquecerse.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
de Baleares, pasó, de ser acusador público a defensor de la realeza,
recurriendo la imputación —con la «absoluta conformidad» de la Casa
Real—, al no existir indicios suficientes para imputar a la infanta,
considerando que el juez había actuado de forma precipitada. La
Audiencia de Palma levantó la imputación, dejando la puerta abierta a
la posibilidad de imputarla en el futuro por un delito fiscal o de
blanqueo de capitales. De momento el matrimonio fijó su residencia en
Suiza. Parece que dicen que «no hay riesgo de fuga».
Y en esas estábamos cuando el pasado día 14, nos desayunábamos con que
el famoso defensor de la realeza —el fiscal Pedro Horrach, enamorado
de la infanta, como dice mi amigo Pareja—, adelantándose a la decisión
del juez instructor y en clara afrenta, pide que no se impute a
Cristina, exculpándola de blanqueo de capitales y delito fiscal. El
fiscal no ha esperado un informe clave de Hacienda, que determinará la
cuota defraudada por la empresa familiar —al 50% entre Cristina e
Iñaki—. Si cualquiera de ustedes o yo mismo, estuviera imputado por
los delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y
blanqueo de capitales, como lo está el presunto delincuente Iñaki,
estaríamos acompañando a Bárcenas en su actual residencia; por cierto,
que todo parece que será el chivo expiatorio de la corrupción en el
PP.
La justicia no se aplica a todos por igual, no se utiliza la misma
vara de medir para unos que para otros. Tampoco las leyes son iguales
para todos. El poder tiene sus privilegios y además hace la ley, sin
pensar en el interés general. Unos salen de la cárcel tras pagar
millonarias fianzas, y otros entran por manifestarse defendiendo sus
derechos y libertades; hasta por tocar el piano, que se dice pronto.
El ex director general de la CAM, Roberto López Abad, salió de la
prisión, tras haber depositado la fianza de 1,5 millones de euros —ha
tardado seis días en reunirlos—, que le impuso el juez de la Audiencia
Nacional Javier Gómez Bermúdez —otro juez que está en el punto de
mira—. Poder presentar una fianza de esa cuantía, por si solo, ya
tendría que ser motivo de investigación. Nadie tiene y digo nadie, tal
cantidad de dinero por trabajar honradamente, por muchas vidas que
tuviera.
La judicatura poco solidaria, paralizada y al parecer asustada; los
jueces acosados, en la soledad de sus «puñetas» y la fiscalía
militarizada. El 70% de los presos en España son pobres, enfermos o
drogadictos, mostrando que la desigualdad existe. El rey por encima de
la ley y su persona irresponsable política y penalmente —por
extensión, los miembros de su familia también lo pretenden—. Se pasó
de la justicia divina a la de los «hombres» y de la justicia para unos
a la justicia para todos; pero lo cierto es que la justicia se aplica
según la capacidad económica y de poder que se ostente. La Justicia
que está desolada, anuncia a través de El Roto que se rinde; habrá que
protegerla. |
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