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La democracia no consiste solo en participar en
periodos de tiempo determinado, votando en elecciones generales,
europeas, autonómicas y municipales. La democracia es participación y
cuanta más participación, mayor calidad adquiere el sistema.
Participación, manifestación y libertad de expresión, son derechos
irrenunciables en un sistema democrático, que no pueden limitarse,
como pretende el gobierno del Partido Popular, a través de una ley de
Seguridad Ciudadana y Código Penal, convertidas en leyes mordaza.
La Constitución española (CE), en su artículo 20 prevé
la suspensión del derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones, solamente, en el caso de que se
hubiera declarado el «estado de excepción o de sitio». Contra ello, el
actual gobierno del PP restringe los derechos, criminaliza las
protestas, lo remite a la vía administrativa —eludiendo la judicial—,
creando y manteniendo una situación de excepción permanente sin
haberlo declarado.
Igualmente la CE (artículo 21) reconoce el derecho de
reunión pacifica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización
previa de la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para
personas o bienes. Por su parte, la Ley Orgánica 9/1983, que regula el
derecho de reunión, encomienda a la autoridad gubernativa «proteger»
las reuniones y manifestaciones, frente a quienes trataran de impedir,
perturbar o menoscabar el lícito ejercicio del derecho. El gobierno
subvierte el propio espíritu de la ley, no solo no protege a quienes
se manifiestan, sino que criminaliza su acción.
Es cierto que los partidos políticos son instrumento
fundamental para la participación política. El gobierno, amparándose
en la legalidad de una mayoría absoluta parlamentaria, ataca de raíz
al Estado democrático de Derecho y a los valores que le identifican.
Ante situaciones como esta, la ciudadanía, perjudicada por las
decisiones de los poderes públicos, adquiere el derecho a manifestar
públicamente su disgusto o malestar, no solo a través de asociaciones,
sindicatos o partidos políticos; sino a ejercer ese derecho por sí
misma, sin intermediarios que la represente.
La ley de Seguridad Ciudadana, coarta la libertad de
los ciudadanos, ejerce un mayor control sobre las protestas
callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno. Si no teníamos
bastante con el futuro Código Penal —del cual hablaremos en otro
momento—, que criminaliza la protesta social, mediante duras penas de
cárcel, ahora, además, tratan de arruinar a quienes protestamos,
mediante grandes multas económicas.
La crisis y las medidas represoras del gobierno, están
dando lugar a nuevas formas de protesta ciudadana, como respuesta a
las situaciones límite a las que nos están abocando. Serán castigados
con multas entre los 1.001 y los 30.000 euros «Los actos de
obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado
público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones,
el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones
administrativas o judiciales» Lo que significa que, sin mencionar
la acción expresamente, se van a castigar las protestas antidesahucios.
La ley castigará, con multas entre los 1.001 y los 30.000 euros, «la
perturbación de la seguridad ciudadana», que se produzca en
manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el
Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
aunque no estuvieran reunidas. El gobierno blinda a las instituciones
que representan al pueblo, rodeándolas y alejando a sus miembros de la
ciudadanía. Un sistema que legitima los privilegios del poder y los
desmanes del gobierno, contra los derechos del pueblo es más parecido
a una democracia orgánica.
Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos
o emblemas, efectuadas por cualquier medio, serán castigadas con
multas de hasta 30.000 euros. Así como las manifestaciones públicas,
escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de
difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la
finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad
ciudadana. No se explica lo que el gobierno entiende por ofensa o
ultraje a España, símbolos o banderas, pues queda en manos de los
miembros de las fuerzas del orden su interpretación, lo que no ofrece
garantía alguna de justicia.
Cuando un gobierno se desentiende de proteger y
regular los derechos fundamentales que la Constitución promueve, la
ciudadanía, desprotegida, adquiere la legitimidad para reivindicar sus
derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la
sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de la protesta
pacífica nunca puede ser penalizada como lo pretende el gobierno,
ahora por la llamada ley de Seguridad Ciudadana y por el Código Penal.
La oposición parlamentaria tiene que actuar contra la
ley de Seguridad Ciudadana y contra la reforma del Código Penal:
negándose a legislar contra el Derecho y en el peor de los casos no
participar en los debates de la ley; deben sumarse a la movilización
social y cuando proceda presentar el correspondiente recurso de
inconstitucionalidad.
Ante lo que se avecina, algunos ya nos hemos puesto a ahorrar y
preparado el chándal carcelario. Se ha subvertido el sistema
democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el
consenso constitucional y la legitimación democrática se está
utilizando en contra de la mayoría social. Frente a todo ello y en el
ejercicio del derecho de expresión, sin ánimo de ofensa, sino de
defender los derechos que nos corresponden, cabe el grito ciudadano,
porque cuando los gobiernos usurpan poderes del pueblo y cometen
injusticias, el pueblo queda legitimado para levantarse contra el
totalitarismo represivo y contra la opresión que nos llega. Con
acritud.
Nota final: Por cierto, lo de la contrarreforma del
aborto es otra canallada más de este gobierno heredero del franquismo
y representante de la derecha reaccionaria ultracatólica fascista
autoritaria y machista. |
