|
Poco tengo que cambiar de los enunciados de hace un año y anteriores.
Cuando nació la Constitución, todo fueron para bienes, anhelos y
esperanzas; miedos y demasiadas cesiones también. Los poderes fácticos
amenazaban con la involución y todo fue por la libertad y la
democracia. Hoy esa misma Constitución, que nació del consenso
político y social, sirve para que el gobierno reaccionario de turno,
subvierta principios y valores, y con su política antisocial y
antidemocrática, haciendo uso de su mayoría absoluta legal, que no
social, nos lleve a los años anteriores al proceso constituyente.
El nacimiento de la Constitución no fue nada sencillo. Estuvo cargado
de dificultades y obstáculos. Las Cortes surgidas de las primeras
elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, se encontraron, aun
sin saberlo, que eran constituyentes. Hacía tres años que había muerto
el dictador y todo estaba por hacer. El régimen de Franco estaba
intacto. El régimen autoritario y represivo, lo había dejado todo
«atado y bien atado». No fue modélico el proceso de Transición. Hoy se
ven bien aquellos polvos.
La historia del constitucionalismo español, está cargada de
inestabilidad y falta de continuidad. Hoy, pese a lo que se dice,
tampoco hay estabilidad. Las dos últimas constituciones (1876 y 1931),
terminaron mal. Una convivió con el golpe de estado y la dictadura de
Primo de Rivera; la otra terminó criminalmente por el golpe de estado,
la guerra civil y la dictadura de Franco. La historia de España estuvo
presente en el debate y proclamación de la Constitución, aprobada en
referéndum el 6 de diciembre de 1978. Ningún menor de 55 años hoy
participó en el referéndum (votó el 67,11% de 26.632.180 censados, con
un 88,54%, 15.709.078 de votos favorables). Ahora estamos ante un
golpe de estado popular, que el gobierno del PP está dando, sin
declararlo.
La Constitución para que sobreviva tiene que cambiar, tiene que
reformarse. Hubo acuerdo en 1992 para reformar el artículo 13.2,
introduciendo la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del
derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, como
consecuencia del Tratado de Maastricht. En 2011, no hubo acuerdo
mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135,
pero se hizo por la presión de la Unión Europea. Se introdujo el
concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad absoluta del
pago de la deuda y los intereses. Se reformó en menos de un mes y sin
referéndum. Hoy tiene que derogarse. Si la última reforma de la
Constitución fue por intereses económicos, bien puede reformarse por
intereses sociales.
La monarquía, muy alejada de los principios constitucionales de
igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades, tiene que
desaparecer. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro
órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino
sometido a la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía,
heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la
Transición; pero en un sistema democrático, no cabe que la persona del
rey sea inviolable y no esté sujeta a responsabilidad. Ha llegado la
hora de establecer un estado republicano.
Uno de los problemas históricos sin resolver, fuente permanente de
conflictos, es el territorial. Las diferentes señas de identidad,
históricas y culturales, la multiculturalidad y la diversidad, son
valores que enriquecen la identidad común y así tiene que reconocerse
y permitir su propio desarrollo. Estos hechos tienen que quedar
plasmados en la Constitución, en el marco de un estado federal —sin
cerrar la posibilidad de otros modelos—, que junto con el derecho a
decidir libremente, queden clarificadas las competencias, se fije un
modelo fiscal y se establezcan mecanismos de cooperación. Un modelo
que venga a dar estabilidad política, que sea viable económicamente y
justo socialmente. Con todo, es necesario, o reformar el Senado —para
darle verdadera naturaleza de cámara de representación territorial— o
que desaparezca definitivamente.
La Constitución declara que «Ninguna confesión tendrá carácter
estatal» y esto no se cumple en la práctica. En un estado
verdaderamente laico, se ha de dar una efectiva y real separación
entre el estado y las iglesias. Los fondos públicos no pueden dedicar
su esfuerzo ni a la iglesia católica ni a ninguna otra. La religión
tiene que salir de la escuela para nunca volver y todo tiene que
quedar plasmado en la reforma que se propone. El Concordato y los
acuerdos privilegiados con el Vaticano deben derogarse, enmarcándose
las relaciones en el ámbito diplomático de reciprocidad.
El sistema electoral está impidiendo que una buena parte de
formaciones políticas accedan a las instituciones representativas,
favoreciendo el bipartidismo —tal como se previó—. Es preciso abordar
una reforma de la Ley General electoral que permita listas abiertas,
desbloqueadas, así como la eliminación de la barrera electoral del 3%.
La Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, penalizando a los
que menos, debe cambiarse para que se garanticen la proporcionalidad y
equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las
formaciones políticas y ciudadanas.
Es necesario reformar la Constitución, para garantizar y favorecer la
mayor participación ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y
municipal, mediante todo tipo de medidas posibles, como iniciativas
legislativas populares, referéndums o votaciones online, en un marco
de transparencia institucional, política y administrativa.
Una reforma constitucional de este calado, se debe abordar con
serenidad y con determinación. Una reforma que permita avanzar en la
creación de un estado federal, laico y republicano, basado en la
transparencia y una mayor participación social. Una reforma que
introduzca mecanismos para blindar el sistema público de pensiones, la
educación y la sanidad pública, así como las prestaciones sociales
para dependientes y desempleados que carezcan de bienes para subsistir
dignamente. Mañana sigue siendo tarde. |
