Urdangarín:
indicios razonables de culpa

Iñaki Urdangarín, duque consorte de Palma de Mallorca, esposo de la infanta Cristina de Borbón y Grecia, hija del rey de España y hermana del príncipe heredero, está imputado por la justicia por graves delitos: prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsedad documental, blanqueo de capitales, y delito fiscal. La presunción de inocencia se le concede, pero el juez ve claros indicios racionales de culpa. Mientras tanto y no solo por esto, la monarquía está en la cuerda floja.

El duque, que parecía tan buen muchacho cuando  jugaba al balón mano, fue utilizando su personalidad pública, de primer nivel, y aprendiendo malas prácticas. Con ellas, y con la tarjeta de visita, que decía que era yerno del rey de España -con su conocimiento o sin el-, se fue enriqueciendo ilegalmente. Para él y para otros.

La infanta Cristina, ciega de amor, no ha visto nada, salvo la sonrisa embrujadamente inocente de Iñaki. Hay malestar en la sociedad, porque la infanta no esté imputada en el caso de corrupción. Otras esposas, enamoradas también, por menos, se han visto ante la justicia, por encubrimiento o partícipes de enredos y corrupciones, como la mujer de su socio.

La casa del rey está dando palos de ciego, sin zafarse de la duda sobre su implicación. Dice que ha tenido conocimiento, por los medios de comunicación, de la imputación de García Revenga, asesor de SS.AA.RR. las infantas Elena y Cristina. Habrá que creer lo que dicen en comunicado oficial, pero la duda crece: ¿Cómo es posible que el ilustre asesor de las reales infantas, no haya comunicado a la real casa la situación que conocía desde el año 2005? Revenga, mucho más que un secretario, se convierte en el primer empleado de la Casa del Rey imputado. ¡Malos asesores tenemos majestad!

Como es sabido, no sólo prevarica el cargo o funcionario público, sino también quién lo propicia, y el duque era bastante propiciador. Decía el expresidente balear Jaume Matas: “Urdangarín nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la familia real". La imagen real abría puertas a la corrupción.

El juez del caso, acusa a Urdangarín de actuar ilegalmente para enriquecerse, con la creación de una trama de captación y desvío de fondos públicos. Hace constar que existió “utilización fraudulenta y deliberadamente de la figura del convenio para eludir la aplicación de la Ley de contratos del sector público” y que ambos socios -Urdangarín y Torres- se beneficiaron de decisiones arbitrarias, adoptadas mediante "un ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad, al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública”.

El duque y su socio utilizaron a un instituto sin ánimo de lucro, que recibía el dinero para organizar eventos. Estos fondos se desviaban a las empresas privadas de su propiedad, pagando las facturas que éstas emitían por los conceptos de: apoyo logístico o informes técnicos. La investigación ha detectado la falsificación de firmas en la presentación de ofertas, fechas alteradas e informes inexistentes o poco rigurosos, copiados de Internet. De aquí la falsedad documental.

Al aparentar que no perseguían fines lucrativos, les permitía "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas". El juez señala que Urdangarín y Torres son autores centrales, porque son los que perpetran los delitos, "derivando los fondos ilícitamente obtenidos hacia las sociedades de su entorno" y que supuestamente han tenido "intervención activa, en unión de otras personas", en los hechos investigados. El auto, que fija la fianza civil solidaria de 8,1 millones, concluye diciendo, que usaron el Instituto Nóos para ganar dinero en CCAA del PP, con un “desmedido ánimo de lucro”.

La fiscalía anticorrupción de Baleares ha pedido a las autoridades de Luxemburgo y Suiza, información sobre las cuentas corrientes de las empresas de Urdangarín, abiertas para desviar fondos a través de dos testaferros. También se han detectado movimientos en Andorra. Se está esperando el resultado de la comisión rogatoria a Suiza. Uno de los testaferros ha declarado, que constituyó una Fundación para desviar fondos a petición del duque. ¿Nadie se ha preguntado si el duque es a la vez testaferro de otro alguien? Demasiados negocios para tan poca criatura, en este blanqueo de capitales.

El  informe del fiscal de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña encuentra que "existen indicios racionales de haberse cometido delitos contra la Hacienda Pública” por parte del Instituto Nóos en 2007 y por parte de Urdangarín, individualmente en 2007 y 2008. Estos tres delitos (y no uno continuado), estarían penados con hasta quince años de cárcel, que sumados a los otros delitos (prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsedad documental, blanqueo de capitales), podría caerle al duque veinte años de prisión, con las consiguientes multas y accesorias de inhabilitación. Alguien estará pensando ya en el indulto.

No sabemos como va a terminar el caso. De momento el juez Castro, estará recibiendo tantas presiones, como intereses personales e institucionales están implicados. El procedimiento parece que está funcionando adecuadamente. Aunque llama la atención, que, pese a la importancia de los delitos por los que se les acusa, no se haya adoptado otras medidas cautelares, como la prisión preventiva, con o sin fianza. La justicia no es igual para todos. Por supuestos delitos menores, muchos están pagando en la cárcel la pena, sin haberse celebrado el juicio todavía.

¿Cómo no está acusada la infanta Cristina? Era socia de las empresas instrumentales, como parece que era la mujer de Torres, imputada desde el principio. ¿No recibía la infanta en sus cuentas bancarias importantes fondos? ¿No se enteraba de la procedía del lujo del que disfrutaba? ¿No le comentaba su asesor lo que estaba ocurriendo? ¿Niega que Iñaki ofreciera contratos ilegales a empleados del hogar, para defraudar en el IRPF? La infanta es una persona con suerte: nadie le pide ni cuentas, ni explicaciones.

¿Se deben pedir cuentas al rey? Todo hace indicar que su casa real estaba informada desde el año 2005. La imputación del secretario de las infantas, muestra hasta qué punto la Casa Real estaba informada de la trama corrupta que dirigía Urdangarín. Si el rey lo conocía y no puso la información a disposición de la justicia, está implicado por ocultación. La irresponsabilidad de la persona del rey debe tener limitaciones. Tiene que quedar sujeto a las responsabilidades propias del Código Penal, como todos lo estamos.

Como siempre preguntas, algunas respuestas y muchas incógnitas. Si se probase que la hija del rey está implicada en este caso de enriquecimiento por corrupción, la monarquía caería por el propio peso de los delitos. La monarquía española, una vez más, se sitúa en la oscuridad y la opacidad sobre su patrimonio, la cuantía y su procedencia, oculta tras el secreto de Estado. Urdangarín, su mujer, el secretario de las infantas, la familia en pleno, por acción o por omisión, están haciendo un flaco favor a su monarquía. ¡Allá ellos! La corrupción es un cáncer que ha emponzoñado el Sistema.