«Me mantendré
firme en mis
convicciones,
reportaré mis
posiciones»
15 de diciembre de
2014
No sé si estoy más enfadado por la aprobación de la Ley Mordaza, por
la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Memoria Histórica, la
estafa, supuesta, de Rato en Bankia, las declaraciones del opusino
Fernández sobre las expulsiones en caliente de inmigrantes, o por la
no imputación de la hija del rey y hermana de rey —que si no queríamos
uno, tenemos dos—. Estoy hasta la coronilla, muy enfadado, indignado y
asqueado.
Es mi problema. «A quien le importa lo que yo haga, a quien le
importa lo que yo diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré»,
cantaban Alaska y Dinarama, allá por 1986 «Quizás la culpa es mía
por no seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora».
Permítanme que me desahogue, es un favor que les pido, porque me
estoy ahogando con tanta miseria, engaños, corrupción y tomadura de
pelo.
Entre todos, hay un caso que clama justicia: el del teniente Luis
Gonzalo Segura de Oro-Pulido, que sigue preso, por denunciar la
corrupción en el Ejército en su novelaUn
paso al frente. No soy partidario del Ejército, y menos si es
corrupto, como denuncia el teniente. No es que sea partidario de
eliminar el ministerio de Defensa, como dice Pedro Sánchez, sino del
ejército mismo. A Luis le han emplumado de nuevo otros dos meses de
arresto (Publico
11 diciembre), por decir que él no entraría en Catalunya,
contrario a lo que se viene clamando, dicen, en los cuartos de
banderas de los cuarteles de siempre. El Ejército es guerrero y no
una ONG, pese a lo que pretenden aparentar y no sabe convivir en la
paz y en el derecho democrático de los pueblos a decidir. La fuerza
de Luis, por denunciar los privilegios de la casta militar, es
admirable.
Ahora sale Rajoy diciendo que la crisis ha terminado. «En muchos
aspectos es historia pasada, ya se nota en los salarios». ¡Canalla!
Además de mentira es una falta de responsabilidad, desvergüenza y
cinismo, faltando el respeto a los millones de personas que sufren
por sobrevivir. Algunos datos y señales que dan frío. Si se
incluyera a las personas «desanimadas», que la EPA excluye de su
concepto de parado, el desempleo lo sufrirían 7.013.678 personas,
según cálculos de Llorenç Pou Garcias (Nueva
Tribuna 3 de agosto). Sube la tasa de pobreza energética, las
familias que destinan más del 10% de su renta a la luz y el gas
alcanzan el 16,6 %, y el 9 % no puede mantener una temperatura
adecuada (El
País 27 marzo). El paro registrado afecta a 4.512.000 personas (MEySS
2 diciembre). La deuda pública alcanza el record histórico de
1,020 billones, el 96,8% del PIB (Expansión
12 diciembre). El 27,5% de los niños vive en riesgo de pobreza;
1.789.400 hogares tiene todos sus miembros sin trabajo (El
Mundo 23 octubre); la tasa de paro juvenil es del 53,8%; los
salarios bajando y los precios en caída libre, rayando la deflación
y la depresión económica (El
Plural 13 diciembre); los desahucios aumentando (el
Diario.es 23 diciembre) y el Salario Mínimo en 645,30 €.
El 40,6% de los españoles vive en la precariedad, el 24,2% sufre
exclusión moderada y el 10% en severa marginalidad; sólo el 34,3%
vive sin carestías esenciales, según Cáritas (El
País 28 de octubre). España el país de la OCDE en el que más ha
aumentado la desigualdad y ahora la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico insta a atajar la desigualdad para
favorecer el crecimiento (El
País 9 de diciembre). Como dice mi amigo Pareja en El Plural (14
diciembre): «Para todos ellos la crisis es, efectivamente,
historia; para la mayoría, si no hacemos algo pronto para
solucionarlo, será desgraciadamente histórica». Pese a todo, quizás
Rajoy diga verdad, al decir que la crisis ha llegado a su fin,
aunque yo tengo una visión diferente a la del presidente. Ya lo dije
en Cuarto Poder (27
de julio de 2013): «Es lo que querían. Es su modelo».
Por si fuera todo poco, nueva trama. El Consejo General del Poder
Judicial ha convocado a concurso la plaza que ocupa el juez Ruz en
el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Todo parece
premeditado para que la Gürtel quede en nada, por la financiando
ilegal (presuntamente) del Partido Popular (prometo no repetir el
«presunta» otra vez, porque sería cansino, además de falso). Según
fuentes cercanas al juez, no pedirá la prórroga en marzo; nadie es
más consciente que él de los riesgos que se ciernen sobre el caso
Gürtel. «Si siempre estaban latentes, ahora más que nunca», dice
Ernesto Ekaizer (blog
Analítica 11 de diciembre). Podríamos estar ante otro caso de
financiación ilegal del PP que quedaría sin juzgarse, como el
Naseiro, archivado por el Tribunal Supremo, a causa de
irregularidades de instrucción del sumario. (Me adelanto a la
puntualización: el caso Filesa, se juzgó y hubo condenas). El PP
hace trampas cuando le van mal las cosas con la Justicia, cambia las
reglas durante el tiempo de juego y hasta de jueces como Garzón o
Silva. Mientras siga Ruz con la causa, debería procesar a todos los
implicados y abrir juicio oral, como corresponde.
El jueves pasado y en solitario, el PP, haciendo uso legal pero no
legítimo de su mayoría absoluta y falseando datos sobre disturbios
violentos para justificar la reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana, aprobó la Ley Mordaza, que de hecho significa un recorte
en las libertades y «una amenaza para los Derechos Humanos» (Amnistía
Internacional). Esta reforma sustituye a la denodada «ley de
patada en la puerta», que de por sí ya era un retroceso en las
libertades. Es una reforma innecesaria que restringe las libertades
ciudadanas y significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden
Público franquista. La ley que criminaliza las protestas, recorta
los derechos fundamentales de expresión y manifestación,
convirtiendo a la ciudadanía en criminales por protestar en favor de
sus derechos y contra los recortes sociales. Como dice Patricia
Hernández el PP «tiene alergia a los derechos civiles» (Diario
Progresista 14 diciembre), y a todos los derechos y libertades,
añado yo. La oposición de izquierdas, tiene que ejercer un boicot
parlamentario. No es suficiente manifestar que se derogará cuando se
llegue al gobierno; no vale con votar ´no´ o abstenerse; hay que
ausentarse, para no legitimar, aun mudos, con la sola presencia, la
aprobación de leyes injustas. España vuelve a ser una dictadura y
Rajoy un dictador. Avanzamos hacia el pasado.
En relación con las Víctimas del franquismo, el PP en el Senado ha
rechazado la moción del PNV, apoyada por el resto de grupos, para
reanudar la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, tomar
medidas para reconocer a las víctimas del franquismo y colaborar en
la recuperación de los desaparecidos. El PP no solo no quiere
investigar la corrupción que le cerca, sino que, como buen heredero
del franquismo, se niega a reconocer los crímenes que están ocultos
en fosas comunes y en cunetas de los caminos. «A todas las víctimas
les debemos un compromiso y eso tratamos de buscar con esta moción»,
decía desde la tribuna el ponente Jokin Bildarratz. Dice el senador
Alejandro Muñoz-Alonso «No hemos hecho comisión de la verdad ni
falta que nos hace». Es comprensible la actitud del PP: cómo va a
tener compromiso con las víctimas del franquismo, si no lo tiene con
los enfermos crónicos actuales ni con las personas dependientes ni
con los ancianos ni las personas desprotegidas. Más de 100.000
dependientes han muerto sin haber recibido las ayudas (La
Sexta 8 diciembre). Parece como si estuvieran aplicando su
particular «solución final». Recuerdan a Patricia Flores, ex
viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid con
Esperanza Aguirre, cuando dijo «¿Tiene sentido que un enfermo
crónico viva gratis del sistema?» (Público
3 febrero 2012). Lo que digo, exterminio es lo que hacen.
Y con las mismas malas artes, llega el ministro (de la porra)
Fernández Díaz, con la caridad opusiana que le caracteriza,
dirigiéndose a los críticos con las devoluciones en caliente,
propone enviar a los inmigrantes de la valla a casa de quienes los
defienden: «Que me den la dirección y les enviamos a esta gente» (Tele5
11 diciembre). Palabras de un indeseable. Todavía no ha
dimitido, porque no tiene vergüenza, ni él ni el presidente del
gobierno que le mantiene. El Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas ha pedido a España que dé explicaciones sobre la devolución
sumaria de inmigrantes en Ceuta y Melilla, por la violencia policial
en la represión de los saltos en las vallas fronterizas y las
denuncias de malos tratos a inmigrantes en los Centros de
Internamiento de Extranjeros (Europa
Press 2 noviembre). El gobierno que tan sumiso cumple las
directrices económicas que le dan desde instancias internacionales
—UE o FMI—, da la callada por respuesta, violando los DDHH,
incumpliendo entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
Lo de Rodrigo Rato es para que ya estuviera en la cárcel
preventivamente, para evitar su huida y otros males. El informe
realizado por los peritos designados por el Banco de España, a
petición del juez que instruye el caso Bankia en la Audiencia
Nacional, viene a decir que cuando salió a Bolsa, las cuentas
presentadas «no expresaban la imagen fiel» del banco, que pasó en
tan solo unos días —tras la dimisión Rato en 2012—, de unos
beneficios de 309 millones de euros a reconocer un agujero de casi
3.000 millones (InfoLibre
4 diciembre). Rato y su equipo falsearon las cuentas, inflando
su valor, para facilitar la venta de acciones y eso les va a costar
la cárcel.
El Código Penal (art.282 bis) establece que «Los que, como
administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de
valores negociados en los mercados de valores, falsearan la
información económico-financiera contenida en los folletos de
emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones
que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación
del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios
presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o
depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener
financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de
prisión de uno a cuatro años», pudiendo llegar hasta los seis, si el
perjuicio fuera de notoria gravedad (art.308).
Espero que no se coma el turrón en casa. Le imagino en eltrullo,
decapocarcelario,
preparando la cena del 24 en elchabolo,
rodeado de presos de su confianza, con mandil yempalmaocon
cuchilla de afeitar, preparando lamanduca,
fileteando ajos tan finos para que se derritan en la sartén, como en
la escena de «Uno de los nuestros». Pero el ex director del Fondo
Monetario Internacional —que parece no es tan buen gestor—, no es el
único culpable. El Banco de España y los directivos de entonces, la
CNMV y la auditora Deloitte —que certificó 309 millones de
ganancias, en lugar de 3.000 millones de pérdidas—, son cómplices
necesarios de la estafa de Bankia. En este caso, el delito de
«maquinación para alterar el precio de las cosas» es de libro. Se
estudiará como ejemplo en las facultades de derecho.
Y qué decir de Cristina Federica de Borbón y Grecia, imputada por
ser cómplice de su marido Iñaki Urdangarín, que si los jueces no lo
remedian «tú te comes solito el marrón» pactado enfamiglia.
Cristina ha sido partícipe a título lucrativo y se benefició de los
fondos que evadió su marido, además de cometer un delito fiscal por
impago de IRPF, pero ella no sabe nada. El fiscal acusa a Urdangarín
de ocho delitos castigados con más de 19 años de cárcel, su señora
de rositas. Los delitos que se le imputan son los de prevaricación,
malversación de caudales públicos, fraude a la Administración,
blanqueo de capitales, falsedad en documento público y en documento
mercantil, y dos delitos fiscales (El
Plural 8 diciembre). Al ex socio Diego Torres se le imputan
siete de estos delitos. El Ministerio Público acusará a la mujer de
Torres, de un delito de blanqueo de capitales y exculpará a la
Infanta por ser quien es, como muestra de que la Justicia no es
igual para todos, y menos si eres miembro de la familia real; todo
un ejemplo de desvergüenza, rayando la prevaricación.
El rey padre y el rey hijo encantados. La Historia tendrá que juzgar
a esta familia que según todos los indicios, tiene una fortuna
estimada de alrededor 2.300 millones de dólares (unos 1.680 millones
de euros), según elNew
York Times en 2012.El
canal NBC, calcula la fortuna de Juan Carlos I en unos 2.000
millones de euros. En 2003 la revistaEuro
Businesssituaba al
monarca entre los europeos más ricos (en la posición 112) con un
patrimonio total de 1.700 millones de euros. «A falta de cifras
oficiales, las estimaciones que hacen medios internacionales de
prestigio oscilan casi todas en unos rangos similares y situarían al
rey como una de las personas más ricas de España» (20minutos
4 de junio). ¿Cómo han conseguido tantísimo dinero? No hay
transparencia, sí mucha opacidad y secretismo; datos inviolables
como la persona del rey y excesivos privilegios que algún día
tendrán que acabarse.
Comencé a escribir estas líneas con enfado, indignación y asco. Con
tanto robo, estafa y fraude no es para menos, aunque ahora estoy más
desahogado; gracias por permitírmelo. Termino donde dejé la canción
de Olvido «Me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis
posiciones», para quien le interese. Mi destino lo elegí yo y en él
sigo. Por convicción, por dignidad, hasta que el cuerpo aguante.
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