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Desde hace unos días, Caracas y otras ciudades de Venezuela, viven un ambiente de tensión. La jornada de movilización convocada por estudiantes y un grupo opositor contra el gobierno, ha degenerado en fuertes enfrentamientos, tres muertos y decenas de heridos. Nicolás Maduro denunció un «rebrote nacifascista», mientras sus adversarios le acusan de suspender las garantías constitucionales. La violencia, azuzada por la situación económica y la polarización ideológica sacude el país.

La situación recuerda el golpe de estado que sufrió Hugo Chávez en 2002. Ahora, miles de estudiantes, junto con parte de la oposición más conservadora, han regresado a la lucha en la calle, bajo el lema «salida», para desestabilizar al gobierno. La mayor protesta contra Maduro desde que subió al poder, derivó en graves incidentes y está desestabilizando el país. Maduro fue elegido en abril de 2013 por escasa diferencia, frente a Henrique Capriles, que no acepta el resultado. El apoyo popular a Nicolás Maduro y su política, fue confirmado en las municipales de diciembre, cuando los candidatos oficiales obtuvieron el 55% de votos.

Maduro repudia la violencia y afirma que las acciones tienen autores materiales e intelectuales. «Ha rebrotado una corriente nazifascista que quiere llevar al país por el camino de la violencia y el caos, pero la juventud revolucionaria en la calle ha dicho que no lo permitirá. La revolución bolivariana va a triunfar», sentenció Maduro, quien además ordenó reforzar la seguridad ante los «planes golpistas en desarrollo», señalando que «tengan la seguridad que no habrá golpe de estado en Venezuela, que lo sepa el mundo». Se reafirmó en el proceso democrático y la revolución. Aseguró que es respetuoso de los derechos civiles y las libertades, pero «no va a haber impunidad» para los responsables de los desmanes y quema de vehículos.

Aparentemente no hay unidad en la acción de la derecha. Capriles —que ha mostrado su desacuerdo con los actos de violencia—, en principio, había impuesto su táctica frente a la crisis: «dejar solo al Gobierno en la gestión de los problemas económicos para evidenciar su responsabilidad en ellos ante el electorado popular que vota al chavismo». Por el contrario los opositores Leopoldo López, María Corina Machado (con inmunidad parlamentaria) y el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusando a Maduro de limitar las libertades públicas, llaman a la movilización popular, lanzando un reto a Maduro: «A ver quién aguanta más, si el Gobierno o los estudiantes en la calle».

El mensaje es: «Frente a una tiranía, la respuesta es la calle y la movilización», con la intención de formar «una fuerza popular que pueda ser una contraparte al peso y al abuso de poder por parte del gobierno». Se ha dado la orden de arrestar a Leopoldo López —de Voluntad Popular, amigo de Aznar y de la FAES y vinculado con Álvaro Uribe y los paramilitares—, después de que Maduro calificara como «golpe de estado» los incidentes. López pretende ocupar las calles con protestas, para presionar en la crisis y provocar el hundimiento del «régimen». La extrema derecha no quiere esperar a unas nuevas elecciones. El poder lo quieren, caliente y en la mano.

Desde el momento de su investidura como presidente, Maduro ha sido objeto de una crítica feroz, por parte de la oposición dentro y fuera de Venezuela. Desde el 12 de febrero se inició la parte violenta de la ofensiva de la derecha. Hasta ahora, dominaba la presión económica, desabastecimiento, usura en los precios y manipulación de la crisis, con tintes de guerra económica. Lo cierto es que la escasez de productos básicos afecta a los barrios pobres de Caracas que apoyan al gobierno, mientras que los supermercados de los barrios ricos se encuentran bien abastecidos, precisamente desde donde surgen las movilizaciones. El problema se complica cuando seguidores de la revolución bolivariana, ven errores en la política económica y social, que deberían corregirse. No se como andarán las lealtades militares, pero sin dejar de fiarse, Maduro debería cubrirse la espalda ante posibles intentonas de golpes y cuartelazos.

Nicolás Maduro, gobierna con el mismo plan con el que Hugo Chávez resultó elegido presidente. El «Programa de la Patria 2013-2019», tiene como objetivos: defender, expandir y consolidar la independencia nacional; continuar construyendo el socialismo Bolivariano del siglo XXI, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y asegurar la mayor suma de seguridad social, estabilidad política y de felicidad; convertir a Venezuela en potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe; contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria; y contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

Parece que Capriles maneja un documento en el que se le recomienda desmarcarse de Leopoldo López y el plan «salida», porque el respaldo popular al chavismo sigue siendo importante y mayoritario; el respaldo de las fuerzas armadas a la revolución es «irrestricto»; el plan «salida» no tiene ni tendrá respaldo popular y cualquier acción violenta contra el gobierno unificaría a las fuerzas chavistas. El plan de López, dice el documento, además de querer desplazar el liderazgo de Capriles, muestra que sus intereses no se corresponden con asuntos de política nacional.

El gobierno del presidente Maduro, no puede cometer el error de creer que hay una derecha violenta y otra pacífica con la que se puede negociar. Ambas tácticas pretenden presionar al gobierno para que se apliquen medidas antipopulares, profundice su desgaste frente al pueblo bolivariano y quede expuesto a una salida ya sea violenta o blanda. Ambos sectores convergen en un objetivo común, derrotar al Proceso Bolivariano. Maduro debe llevar a cabo medidas que fortalezcan ese Proceso a favor de las clases populares, con la máxima participación democrática y transparencia política.

Con las limitaciones de mirar desde afuera y con información sesgada, censurada o manipulada, desde diversos ámbitos, la percepción es que la sociedad venezolana está irremediablemente dividida en dos bandos irreconciliables: la derecha elitista, empresarial y caciquil de siempre, junto con quienes han vivido a su sombra y aspiran a entrar en su círculo; y enfrente, los sectores sociales pobres e históricamente excluidos, que han asimilado el ideario de la revolución Bolivariana y quieren salir de los guetos. En el documento mencionado que maneja Capriles, se indica que, por las medidas anunciadas, el pueblo entiende que el gobierno está actuando, al haber logrado posicionar la responsabilidad de la escasez y especulación en el sector privado.

«Si un día ustedes recibieran la noticia de que la oligarquía logró caotizar Venezuela y el Gobierno cayó, escenario negado, quizás sería el inicio del fin de esta oligarquía y esta revolución pacifica, democrática, quizás tomaría otro carácter, quizás tomaría un carácter armado», dijo Maduro. Atentos tendrían que estar desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) para mediar en este peligroso enfrentamiento, como en otros momentos ocurrió en la región Latinoamericana. Un ejemplo fue «El Grupo de Contadora», donde la diplomacia internacional se puso al servicio de los pueblos. Hay que evitar, a toda costa, que se repita lo de Guatemala, El Salvador o Nicaragua.

En la lucha por el poder la razón, frente al capitalismo salvaje las políticas por la justicia social, la igualdad y el bienestar. Frente a la censura la transparencia, frente al totalitarismo la democracia y el pueblo.