|
En la comparecencia que hizo el ministro del ramo (Hacienda y
Administraciones Publicas), en la Comisión del Congreso, avanzó que lo
ingresado por la Agencia Tributaria (AEAT) en el primer semestre del
año, supone un récord, por ser el mejor primer semestre de la
historia. Recordó que 2012 y 2013 fueron los mejores años en términos
de ingresos por fraude, marcando «una tendencia que se mantiene en
2014». Se vanaglorió de su medida estrella: la amnistía fiscal;
cuando, según los portavoces parlamentarios, solo ha beneficiado a los
que defraudan, considerada como la vergüenza política del siglo, que
ha permitido «irse de rositas» a gran parte «de los delincuentes
económicos y políticos», entre ellos los ex tesoreros del Partido
Popular. La ley de amnistía fiscal, ha sido un borrón y cuenta nueva
para muchos defraudadores.
Lo que no dice Montoro y
por tanto lo oculta, es que Hacienda denuncia menos por delito
fiscal pese al aumento de condenas. La última memoria de la AEAT,
registra un espectacular frenazo en el número de denuncias elevadas
a la Fiscalía por delito fiscal pese al incremento de la economía
sumergida, según informa infoLibre. «No hay duda de que los jueces
están siendo menos permisivos con el fraude fiscal», explican desde
la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, lo que ha
permitido al ministro disimular, que la AEAT haya reducido de forma
significativa el número de denuncias.
Como siempre hay alguien
que también sabe de la cosa, el Sindicato de Técnicos de Hacienda
GESTHA, ha salido al paso de las declaraciones del ministro para
poner los puntos sobre las íes, desmintiendo los datos de Montoro,
afirmando que 2013 fue el peor año en lucha contra el fraude fiscal
de los últimos 23 de la historia de la Agencia, no previéndose para
este año una mejora sustancial que permita hablar de un punto de
inflexión en los resultados. Denuncian que no se ha logrado evitar
el «aumento de la economía sumergida en España», que alcanza 60.000
millones de euros», superando en más de 2.000 millones el gasto en
sanidad de todas las administraciones.
Algo está fallando en la
lucha contra la evasión fiscal. Las cifras del fraude y la evasión
en España son apabullantes: más de 253.000 millones de euros —más de
42 billones de las antiguas pesetas— escapan en España al control
del fisco, según informe «El avance del fraude en España durante la
crisis», publicado por GHESTA; el 25,6% del Producto Interior Bruto,
casi siete puntos porcentuales más desde que se inició la crisis en
2008, año en que la tasa oscilaba en torno al 17,85%. Y el fraude
creciendo año tras año.
El ministro Montoro nos
tiene acostumbrados a la autocomplacencia, presentando la situación
como buena, cuando es un desastre nacional (puede ser que en
optimismo le gane su colega de Guindos, el exdirector de la quebrada
Lehman Brothers en España y Portugal, que no le quieren en Europa ni
para dirigir el Eurogrupo). Concretamente, el ministro se refirió al
tipo medio efectivo que pagan las grandes empresas a Hacienda, que
«actualmente se sitúa en el 5,3%» y que el ministro espera que
cierren el ejercicio en el 9%. Y lo desvela GESTHA: «la cifra está a
años luz del tipo del 30% nominal por el que deben tributar este
tipo de compañías», que son precisamente las que concentran el 72%
del fraude junto con las grandes fortunas y que ocasionan unas
pérdidas al fisco superiores a los 40.000 millones de euros anuales.
El cinismo de Montoro
apareció en escena, cuando defendió su amnistía fiscal, prometiendo
mano dura contra los defraudadores y refiriéndose al caso de la
familia Pujol manifestó: «Si Pujol no se hubiese visto acorralado,
no lo habría contado». Lo cierto es que han utilizado oportunamente
el caso para el beneficio de su partido y contra el soberanismo en
Catalunya. El propio Montoro desveló, que Hacienda llevaba
investigando al expresident desde el año 2000 y que la AEAT seguía
la pista de operaciones en EEUU, Suiza, Reino Unido, Holanda,
Luxemburgo y Argentina, desde 2012. «Un fraude no se expía con una
carta novelada de disculpas», dijo mientras prometía ningún tipo de
permisividad hacia «30 años de clandestinidad fiscal», sin explicar
el tipo de acciones que pensaba realizar. GESTHA puntualiza que si
la familia Pujol ha regularizado el dinero de manera voluntaria, es
porque no había contra ellos procedimiento abierto y notificado.
Montoro se elevó, cuando dijo que lo de Bárcenas está sub
júdice, acusando a Pujol de cometer «uno o dos delitos
fiscales». Todos lo sabían y nadie se movió, por lo que todos son
responsables por acción y omisión.
El grupo socialista ha
descalificado las actuaciones aportadas por el ministro para luchar
contra el fraude fiscal, por cuanto que «No hacen nada para combatir
el fraude, salvo reducir los presupuestos y los efectivos de la AEAT,
además de ayudar a sus amigos con la amnistía fiscal». Por su parte,
desde IC-V, le definió como «campeón del cinismo», por su doble
rasero con casos como el de Bárcenas y por entender que «ustedes,
señor ministro, tienen centenares de ´pujoles´ dentro de su propio
partido». La parlamentaria de ERC, añadió que «una vez que tenemos a
Pujol, queremos el resto de los nombres, para que sufran el mismo
escarnio público» y se publiquen los 600 nombres de la lista
Falciani, se llamen «Pujol, Botín o Cristina de Borbón».
Lo que ha hecho el
ministro, centrando su intervención contra el fraude fiscal sobre el
caso Pujol, no tiene nombre, por cuanto el derecho a decidir no debe
servir para ocultar el fraude fiscal y denigrar a determinadas
opciones políticas. El portavoz de CiU, reprochó al ministro «su
estilo de tertulia, falto de rigor y haber hecho afirmaciones muy
peligrosas, convirtiendo a Pujol en el adalid del independentismo».
Todo sería de risa, sino fuera para llorar. El saqueo por el fraude
y la corrupción generalizada consentida desde hace tanto tiempo,
está produciendo en el bienestar de los españoles un desastre de
dimensiones incalculables. Se conocía y se investigaba, pero poco;
no se perseguía por el interés particular de unos pocos y ahora,
aprovechando el proceso soberanista en Catalunya, sacando pecho de
su gestión en materia de recaudación de impuestos, carga contra el
proceso, que mientras no se diga lo contrario, no deja de ser una
afirmación democrática del pueblo, que quiere decidir sobre su
modelo de Estado.
El ministro no es que
tenga poca memoria, es que, en ocasiones, tiene poca vergüenza, al
mentir en sede parlamentaria y olvidar los cientos de casos de
corrupción de los miembros de su partido, mediante el fraude por
sobresueldos venidos o traídos y entregados en «sobres», por el
preso preventivo Luis Bárcenas, que fueron a los bolsillos,
supuestamente, de Rajoy y de la mayoría de la cúpula del PP.
Precisamente, una diputada del Grupo Parlamentario Popular en la
Asamblea de Madrid, dimite y denuncia, la falta de transparencia en
el tema de los sobresueldos, por la «falta de democracia y libertad»
y el «acoso» del que ha sido víctima, por pedir explicaciones. «O la
cúpula del PP era muy inútil y no se enteraba de lo que hacían sus
tesoreros, o lo sabía y callaba», comenta María Teresa Gómez-Limón a
CuartoPoder.
Ni Montoro ni el
gobierno del PP, tienen voluntad política para luchar contra el
fraude. Rebajar el umbral considerado como «delito», significa que
casos como el de la hermana del rey quedarían «muy lejos del umbral»
y no serían considerados delitos. La reforma de política fiscal de
la que se jacta el ministro, no es sino un nuevo parche que oculta
el roto. La reforma fiscal, tal y como está plateada, «no soluciona
ninguno de los grandes problemas del sistema tributario», según el
Presidente de GESTHA, que además ha señalado que los cambios son
«injustos e insuficientes», para mantener el nivel de gasto mínimo
necesario en un Estado de bienestar, que está desapareciendo.
Exactamente lo que se pretende, digo yo.
La política fiscal
justa, debe combatir la desigualdad al margen de intereses
partidistas, contribuyendo a una sociedad justa y equitativa. Deberá
recaudar lo suficiente para financiar un modelo que garantice
servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades. Una
política fiscal que pretenda ser justa socialmente, debe aplicar
«tolerancia cero» al fraude fiscal, con medidas que pongan freno a
la impunidad de los evasores, cuyos privilegios deben desaparecer y
hacer transparente la opacidad de los paraísos fiscales en los que
esconden sus fortunas. Pero el PP en el poder absoluto, no cree ni
en la justicia ni en la igualdad, por lo que es como pedir peras al
olmo, aunque Montoro pretenda confundirnos y decir que el olmo da
peras, sabiendo que no las da.
Recaudar más no puede
suponer aumentar el esfuerzo fiscal de las clases medias y los más
pobres; quien más tiene, ha de contribuir más. Empresas e
individuos, deben tributar en función de su capacidad y de su
actividad económica real, sin privilegios, ni excepciones. Bien
claro queda en el artículo 31.1 de la Constitución de 1978: «Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». El PP nos tiene
acostumbrados a que cuando dice por el interés general, lo hace por
el interés particular de los poderosos, a quienes representan casi
en exclusiva.
Los datos del fraude
fiscal en España que ha facilitado el gobierno son insuficientes,
cuando no inciertos, porque no aclaran los de las grandes bolsas
defraudadoras. La insuficiente dotación de medios humanos en la AEAT,
unida a la propia organización del trabajo, hace que la situación
sea cada vez peor. Se da la circunstancia que el 72% del fraude lo
provocan las grandes empresas y fortunas, y sorprende que el 80% de
los trabajadores se dediquen a investigar a los ciudadanos medios y
a las pequeñas empresas. Es necesario reorganizar y mejorar los
medios de la AEAT, incrementar el número de personas dedicadas a
perseguir el fraude, fomentar la independencia del organismo y
establecer mecanismos de intercambio de información transparentes,
que eliminen la opacidad que caracteriza la gestión del ministerio.
Algo está fallando en la
lucha contra el fraude. Aunque no son equivalentes los conceptos de
economía sumergida, fraude fiscal o corrupción, todo forma parte de
un mismo estilo de hacer política: permisiva para los poderosos con
grandes fortunas, capitales opacos y grandes empresas que no
contribuyen lo que les corresponde ni en impuestos ni en
cotizaciones a la Seguridad Social. El Sistema es el que lo permite
y hay que cambiarlo, mediante un Proceso Constituyente; mientras, es
necesario que se establezca una comisión en el Congreso, que analice
la situación real del fraude fiscal e identifique el que exista para
cada impuesto. Las conclusiones deben ser aprobadas por el Pleno,
comunicadas al Gobierno y trasladarlas, si procede, al Ministerio
Fiscal, como propone el Grupo Izquierda Plural en el Congreso.
La reforma fiscal no es
suficiente, ni justa ni equilibrada. Además de ser electoralista,
consolida muchos de los problemas actuales, como la diferencia de
trato entre las rentas del trabajo y del capital, beneficiando a los
que más tienen. La reforma fiscal conlleva nuevos recortes sociales,
por cuanto que el fraude, que no se persigue debidamente, junto con
la disminución de ingresos, origina que la clase obrera y la clase
media sean los grandes contribuyentes y sean los paganos de la
rebaja de las altas. El gobierno no solo no ha bajado los impuestos,
salvo para los poderosos, sino que ha subido más de cincuenta,
especialmente el IVA, introduciendo copagos y nuevas tasas. Una
política fiscal justa será en la que «cada cual pague impuestos por
lo que gana, lo que hereda y sobre todo lo que posee», en palabras
de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Como la sensibilidad social de este gobierno —que representa a la
derecha más reaccionaria—, ya sabemos donde está y utiliza la
información privilegiada a su conveniencia partidista, nos queda
desalojarlos del poder por la voluntad democrática de la mayoría
ciudadana. Quién obtenga el apoyo popular, deberá dejar de beneficiar
a unos pocos y defender la justicia social y el bienestar para todos.
Deberá contribuir al establecimiento de una sociedad justa y
equitativa, que recaudando lo suficiente, pueda financiar un modelo
que garantice servicios públicos de calidad. |
