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Abundando más en el despropósito, el pasado día 29, el PP rechazó en
el Congreso de los Diputados, las propuestas del PSOE y de CiU, para
que el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, emitiera un informe de
valoración sobre la reforma, la cual está siendo cuestionada y
criticada duramente por jueces y fiscales, que han abierto la vía para
llevar la nueva norma al Tribunal Constitucional. Por su parte Jueces
para la Democracia, censura que el gobierno renuncie a la defensa de
los Derechos Humanos, dejando indefensos a los españoles, por
intereses políticos. «Quienes ganan especialmente con estas reformas
legales son los genocidas y los autores de graves crímenes contra la
humanidad, que verán aumentar la impunidad de sus delitos».
Decía el ministro de asuntos exteriores Margallo, en el programa
Espejo Público hace unos días, entre risas generalizadas de los
contertulios: «España no puede convertirse en una especie de gendarme
internacional; es decir, el pensar que España, puede juzgar lo que
pasó en el Tibet hace quince o veinte años, con los medios que tenemos
es ilusorio y nos crea unos conflictos tremendos». A la pregunta de
una periodista sobre si llamó China para pedir esta reforma, el
diplomático, como zorro viejo, contestó con más risas: «eso forma
parte del secreto del sumario». Lo que hace entender que hubo llamada.
El detonante para que el gobierno reformara la ley de justicia
universal, fue el auto del juez Ismael Moreno de la Audiencia
Nacional, en el que pedía la detención e ingreso en prisión
incondicional y sin fianza, por presuntos delitos de «genocidio,
tortura y lesa humanidad» por el genocidio en el Tibet, para el
ex-presidente chino Jiang Zemin —1993 y 2003—, para Li Peng, es-primer
ministro chino y de otros dirigente del Partido Comunista de China.
Según todas las fuentes, el gobierno habría recibido presiones
económicas de China para paralizar este proceso. Teniendo en cuenta de
que China posee el 20% de la deuda española, no cabe añadir más
palabras.
La eliminación de la justicia universal en España, tiene otras
consecuencias, no solo relacionadas con la República Popular China,
sino contra la persecución de los delitos de crímenes de guerra, de
lesa humanidad o narcotráfico. De hecho, hasta ahora y en aplicación
de la ley, han sido puestos en libertad no menos de 43
narcotraficantes internacionales. Mientras la corrupción, los
criminales genocidas y delincuentes internacionales pueden campear a
sus anchas por España, el gobierno persigue y encarcela a quienes
ejercen el derecho a protestar en calles y plazas contra las políticas
antisociales o manifestándose en Twitter o Facebook. Hasta cien
fiscales trabajan en España para valorar los delitos en las redes
sociales.
La Fundación Baltasar Garzón ha celebrado un congreso sobre «La
justicia universal del siglo XXI», en el que se ha analizado la
reciente reforma, que como hemos visto, limita la persecución de los
delitos de lesa humanidad cometidos por extranjeros fuera de nuestras
fronteras, lo que origina que los jueces y fiscales se vean en la
obligación, aplicando la ley, de liberar a narcotraficantes o impedir
la captura y enjuiciamiento de delincuentes relacionados con el crimen
organizado. «En un sistema como el nuestro de división de poderes, el
Parlamento aprueba las leyes, el Gobierno tiene la obligación de
cumplirlas y hacerlas cumplir, y los jueces de aplicarlas», recordaba
Sáenz de Santamaría, cuando lo cierto es que en España, la división de
poderes es una entelequia.
El Congreso emplaza a perseguir, bajo el principio de justicia
universal, los graves delitos contra la naturaleza, crímenes
económicos, o los fraudes alimentarios; la especulación de precios
sobre productos de primera necesidad de los que dependa la
supervivencia o la salud de las personas; la explotación laboral
ilegal de menores; o la explotación ilícita de recursos naturales. En
relación con el principio de «comunidad de intereses», por el que es
permisible la aplicación de la legislación nacional a ciertas acciones
delictivas que atentan contra valores jurídicamente protegidos y de
interés para la comunidad internacional, entendieron que debe ser
aplicable al tráfico ilícito de armas a zonas de conflicto o con la
prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas o la
destrucción «irreversible» de ecosistemas.
Las conclusiones piden que los Estados donde se cometieron los
hechos, no puedan alegar prescripción, amnistía, indultos u otras
medidas similares para exonerar de responsabilidad a los presuntos
criminales. En este sentido, sugieren que el país donde se encuentre
el sospechoso, inicie una investigación y acuerde las medidas
cautelares personales y patrimoniales convenientes para asegurar su
presencia, con independencia de que exista una previa petición de
extradición. Para los expertos, los tribunales internos deben
complementar a la Corte Penal Internacional en la investigación o el
enjuiciamiento de los delitos que sean competencia de este órgano,
garantizando los derechos de las víctimas y de sus familiares
directos.
España, pionera en la lucha internacional contra los crímenes «que
tienen a la humanidad como sujeto pasivo», ahora retrocede, afirmaban
desde Jueces para la Democracia. Con esta reforma, Rajoy y los suyos
quedan retratados. «Es un paso atrás en la lucha contra la impunidad».
Está abocando al archivo de numerosas causas que está investigando la
Audiencia Nacional, no solo el genocidio en el Tíbet, sino la muerte
de José Couso, los genocidios en Guatemala, Ruanda o Sáhara, o el
asesinato de Ignacio Ellacurría en El Salvador. La reforma supone una
interferencia más del ámbito político en el judicial, desvirtuando la
división de poderes a la que con tanto énfasis se refería la
vicepresidenta, callando ahora vergonzantemente, ante la injerencia
del Fondo Monetario Internacional, cuando reprocha a los jueces
españoles, que estén perjudicando la reforma laboral con una
«interpretación restrictiva sobre los despidos».
El principio de justicia universal no puede desaparecer por intereses
comerciales, diplomáticos, estratégicos y mucho menos por intereses
ideológicos y partidistas del PP. El gobierno defiende a los
corruptos, porque son suyos; dejando impunes horrorosos crímenes
contra la humanidad; mostrando falta de sensibilidad y desprecio hacia
las víctimas, que son nuestras. Frente a esto, el gobierno reprime sin
escrúpulos a quienes protestan o participan en piquetes informativos
pacíficos, desprotegiendo a la ciudadanía frente a la barbarie
criminal. Contra la impunidad #YoTuiteoNoSaqueo |
