|
El laicismo en España |
|
21 de abril de 2014 |
|
|
|
|
|
|
Artículo 16.3 de la Constitución española: «Ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás
confesiones». Pero nada es lo que parece ni es lo que debería ser. |
|
|
Hemos visto esta semana como el Estado se entromete en la conciencia
personal y colectiva, sin garantizar, como mandata la Constitución,
los derechos vinculados al libre desarrollo de la personalidad, como
son la libertad ideológica, religiosa y de culto. Conocemos como el
Estado se entromete en la conciencia personal y colectiva, al dotar de
oficialidad la asignatura de religión católica en la escuela.
Conocemos como el Estado se entromete, desde un punto de vista
religioso, en el derecho a decidir de las mujeres, reformando la ley
de interrupción voluntaria del embarazo. Conocemos como el Estado se
entromete en las conciencias, al establecer protocolos religiosos
católicos en los actos de Estado. Conocemos como el Estado incumple la
Constitución contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el
respeto a su libertad de conciencia.
Siendo respetuoso con las personas que profesan alguna religión, como
ciudadano libre, que paga sus impuestos, me siento perjudicado en mis
derechos e insultado en mi inteligencia. Año tras año se suceden, por
estas fechas, una serie de hechos que contravienen la aconfesionalidad
del Estado: los indultos religiosos, propuestos por las cofradías
santeras; el director general de la policía imponiendo la medalla de
oro al mérito policial a la virgen María santísima del amor de la
cofradía de nuestro padre Jesús el rico de Málaga; la presidenta de la
Junta de Andalucía, rodeada de legionarios de posturas impostadas,
solemne ante la imagen de un cristo crucificado y yaciente;
procesiones con cruces, vírgenes e imágenes, rodeadas de capirotes
penitentes de tiempos de la inquisición en actos de fe, custodiados
por la guardia civil y el ejército, apropiándose de espacios y calles,
utilizado recursos públicos en beneficio «divino». Por cierto, la
virgen podría perder la medalla si la sección
contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional dicta a favor de
la querella presentada por Europa Laica y Movimiento hacia un Estado
Laico.
Los responsables de las instituciones del Estado, no representan a
unos u otros, según conveniencia; representan siempre a la totalidad y
a los intereses generales, no a grupos, por mayoritarios que estos
pretendan decir ser, ni a capillitas ideológicas alejadas de
procedimientos democráticos y de las libertades. La libertad
ideológica tiene una vertiente íntima, relacionada con el derecho de
cada uno a tener su propia visión de la realidad, así como mantener
todo tipo de ideas u opiniones, con la posibilidad de compartir y
transmitir, en definitiva exteriorizar esas ideas. Pero de esto a
apoderarse del patrimonio común, en detrimento de otras alternativas
ideológicas o no, como la de ateos y agnósticos, que han visto
limitado su derecho a manifestación por las calles de Madrid, en
perjuicio del derecho de manifestar ideas y convicciones en libertad.
Con la declaración de «aconfesionalidad» del apartado 3 del artículo
16, se pretendía marcar distancia con el franquismo y su estado
nacional-católico, como marcar distancia con la declaración de
laicismo en la Constitución Republicana de 1931. Hoy, el Estado
español, ni es aconfesional, si es laico, como pretendía ser. «España
ha dejado de ser católica practicante», decía hace unos días Julio
Embid en El Diario.es. La gran mayoría de los españoles no acepta los
postulados de la iglesia católica ni va a misa (64,7%), ni se casa por
la iglesia (63%), acepta los matrimonios entre personas del mismo sexo
(un 56%), ni cumple la cuaresma, ni la castidad prematrimonial ni
tantos otros mandatos. La inmigración, la mayor implantación de otras
religiones y el crecimiento de los sectores ateos o agnósticos,
cuestionan la especial colaboración del Estado con los católicos. Ha
llegado la hora de denunciar los Acuerdos entre el Estado español y el
Vaticano (3 enero 1979), firmados —casi a traición—, días después de
promulgarse la Constitución.
«España ha dejado de ser católica», decía en las Cortes el Presidente
del Consejo de Ministros Manuel Azaña: «el problema político
consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a
esta fase nueva e histórica el pueblo español». En 1978, el espíritu
nacional-catolicismo y del «Movimiento» estaban vivos y costó
incorporar la frase «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», lo
que era como proclamar la aconfesionalidad y neutralidad del Estado en
materia religiosa, acorde con los principios de libertad y pluralismo
político. Nos decían que en el desarrollo de la ley orgánica quedaría
todo claro, pero no se produjo la real ruptura entre el Estado y la
iglesia, que hubiera sido la solución para la necesaria regeneración
democrática. Demasiados polvos históricos acumulamos, nos han traído a
la situación actual, donde la iglesia, alejándose cada vez más de ser
un poder fáctico, se convierte de nuevo en un poder real.
La redacción del artículo 16, durante el debate, fue sinuoso, pero no
conflictivo. Hubo más acuerdo de lo que tendría que haber habido. Al
derecho a no declarar sobre las creencias religiosas, se le sumó el de
no hacerlo tampoco sobre la ideología. El apartado 3 no figuraba en el
primer borrador, aunque en el Anteproyecto ya estaba incorporado. La
mención a la iglesia católica, se introdujo en el Dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, por la
enmienda presentada por UCD y Alianza Popular (antecesores del actual
Partido Popular). Ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero la
cooperación con la iglesia católica será especial; algo así como todos
somos iguales ante la ley, salvo para algunos y algunas cosas.
El valor fundamental de un Estado aconfesional y laico, es el respeto
a las creencias de toda la ciudadanía, al derecho de cada persona a
pensar según sus propios criterios, a que todo posicionamiento
religioso o espiritual no vulnere los derechos ajenos. No es imponer
ideas a nadie, es aspirar a que la religiosidad no vulnere la
neutralidad ideológica a la que están obligadas las instituciones, y a
que todos, profesemos la religión que profesemos o no profesemos
ninguna, tengamos cabida, en igualdad de condiciones, en la sociedad
plural y tolerante y por tanto democrática.
El laicismo defiende la separación entre el Estado y las iglesias u
organizaciones religiosas; el laicismo garantiza la libertad de
conciencia, contemplada en la Constitución, y avala el cumplimiento
del respeto a la libertad de pensamiento y a la libre elección de la
moral privada. Por lo tanto, el laicismo no impone, defiende los
derechos ciudadanos ante la imposición, dice Coral Bravo, miembro de
Europa Laica: «laicismo es tolerancia, el laicismo garantiza la
hermandad y la concordia. El laicismo nada tuvo que ver con el
nazismo, sino todo lo contrario, y el laicismo no sólo no conduce al
fin de ninguna democracia, sino que, justamente, ninguna democracia es
tal si no es laica, si no respeta la libertad de creencias de la
ciudadanía»
Hay que terminar con la influencia de la iglesia en la escuela, así
como con la simbología religiosa en las instituciones del Estado,
prohibiendo que los cargos públicos, como tales acudan, representando
al Estado, a los actos religiosos. Hay que desvincular los actos de
Estado a las ceremonias de la iglesia y poner fin a la financiación
pública de de la iglesia católica. Para establecer un Estado
auténticamente laico, tenemos la obligación de romper con la iglesia
católica por decencia y dignidad. Es una institución que participó
activamente en la represión franquista, sin que haya dado muestra
alguna de perdón o reconocimiento hacia las víctimas. No es una
institución ejemplar, es opaca y antidemocrática, alejada del
principio de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Sin
romper con esta institución, que oprime conciencias y controla
gobiernos, jamás entraremos en la era de modernidad que necesitamos
para el mayor bienestar. |
|
