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El día 18 de julio de 1936, dio comienzo la represión allí en donde
triunfó el golpe de estado ilegítimo e ilegal, conservador, católico,
centralista, militar, totalitario y fascista. Desde ese mismo
instante, los españoles fieles a la República sufrieron los rigores de
la guerra y más tarde, como perdedores, una represión que pretendía
aniquilar a «rojos» y republicanos. Franco estaba dispuesto a
conseguir sus objetivos «al precio que sea», aunque tuviera que
fusilar a media España y casi lo consigue. Cientos de miles de
personas murieron en la contienda. Todavía hoy más de 140.000 siguen
desaparecidas y sin identificar en fosas comunes y «cunetas» —entre
otras razones por los obstáculos puestos por el gobierno—, asesinadas
por quienes se levantaron contra la República.
La política de exterminio fue diseñada por el general Mola, con el
fin de eliminar cualquier posible disidencia y atemorizar al conjunto
de la población. Desde el principio había una clara voluntad de
exterminio físico, social, político e ideológico de aquellos que para
los sublevados representaban la «antipatria». Franco, su ejército y la
falange fueron sus ejecutores hasta el final; la iglesia testigo
delator. España es el segundo lugar del mundo con más desaparecidos,
por detrás de Camboya —durante el gobierno de los Jemeres Rojos, 1975
y 1979, desaparecieron entre dos y tres millones de personas—. «No
existe equivalente en Europa respecto a la intensidad y duración de
las atrocidades» producidas en España, dice Paul Preston en su obra El
Holocausto español.
A la represión se unió el hambre. Hasta 1951 los productos de primera
necesidad se conseguían con cartillas de racionamiento, por lo que
para comer se dependía de las instituciones franquistas. Para
encontrar trabajo, viajar o cambiar de residencia era necesario un
salvoconducto que solo conseguían los adictos al Movimiento Nacional.
Con los hombres muertos o en las cárceles, muchas familias quedaron
desamparadas, mendigando o sobreviviendo de la caridad o trabajando
por jornales de miseria.
En la represión franquista, auténtica política de venganza, se
observan varias etapas, en función del papel de España en el concierto
internacional: La primera de ellas durante la guerra civil en la zona
«nacional»; la segunda hasta la finalización de la Segunda Guerra
Mundial en 1945; otra tercera hasta el comienzo del desarrollismo en
los sesenta y hasta el final del régimen en 1975. El periodo álgido de
represión y violación de los derechos humanos empezó con la «cruzada
de liberación», como sigue diciendo el ministerio de Defensa. El
franquismo recurrió a los métodos represivos propios de toda dictadura
militar: penas de muerte, largas condenas de cárcel, destierros,
confinamientos, multas, torturas y violencia física en todos sus
grados y formas. Represión laboral y profesional, política,
lingüística, educativa, cultural y económica, con incautaciones y
embargos de bienes. La represión religiosa, muy católica, romana,
única y verdadera, oficial del Estado, se dejó notar en todos y cada
uno de los ámbitos públicos y hasta en las alcobas.
Con el «cautivo y desarmado el Ejército rojo», el 1 de abril de 1939,
continuó la estrategia represiva y de terror, pilar fundamental del
nuevo Estado. Un elemento de represión de primer orden, fueron los
campos de concentración militarizados, donde se amontonaron hasta
500.000 presos —192.000 fueron fusilados, en operaciones de centenares
de ejecuciones al día—. En 1946 todavía estaban operativos 137 campos
de trabajo y 3 de concentración, albergando a 30.000 prisioneros
políticos. En 1940 la población reclusa era de 270.719 presos y
alrededor de 100.000 todavía permanecían entre rejas en 1943. Los
últimos 120 presos políticos de Franco, comenzaron a ser liberados en
octubre de 1977, en aplicación a la ley de amnistía. Los crímenes y
violación de los derechos humanos, se prolongaron hasta el final del
franquismo, que quiso terminar su régimen como lo había empezado:
fusilando. Cinco ejecuciones en 1975, meses antes de la muerte del
dictador, que murió en la cama, pero matando.
En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas,
instrumento represivo del primer gobierno, preparando la represión de
posguerra contra todos aquellos que hubieran apoyado la legitimidad
republicana, vulnerando el principio de irretroactividad penal —propio
de todo Estado de Derecho—. Con la ley en la mano de los tribunales
especiales, condenaban por igual a quienes habían colaborado con el
gobierno de la República, como a quienes supuestamente hubieran
mostrado una «pasividad grave» hacia el Movimiento. Los sublevados,
condenaban por «sublevación» a los que se mantuvieron fieles a la
legalidad republicana. La justicia al revés.
En 1940, se abrió la Causa General, vigente hasta 1969, con la misión
de investigar e instruir hechos delictivos, cometidos durante la
«dominación roja». Los funcionarios del Estado Republicano, fueron
sometidos a un proceso de «depuración», con penas de cárcel y
traslados forzosos, suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación o
separación de la carrera. Los nuevos funcionarios tenían que ser
leales al Movimiento y demostrarlo con «certificados de buena
conducta» del jefe local de FET y de las JONS y el cura párroco. Hasta
donde llegaría lo de la buena conducta, que en 1972, yo mismo, quise
obtener el carné de conducir y no pudo ser, al negarme la policía tal
certificado.
La represión que se practicó en el sistema educativo, cultural fue
intensa, en toda su extensión y en todos los frentes. Obsesionados por
el llamado «peligro separatista», fue perseguido todo sentimiento
nacional que no fuese español, prohibiendo el uso público de las
lenguas distintas al castellano. Todas las instituciones consideradas
subversivas fueron eliminadas, como la Residencia de Estudiantes. Los
contenidos educativos fueron ajustados a los estrictos criterios
políticos, religiosos y culturales del nuevo régimen —parecido a lo
que hace ahora el ministro Wert—. Especial saña se utilizó contra los
maestros y maestras de la República; la mayoría fueron expulsados de
la enseñanza, privándoles de todo derecho. Con el ostracismo, el
silencio y la miseria.
Las mujeres sufrieron una doble represión, por rojas y por mujeres.
Muchos hijos de republicanas murieron en las cárceles o se dieron en
adopción sin su consentimiento, perdiendo su custodia. Se criminalizó
a los homosexuales, aplicándoles la ley de vagos y maleantes. La
represión fue llevada a cabo en todos los ámbitos productivos, con
despidos, inhabilitaciones laborales y profesionales. Las
organizaciones patronales realizaban listas de «rojos» o
«sindicalistas» para que nadie les volviera a contratar. Los colegios
profesionales se encargaron de la represión de los profesionales
liberales. Se prohibieron los partidos políticos, sindicatos,
asociaciones y periódicos no afines al régimen. Se anuló la libertad
de expresión para opiniones contrarias o discrepantes al gobierno y se
estableció la censura para todos los medios de comunicación.
El brazo armado de la represión fue el ejército, la policía, la
guardia civil y los falangistas. La justicia se ejecutaba mediante el
Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
Entre todos hacían cumplir la ley con violencia extrema: penas de
muerte, prisión de hasta treinta años e incautación de bienes. En 1964
este Tribunal transfirió sus funciones al no menos duro Tribunal de
Orden Público, hasta que se suprimió en 1977. En el recuerdo la
violencia extrema de la Brigada Político Social, que torturaba hasta
la muerte en muchos casos. Los sicarios de entonces, siguen viviendo
en el anonimato de los crímenes que, por acción u omisión,
consintieron o provocaron. Supongo que en sus conciencias lo estarán
pagando; si no es así, lo pagarán en el momento de su muerte, como
ocurre con los canallas.
Hoy, cuando hablamos de represión política y económica, de
restricción de libertades y derechos, de violencia institucional y
policial, tenemos que echar la vista atrás y entender el sufrimiento
de la gente, durante más de cuarenta años, una verdadera represión con
intención de exterminio por parte de los represores. Sangre sudor y
lágrimas para cientos de miles de españoles y españolas. Lo que ahora
ocurre, nos tiene que mantener alerta, para que nada de aquello pueda
volver a ocurrir. |
