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Han pasado setenta y ocho años desde aquello y pese al tiempo
transcurrido, algunos elementos y circunstancias, siguen dándose hoy:
una derecha católica, reaccionaria y contrareformista; una difícil
situación económica, que utilizan para sanear la economía del capital,
con rescates y ayudas a la banca; una clase trabajadora que ha visto
desaparecer convenios colectivos, sometida a disminuciones salariales,
contratos basura, regulaciones de plantilla y despidos; recortes en
prestaciones sociales, eliminación derechos sociales, económicos y
políticos en general y en especial a la población y colectivos más
necesitados; y utilización del Código Penal para reprimir protestas y
manifestaciones contra la política del gobierno, propio de un estado
totalitario.
En 1936 se dieron una serie de circunstancias que favorecieron la
unidad de acción. Se estaba produciendo una fuerte reacción social,
contra la política contrareformista y antisocial del gobierno. Se
había declarado el estado de excepción y llevado a cabo una dura
represión tras la revolución de octubre del 34, con ejecuciones, duras
penas de prisión y obreros despedidos. Los salarios disminuían, los
derechos cuando los había se eliminaron; se suspendieron la reforma
del ejército, del sistema educativo y la reforma agraria, con
represalias y expulsiones a los arrendatarios, aprobándose enormes
indemnizaciones —230 millones de pesetas— para los «grandes de España»
expropiados en 1932. Llegados a este punto, la clase obrera y los
campesinos, los grandes olvidados, se comprometieron en masa con el FP
y su programa.
El FP aprobó un programa basado en la defensa de las reformas sociales
emprendidas en el primer bienio, que estaban siendo paralizadas o
eliminadas. El manifiesto se publicó el 15 de enero, con propuesta a
desarrollar en caso de llegar al poder, junto con un llamamiento a
otras fuerzas para unirse a la coalición, reclamando una amplia
amnistía para los imputados por delitos políticos en noviembre de 1933
y durante la revolución de 1934 y la reparación a las familias de las
víctimas de la represión.
Se proponía el restablecimiento del imperio de la Constitución,
mediante la aprobación de leyes orgánicas; la revisión y reforma de
las leyes de orden público, como garantía contra la arbitrariedad del
poder y asegurar la investigación de los casos de violencia de los
agentes de la fuerza pública; la reforma del Tribunal de Garantías
para impedir que la defensa de la Constitución resultase encomendada a
personas de convicciones o intereses contrarios al régimen
republicano; la reorganización de la Justicia, independiente, libre de
intereses de jerarquía social, privilegio económico y posición
política; y reorganización del régimen de prisiones y la aboliendo de
malos tratos.
Igualmente el manifiesto proponía reformas políticas, con la finalidad
de mejorar las condiciones de vida de la población, y de las clases
más desfavorecidas, como el apoyo de la educación laica, la creación
de escuelas de enseñanza primaria, media y superior, el
restablecimiento de la legislación social, fijando salarios mínimos,
que aseguraran a los trabajadores una existencia digna.
Para superar la recesión económica que sufría España, la Hacienda y la
banca debían estar al servicio de la reconstrucción nacional; el Banco
de España cumpliría la función de regular el crédito y la banca
privada se sometería a reglas de ordenación, para el servicio de las
necesidades financieras de la política económica y la garantía de los
depositantes; las cajas de ahorro mejorarían su funcionamiento para la
creación de capitales y protección del ahorro privado. También se
llevaría a cabo una reforma fiscal sobre bases progresivas. Para
reactivar la economía, se propuso una política de obras públicas con
grandes planes de construcciones de vías de comunicación, obras
hidráulicas y de riego; caminos y construcciones rurales; viviendas,
puertos, repoblación forestal, con el objetivo principal de reducir el
paro.
Entre otras medidas de política agraria e industrial establecieron la
protección de la industria, en especial de la pequeña industria y el
pequeño comercio; la creación de instituciones de investigación
económica y técnica, ayudas al cultivo directo, para la eliminación
del intermediario; el comercio de exportación; enseñanzas agrícolas y
auxilios técnicos; planes de sustitución de cultivos y normas para el
rescate de bienes comunales. El FP se propuso la reactivación de la
Ley de la Reforma agraria de 1932 que favorecía a las clases sociales
en peores condiciones, mediante la derogación de la ley que acordó la
devolución y el pago de las fincas a la nobleza, la ley de
arrendamientos y la revisión de los desahucios practicados.
Con este programa y la unidad ganó la coalición de izquierdas. Un
censo de 13.553.710 electores y una participación del 72,9% (9.864.783
de votantes) —la más alta de las tres elecciones generales
anteriores—. El Frente Popular obtuvo: 4.654.116 (47,1%), el Frente
Nacional Contrarrevolucionario: 4.503.505 (45,6%), y los partidos del
Centro: 400.901 (5,3%). El golpe de estado del 18 de julio y la
posterior guerra civil, impidieron el desarrollo del programa de la
coalición vencedora y la muerte de la democracia.
La ciudadanía española se encuentra hoy en una situación de
«emergencia», por lo que es preciso abrir métodos de democracia
participativa, que sirvan para iniciar un cambio en la política
institucional, económica y social. Es necesaria la unión de todos los
partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales y políticos del
ámbito de la izquierda, como lo fue en 1936, que abra un proceso
constituyente, que posibilite el cambio del modelo de gobierno del
Estado, una nueva estructura territorial, una nueva ley electoral y
una verdadera separación con la iglesia.
El frente político necesario, ha de comprometerse con derogar las
leyes injustas impuestas por el PP en el gobierno y que el Sistema
consiente. El dinero público debe estar regido por principios de
transparencia y protegido contra la corrupción y el trabajo como pilar
que mueva a la sociedad, en la que impere la justicia social y la
solidaridad, blindando los derechos sociales —sanidad pública
universal, gratuita y de calidad, educación pública para todos y
laica, ayudas a personas dependientes, pensiones de jubilación y la
vivienda derecho fundamental—, esto es donde el ejercicio y la
protección de los Derechos Humanos sea una realidad. |
