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Estos días se ha celebrado el día 8 de marzo, Día Internacional de la
mujer y el día 11, la conmemoración del décimo aniversario de los
atentados del 11M. En ambos casos hay demasiadas víctimas. También
conocemos que las victimas del franquismo, tienen que salir de España,
para encontrar la justicia y el reconocimiento que aquí no se les da.
Diariamente conocemos a personas desahuciadas de sus casas y
despedidas de sus puestos de trabajo; personas sin techo, que viven en
la calle, todas ellas víctimas de unas políticas antisociales, que
solo piensan en el beneficio empresarial y de los grupos de poder que
controlan las políticas nacionales, desde laberínticos y complejos
organismos, muy alejados de la soberanía popular, siendo el gobierno,
sicario para la ejecución de esas medidas, auténtica violencia hacia
las personas con menos recursos, víctimas de las políticas
neoliberales.
Más de nueve millones de mujeres europeas han sido víctimas de una
violación y un 33% han sufrido violencia física o sexual. Estas son
algunas de las cifras del mapa de la violencia de género que dibuja un
estudio de la Unión Europea, publicado recientemente. Según este
informe, una de cada cinco españolas de más de 15 años ha sufrido
violencia física o sexual. Estos datos son la expresión estadística de
un problema común que el propio estudio denuncia como «un vasto abuso
de los derechos humanos, que la UE no puede permitirse ignorar». La
percepción de que la violencia de género es un problema muy o bastante
extendido lo comparten el 78% de las mujeres europeas.
Si Europa presenta este mapa, España, que no es de los peores según
el informe, en lo que va de año 2014, han sido asesinadas 12 ó 14
mujeres, según las fuentes, víctimas del terrorismo machista. España
se sitúa junto a Polonia, Austria, Croacia y Chipre en el grupo de los
países con menor incidencia. Esto, que podría ser positivo, no lo es
tanto, pues puede esconder el «tabú» que para muchas mujeres supone
admitir que han sido agredidas o la consideración de que la violencia
de género sigue siendo un asunto familiar que no debe airearse. Parece
que se entendiera como normal, cosas que ocurren, pero que no podemos
consentir.
Lo cierto es que en España, desde 2001, han sido asesinadas más de
ochocientas veinte mujeres, tantas muertes como las que ETA ha dejado
en sus criminales atentados desde comienzo de los años setenta (858).
Si el terrorismo de ETA, siguiera matando al ritmo como lo hace el
terrorismo machista, la situación político-social sería insostenible y
las bases del Estado temblarían. «La violencia de género no es un
problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta
como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres
por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores,
carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de
decisión»; no son palabras mías, que asumo; lo dice el Preámbulo de la
Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de género,
de diciembre del 2004.
Mientras el gobierno reduce los recursos en los presupuestos para la
prevención de la violencia machista —hasta un 30% de recorte en
Castilla-La Mancha—, el presidente del gobierno, no dedicó ni un
minuto a esta lacra social, en el pasado debate del estado de la
nación. Se trata de lograr una protección efectiva de las víctimas,
que se logra con sensibilidad política, mayor presupuesto y eficacia
en la gestión. Las políticas de recorte y austeridad del Partido
Popular suponen una condena para muchas mujeres. Europa también tiene
que tomar cartas en el asunto.
El día 11, se cumplen diez años de los atentados de Madrid, en los
que murieron 191 personas. En este tiempo, se ha desarrollado una
polémica entorno a quien estaba detrás de los autores materiales; qué
pretendían; si hubo fallos o no en la investigación policial e
instrucción judicial; si la sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremo, llegó al final de los hechos; o si la teoría de la
Conspiración que defienden algunos, es cierta o no. Con el paso de los
años, los juicios y las investigaciones, han echado claridad sobre lo
que ocurrió aquel 11 de marzo. Infinidad de preguntas; Pilar Manjón,
presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, tiene
respuesta para casi todas. (El día 11, en este diario, tendrán ocasión
de conocer su opinión sobre todo lo ocurrido, en una entrevista, que
emocionado, he tenido el honor de hacerle).
En España ha habido víctimas del terrorismo de primera y segunda
categoría. Las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, las
de ETA y las víctimas del 11M, solo les ha puesto de acuerdo, el
reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo. El rechazo unánime al
reglamento se hizo explícito en septiembre de 2013, durante su
tramitación parlamentaria. Todos los afectados coinciden en que el
reglamento entorpece los derechos reconocidos por la propia ley de
víctimas. «La Ley ya era mala, pero el reglamento es nefasto, contiene
aspectos surrealistas y es una chapuza administrativa», afirmaba Pilar
Manjón. Por su parte el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País
Vasco (Covite), consideraba que la ley establece un «agravio
comparativo» porque «penaliza a las víctimas que no tienen en su poder
una sentencia condenatoria para sus victimarios». El gobierno ha
pasado del apoyo incondicional hacia las víctimas de ETA, a ser
atacado por estas, por haber bajado la guardia en su política
antiterrorista. A las víctimas del 11M ni mirarlas y si lo hacen con
desprecio.
Mientras los amenazados por el terrorismo desde 1960, podrán pedir
ayudas al gobierno, éste sigue sin reconocer a las víctimas del
franquismo. «Queremos reclamar que el CGPJ recomiende que las víctimas
del franquismo sean incluidas en la nueva Ley de Víctimas. Sería
trágico y contrario al espíritu de la transición que se
institucionalizaran dos categorías de víctimas: unas con todos los
derechos y el reconocimiento que merecen, y otras abandonadas a su
suerte y sin derechos», pide la Plataforma para la Comisión de la
Verdad. De hecho sería una tercera o cuarta categoría.
Sigue siendo incomprensible que la justicia en España, de la espalda
a una tragedia que afecta a cientos de miles de víctimas y no
establezca los mecanismos necesarios para que se cumplan las
recomendaciones de la ONU. Todavía hay más de 150.000 personas
víctimas de desapariciones forzadas, cuyos familiares siguen esperando
un reconocimiento como tales y una solución por parte del Estado. En
la misma situación se encuentran las miles de víctimas anónimas
sepultadas en las 2.000 fosas comunes desperdigadas por las cunetas de
la geografía española, que no han sido exhumadas. También son víctimas
los miles de casos de niños robados durante la dictadura. España sigue
siendo una excepción entre los países democráticos.
Recientemente el Relator Especial para la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU,
destacaba en su visita a España, «el desamparo judicial que sufren las
víctimas». El desamparo judicial se tiene que terminar, como se tiene
que terminar la discriminación que sufren las víctimas, ya sea el
victimario, de uno u otro signo político-ideológico o social, que en
todo caso siempre criminal. |
