Yacía
moribundo el dictador cuando el Jefe de Estado en funciones
descolonizó el Sahara Occidental. Pocas potencias coloniales han
abandonado a su suerte a un pueblo como lo hizo España, desobedeciendo
el mandato internacional, que le instaba a organizar un referéndum de
autodeterminación. España abandono a la población a su suerte en la
guerra y el exilio, después de haberse aprovechado de los recursos
naturales y utilizado los humanos, ahora a beneficio de Marruecos y
por intereses geoestratégicos.
Para forzar la
anexión del territorio saharaui a Marruecos, el rey Hassan II,
organizó una marcha pacífica, inspirada por los Estados Unidos,
financiada con dinero saudí y con el favor de Francia y la Liga Árabe.
Franco se moría y Juan Carlos, jefe de Estado en funciones, viajó a El
Aium, para exponer al ejército, que las presiones internacionales,
obligaban a abandonar el territorio. Ante la cercana entronación y por
intereses reales, la suerte del Sahara había sido decidida sin
consulta alguna. Tras el dictamen de la Corte de Justicia de la Haya,
contraria a las tesis marroquíes respecto al Sahara, Hassan II,
anunció la organización de la Marcha Verde. Un millón de marroquíes
penetraría pacíficamente en el Sahara para exigir su incorporación a
Marruecos. El Consejo de Ministros cedió a la presión marroquí y hasta
hoy. Hassan II, consideró que había logrado su objetivo y «sin
vencedores ni vencidos» y sin un solo tiro, ordenó a los manifestantes
abandonar el territorio ocupado.
Ha pasado
cuarenta años desde que España abandonara el Sahara. El conflicto, que
surgió tras una descolonización precipitada, por las circunstancias de
la política española del momento —una dictadura agonizante,
desprestigiada en el mundo y la cercana llegada de la monarquía—,
sigue vigente y con difícil solución. Hay intereses geoestratégicos de
por medio. El conflicto ha pasado por distintas fases y diferentes
acontecimientos han enrarecido y retrasado la solución, con poco
interés de España, escasa o nula posición resolutiva de la ONU e
intereses de Marruecos, que los defiende, como siempre ha hecho, con
buena cara y fuerza soterrada, cuando no abierta.
Naciones
Unidas había iniciado el proceso de descolonización, interrumpido con
la Declaración entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara
Occidental, firmada el 14 de noviembre de 1975. Los Acuerdos de Madrid
fueron ilegales según el derecho internacional. De hecho, cuarenta
años después, la ONU, sigue sin considerar a Marruecos potencia
administradora del territorio pendiente de descolonización.
La Declaración
de Madrid consta de un acuerdo político y anexos secretos, de índole
económica, que estipulan la cesión a Marruecos del 65% de la empresa
fosfatos de Bucraa, que explotaba los ricos yacimientos de la zona. A
cambio España obtendría los derechos de pesca para 800 barcos durante
20 años, acuerdo que Marruecos incumplió. Políticamente, los acuerdos
firmados por el entonces presidente del gobierno Carlos Arias Navarro,
fueron un regalo para la dinastía alauí a su proyecto del Gran
Marruecos. Cerca estaba la mano norteamericana, que fue decisiva para
que España abandonara a su suerte a un pueblo, «por un pescado», que
se cocinó el rey Hassan.
Los Acuerdos
de Madrid, venían a ratifica la resolución de España, manifestada ante
la ONU, de descolonizar el territorio del Sahara Occidental, poniendo
término a las responsabilidades y poderes que tenía sobre el
territorio como Potencia Administradora. España debía proceder de
inmediato a crear una Administración temporal, participada por
Marruecos y Mauritania, en colaboración con la Yemaá saharaui. En su
punto tercero se declaraba: «Será respetada la opinión de la población
saharaui, expresada a través de la Yemaá», cosa que jamás se hizo.
En noviembre
de 1960, la Asamblea General de la ONU, aprobó la Resolución 1514, que
hacía referencia al proceso de descolonización de las colonias que
quedaban en el mundo. El Comité encargado de aplicar la resolución,
elaboró una lista de territorios a descolonizar, entre los que estaba
el Sahara Español. En 1966, el Comité, solicitó a España la
realización de un referéndum para que la población del Sahara pudiera
expresarse libremente sobre su futuro político. El gobierno franquista
aceptó la solicitud, pero dio largas al asunto, ganando tiempo al
proceso de transformación de la colonia en una provincia española.
En febrero de
1976 en la ciudad de Bir Lehlu, capital del territorio liberado por el
Frente Polisario, se proclamó la Independencia de la República Árabe
Saharaui Democrática. Se hacía referencia a la Carta de Naciones
Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Resolución 1514. Reafirmaban su fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y pequeñas
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de libertad e independencia.
En 1989, la
ONU diseñó un Plan de Paz, en el que se preveía la celebración del
referéndum de autodeterminación. Todavía hoy, la intransigencia de
Marruecos, la inoperancia de la ONU y el silencio de España y algunos
gobiernos occidentales, han impedido cumplir el Plan e imposible
celebrar el referéndum. En 2002, el Consejo de Seguridad, adoptó la
resolución 1429. Para Mohamed Abdelaziz, Presidente de la República
Árabe Saharaui Democrática, era «una victoria para el pueblo saharaui
y la legalidad internacional». Los miembros del Consejo consideraron
que el conflicto viene derivado de la invasión militar marroquí, que
es un problema de descolonización no resuelto y es el pueblo saharaui
quien debe ejercer su derecho a la autodeterminación. EEUU, Francia y
Gran Bretaña, están a favor de la integración del Sahara Occidental a
Marruecos como autonomía. Los gobiernos españoles han mantenido una
postura de ambigüedad calculada, frente a la solidaridad mostrada por
la mayoría de la población española, partidaria del referéndum y el
derecho a decidir.
Hoy el
territorio, formado por la antigua provincia española del Sahara
español, que fue anexionado en 1976 a Marruecos y Mauritania, está
completamente ocupado por Marruecos desde agosto de1979, al retirarse
Mauritania de la zona. La soberanía marroquí no es reconocida ni por
las Naciones Unidas ni por ningún país del mundo y rechazada por el
Frente Polisario, que proclamó su independencia en 1976, cuando creó
la República Árabe Saharaui Democrática, que ha sido reconocida por
más de 80 países. Mientras tanto el pueblo sufriendo las consecuencias
de las decisiones de los gobernantes, alejadas de los intereses de la
gente.
La ONU, que ha
intentado encontrar soluciones integradoras, ha fracasado, ante los
intereses contrapuestos de los contendientes. Entre la
autodeterminación y la adhesión, se encuentra la autonomía, dentro del
Estado marroquí, que podría ser el paso para la celebración del
referéndum. Marruecos no está dispuesto a reconocer el derecho a la
autonomía regional. Difícil solución, cuando las partes no están por
ceder posiciones. La comunidad internacional debería volcarse en
favorecer el desarrollo de la región y España liderar las iniciativas
que conduzcan a un entendimiento en el Magreb, mediando entre las
partes, sobre un conflicto que históricamente por dejación creó.
En resumen,
para la ONU el Sahara Occidental es un territorio español pendiente de
descolonización y nunca ha reconocido a Marruecos como potencia
administradora. El Tribunal Internacional de la Haya concluyó que no
existe ningún vínculo de soberanía, entre el territorio del Sahara
Occidental y el reino de Marruecos. Los distintos gobiernos de España,
desde el final de la dictadura franquista, se han alineado con la ONU.
El Gobierno de Zapatero se comprometió a hacer todo lo necesario para
una solución, pero su actitud de acercamiento a Rabat, de hecho se
entiende como abandono de la línea de apoyo a la causa saharaui. El
Partido Popular, tradicionalmente no alineado con la causa, defiende
la nula responsabilidad española en el conflicto, con el vago deseo de
que las partes encuentren rápidas vías de solución. Ceuta y Melilla
aparecen en el tablero, cuando las autoridades marroquíes dejan claro,
que un cambio de la postura oficial española, provocaría la
reivindicación de ambas ciudades. Todo provocaría un aumento de la
inestabilidad en la zona del estrecho, que nadie quiere que ocurra.
La política
sigue alejada o de espaldas al sufrimiento humano. Unas 150.000
personas viven en la parte del Sahara Occidental bajo ocupación
marroquí. Unas 30.000 viven en la parte del Sahara controlada por el
Polisario. Los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, donde tiene
la sede el Polisario, viven aproximadamente 165.000 refugiados
saharauis según el Polisario y 90.000 según el último cómputo
realizado por Naciones Unidas. Los refugiados dependen de la ayuda
humanitaria internacional que se ha reducido por la crisis económica.
Además, el muro construido por Marruecos, hace que miles de familias
sigan separadas después de cuatro décadas. El pueblo saharaui continúa
sufriendo una situación cada vez más desesperada, agravada por la
disminución de la ayuda alimentaria por parte de los organismos
internacionales.
Son diversas
las soluciones que se barajan. Todo no será posible, mientras las
partes en conflicto y la comunidad internacional, no tenga verdadera
voluntad de resolución. Tienen que admitir que el referéndum, para que
el pueblo saharaui, pueda ejercer su derecho de autodeterminación,
debe estar en el centro de la negociación. La autonomía durante cinco
años, bajo soberanía marroquí, es inadmisible, si se mantiene la idea
de que bandera, moneda, aduanas, política exterior, asuntos internos,
policía y justicia, entre otros asuntos, dependan de Marruecos. La
alternativa de división del territorio en dos partes, parece irreal,
si Marruecos, como pretende, se queda con la zona del norte, el
llamado Sahara útil, que concentra los mayores recursos naturales.
El segundo
congreso del Frente Polisario, proponía diferentes objetivos, que pese
al tiempo transcurrido tienen plena vigencia: Hay que liberar la
nación de todas las formas de colonialismo y alcanzar una
independencia completa, en un régimen republicano, garantizando las
libertades fundamentales ciudadanas. Construir una sociedad que
distribuya de forma justa las riquezas y elimine el desequilibrio
entre el campo y las ciudades, anulando toda forma de explotación y
garantizando el ejercicio de los derechos humanos y los fundamentales
ciudadanos. Por el pueblo saharaui que sufre.
