Hablar de justicia en España –con minúscula–,
tiene plena vigencia. Se han producido incongruencias, paradojas y
aberraciones judiciales. Justicia es lo que dice que es justicia la
mayoría de los miembros de un tribunal y la tan deseada y necesaria
independencia judicial no se da, en una justicia politizada bajo los
umbrales de lo partidos. Vean la insistencia de los
magistrados López y Espejel, para participar
en los juicios de la Gürtel y otros, en los que el Partido Popular está
implicado.
En la apertura del año judicial, Jueces para la
Democracia ha pedido
un pacto de Estado por la justicia y garantizar la independencia
judicial. A estas alturas, pedir la
independencia judicial, es mostrar la verdadera cara de la cuestión. No
hay independencia. También denuncian la grave situación que atraviesa la
administración de justicia, por la falta de un proyecto político claro,
valiente y definitivo que afronte todos y cada uno sus problemas y
deficiencias endémicas.
Hasta cinco años tardan los jueces en dictar sentencia sobre accidentes
laborales.
Por su parte, la Fiscal General del Estado, ha
resaltado, en su presentación de la Memoria de la Fiscalía 2015, su
intención de combatir el «desafío» soberanista, ante el Tribunal
Constitucional y ante los órganos jurisdiccionales, para defender la
Constitución, mientras
la corrupción preside la apertura del año judicial.
Aquí cabría la pregunta que el Diputado por ERC, Gabriel Rufián, lanzó a
Rajoy: ¿Por
qué su Constitución vale para amenazar a un pueblo y no para darle techo?.
Demasiada invocación a la Constitución para asuntos alejados del pueblo
y poco para defender derechos, libertades y servicios públicos
esenciales, como es la administración de justicia, que debe regirse bajo
los principios de eficiencia, eficacia y calidad, servicio «clave y
trascendental en la vida política y jurídica de un país que se
autotitula como Social y Democrático de Derecho».
Que la justicia no es igual para todos ni se
utiliza la misma vara de medir, no es novedad. El poder hace la ley y
quién hace la ley, ya se sabe, hace la trampa. Unos salen de la cárcel,
tras pagar millonarias fianzas o los Carceller, que
negocian con la Fiscalía un pago millonario para eludir la cárcel.
Otros entran por manifestarse defendiendo sus derechos o los
condenan a cinco años de prisión, por utilizar una tarjeta de crédito
falsa, por 79,20 euros. Algunos populares y
poderosos ni entran, ni se les investiga y otros pobres pasan años en
prisión por delitos considerados menores. Me río yo sobre que sería de
mi, si estuviera implicado en tantos supuestos delitos como lo está el
partido en el Gobierno ahora en funciones: Asociación ilícita, blanqueo
de capitales, cohecho, contra la Hacienda Pública en concurso con
falsedad continuada, delito electoral continuado, estafa en concurso con
falsedad en documento mercantil, falsedad contable, fraude a las
administraciones públicas, malversación, prevaricación y tráfico de
influencias (Pedro
Sánchez a Mariano Rajoy, Sesión de investidura 31 de agosto)
Pero no son estas incongruencias, paradojas y
aberraciones jurídicas a las que quiero referirme, hay más y con un
grado de tragedia que todavía hoy conmueve. En 1939 el nuevo régimen de
Franco promulgó, por decreto, la
Ley de Responsabilidades Políticas, con objeto
de dirimir las responsabilidades durante la guerra civil y la república.
Con esta ley se legitimaban las multas, los embargo de bienes, los
destierros, la pérdida de la nacionalidad española; y con las
restricciones de empleo, una purga generalizada en el mundo laboral,
profesional y funcionarial en la posguerra.
La Ley
tipificaba como punibles los actos y omisiones de quienes hubieran
colaborado con la Segunda República Española y participado en la llamada
Revolución de Asturias en 1934. Esta ley estuvo vigente hasta 1969,
fecha en la que prescribieron todos los delitos cometidos antes del 1
de abril de 1939. Se mantuvieron las inhabilitaciones y prohibiciones
contra todos los líderes del exilio republicano hasta la muerte de
Franco.
La represión contra los vencidos en la guerra, fue
complementada por la
Ley sobre la Represión de la Masonería y del Comunismo,
al considerar que el comunismo y la masonería (y el judaísmo) eran
responsables criminales de la decadencia de España, que culminaban «con
la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola».
Con esta ley se institucionalizaba la caza del comunista y del masón.
La
Causa General instruida por el Ministerio Fiscal
sobre la «dominación roja» en España, fue promulgada mediante decreto en
1940 y constituyó otro instrumento represor. Se abría un proceso de
investigación, que afectaba a la ciudadanía en general, con el objeto de
instruir «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional
durante la dominación roja». Todos mezclados: socialistas, comunistas,
anarquistas, separatistas, masones, ateos y republicanos. La sin razón
del fascismo vencedor.
En Derecho
penal rige el principio de irretroactividad, que busca la protección,
evitando que se pueda sancionar a posteriori, actos que cuando fueron
realizados no estaban prohibidos. En el régimen del dictador este
principio no se aplicó, sino todo lo contrario. En 1939 se criminalizó y
castigó a cualquier individuo que hubiera prestado su apoyo al bando
republicano desde 1931, a los rebeldes izquierdistas de1934, y a todos
aquellos que no se hubieran sumado a su «alzamiento nacional» contra el
marxismo.
El régimen
entendía que haber formado parte de algún sector productivo o realizado
algún tipo de ocupación durante la República, era suficiente como para
haber podido ser colaborador con la «rebelión». Así, los soldados de
reemplazo, los conductores de tranvías, funcionarios, maestros o
directivos de empresas, podían ser potencialmente culpables. Todo,
consecuencia lógica de un sistema de justicia penal invertida.
La dictadura
subvirtió el sentido de la acción, rescatando los delitos de adhesión,
auxilio o adhesión a la rebelión militar, contra aquellos que se
mantuvieron leales al régimen democrático legalmente establecido, frente
a los golpistas que se levantaron contra la República. Todo un absurdo
legal; un castillo legal prefabricado donde la justicia se aplicaba
sobre el odio y la venganza.
La Constitución de 1978 no expulsó expresamente
estas normas del sistema jurídico. La
Ley de Amnistía de 1977 y la llamada
Ley de Memoria Histórica del 2007, han venido
a garantizar la impunidad de los crímenes franquistas.
Los procesos
que se abrieron bajo la jurisdicción franquista están archivados, pero
la memoria sigue abierta. Los investigados, inculpados, procesados y
condenados por tribunales especiales y leyes de excepción, no han
recibido la justa reparación.
