«Las elecciones
celebradas el domingo me
revelan claramente que
no tengo hoy el amor de
mi pueblo... Espero a
conocer la auténtica y
adecuada expresión de la
conciencia colectiva, y
mientras habla la
nación, suspendo
deliberadamente el
ejercicio del Poder Real
y me aparto de España».
Eran las palabras de
Alfonso de Borbón, desde
el exilio, después de
haber abandonado el
país, tras conocer los
resultados de las
elecciones municipales
del día 12 de abril de
1931. (Ver artículo de
la pasada semana: Los
monárquicos dieron la
espalda al rey).
Efectivamente,
los resultados de las
elecciones del 12 de
abril,
habían dado el triunfo a
las candidaturas
«republicano-socialistas»
en 41 de las 50
capitales de provincia.
La ciudadanía madrileña,
cuando comenzaron a
conocerse los
resultados, se echó a la
calle para proclamar la
República. «Con
las primeras hojas de
los chopos y las últimas
flores de los almendros,
la primavera traía a
nuestra República de la
mano»,
declamaba Antonio
Machado por la llegada
de la deseada República.
En 36 horas el reinado
de Alfonso XIII llegaba
a su fin. Fue un proceso
rápido, limpio,
incruento e imprevisto.
La monarquía se había
vuelto incompatible con
los que creían en un
régimen democrático y la
República empezó a
postularse como la única
opción de futuro,
incluso entre los
monárquicos que
abandonaron al rey.
Todo había comenzado en
abril de 1930, cuando
Indalecio Prieto en el
Ateneo de Madrid
afirmaba: «Es
hora de las
definiciones. Hay que
estar con el rey o
contra el rey».
Así se fue fraguando el
Pacto de San Sebastián
del 17 de agosto de
1930, al que se sumaron
el Partido Socialista
Obrero Español y la
Unión General de
Trabajadores en octubre,
convocando una huelga
general que iba a ir
acompañada de una
insurrección militar
para meter a «la
Monarquía en los
archivos de la Historia»
y establecer «la
República sobre la base
de la soberanía nacional
representada en una
Asamblea Constituyente».
Hoy como ayer: ¡Viva
España con honra! ¡Viva
la República! (Manifiesto
revolucionario de
diciembre 1930).
Con el
manifiesto dirigido a
intelectuales, firmado
por Marañón, Pérez de
Ayala y Ortega y Gasset
, creaban la Agrupación
al Servicio de la
República. En él se
decía «Cuando llegan
tiempos de crisis
profunda, en que, rota o
caduca toda normalidad,
van a decidirse los
nuevos destinos
nacionales, es
obligatorio para todos
salir de su profesión y
ponerse sin reservas al
servicio de la necesidad
pública». Parece escrito
hace unos días. Gregorio
Marañón, Pérez de Ayala
y José Ortega y Gasset,
se proponían movilizar a
«un copioso contingente
de propagandistas y
defensores de la
República española». Se
hacía un llamamiento a
«todo el profesorado y
magisterio, a los
escritores y artistas, a
los médicos, ingenieros,
arquitectos y técnicos
de toda clase, a los
abogados, notarios y
demás hombres de ley», y
de forma especial a la
juventud.
El Socialista, el 15
abril de 1931,
informaba «Ayer se
proclamó la República en
España. El pueblo se
entregó a
manifestaciones
delirantes de
entusiasmo. ¡Viva España
con honra y sin
Borbones!» y anunciaba
la composición del
Gobierno provisional,
que se formaba por los
firmantes del manifiesto
revolucionario de
diciembre: Presidencia,
Niceto Alcalá Zamora
(Derecha Liberal
Republicana); Estado,
Alejandro Lerroux
(Republicano Radical);
Gracia y Justicia,
Fernando de los Ríos
(PSOE); Guerra, Manuel
Azaña (Acción
Republicana); Marina,
Santiago Casares Quiroga
(Federación Republicana
Gallega); Gobernación,
Miguel Maura
(Republicano
Conservador); Fomento,
Álvaro de Albornoz;
(Republicano Radical
Socialista); Trabajo y
Previsión Social,
Francisco Largo
Caballero (PSOE).
Quedaban por cubrir
algunas carteras cuyos
titulares se encontraban
exiliados en París:
Instrucción Pública y
Bellas Artes, Marcelino
Domingo (Republicano
Radical Socialista);
Economía Nacional, Luis
Nicolau d'Olwer (Acción
Catalana); Hacienda,
Indalecio Prieto (PSOE);
y Comunicaciones, Diego
Martínez Barrio
(Republicano Radical).
Antes, el día 13, se
había reunido en el
Palacio de Oriente el
Consejo de Ministros,
para adoptar una postura
ante los resultados del
día anterior. Enseguida
se identificaron dos
posiciones enfrentadas
«Hay que constituir un
gobierno de fuerza,
implantar la censura y
resistir», era la
postura del ministro de
Fomento Juan de la
Cierva, apoyada el conde
de Bugallal y el
marqués de Alhucemas. El
resto, encabezado por el
conde de Romanones
pensaban que estaba todo
perdido. Esa misma tarde
el «comité
revolucionario»
republicano-socialista,
hizo público un
comunicado en el que
decía que el resultado
de las elecciones había
sido desfavorable a la
Monarquía y favorable a
la República y anunciaba
su propósito de «actuar
con energía y presteza a
fin de dar inmediata
efectividad a los afanes
implantando la
República».
La monarquía, herida de
muerte, recibió la
puntilla por el director
de la Guardia Civil, al
proclamar su adhesión a
la República, que ya
tenía un Gobierno
Provisional. Eibar fue
la primera ciudad donde
se izó la bandera
tricolor. Los
acontecimientos se
habían precipitado. El
rey comenzaba su exilio
y Alcalá Zamora, Azaña y
el resto de los que
serían nuevos ministros
entraban en el
ministerio de la
Gobernación en la Puerta
del Sol. Nacía la
Segunda República. Vivió
hasta el fin de la
guerra, tras el golpe de
estado
nacional-católico-fascista.
El día 14 de abril se
dictó el primer decreto
por el Comité Político
de la República: «El
Gobierno provisional de
la República ha tomado
el Poder sin tramitación
y sin resistencia ni
oposición protocolaria
alguna, es el pueblo
quien le ha elevado a la
posición en que se
halla, y es él quien en
toda España le rinde
acatamiento e inviste de
autoridad» En virtud del
decreto, el presidente
del gobierno provisional
de la República, asumía
la jefatura del Estado
«con el asentimiento
expreso de las fuerzas
políticas triunfantes y
de la voluntad popular».
Niceto Alcalá Zamora y
Torres fue designado
para el cargo de
Presidente del Gobierno
provisional de la
República.
El Gobierno provisional,
al recibir sus poderes
por la voluntad
nacional, manifestó que
«dado el origen
democrático de su poder
y en razón de la
responsabilidad en que
deben moverse los
órganos del Estado,
someterá su actuación
colegiada e individual
al discernimiento y
sanción de las Cortes
Constituyentes».
Igualmente, el Gobierno,
adoptó como norma
depuradora de la
estructura del Estado,
someter, en defensa del
interés público, a
juicio de
responsabilidad, los
actos de gestión y
autoridad pendientes de
examen, desde la
disolución del
Parlamento en 1923, así
como «abrir expediente
de revisión en los
órganos oficiales,
civiles y militares, a
fin de que no resulte
consagrada la
prevaricación ni acatada
la arbitrariedad,
«habitual en el régimen
que termina».
El Gobierno provisional
hizo pública su decisión
de respetar de manera
plena la conciencia
individual mediante la
libertad de creencias y
cultos, «sin que el
Estado en momento alguno
pueda pedir al ciudadano
revelación de sus
convicciones
religiosas», orientando
su actividad, no sólo en
el acatamiento de la
libertad personal y los
derechos ciudadanos,
sino que «aspira a
ensancharlos», adoptando
garantías de amparo. El
Gobierno provisional
declaraba que la
propiedad privada
quedaba garantizada por
la ley, por lo que «no
podrá ser expropiada,
sino por causa de
utilidad pública y
previa la indemnización
correspondiente». El
Gobierno, sensible al
abandono absoluto en que
ha vivido la inmensa
masa campesina española,
al desinterés de que ha
sido objeto la economía
agraria del país, adoptó
como norma de actuación
el reconocimiento de que
el derecho agrario debe
responder a la función
social de la tierra.
Por su parte, el
Presidente del Gobierno
provisional, decretaba
«la más amplia amnistía
de todos los delitos
políticos, sociales y de
imprenta, sea cual fuere
el estado en que se
encuentre el proceso,
incluso los ya fallados
definitivamente, y la
jurisdicción a que
estuvieren sometidos».
Igualmente se decretó
fiesta nacional el 14 de
abril; y se adoptó como
bandera nacional la
tricolor, mediante
decreto del 27 de abril
(Gaceta número 118, del
28 de abril).
Hoy, la III República
que viene, debe ser la
obra de todos, hombres y
mujeres, en un esfuerzo
común por dotarnos de un
Estado acorde con
nuestro tiempo. «No
es una quimera, no es
una utopía. Es una
urgente necesidad de
regeneración democrática».
En 2014, una treintena
de intelectuales
españoles, suscribía
un Manifiesto por la
República, como otros lo
hicieran en 1931. «Ha
llegado el momento de
que los españoles
decidamos en plena
libertad el régimen que
deseamos para España»,
pidiendo la convocatoria
de un referéndum, «en el
que se tenga la
posibilidad de elegir
libremente entre
Monarquía o República»,
abrir un Proceso
Constituyente, elaborar
una nueva Constitución y
convocatoria de nuevas
elecciones generales. Yo
sigo en ello.
Con la proclamación de
la II República en abril
de 1931 se abrían
inmensas perspectivas de
cambios políticos,
económicos y sociales,
pospuestas durante
decenios. No sólo se
pretendían reformas
políticas, sino que se
quería atacar el
problema de fondo,
mediante un cambio
profundo de las
estructuras sociales,
económicas y culturales.
Era necesario poner en
marcha un ambicioso
programa de reformas que
lograra poner a España
en la modernidad.
Continuará…
