La vida de la Segunda República fue corta, pero intensa. Todo empezó un 12 de abril de 1931, cuando la ciudadanía eligió a los partidos republicanos y socialistas, contra los monárquicos que dieron la espalda al rey. De eso ya hemos hablado las pasadas semanas. También vimos como se proclamó la República y cuales fueron las medidas políticas que se adoptaron con el objetivo de poner a España en la senda de la modernidad, haciendo frente a las llamadas «cuestión regional, cuestión religiosa, cuestión militar, cuestión agraria y cuestión social», que fueron demasiadas cuestiones para resolver en tan poco tiempo, teniendo en frente a tan potentes enemigos.

La coalición republicano-socialista ganó las elecciones el 28 de junio y unas Cortes Constituyentes, aprobaron la nueva Constitución el 9 de diciembre. Estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil en 1939 y en el exilio se mantuvo hasta 1977, con la llegada de la Transición a la democracia.

España se constituyó como Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones. Se estableció la separación de poderes: el poder legislativo recayó en un Congreso unicameral; el ejecutivo, bajo control parlamentario, en el Consejo de ministros y el presidente de la República; y el poder judicial en jueces independientes. Se abrió la posibilidad de expropiación y nacionalización por motivo de utilidad social. Se incorporó una amplia declaración de derechos y libertades. Se reconoció el matrimonio civil y el divorcio. Se reconoció el derecho de voto para los mayores de 23 años y, por primera vez en la historia, el derecho de sufragio a las mujeres; y se declaró la separación entre Iglesia y Estado. ¡demasiao pa mi body! que diríamos ahora.

Las decisiones políticas calentaron el ambiente, las luchas fraticidas ideológicas, religiosas y de poder, contribuyeron a enconar los ánimos de los señores diputados generando agrios debates sobre la cuestión religiosa y las regiones autónomas. He dicho señores diputados, porque he querido destacar que, de los 470 escaños, sólo 3 eran ocupados por mujeres: Victoria Kent del PRRS, Clara Campoamor, PR Rad, y Margarita Nelken del PSOE.

Con el amplio programa reformista puesto en marcha por el gobierno del primer bienio de la República, se sintieron amenazados los intereses de amplios grupos sociales pertenecientes a la Iglesia, al ejército y a la patronal industrial y latifundista. Para defender el mantenimiento del orden social preexistente, estos sectores impulsaron la creación de organizaciones de carácter autoritario. El descontento también se extendió entre la clase obrera, no satisfecha, por la lentitud y el poco alcance de las reformas emprendidas. El paro y las duras condiciones de trabajo y vida en general continuaban.

Surgieron grupos fascista, como la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, que impulsó los grupos paramilitares para enfrentarse con las fuerzas de la izquierda política. Se creó la CEDA, de carácter autoritario, dirigida por José María Gil Robles. En el ámbito militar se fundó la Unión Militar Española, que tendría una gran importancia en el golpe de 1936. En agosto de 1932 se produjo la intentona de golpe de Estado en Sevilla por el general Sanjurjo, la «Sanjurjada» que terminó en fracaso. Fue un adelanto de lo que la derecha preparaba para el asalto final.

El sindicato anarquista CNT estaba dividida. Por un lado los moderados, encabezados por Ángel Pestaña, que prestaban cierto apoyo a la República, defendiendo la revolución social, pasando por una fase preparatoria previa. Por otro los de la FAI, liderados por Buenaventura Durruti y Juan García Oliver. Fomentaron las huelgas, la insurrección campesina y la creación de comunas libertarias. La Federación de Trabajadores de la Tierra, sindicato del campo asociado a la UGT, con más de 450.000 afiliados, también se radicalizó.

Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria al Partido Radical de Alejandro Lerroux y a la CEDA de Gil Robles, quienes durante los dos años siguientes, procedieron a desmantelar la obra reformista del primer gobierno. Se aprobó la devolución de las tierras a la nobleza y se dio total libertad de contratación, lo que provocó la caída de los jornales. La reforma religiosa se frenó y retornó a lo anterior. Se concedió la amnistía a los sublevados en el golpe de Sanjurjo y a los colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera. La reforma militar sin embargo siguió adelante, al igual que la reforma de la educación, pero con recortes presupuestarios.

Ante el giro conservador, la CNT y la UGT respondieron radicalizando sus posturas. Largo Caballero, propuso la ruptura con la República y con las fuerzas burguesas. Por su parte Indalecio Prieto, representante del socialismo moderado, defendió la colaboración con los republicanos de izquierda para estabilizar la República. Ante la situación creada, se declaró el Estado de Guerra. Los mineros asturianos protagonizaron una revolución social. Anarquistas, socialistas y comunistas, ocuparon cuarteles de la guardia civil y ayuntamientos, que pasaron a ser dirigidos por Comités revolucionarios. La revolución terminó siendo aplastada por las tropas de la Legión y los Regulares traídos desde Marruecos, al mando de Godet y Franco. Murieron mil mineros en los enfrentamientos y en las ejecuciones sumarias. 450 militares y guardias civiles perdieron la vida. Más de cinco obreros fueron detenidos y presos. La revolución de Asturias de 1934, «nuestra revolución», fue preludio de la guerra civil.

En febrero de 1936 se celebraron  nuevas elecciones a Cortes. Se enfrentaban los dos bloques históricamente irreconciliables. Una coalición de izquierdas de republicanos, socialistas y comunistas, se agruparon en torno al «Frente Popular». Su programa preveía amnistiar a los represaliados políticos y poner en funcionamiento la legislación reformista suspendida durante el bienio anterior. En frente, los partidos de la derecha, aglutinados en torno al Bloque Nacional. Los resultados dieron la victoria al Frente Popular. Las nuevas Cortes destituyeron a Alcalá Zamora como presidente de la República, que fue sustituido por Manuel Azaña.

Se concedió la amnistía a unos 30.000 presos políticos y sociales y se forzó a los patronos a readmitir a los obreros despedidos en las huelgas de 1934. Se permitió el restablecimiento del gobierno de la Generalitat de Catalunya y se iniciaron las negociaciones para la aprobación de un Estatuto para el País Vasco. Las reformas iniciadas en 1931 fueron reemprendidas. Ante el temor a un golpe de Estado, el gobierno cambió de destino a los generales que menos confianza le ofrecían: Franco a Canarias y Mola a Navarra. Sanjurjo estaba en el exiliado. Los propietarios agrícolas se opusieron a las reformas, muchos industriales decidieron cerrar sus fábricas y la Iglesia católica, temerosa de nuevos brotes anticlericales y de un nuevo recorte de sus derechos en España, se opuso a la República de manera generalizada en nombre de su dios.

Los anarquistas y los socialistas encabezados por Largo Caballero, eran partidarios de la revolución. En la derecha, la Falange, organizó grupos paramilitares que protagonizaron fuertes acciones violentas. Se producían enfrentamientos constantes entre la derecha y la izquierda y los obreros e las calles. Todo era favorable y todos esperaban el golpe de Estado y lo dieron. Pese a que las tropas de Marruecos y numerosos cuarteles se sublevaron, el alzamiento no logró imponerse ni en Madrid ni en Barcelona. España quedó dividida en dos zonas y la guerra fraticida estaba servida.

La República estaba condenada a muerte. No voy a entrar en como fue abatida en la guerra, es un tema que ya he tratado y que trataré de nuevo en otro momento. Sin ser ejemplar, los primeros años de la República, sirvieron para sentar las bases de la renovación económica y social que necesitaba España. Las mujeres, el 50% de la población, vieron reconocidos derechos universales. Los trabajadores y jornaleros del campo, vieron elevados sus salarios y todos empezaron a contar con un sistema de protección frente al paro y garantías sobre determinados derechos. La Iglesia hizo lo que pudo en contra de todo, el fascismo aportó su ideología en defensa del capital y los militares golpistas pusieron lo demás por la bandera y la «patria».

Lo cierto es que con la victoria del «Frente Popular», cundió el temor y las fuerzas sociales enfrentadas se envalentonaron; pero el FP no pretendía llevar a cabo un programa revolucionario ni puso en marcha una revolución comunista. Los socialistas, en general, tenían un discurso moderado. El gobierno ejecutó medidas renovadoras y regeneradoras, con una posición común contra el fascismo. Manuel Azaña no tenía un discurso «bolchevique» ni fue rehén de las posiciones extremas.

El sistema institucional diseñado en la República hizo muy difícil la gobernabilidad. A diferencia de otros países, como EEUU, España se configuró como una República parlamentaria, en lugar de una República presidencialista. La presidencia desempañaba la función de representación del Estado y además contaba con amplios poderes de veto, como el de disolución del Congreso e intromisión en la política interna. Alcalá Zamora, no dudó en inmiscuirse en la política interna y en el veto de varias leyes y disposiciones, propuestas por el Gobierno y aprobadas por un Congreso muy fragmentado.

Estos artículos que he publicado en este Abril Republicano, no han pretendido ser un tratado ni un estudio sobre la Segunda República; han sido apuntes sobre lo que, en mi opinión, significó y contribuyó a dignificar la vida política de la época, marcando criterios y dignidades. El enemigo, que estaba al acecho, se encargó de condenar a la Segunda República a muerte; pero con sus principios e ideas no pudieron; siguen vivos.