No me voy a referir a los niños y niñas robados a las mujeres presas en las cárceles franquistas, hacinadas, mal alimentadas y con muchos piojos. No me voy a referir a las mujeres rojas republicanas y muchos de los niños separados de sus madres y dados en adopciones ilegales. Hasta 30.000 hijos de presas republicanas fueron tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954. Aquí voy a recordar la historia de los niños robados durante el franquismo y la trama de tráfico criminal de médicos, enfermeras y monjas católicas. Algunos casos ocurrieron cerca de mi casa, en la maternidad de O'Donnell, Santa Cristina. Mi barrio que da para casi todo.

Un documental de la periodista Montserrat Armengou, abordó la represión que vivieron las mujeres y niños que fueron encarcelados tras la victoria de las tropas franquistas. Numerosos testimonios de mujeres, recordando las vejaciones sufridas. En muchos casos, el único «delito» que se les imputaba era ser esposas o hermanas de combatientes republicanos; un hecho que para los franquistas era suficiente para llevarlas a prisión junto a sus hijos, que al no ser registrados, quedaban sometidos a todo tipo de actos bárbaros. El objetivo era destruir a los «rojos», robándoles hasta a sus hijos. Su obsesión criminal tenía como objetivo reducir el contacto entre madres e hijos, impidiendo incluso «que mamaran leche comunista».

Durante la dictadura franquista se estableció un «plan sistemático» de «salvación» de niños, cuyos padres, por su ideología, eran considerados por el régimen no aptos para asumir su cuidado. Baltasar Garzón, en uno de sus últimos autos como juez, reclamaba «la obligación» de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura». El régimen franquista invocaba la protección de los menores. «Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos». Para Garzón, estos actos constituyen delito, considerados como un crimen contra la Humanidad que no prescriben. El magistrado, instaba al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y «se repare a las víctimas», de manera que puedan recuperar su identidad robada. También los niños sometidos al tráfico, «los niños perdidos, son parte de las víctimas del franquismo», concluía el juez.

Los niños robados hunden sus raíces en el franquismo. Lo que al principio tuvo una carga ideológica –robo de hijos de presas políticas y mujeres republicanas para dárselos a familias conservadoras–, pronto se convirtió en una trama criminal con fines lucrativos. Los casos más numerosos ocurrieron entre 1963 y 1970, aunque hay casos que llegan hasta los años 90. El doctor Eduardo Vela es el primero que se sienta ahora en el banquillo, procesado por el caso de los bebés robados. Ni siquiera sor María Gómez Valbuena (fallecida en 2013), llegó a ser juzgada, pese a las decenas de denuncias contra la monja, que en la maternidad de O'Donnell, organizó el robo de recién nacidos y adopciones irregulares durante más de 20 años.

El caldo de cultivo eran los matrimonios de familias acomodadas que no podían tener hijos; también la indecencia y la miseria en España. Se ponían en contacto con personas conocidas que les podían facilitar contactos y un hijo. Se desplazaban hasta la ciudad pactada y se hacía el intercambio en casas (pensiones) o parques. Mandaban a una matrona o auxiliar de enfermería de su propia ciudad, que falsificaba, previo pago, el certificado de alumbramiento y con él acudían al registro civil donde inscribían al bebé como propio. Todo por unas 50.000 pesetas de las de entonces. Aquí, en la esquina de mi calle, había una «Pensión», en donde las madres «patera», esperaban el momento del parto, antes de acudir a la maternidad de Santa Cristina y allí se consumaba la acción.

La trama se urdía entre las paredes de los hospitales. Redes de religiosos, médicos y funcionarios. Había madres que querían dar al niño en adopción, pero por regla general era mujeres jóvenes, pobres y solteras, presionadas por sus familias y los prejuicios sociales de la época que decidían no seguir adelante con su maternidad. En el peor de los casos, había madres sanas y con voluntad y deseo de ser madres, que tras dar a luz, le quitaban al hijo nacido, diciéndoles que había muerto. Nunca llegaban a ver el cuerpo del bebe ni el certificado de defunción. La criatura salía de la clínica con destino desconocido. Oscuridad, impunidad y delitos: suposición de parto y tráfico de niños, falsedad en documento público, coacciones y engaño a las madres biológicas.

Por medio del tráfico criminal, religiosos canallas y sin escrúpulos implicados, creyéndose con la potestad moral para quitar los recién nacidos a las madres sin recursos y dárselos a familias pudientes y conservadoras; o simplemente robar, secuestrar a la nueva criatura por dinero manchado de sangre. Médicos y enfermeras de hospitales públicos, formando una trama criminal por encima del bien y del mal.

La magnitud del escándalo llegó a alcanzar grandes proporciones. Las madres no tenían recursos culturales ni económicos. Eran solteras, jóvenes indefensas que se resignaban cuando les decían que el niño había muerto. Enfrente los adoptantes de buena fe y a los que miraban hacia otra dirección, que pagaban por los niños, por gastos médicos y papeleo burocrático. Todos son culpables; más, los intermediarios que se enriquecieron con cargo a la miseria y a la necesidad.

Entre 200.000 y 300.000 personas podrían vivir bajo la sombra de estos casos que hunden sus raíces en los últimos coletazos del franquismo y ven la luz ahora, cuando sus protagonistas descubren que su familia no es la que creían. Sus relatos descubren tramas de película: intercambios de niños por dinero a plena luz del día, bebés que salían del paritorio tras haber sido dados por muertos, matronas que falsificaban actas de alumbramiento y religiosos que bendecían en nombre de su dios inexistente.

Teniendo en cuenta la magnitud humana de los hechos acaecidos en España durante tantos años de impunidad, como reclaman los afectados, la Fiscalía debería retomar el caso, enmarcándolo como delitos de lesa humanidad.