No hubo
violencia. Fue una manifestación de estudiantes de la Universidad
Autónoma de Madrid, contra Felipe González y Juan Luis Cebrián,
ausentes, por las posiciones que vienen defendiendo. Con lo que está
cayendo, fue una provocación de ambos y una sin razón de quienes
programaron el acto. Es inadmisible, que al instante de producirse el
acontecimiento, se acusara a Podemos de ser instigador de la protesta.
Es una canallada orquestada, de determinados medios, al acusar de
etarras a quienes ejercen el derecho de expresar su opinión, contra
quienes han traicionado a la decencia democrática. Además de que creo
inútil la provocación.
La prensa de papel ha coincidido unánimemente en
sus editoriales e informaciones a la hora de responsabilizar a Podemos
del boicot en la Universidad Autónoma, a la conferencia del expresidente
de Felipe González y del presidente de PRISA Juan Luis Cebrián.
Todas las cabeceras han apuntado directamente
como responsable de las protestas a Pablo Iglesias, que lo ha desmentido
categóricamente. Todo es un despropósito consentido. El portavoz de la
gestora del PSOE, Mario Jiménez, de Susana díaz, ha responsabilizado al
líder de Podemos, de la protesta, cuya conferencia la organización
suspendió.
Incluso Alfredo Pérez Rubalcaba tilda de fascista
el «boicot» a Felipe y lo vincula a las consignas de Pablo Iglesias.
La libertad
de expresión y manifestación no son derechos cualesquiera, sino que son
derechos humanos y derechos fundamentales, que los tratados y
declaraciones internacionales recogen y la Constitución española
reconoce y protege. Derecho de reunión y manifestación pacifica, así
como «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio».
La democracia
no consiste solo en participar en periodos de tiempo determinado,
votando en elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales. La
democracia es participación y cuanta más participación, mayor calidad
adquiere el sistema. Participación, manifestación y libertad de
expresión, son derechos irrenunciables en un sistema democrático, que no
pueden limitarse, como pretende el gobierno del Partido Popular, a
través de una ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal, convertidas en
leyes mordaza.
La Constitución española, en su
artículo 20 prevé la suspensión del derecho a
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones,
solamente, en el caso de que se hubiera declarado el «estado de
excepción o de sitio». Contra ello, el actual gobierno del PP restringe
los derechos, criminaliza las protestas, lo remite a la vía
administrativa —eludiendo la judicial—, creando y manteniendo una
situación de excepción permanente sin haberlo declarado.
Igualmente la CE (artículo
21) reconoce el derecho de reunión pacifica y
sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa de la
autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de
alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Por su
parte, la Ley Orgánica 9/1983, que regula el derecho de reunión,
encomienda a la autoridad gubernativa «proteger» las reuniones y
manifestaciones, frente a quienes trataran de impedir, perturbar o
menoscabar el lícito ejercicio del derecho. El gobierno subvierte el
propio espíritu de la ley, no solo no protege a quienes se manifiestan,
sino que criminaliza su acción.
Es cierto que
los partidos políticos son instrumento fundamental para la participación
política. El gobierno, amparándose en la legalidad de una mayoría
absoluta parlamentaria, ataca de raíz al Estado democrático de Derecho y
a los valores que le identifican. Ante situaciones como esta, la
ciudadanía, perjudicada por las decisiones de los poderes públicos,
adquiere el derecho a manifestar públicamente su disgusto o malestar, no
solo a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; sino a
ejercer ese derecho por sí misma, sin intermediarios que la represente.
La
ley de Seguridad Ciudadana, coarta la libertad
de los ciudadanos, ejerce un mayor control sobre las protestas
callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno. Si no teníamos
bastante con el futuro Código Penal —del cual hablaremos en otro
momento—, que criminaliza la protesta social, mediante duras penas de
cárcel, ahora, además, tratan de arruinar a quienes protestamos,
mediante grandes multas económicas.
La crisis y las medidas represoras del gobierno,
están dando lugar a nuevas formas de protesta ciudadana, como respuesta
a las situaciones límite a las que nos están abocando. Serán castigados
con multas entre los 1.001 y los 30.000 euros «Los
actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad,
empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus
funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones
administrativas o judiciales» Lo que significa que, sin
mencionar la acción expresamente, se van a
castigar las protestas antidesahucios.
La ley castiga, con multas entre los 1.001 y los 30.000 euros, «la
perturbación de la seguridad ciudadana», que se produzca en
manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el
Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque
no estuvieran reunidas. El gobierno blinda a las instituciones que
representan al pueblo, rodeándolas y alejando a sus miembros de la
ciudadanía. Un sistema que legitima los privilegios del poder y los
desmanes del gobierno, contra los derechos del pueblo es más parecido a
una democracia orgánica.
Las ofensas o
ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a
sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier
medio, serán castigadas con multas de hasta 30.000 euros. Así como las
manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de
cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o
emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de
la seguridad ciudadana. No se explica lo que el gobierno entiende por
ofensa o ultraje a España, símbolos o banderas, pues queda en manos de
los miembros de las fuerzas del orden su interpretación, lo que no
ofrece garantía alguna de justicia.
Cuando un
gobierno se desentiende de proteger y regular los derechos fundamentales
que la Constitución promueve, la ciudadanía, desprotegida, adquiere la
legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna,
utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La
manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo
pretende el gobierno, ahora por la llamada ley de Seguridad Ciudadana y
por el Código Penal.
Sobre el acontecimiento en la Autónoma, el
editorial de El País ha vuelto a lanzar una lluvia de críticas contra
Podemos acusándoles de «golpes
de libertad». ABC ha aprovechado la presencia
de pancartas favorables al acercamiento de los presos etarras al País
Vasco, para vincular a Podemos con el grupo terrorista, llegando a
calificarles de «simpatizantes
de los proetarras». El Mundo argumenta la
necesidad de líderes "que rechacen la violencia sin ningún tipo de
matiz, y no irresponsables. En su editorial
«Cuando
la Universidad se vuelve un espacio de intolerancia»,
denuncia que las palabras de Iglesias son una legitimación de este tipo
de ataques, que califica de «linchamiento»». Todo una canallada, propio
de las #vergüenzasdeEspaña
Se ha
subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se
ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación
democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Frente a
todo ello y en el ejercicio del derecho de expresión, sin ánimo de
ofensa, sino de defender los derechos que nos corresponden, cabe el
grito ciudadano, porque cuando los gobiernos usurpan poderes del pueblo
y cometen injusticias, el pueblo queda legitimado para levantarse contra
el totalitarismo represivo y contra la opresión que nos llega. Con
acritud.
