España
tiene nuevo gobierno, que más parece un hermano siamés del
anterior. Gobierno «marianista», le vienen en llamar, ya me
entienden (guiño), por lo de Mariano, Rajoy. La Unión Europea
aplaude que De Guindos siga en Economía, por algo será;
¿recuerdan? el mismo ministro que era director en Europa de Lehman Brother
cuando quebró y provocó la crisis internacional. Todo ha sido
posible por la abstención del PSOE, que ha permitido gobernar a su
enemigo político natural, con la excusa de «desbloquear» la
situación política e impedir que se celebren nuevas elecciones.
Ahora
no es admisible que desde la Comisión Gestora del PSOE, se
critique a Rajoy por no hacer un Gobierno «para el diálogo», que
viene «a defender los intereses del PP» y no los de la ciudadanía.
Con estas declaraciones, cuanto menos, aparecen como
irresponsables, por haber permitido que Rajoy vuelva a gobernar.
Rajoy ha humillado al PSOE y continuará con su chantaje
permanente, amenazando con convocar elecciones, si el PSOE y
Ciudadanos no se avienen a su política. ¡Qué ingenuidad! Eso lo
sabía que iba a ocurrir hasta el lucero del alba.
La
continuidad en el gobierno de ministros como De Guindos, Montoro y
la ministra Fátima Báñez, augura que no habrá marcha atrás en las
reformas laborales y que harán unos recortes por valor de 5.500
millones de euros para contentar a Bruselas. Nombrar a María
Dolores de Cospedal como ministra de Defensa, además de ser un
auténtico despropósito, es un insulto a la inteligencia y si me
apuran una afrenta a la España que defiende el ejército. Con el
nuevo Gobierno, que se ha hecho fuerte, y con un PSOE y
Ciudadanos, convencidos de su debilidad a fuerza de entregarse,
vamos a vivir tiempos convulsos; por lo que tenemos que
prepararnos contra sus recortes, la precariedad en el empleo y
mayor sufrimiento social.
Frente
a lo que se nos avecina, la acción ciudadana; contra la mordaza,
el derecho de protestar. La democracia no consiste solamente en
participar en un periodo de tiempo determinado, votando en
elecciones generales, autonómicas y municipales. La democracia es
participación, y cuanta más participación, mayor calidad adquiere
el sistema. La Constitución, que habrá que cambiar por una
republicana, mandata a los poderes públicos para que promuevan las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social.
La
ciudadanía que se sienta afectada por las decisiones de los
poderes públicos, tiene derecho a manifestar públicamente sus
disgusto o malestar, a través de asociaciones, sindicatos o
partidos políticos; pero también a ejercer ese derecho por si
misma, sin intermediarios que la represente en manifestaciones y
reuniones. Los partidos políticos expresan el pluralismo político,
concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y
son instrumento fundamental para la participación política; como
los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales
contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales que les son propios.
Pero
¿qué ocurre cuando un gobierno amparándose en la legalidad de una
mayoría absoluta o relativa parlamentaria, ataca, con su política,
la raíz misma del Estado y los valores que le identifican, como la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político? o
¿qué ocurre cuando ese gobierno se desentiende del mandato
constitucional de promover los llamados principios rectores de la
política social y económica? Un partido que consigue una mayoría
parlamentaria y no tiene mayoría social, no está «legitimado» para
abordar reformas estructurales que afectan a valores y principios,
y mucho menos tocar los derechos para recortarlos, sino es
mediante el compromiso, el diálogo y el acuerdo.
Veamos
la situación con números en la mano. El 26-J, el PP consiguió un
apoyo electoral del 17,10%, sobre el total de la población
española (46.438.422 de residentes al 1 de enero 2016); el 21,74%
sobre el censo electoral (36.520.913 votantes). Obtuvo 7.941.238
votos, que representa el 32,7% sobre la ciudadanía que ejerció el
derecho de voto (24.279.259 votantes); y consiguió una
representación de 137 escaños en el Congreso de los Diputados, que
con la corrección del sistema electoral le otorga el 39.14% de la
Cámara. Esto es, del 17,1% sobre la población, pasa al 39,14% del
Congreso. Situación que hay que cambiar, por dignidad democrática.
La
Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho; que los poderes
públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad y promoverán su bienestar
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Sí, ya
se que los derechos anteriores no tienen la consideración de
derechos fundamentales y que por tanto no están protegidos
constitucionalmente; ya se que solo son mandato orientativo,
principios rectores, que los poderes públicos tendrán en cuenta,
regularán o no regularán siguiendo su voluntad, o lo que es peor
eliminarán algunos de los que ya estaban reconocidos y regulados,
como así ha ocurrido, en la legislatura anterior, a favor de otros
intereses particulares, que no generales.
Cuando
un gobierno no tiene la legitimidad de la mayoría social y además
se desentiende de proteger y regular derechos que la Constitución
promueve; la ciudadanía desprotegida adquiere la legitimidad para
reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando
los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La
manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada
como lo ha sido por el anterior gobierno, que tiene la misma
esencia que el nuevo.
Hay demandas de primera magnitud, que deben
abordarse de forma inmediata, en respuesta a las políticas del PP
y lo que se avecina con el nuevo Gobierno. Los sindicatos UGT y
CCOO, mantienen la lucha contra el desempleo, la reducción a la
mitad de la actual tasa de paro antes del final de la legislatura;
estableciendo de un Plan de Choque por el Empleo, la derogación de
las reformas laborales del 2010 y 2012, con la supresión de todas
las formas de precariedad laboral, como la temporalidad abusiva,
los contratos de muy corta duración o las horas extras no pagadas.
UGT advierte al Gobierno, de que si continúa con la misma línea
económica: recortes y austeridad, con la excusa de cumplir el
déficit que exige Bruselas,
el sindicato se verá obligado a tomar el camino de la
confrontación social.
Si animo de ser exhaustivo, las
reivindicaciones de las asociaciones civiles para el diálogo
social son múltiples y de muy diferente
calado, pero que hay que abordar sin remisión. Las asociaciones de
mujeres, buscan reparar los efectos de un sistema que perpetúa el
machismo tradicionalmente imperante en todos los ámbitos de la
sociedad, para lo que proponen un Pacto de Estado en la lucha
contra la violencia machista, que vaya más allá de declaraciones,
y que impulse espacios reales de relación institucional con la
sociedad civil. Es necesario, trabajar en aspectos como la
trata, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
las mejoras en la sanidad, en la justicia y en el empleo,
apostando por la implantación de políticas de igualdad de las
empresas y una distribución económica equilibrada.
Por su
parte, las líneas que defienden las principales plataformas
ecologistas, son diversas y abarcan un amplio abanico de medidas,
hacia una reconversión ecológica de la economía que evite el
colapso, el desastre y la desigualdad, para lo que apuestan por
las energías renovables y el abandono de las fósiles, algo que
tendría un potencial enorme en la creación de I+D y en la
generación de actividad económica. Rechazan firmemente al TTIP y
al CETA, que supondrían una vía de entrada para sustancias
químicas prohibidas en Europa. Finalmente, apuntan a un plan
de cierre de las nucleares, al apoyo de la pesca sostenible, y a
la derogación de leyes como la de costas, montes y la ley mordaza,
que afecta de lleno al ecologismo porque «no puede ser que se
criminalice la protesta pacífica y se persiga a los activistas por
resultar incómodos».
El
colectivo Marea Granate trabaja por conservar los derechos de los
españoles residentes en el extranjero, especialmente en lo que al
derecho a voto se refiere, para lo que piden una reforma de la ley
electoral que suprima el voto rogado, amplíe los plazos de la
documentación y de los mecanismos para efectuar los envíos,
desarrolle un verdadero sistema mixto de voto y ofrezca una
alternativa eficaz al sistema postal.
Las
reivindicaciones en materia de inmigración se centran en la
acogida y la integración, buscando una sostenibilidad del sistema
que contemple convivir y coexistir pacíficamente con el resto de
la sociedad a largo plazo. Sindicatos y organizaciones sociales
han expuesto las reivindicaciones en materia de igualdad, memoria
histórica, educación o empleo. Las señaladas son algunas de las
reivindicaciones; hay otras materias sobre las que hay que
incidir, como la sanidad, la educación, con un Pacto que debe ser
social y político. En memoria histórica, se apuesta por una Ley de
Víctimas del Franquismo, que recoja el reconocimiento jurídico de
las víctimas y las homologue a otros colectivos de víctimas.
Mucho
por hacer y mucho que reivindicar. Se ha deteriorado el pacto
social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la
legitimación democrática se está utilizando en contra de la
mayoría social. Parece como si el Sistema hubiera abandonado a la
ciudadanía; frente a todo, la protesta.
