Hay deportaciones. Los líderes de la Unión Europea
acuerdan deportar a Turquía a todos los inmigrantes llegados a Grecia,
incluidos los refugiados sirios. Huyen de la guerra y les internan en
campos de concentración, en un país con pocas garantías en el respeto
de los derechos humanos. Es un drama y una vergüenza de la humanidad,
que muestra la cara más insolidaria, cínica e hipócrita de los
gobernantes. Ningún acuerdo con Turquía, previo pago, va a parar la
avalancha de personas hacia la UE, que protege sus fronteras con vallas
de cuchillas criminales y mallas de contención. «Lo
que estamos permitiendo desde Europa se llama genocidio».
Así
explican la situación desde el Parlamento: Europa asiste a una grave
crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas
que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan un
espacio de protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos
humanos. Esta crisis demanda una acción conjunta, sensible, solidaria y
responsable. La política de asilo y migración debe ser una política
común en el marco de la UE, que cuente con el compromiso de todos los
Estados Miembros, la colaboración con los países de tránsito y origen, y
la coordinación con terceros Estados.
El Consejo Europeo
confirma su estrategia global para hacer frente a la crisis,
por lo que da prioridad a recobrar el control de «nuestras fronteras
exteriores», lo que quiere decir que a través del Plan de Acción
Conjunto UE-Turquía, acuerdan expulsar hacia Turquía a los refugiados
que no cumplan los requisitos para permanecer en Grecia, junto con un
plan para trasladar a suelo comunitario hasta 72.000 refugiados sirios.
La UE financia a Turquía la «asistencia a los refugiados» con 6.000
millones de euros.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, considera
que se deben reforzar con celeridad las condiciones de recepción en
Grecia y sus sistemas para estudiar las
solicitudes de asilo y atender a las personas que sean aceptadas como
refugiadas. De otra parte, sobre las personas «retornadas» (deportadas)
a Turquía se debe tener acceso a un procedimiento justo y adecuado de
determinación de su solicitud en un plazo razonable. Asimismo considera
que en Turquía deben haberse establecido la capacidad de recepción y
otros aspectos antes de que cualquier persona sea retornada desde
Grecia. Las personas a las que les sea reconocido el asilo, tienen que
disfrutar, sin discriminación y de acuerdo con los estándares
internacionales, el acceso al trabajo, salud, educación para los niños
y, en la medida en que lo necesiten, asistencia social.
EEUU califica el acuerdo de «paso
muy importante», resaltando los esfuerzos
turcos para cobijar «generosamente» a más de 2,5 millones de refugiados
de Siria. En frente,
Amnistía Internacional, que valora el acuerdo
como un «golpe histórico» contra los Derechos Humanos. «Es una
vergüenza, que el único paso seguro ofrecido por la UE, esté
condicionado por el número de personas que pueden enviar de vuelta»,
denuncian desde
Médicos Sin Fronteras. «La UE vuelve a poner
el control fronterizo por encima de los derechos de las personas»,
afirman desde
Oxfam Intermón. El acuerdo de los líderes
europeos es un fracaso más en como gestionar la crisis de refugiados. La
UE ha perdido su memoria al dar la espalda a una crisis global,
ignorando el Derecho Internacional y europeo y los compromisos
humanitarios. El acuerdo es indecente.
La Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados, se opuso, en
una Declaración Institucional,
a la expulsión colectiva de refugiados a Turquía.
Es imprescindible garantizar que nadie sea expulsado hasta «la
conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo
individualizado»; y que el acuerdo con Ankara «contenga garantías de
cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto de los DDHH».
Que quienes sean expulsados a Turquía no puedan ser devueltos a su país
de origen y reciban protección equivalente a la prevista en la
Convención de Ginebra.
El Gobierno español, «ha permitido un acuerdo que vulnera los derechos
de los refugiados, en contra de la posición acordada por el Parlamento,
que garantizaba el respeto de las leyes de protección internacional», ha
declarado la responsable de Incidencia Política de Oxfam Intermón,
quien denuncia que los líderes europeos y el gobierno turco, han
acordado seguir adelante con su estrategia de «mercadeo» de personas a
cambio de concesiones políticas. Los refugiados no son números, son
hombres, mujeres, niños y familias enteras huyendo de la guerra, que
deben ser tratados con humanidad, garantizándoles respeto, sus derechos
y dignidad.
No parece que el acuerdo cumpla con la Declaración del Congreso, por
mucho que el presidente del gobierno en funciones diga que «El
acuerdo UE-Turquía respeta escrupulosamente el mandato del Congreso»
y lo valora como razonable. Ya conocemos lo que es razonable para el
personaje, que se declara en rebeldía y se niega a ser controlado por el
Congreso, lo que no deja de ser un golpe de mano. Desde el PSOE,
la secretaria para la UE, Iratxe García, exige «garantías»
para que se cumplan «escrupulosamente» los
derechos que asisten a todos los refugiados, subrayando que no
consentirá que el pacto se convierta en la práctica en «un instrumento
de deportación».
Por su parte, desde Podemos, Pablo Iglesias,
ha criticado duramente el acuerdo alcanzado y
denuncia que «cambiar dinero por vidas humanas no es aceptable».
Izquierda Unida «estudia
los cauces legales necesarios» para actuar
contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y contra
el Consejo Europeo. «A pesar de que lo hayan querido disfrazar, el
acuerdo sigue siendo a todas luces ilegal» que busca fórmulas legales
«para poner freno por la vía jurídica a este pacto criminal».
Turquía no es un país seguro y no ofrece garantías en el respeto a los
derechos humanos. Según
Amnistía Internacional la situación de los
derechos humanos se deterioró notablemente tras las elecciones
parlamentarias de junio y el estallido de violencia entre el Partido de
los Trabajadores Kurdos (PKK) y las fuerzas armadas turcas. El gobierno
sometió a los medios de comunicación a una presión sin precedentes y
violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica. Aumentaron
los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y malos
tratos en las detenciones. Persiste la impunidad y se ha reducido la
independencia del poder judicial.
Entre
otras medidas, la declaración del Congreso, exige «reforzar los
mecanismos de control sobre el efectivo destino» de los 3.000 millones
de euros, ampliables a 6.000, que la UE se ha comprometido para atender
a los refugiados en Turquía; aplicar «de manera solidaria» el acuerdo de
reubicación de 160.000 refugiados, del que hasta ahora solo se han
beneficiado 937 (18 a España); establecer vías seguras de llegada de los
refugiados, para que no tengan que arriesgar su vida poniéndose en manos
de las mafias.
El pacto entre la UE y Turquía supone un giro en la política europea de
asilo. En lugar de reforzar la cohesión, lo que hace es poner en
evidencia la fragilidad y su incapacidad de hacer cumplir sus propios
acuerdos. El acuerdo deja sin concretar cómo se realizarán las
expulsiones, lo que constituye un verdadero agujero negro. Subraya que
no habrá 'expulsiones colectivas', pero parece poco realista pensar que
en apenas unos pocos días la UE sea capaz de habilitar el mecanismo que
garantice que cada solicitante tenga una entrevista, se le abra un
expediente y tenga la posibilidad de recurrir la expulsión. «Pese a todo
el voluntarismo y tantas lagunas, ni siquiera está claro que el acuerdo
vaya a lograr los objetivos que se propone» (Editorial
de El País).
El acuerdo «demuestra hasta qué punto el club comunitario se encuentra
en un estado de alarmante decadencia» (Editorial
en El Mundo). El mayor drama humanitario al
que se enfrenta Occidente desde la Segunda Guerra Mundial es un asunto
tan complejo y de difícil gestión que no se puede abordar ni con
demagogia ni con soluciones milagrosas inexistentes. Echarse en brazos
del Gobierno de Ankara, mediante un acuerdo que no es sino un mal
parche, en modo alguno resolverá la llegada masiva de refugiados.
El acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho y
Turquía «es la concreción del retroceso, en aquel objetivo de libertades
y solidaridad que se puso en marcha a mitad del siglo XX (Editorial
en La Vanguardia). Todas las previsiones
pueden ser papel mojado en pocas semanas. Ni el sistema político turco
ofrece garantías de que se cumplan los acuerdos ni que actúe de forma
eficiente para frenar el alud de peticionarios de asilo político y
humanitario. Tampoco está claro que la UE pueda garantizar la gestión
del asilo de forma adecuada, como no lo ha hecho hasta ahora. Turquía ha
aprovechado la ocasión para promover sus propios intereses con respecto
a Europa, mientras en su país sigue transgrediendo los derechos humanos
La UE subcontrata a un país que, según AI, maltrata a los sirios.
Raciona la justicia a su antojo y ahora deja a los sirios esperando nada
y a nadie en Turquía. Prometieron mejorar la situación tras la tragedia
de Aylán y todo ha ido a peor. La UE es un rico miserable, que se está
haciendo la muerta y la pobre, que presenta la crisis económica como
coartada y el mantenimiento del orden social como excusa. Se lamenta "si
yo pudiera, pero es que no puedo". Son buenas
razones para quitar el Nobel de la Paz a la Unión Europea
(Raquel Pérez Ejerique). No se lo merece.
Refugiados bajo la lluvia, frío y reprimidos por la policía en algunos
países, durmiendo en el barro, niños ante las alambradas, calamidades y
miseria, muestra un panorama desolador. Qué tristeza siento ante la
dramática situación. Para remediarlo, se establece un plan cobarde, cuyo
objetivo es impedir el asilo a quienes huyen de la guerra. Sólo
producirá más sufrimiento. Siento vergüenza de pertenecer a esta
civilizada sociedad.
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¡Qué
tristeza!
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Hoy se
cumplen ciento seis años del nacimiento de mi madre. Le hubiera gustado
leer esta reflexión. En su memoria.
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Me sumo
a mi amigo Jaume d'Urgell, presidente de la Fundación Internacional de
Derechos Humanos, al pedir que Rajoy debe ser procesado por el Tribunal
Internacional de la Haya, porque los recortes sociales, que ha ejecutado
su gobierno, vulneran y violan la Declaración Universal de Derechos
Humanos.