La crisis económica que padecemos no se
produjo por casualidad ni por que las cosas en economía son
cíclicas y nos ha tocado. Un dato: el ministro en funciones de
Economía y Competitividad Luis de Guindos, era miembro del Consejo
Asesor de Lehman Brothers a nivel europeo y Director en España y
Portugal hasta su quiebra en 2008. Ya sabemos como provocó la
caída en cadena de tantas economías como la española. De otra
parte, se calcula
en más de 7.500 millones de euros saqueados
por la corrupción de empresarios y políticos sin escrúpulos,
mientras reducían los gastos sociales.
Hemos conocido el
Barómetro del CIS de Septiembre, por el
que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción y el
fraude (el primero sigue siendo el paro). El cuarto de los
problemas son los de índole económica. El 89,1% considera que la
situación política sigue siendo «mala» o «muy mala»; y el 64,7% de
los encuestados que la situación económica es «mala» o «muy mala»
y con pocas esperanzas de futuro (seguirá igual para el 40,2% y
peor para el 22,8%). Pese a todo, no se entiende que algunos
miembros del partido socialista pretendan que siga gobernando el
PP.
Algunas encuestas, tras la crisis en el
PSOE, muestran que la
celebración de terceras elecciones rompería el equilibrio de
fuerzas que existía hasta ahora y el PP saldría muy reforzado.
Esta situación se confirma en el
Barómetro de Octubre del Instituto DYM para El Confidencial,
que pronostica que el principal beneficiado de terceras elecciones
sería el PP y el más perjudicado el PSOE, que caería a la tercera
posición, siendo adelantado por Unidos Podemos, que quedaría como
líder de la oposición. También confirma que el 69,6% de los
encuestados cree que unas terceras elecciones no solucionará el
bloqueo político. Conclusión:
el PP, implicado en los dos grandes escándalos de corrupción,
no roza a Rajoy ni como testigo, y sería el partido más votado y
con mayor fidelidad de votantes.
Otras encuestas, como la de
JM&A para Público, nos dicen que en unas
terceras elecciones, ni el PP ganaría escaños ni tendría mejores
bazas para sacar adelante la investidura de Rajoy a la presidencia
del Gobierno. Todo por ver, después de las declaraciones de Rajoy,
asegurando que no pondrá condiciones al PSOE para que se abstenga
y el aviso de Fernández de que «en
ningún caso le va a dar estabilidad».
A lo
que vamos, el objetivo del sistema capitalista es ganar dinero con
lo que fabrica y vende cuanto más mejor. Cuando la capacidad de
producir crece más que la posibilidad de consumir, entra en juego
el sistema financiero, que concede créditos al consumo, provocando
el endeudamiento desproporcionado de familias y empresas. Cuando
los precios suben o se inflan, como fueron los de la vivienda, se
crea una «burbuja especulativa» y cuando la distancia entre la
capacidad de compra y capacidad de pago aumenta, el riesgo de
impago sobrepasa los límites y estalla la burbuja. Si a esto
sumamos, lo que se han llevado los corruptos gestores
empresariales y los políticos administradores públicos, las arcas
se vacían.
Estamos sufriendo las consecuencias de los
recortes y ajustes económicos que los gobiernos de turno han
ejecutado en los últimos años. Es la puesta en práctica de la
ideología neoliberal, «teoría
económica y políticas austericidas contra el pueblo llano».
Para Adam Smith, las relaciones económicas de forma equilibrada se
producen gracias a una «mano invisible», que, de forma espontánea,
coordina los mercados y sus intereses. Keynes defiende, que en
momentos de crisis, es necesaria la intervención del estado para
corregir los desequilibrios que el mercado origina, mediante
políticas fiscales y redistributivas. Para Marx, el capitalismo se
sustenta en la existencia de dos clases cuyos intereses son
antagónicos: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el
proletariado, dueño de su fuerza de trabajo. Burguesía y
proletariado enfrentados en una «lucha de clases», que sigue
vigente aunque no se diga.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ilustra en un
informe, que 2.000 millones de personas
no tienen contrato, carecen de derechos y de protección social,
perciben un salario injusto o sufren enfermedades y accidentes
laborales. También denuncia que 168 millones de niños están
atrapados en el trabajo infantil y 21 millones de personas son
explotadas en condiciones de trabajo forzoso. Dos tercios de los
trabajadores que hay en el mundo, carecen de contrato laboral y de
derechos, sufren discriminación, cobran salarios inferiores a sus
capacidades, no tienen protección social y están sobreexpuestos a
accidentes o enfermedades laborales. Datos que muestran las
escandalosas cifras de la barbarie capitalista.
Tras el
fracaso de los países comunistas, la «economía planificada», dejó
de ser alternativa al «capitalismo». Los defensores del «mercado»,
se hicieron más fuertes y el «pensamiento único» se implantó
globalmente para quedarse. ¡Qué el estado no intervenga! y piden
privatizaciones, inversión pública o rescate cuando se reducen las
ganancias. En este sistema económico, si alguien no compra, otro
no vende, no obtiene beneficios, por lo que no tiene sentido
seguir produciendo ni mantener asalariados. El objetivo es ganar
dinero a costa de lo que sea y es secundario lo que se venda: si
existe demanda (incluso prostitución, armas o drogas), si crea
beneficio y posibilidad de acumulación de riqueza, todo vale. El
capitalismo alcanza las mayores cuotas de creación de riqueza, a
costa de la injusticia social.
Hay
otro enfoque posible, en el que ni todo vale, ni todo consiste en
ganar dinero, en donde la producción adquiere una función social.
El modelo, basado en la competencia, combina: la libre iniciativa,
con progreso social, asegurado por la capacidad económica. Los
valores éticos en los cuales se fundamenta la economía social de
mercado, se centran en principios que guardan relación con la
dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad,
a fin de lograr un sistema económico equilibrado, al servicio de
la calidad de vida de los seres humanos. En la «economía social de
mercado», el Estado interviene, para garantizar la justicia
social.
La
Constitución española permite lo uno y lo contrario. Proclama la
voluntad de «Promover el progreso de la cultura y de la economía
para asegurar a todos una digna calidad de vida». Dice en su
articulado: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad». Reconoce el derecho y el deber de todos los
españoles «al trabajo,… y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia». España se
constituye en un «Estado social y democrático de Derecho» y
garantiza un orden económico y social justo. «Se reconoce la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado». Los
gobiernos han optado por la economía de mercado, alejándose del
Estado social.
En
estas estábamos cuando El 2 de septiembre de 2011 el Congreso
aprobó, a propuesta de Rodríguez Zapatero, con 316 votos a favor y
5 en contra, la primera reforma constitucional de calado, para
introducir de forma urgente en la Constitución el principio de
estabilidad financiera para limitar el déficit. La reforma salió
adelante con el desplante del resto de grupos: CiU y PNV presentes
en el hemiciclo y se ausentaron IU, ERC, NBG, ICV y Nafarroa Bai.
El PSOE justificó la reforma: «No hay peor sordo que el que no
quiere oír, le digo que las tensiones en los mercados han llegado
a un límite que pone en riesgo las políticas sociales. Esta es la
realidad», le espetó el portavoz socialista José Antonio Alonso a
Gaspar Llamazares.
Al
grito de «ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero», el Movimiento
15M protestó airadamente contra lo que llamaron mercadocracia,
que había suplantado a la democracia. En el extremo opuesto,
la canciller alemana Angela Merkel, defensora del principio de
estabilidad financiera en las constituciones europeas, felicitó al
presidente Zapatero. Lo hicieron también la OCDE, el presidente
Sarkozy, y la agencia de calificación Moody's. Por quienes
apoyaron la reforma, podemos conocer lo que se pretendía con la
famosa reforma del artículo 135. Izquierda Unida presentó una
enmienda la totalidad, al considerar muy grave, lo que calificó
como «golpe de los mercados a la Constitución», rechazando
frontalmente la reforma constitucional.
Las novedades introducidas en la
Constitución, consagraron el principio de estabilidad
presupuestaria, supeditando la política de deuda a las decisiones
europeas. Se da «Prioridad absoluta» en los presupuestos del
Estado en el pago de la deuda, cuyas condiciones no podrán ser
renegociadas, límites de deuda por ley, que sólo podrán
incumplirse en caso de «catástrofes naturales, recesión económica
o situaciones de emergencia».
La reforma de la Constitución, se hizo con agostidad sin
someterla a ningún debate público ni
plantear una consulta a la ciudadana sobre el cambio de la Carta
Magna. La norma consagra una cesión de soberanía a la UE y a los
mismos especuladores que amenazaban con hundir la economía
española. «Prioridad absoluta» para pagar a unos acreedores, que
exigían unos intereses altísimos por prestar el dinero. Primero la
deuda, después, todo lo demás (sanidad y educación incluidas).
El gobierno de Rajoy, que gestiona el Estado
al servicio de los intereses del capital, con la excusa de la
crisis, ha desmantela el «Estado social» y hasta el democrático de
Derecho con su rodillo, sus reformas y las dejaciones en la
administración de justicia. Con austeridad y sin inversión
pública, recortó gastos en prestaciones sociales, eliminó derechos
y servicios públicos esenciales y privatizó otros. El gobierno no
ha asumido su fracaso y
Rajoy, pese a lo que dice, ha consolido la miseria.
La crisis la hemos pagado los que siempre pagamos todo, en
beneficio de los poderosos.
Desde determinados ámbitos del PSOE, se
piensa en la abstención para que siga gobernando Rajoy y los
suyos, pese a la corrupción y sus políticas antisociales y
regresivas. Javier Fernández ha llegando a decir «abstenerse
no es apoyar al PP», pero si es
consentir. Espero que el partido socialista tenga en cuenta al
menos el
caso Gürtel, en el que se procesa a 37
personajes corruptos miembros o cercanos –incluso al propio PP de
Rajoy–, en el que se piden hasta 732 años de cárcel y millonarias
indemnizaciones.
No
puede permitirse que una «organización criminal», que ha saqueado
las arcas públicas, vuelva a gobernar.
