El bienestar está en peligro. Lo vengo diciendo desde hace unos años y todo sigue su camino. Hoy recuerdo la reflexión que hice en el desaparecido Diario Progresista, allá por el año 2013. Las políticas liberales reducen los gastos sociales y con ello el propio estado social, patrimonio de todos. Los más perjudicados, los que menos tenemos. Debemos demandar y proteger unos servicios públicos de calidad para todos, que respondan con eficacia a las necesidades de la gente. Y como el Sistema político actual lo impide, habrá que cambiarlo.

Hoy, la desigualdad retributiva se dispara según una región u otra. Un 55% en Extremadura y un 46,5% en Murcia doblando la media nacional. El sueldo medio cayó un 6,6% en 2015 en la Comunidad Valenciana, pese a ser la autonomía donde más creció el PIB. La brecha salarial entre los inmigrantes aumenta un 76% desde 2007 y triplica la que sufren los trabajadores nacionales. Extremadura, Canarias y Andalucía tienen los salarios más bajos de España, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, sobre evolución salarial en 2015. En España no sólo no se ha reducido la pobreza y la exclusión, sino que ha aumentado considerablemente. Entre los años 2011 y 2015, el indicador europeo AROPE, muestra un incremento de 1.062.084 nuevas personas pobres o en situación de exclusión.

Estos datos muestran la pérdida de bienestar, que podemos definirlo como todo aquello que permite que vivamos mejor, con la menor angustia posible ante las incertidumbres y más tranquilos de cara al futuro, que nos permita sobrellevar la existencia sufriendo las menores calamidades posibles. La vida, por si misma, es dura, más, para los que solo tenemos como patrimonio la fuerza de nuestro trabajo y algunos ya ni eso. La felicidad absoluta es difícil de conseguir, pero no tanto ponernos en su camino. Mientras llega el desenlace definitivo, sobrevivir, con dignidad, con la mejor calidad de vida posible, tiene que ser un objetivo irrenunciable. Una sociedad decente y justa debe propiciarlo.

Después de la crisis económica, nada volverá a ser como antes, por la destrucción que se ha hecho de lo público. Destrucción de empleos, creando nuevas formas de temporalidad y con salarios precarios. Han abandonado a su suerte a jóvenes y mujeres, sin atender debidamente a niños, enfermos, ancianos o inmigrantes. Los gobiernos que representan a la derecha ideológica, están derribando la estructura y la infraestructura del Estado, construyendo otro modelo, adaptado a sus particulares intereses, que representa a la minoría que ostenta el poder en detrimento de la mayoría trabajadora.

Cada día en España más gente vive en la pobreza, pese a tener un trabajo y un sueldo. La crisis y las políticas del Gobierno han propiciado que aumente el índice de la llamada «pobreza laboral», aquella en el que el sueldo no impide al empleado dejar de estar bajo el umbral de la pobreza. España es uno de los países europeos con mayor desigualdad económica y el peor de la Eurozona, según los últimos datos de Eurostat. Más pobreza y menos bienestar, nos llevan a mayor infelicidad y menos calidad de vida.

Juegan con nuestro hartazgo y nuestros temores. Las políticas de austeridad no dan resultado. Ni la economía en general, ni el mercado laboral en particular, muestran signos de mejora. Quienes provocaron la crisis –los poderosos-, y quienes la gestionan –sus sicarios en los gobierno–, siguen argumentando que para salir de la crisis, se requiere reducir salarios, reducir prestaciones sociales, más recortes en el gasto social y una minoración de los sistemas fiscales. Lo quieren todo y para ellos.

Las políticas del Gobierno han incrementado las desigualdades sociales. En España se produce una desigual distribución de la renta, con un sistema tributario injusto y regresivo. La situación no está afectando a todos por igual, ni todas las rentas contribuyen con la misma intensidad al sostenimiento del gasto público. Lo que siguen diciendo desde el Gobierno, al servicio del poder económico es: que se las arreglen como puedan; no vamos a pagar impuestos para que jubilados, enfermos y parados vivan del cuento ¡que se jodan!

La universalización de las prestaciones sociales, pensiones, sanidad y educación, son principios y derechos que caracterizan a un «estado social». Mientras cambiamos la actual Constitución, hay que cumplir con el mandato que hace a los poderes públicos, para que desarrollen políticas redistributivas activas, que garanticen, de forma real y efectiva, los principios de igualdad, justicia y participación. Para la derecha, la crisis es una buena excusa para eliminar los derechos de todos, y proteger los intereses de algunos. Parece que disfrutan con hacer daño a los que sufren miseria. Es su particular vendetta contra los humildes. Habrá que dar la vuelta a la tortilla.

Para conseguir los objetivos del capital, destruyen los servios públicos, eliminan los puestos de trabajo de los funcionarios, provocando el vacío. Alguien vendrá que ocupe el espacio, presuponen: alguna empresa, de algún amigo, quién previamente lo hubiera privatizado. Es imprescindible defender la gestión pública directa, como mejor formula para garantizar el acceso universal a los servicios públicos, favorecer la justicia social, la igualdad y la calidad de los servicios. El acceso y disfrute a estos servicios, debe ser igual para todos y en las mismas condiciones, ya sea en el ámbito rural, como el urbano, para inmigrantes y nacionales, pobres y, si quieren también para los ricos.

El Gobierno actúa en favor de los ricos y defraudadores y en perjuicio de los más débiles y trabajadores. Ahora están por la reforma del sistema de pensiones. Veremos que hacen desde el Pacto de Toledo y si se consigue el diálogo social. En lugar de facilitar el acceso a la prestación, lo endurecen mucho más, para quienes tienen una situación peor y con más dificultades para volver al mercado de trabajo.

Los principales datos del informe sobre El Estado de la Pobreza 2009-2015, muestran una situación vergonzante para España. La mitad de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza o exclusión. 13.334.573 personas viven en riesgo de pobreza y exclusión. 1.025.736 personas se encuentran en la peor situación económica y social posible, sin empleo, pobreza y privación material. La pobreza afecta a 10.383.238 de personas (22,1% de la población). Un total de 3.543.453 ciudadanos viven en pobreza severa. Unos 4.670.000 pensionistas, la mitad del total, están bajo el umbral de la pobreza. La tasa de privación material severa ha ascendido del 4,5% en 2009 al 6,4% en 2015, afectando a 2.993.365 personas. Los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas, avalan el desastre social. Los porcentajes más altos de riesgo de pobreza corresponden a las mujeres y hombres más jóvenes. Hemos llegado al extremo de que tener un trabajo o cobrar una pensión no garantiza no ser pobre o en riesgo de pobreza.

Así entre los que más cobran (un 10%) el salario se incrementó un 3,63%, mientras que en las retribuciones entre 1.300 y 1.900 euros retrocedió un 0,88%. Las remuneraciones por debajo de los 1.100 euros apenas repuntaron un 0,84%. «La clase media pierde salario pese a la recuperación». El 30% de los españoles gana menos de 1.215 euros al mes. Casi el 70% de los trabajadores jóvenes son a lo sumo mileuristas, como el 41% de las mujeres trabajadoras. Los trabajadores temporales cobran de media 1.314 euros frente a los 2.090 euros de los indefinidos, 776 euros menos que los fijos.

Como el gobierno hace todo lo contrario para solucionar las necesidades sociales, tenemos que ser los afectados, la ciudadanía organizada y en libertad -jóvenes y mayores, mujeres y hombres, trabajadores por cuenta ajena y autónomos, emprendedores y pequeños empresarios-, quienes actuemos, defendiendo un modelo social basado en la justicia social, la igualdad, la solidaridad, los valores democráticos y los derechos económicos, sociales, civiles y laborales, para todas las personas, que constituimos el pueblo llano; para nuestro mayor bienestar y ¡mañana es tarde!

No parece que la oposición mayoritaria, esté en condiciones de oponerse con ganas a los designios del Gobierno. Cuado la indecencia se hizo carne, habitó en el Gobierno del PP, que nos quita hasta el sueño; y el bienestar. Otra frase, esta de Emiliano Zapata: «Si no hay justicia (bienestar) para el pueblo que no haya paz para el gobierno»