Han
transcurridos cuarenta años desde que España abandonó el Sahara
Occidental, dejando al pueblo a su suerte y entregando el
territorio a Marruecos, tras la firma de los llamados Acuerdos de
Madrid. Para Naciones Unidas, sigue siendo un territorio pendiente
de descolonización. De entrada, muestro mi solidaridad con el
pueblo sometido, con su lucha y la digna de su resistencia.
Naciones Unidas había iniciado el proceso de descolonización,
interrumpido con la Declaración entre España, Marruecos y
Mauritania sobre el Sahara Occidental, firmada el 14 de noviembre
de 1975, que según el derecho internacional carecen de validez
legal y legitimidad democrática. Yacía moribundo Franco, cuando el
Jefe de Estado en funciones, Juan Carlos de Borbón, descolonizó el
Sahara, desoyendo el mandato internacional, que instaba a
organizar un referéndum de autodeterminación. España abandonó a la
población en la guerra y el exilio, después de haberse aprovechado
de los recursos naturales y utilizado los humanos.
Para
forzar la anexión del territorio saharaui a Marruecos, el rey
Hassan II, organizó una marcha «pacífica», inspirada por los
Estados Unidos, financiada con dinero saudí y con el favor de
Francia y la Liga Árabe. Franco se moría y Juan Carlos, jefe de
Estado en funciones, viajó a El Aium, para exponer al ejército de
África, que las presiones internacionales, obligaban a abandonar
el territorio. Ante la cercana entronación y por intereses reales,
la suerte del Sahara había sido decidida sin su consulta. Tras el
dictamen de la Corte de Justicia de la Haya, contraria a las tesis
marroquíes respecto al Sahara, Hassan II, anunció la organización
de la Marcha Verde. Un millón de marroquíes penetró en el Sahara
para exigir su incorporación a Marruecos. El Consejo de Ministros
español cedió a la presión marroquí y hasta hoy.
La
Declaración de Madrid consta de un acuerdo político y anexos
secretos, de índole económica, que estipulan la cesión a Marruecos
del 65% de la empresa fosfatos de Bucraa, que explotaba los ricos
yacimientos de la zona. A cambio España obtendría los derechos de
pesca para 800 barcos durante 20 años, acuerdo que Marruecos
incumplió. Políticamente, los acuerdos firmados por el presidente
Carlos Arias Navarro, fueron un regalo para la dinastía alauí y a
su proyecto del Gran Marruecos.
En
1960, la Asamblea General de la ONU, aprobó la Resolución 1514,
sobre la descolonización de las zonas que quedaban en el mundo. El
Comité encargado de aplicar la resolución, elaboró una lista de
territorios a descolonizar, entre los que estaba el Sahara
Español. En 1966, el Comité, solicitó a España la realización de
un referéndum para que la población del Sahara pudiera expresarse
libremente sobre su futuro político. El gobierno franquista aceptó
la solicitud, pero dio largas al asunto, ganando tiempo al proceso
de transformación de la colonia en una provincia española.
En 1976
en Bir Lehlu, capital del territorio liberado por el Frente
Polisario, se proclamó la Independencia de la República Árabe
Saharaui Democrática. Se hacía referencia a la Carta de Naciones
Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Resolución 1514. Reafirmaban su fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las Naciones
grandes y pequeñas a promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad e
independencia.
En
1989, la ONU diseñó un Plan de Paz, en el que se preveía la
celebración del referéndum de autodeterminación. Todavía hoy, la
intransigencia de Marruecos, la inoperancia de la ONU y el
silencio de España, han impedido cumplir el Plan. En 2002, el
Consejo de Seguridad, adoptó la resolución 1429, que para Mohamed
Abdelaziz, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática,
era «una victoria para el pueblo saharaui y la legalidad
internacional». Los miembros del Consejo consideraron que el
conflicto viene derivado de la invasión militar marroquí y que el
pueblo saharaui debe ejercer su derecho a la autodeterminación.
EEUU, Francia y Gran Bretaña, están a favor de la integración del
Sahara Occidental a Marruecos como autonomía. Los gobiernos
españoles han mantenido una postura de ambigüedad calculada,
frente a la solidaridad mostrada por la mayoría de la población
española.
El
Gobierno de Zapatero se comprometió a hacer todo lo necesario para
encontrar una solución, pero su acercamiento a Rabat, significó el
abandono de la línea de apoyo a la causa. El Partido Popular,
tradicionalmente no alineado, defiende la nula responsabilidad
española en el conflicto, con el vago deseo de que las partes
encuentren rápidas vías de solución. Ceuta y Melilla aparecen en
el tablero, cuando las autoridades marroquíes dejan claro, que un
cambio de la postura oficial española, provocaría la
reivindicación de ambas ciudades.
Resumiendo, el proceso de descolonización fue interrumpido
en 1976, cuando España traicionó a los saharauis y Marruecos
inició la ocupación. El territorio sigue ocupado casi en su
totalidad por Marruecos, que lo llama sus Provincias Meridionales.
La soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas
ni por ningún país del mundo y es rechazada por el Frente
Polisario, que proclamó su independencia en 1976 creando
la República Árabe Saharaui Democrática.
Desde
la firma del alto el fuego en 1991, Marruecos incentiva mudarse al
Sahara Occidental, con el fin de incrementar sus opciones ante el
posible referéndum, que después de 20 años no se ha celebrado.
150.000 saharauis viven bajo ocupación marroquí. Cientos de
activistas pro-saharauis han sido detenidos y torturados por las
autoridades de Marruecos. Unos 30.000 viven en la parte del Sahara
Occidental controlada por el Polisario y otros 120.00 en los
campos de refugiados construidos en el desierto de Argelia. Los
refugiados dependen de la ayuda humanitaria internacional que se
ha visto reducida por las crisis económicas.
España
por responsabilidad, debe asumir los planes de la Misión de las
Naciones Unidas para el Referéndum, además de la protección y
promoción de los derechos humanos para la población saharaui en
los territorios ocupados. Igualmente España debe trabajar para
que, en tanto se realice el referéndum de autodeterminación, la
exploración y explotación de los recursos naturales en el Sahara
Occidental se realice en concordancia con la legislación
internacional y de acuerdo con los intereses expresos del pueblo
saharaui, su dueño legítimo. El Estado Español debe trabajar en el
desmantelamiento y eliminación de los campos de minas instaladas
por Marrueco, como muro defensivo y que separa el territorio. Así
mismo debe comprometerse con el pronto reconocimiento de la
República Árabe Saharaui Democrática y del status diplomático del
Frente Polisario, como único y legítimo representante del Pueblo
Saharaui.
La
conferencia que se organiza anualmente en diferentes países de
Europa y esta vez en Barcelona, ha hecho un llamamiento a España
para que revise el Acuerdo Tripartito de Madrid y reconozca el
derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, aprovechando
su presidencia del Consejo de Seguridad en diciembre próximo. La
participación de la Corte de Justicia de la UE en la conferencia,
es una prueba de que Europa no reconoce la soberanía de Marruecos
sobre el territorio saharaui.
Después
de 40 años, es hora de que España asuma su condición de potencia
administradora y continúe con el proceso de descolonización; que
se supriman los asentamientos de colonos en los territorios
ocupados y que se trabaje para que se cumplan las resoluciones de
la ONU para que el pueblo saharaui pueda vivir en libertad en su
propio territorio.
Los
Acuerdos de Madrid carecen de legitimidad legal y legitimidad
democrática y son nulos de pleno derecho, en la medida en que los
firmantes no tenían soberanía sobre los territorios ni sobre el
pueblo y consagraron la apropiación por la fuerza del territorio
saharaui, por parte del ocupante marroquí.
