Se ha
celebrado el día de Catalunya. Coincidiendo con la fecha, conocemos que
cuatro de cada diez catalanes creen que Catalunya debería ser un estado
independiente. El independentismo se ha triplicado en los últimos diez
años. Nada es casual; cuanta más represión más ansias de libertad y en
este caso, cuanto más se hace contra el soberanismo desde las
instituciones del Estado, más ansias por ejercerlo.
Un día de fiesta y reivindicación y toma de
conciencia colectiva, que es como darse cuenta de las cosas tal cual
son. El reto de esta Diada ha sido el de descentralizar las
manifestaciones y unir cinco concentraciones con un hilo argumental
simbólico e ideológico, en este año en el que hay un Parlament
independentista, un elemento que determina el lema de la convocatoria «Nos
sentimos a punto para conseguir nuestro sueño, la República catalana».
Cinco ciudades y cinco lemas: Barcelona defendiendo la «República de las
libertades»; Tarragona ha sido la voluntad de una «República en red y de
progreso»; Lleida ha representado el «equilibrio territorial»; Salt, «la
República de la solidaridad y de la diversidad»; y Berga recogió el
testigo de Lleida como el bastión de «la República de la Cultura». Me he
sumado a todos y cada uno de ellos.
Es urgente el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a
decidir.
Si en julio de 2006 sólo un 14,9% de los catalanes
se declaraba independentista, en junio de este año lo hace un 41,6%,
según
el último barómetro de opinión del Centro de Estudios de Opinión (CEO)
de la Generalitat de Catalunya para La Sexta.
El punto de inflexión de esta escalada de independentismo se sitúa en
2012, coincidiendo con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa y el
primer aniversario en el Govern de Artur Mas. Es entonces cuando la
opción independentista superó a la vía federal y a la del actual modelo
de las autonomías.
Todo se remonta a cuando el rey Felipe sometió a
Catalunya y al reino de Aragón. Felipe V, el Animoso, primer monarca en
España de la casa francesa Borbón. La Guerra de Sucesión contra el
archiduque Carlos de Austria, emperador del Sacro Imperio
Romano-Germánico, supuso la perdida de posesiones en Europa, Gibraltar
entre otras. Con los Decretos de Nueva Planta, se derogaron fueros y
derechos territoriales catalanes, considerados derechos de conquista,
como castigo por su «rebelión».
La Diada conmemora la caída de Barcelona (11
septiembre 1714) en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de
Berwick, que dirigió la represión. Los resistentes «merecen ser
sometidos al máximo rigor según las leyes de la guerra, para que sirva
de ejemplo para todos mis otros súbditos», decían las órdenes del
Animoso. Franco hizo algo parecido en el mismo territorio.
El origen de
la causa catalana se remontaba al Pacto de Génova en 1705. El reino de
Gran Bretaña se comprometía a garantizar la conservación de las
Constituciones de Cataluña y todos los derechos de que gozaban los
catalanes, si se sumaba a la causa del archiduque Carlos, en su pugna
por el trono español. En 1710, solicitó de Felipe V que concediera una
amnistía general a los austracistas españoles y particularmente a los
catalanes, permitiéndoles conservar sus fueros. La respuesta fue
tajante: «Por esos canallas, esos sinvergüenzas, el rey no otorgará
jamás sus privilegios, pues no sería rey si lo hiciera, y esperamos que
la reina no nos los quiera exigir. Sabemos que la paz os es tan
necesaria como a nosotros y no la querréis romper por una bagatela». Ni
la democracia ni la decencia se conocían, de lo que algunos siguen
careciendo hoy.
Pese al
tiempo transcurrido, se sigue hablando de Felipe, Catalunya y el
soberanismo, y no se ha solucionado la razón primera. Hay intereses
mutuos que defender y las normas siguen sin dar una solución
satisfactoria a todas las partes. Todos son responsables, algunos más
que otros. La fuerza se ha utilizado más que la palabra y la violencia
más que la razón. La buena fe negociadora no ha estado presente y no se
la espera.
Más de 4.000
personas fueron detenidas y en su inmensa mayoría condenadas a muerte y
ejecutadas en público para escarmiento. Largas condenas en galeras o
deportación, junto con la correspondiente confiscación de bienes y
propiedades. En esta tarea represiva, como nos tiene acostumbrada la
historia, colaboró con entusiasmo el clero, encabezado por el vicario
general de Barcelona, que conminó a los barceloneses a que obedecieran a
Felipe V, bajo castigo de pecado. Cuando Barcelona capituló, no cambió
la voluntad real, como no se cambia hoy la del gobierno, que defiende el
inmovilismo de la Constitución, por encima de la voluntad popular,
cuando todos conocemos cómo hacen para cambian las leyes. ¿Recuerdan la
reforma del artículo 135?
La causa
catalana volvió a surgir en diversos momentos de la historia de Europa,
hasta la firma del Tratado de Viena en 1725, que puso fin
diplomáticamente a la Guerra de Sucesión. El emperador Carlos VI
renunció a sus derechos a la Corona de España y reconoció a Felipe V
como rey de España y de las Indias. Felipe reconoció al emperador la
soberanía sobre las posesiones de Italia y de los Países Bajos. En el
Tratado, el rey otorgaba la amnistía a los partidarios del Archiduque
Carlos, con el compromiso a devolverles los bienes confiscados durante
la guerra y la represión, pero se negó a restablecer las instituciones y
leyes propias de los Estados de la Corona de Aragón.
Años después,
en la historia cercana, el 14 de abril de 1931, con la proclamación de
la República, Francesc Macià proclamó la República Catalana dentro de
una federación de pueblos ibéricos, motivo de conflicto en los círculos
no nacionalistas. Todo quedó normalizado con la restauración de la
Generalidad, tras la aprobación de la Constitución de la República, que
reconocía la autonomía regional y se aprobó el Estatuto de Autonomía de
1932. El 20 de noviembre se celebraron elecciones al Parlamento de
Cataluña, que permitieron la construcción de instituciones propias
democráticas.
El franquismo
puso fin a todo. Como en el resto de España, se anularon las libertades,
los derechos, la democracia y se eliminaron las instituciones
republicanas. Con su insulto preferido «no hables como un perro, habla
el idioma de imperio», se persiguió la lengua y la cultura catalana. Los
vencidos fueron vencidos en todos los frentes. Rajoy y su partido
pretenden perpetuar esta forma totalitaria de hacer política.
Preguntar no
debería ofende ni responder tampoco. El Tribunal Constitucional, declaró
inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Consultas, que había
sido aprobada sin enmiendas y por abrumadora mayoría por el Parlament.
Declaró que la ley regulaba un referéndum, invadiendo una competencia
exclusiva del Estado. Jueces y magistrados de Catalunya, entendieron que
la negación del derecho a decidir sólo se puede entender y sostener por
un criterio estrictamente ideológico y político, puesto que el llamado
«principio democrático» impregna todo el ordenamiento jurídico
internacional y comunitario, y una de sus manifestaciones más
elementales es el derecho de los pueblos y naciones a decidir su futuro.
Consideraban «que este derecho a decidir se puede ejercer en el actual
marco constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva, no
sacramental, como corresponde a un Estado social y democrático de
Derecho. El Tribunal y el gobierno entienden que preguntar si ofende y
facilitarlo puede ser delito.
El Tribunal
Constitucional, el Gobierno y la Fiscalía General, advierten y amenazan
con utilizar el Código Penal. Se tomará Catalunya por las armas si es
preciso, declararán el Estado de Excepción si les conviene, suspenderán
la autonomía, meterán en la cárcel a Mas, Puigdemont, Junqueras, Tardà y
Forcadell por delito de sedición y quien sabe que harán contra los
miembros del Parlament, que representan a la soberanía. Todo lo tienen
previsto, menos dialogar para la resolución de los conflictos,
criminalizando al pueblo que pide democracia. Todo parece que va a ser
soledad, oscuridad y frío. Contra la ciudadanía y conociendo el percal,
no esperamos sino represión.
Demasiada
invocación a la Constitución sobre el soberanismo y poco para defender
derechos, libertades y servicios públicos esenciales. Yo soy más, de que
las aspiraciones de la clase obrera y los marginados, se defienden mejor
en el amplio marco internacional que en el estrecho nacional. La gente,
el pueblo, la ciudadanía, deben ser libre para decidir su futuro. El
poder económico oprime, indistintamente del color de la piel y del lugar
de nacimiento. «Sea cual fuere el país en que recale un obrero
consciente, fuese cual fuere el lugar a que lo empuje el destino, sea
cual fuere su sentimiento de ser un extranjero, privado de idioma y de
amigos, puede encontrar camaradas y amigos en la Internacional» (V. I.
Lenin). No soy nacionalista ni defiendo discursos nacionales; soy
internacionalista y estoy por el derecho a decidir.
Este año, la fiesta la ha roto el ministro en
funciones García Margallo, al asegurar que «de
una crisis se sale, un ataque terrorista se supera, pero la disolución
de España es absolutamente irreversible» y al
afirmar que una «Cataluña independiente supondrá aislamiento y pobreza».
Palabras
que han provocado la reacción de todos los partidos de Catalunya,
ha excepción del PP y Ciutadans. La alcaldesa Colau, ha pedido su
«dimisión inmediata», porque entiende que mezcla terrorismo y el derecho
a decidir, en un gesto que no es inocente ni casual». Oriol Junqueras,
considera que las declaraciones de Margallo ponen en evidencia que «las
estructuras de poder del Estado y los ministros han desconectado de las
necesidades, los derechos y los intereses de la inmensa mayoría de
Catalunya». Por último, Miquel Iceta, considera como «muy
desafortunadas», porque, «cuando se habla de Catalunya y España, hay que
evitar equiparar situaciones que no tienen nada que ver». Demasiado
prudentes son las críticas vertidas, cuando son absolutamente
inadmisibles y provocadoras. Luego se quejan de que
los partidos independentistas esperan estar ante la última Diada antes
de la ruptura con España.
Negando el
derecho a decidir sobre el modelo territorial, se niega el derecho a
decidir sobre el modelo político, social y económico, algo que
inevitablemente la historia resolverá. Soy internacionalista y no
defiendo fronteras ni territorios, defiendo a la gente obrera, a la
clase trabajadora a la que pertenezco y a la ciudadanía soberana.
Defiendo el
derecho a decidir de los pueblos y sobre la cuestión catalán también.
Hay políticos, intelectuales y voceros, que pretenden demostrar que es
más democrático no votar que votar, cosa que no se entiende, salvo
porque no sean demócratas. También yo quiero ejercer mi derecho a
decidir y avanzar hacia la República federal.
