Se han
cumplido tres meses desde la celebración de las elecciones generales del
20D. Parece que ha transcurrido un año. La ciudadanía eligió la
diversidad, castigando a los partidos tradicionales, que en cuarenta
años, han conformado el bipartidismo político. También la ciudadanía
prefirió la complejidad para tejer acuerdos que permitan la formación de
un gobierno. Los partidos, los tradicionales y los emergentes, no están
siendo capaces de llegar a acuerdos, todo parece muy complejo y simples
las voluntades. Pese a que se invoca el interés general, no parece que
sea éste el que prima, sino el particular.
Todo está bloqueado y el camino hacia la convocatoria de nuevas
elecciones, va quedando expedito. Aunque pudiera ser que, como en
Catalunya, a última hora, se descorra el velo y se llegue al pacto, tan
deseado como necesario. Ahora no tenemos candidato y hay que volver al
punto de partida. Dos posibilidades tenemos ante nosotros (Artículo
99. Constitución española):
1.- Qué
algún político recabe los apoyos necesarios para ser investido y el Rey
le proponga como candidato. Se convocaría nueva sesión de investidura.
El nuevo candidato, podría ser elegido por mayoría absoluta en primera
votación o por mayoría simple en segunda, como ya hemos conocido. Si la
votación es afirmativa, el presidente del Congreso se lo notifica al Rey
y se promulgaría el decreto de nombramiento.
2. Qué
ningún candidato consiga el respaldo en el plazo de dos meses (contados
a partir del pasado 2 de marzo). Si el día 3 de mayo, nadie consigue ser
investido, el rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones.
Como entre la disolución de las Cortes y la celebración de las nuevas
elecciones, han de pasar 54 días, votaremos, si nadie lo remedia, el 26
de junio.
La
situación sigue bloqueada y todos los partidos se culpan de ello.
El PP mantienen su propuesta inicial de formar un gran pacto de gobierno
estable de mayoría con el PSOE y si quiere también Ciudadanos. Por su
parte el PSOE mantiene la necesidad de desalojar a los populares del
gobierno. Nada se ha avanzado, salvo el acuerdo entre el PSOE y
Ciudadanos, que ha resultado ser como
el pac(r)to de los montes, que como en la
fábula, tras dos meses negociando, a cuatro, a tres o a dos bandas,
propagándolo como de cambio, progresista y de izquierdas, «rugiendo»
como «el monte» dio a luz un acuerdo que ha resultado ser un ratón azul,
que ya pocos defienden.
Pedro Sánchez busca el apoyo o la abstención de Podemos, incluso puede
ofrecerle una negociación bilateral sin Ciudadanos,
aunque para avanzar sobre lo acordado. Todos
piden celeridad, pero los hechos niegan sus dichos. Los socialistas, que
han mantenido reuniones con poco éxito con el PNV e IU, han insistido en
que es preciso retomar el diálogo con Podemos para intentar conseguir un
acuerdo y evitar nuevas elecciones generales. Parece que quieren evitar
nuevas elecciones, pero pocos lo creen. El 71,1% de los ciudadanos creen
más probable que se celebren nuevas Elecciones Generales, según un
último sondeo de
Simple Lógica. Algo más de la mitad (52,8%)
prefieren que se forme un Gobierno mediante un pacto entre distintas
formaciones políticas
Nada
está siendo fácil ni parece que vuelva a serlo. Difícil parece el
entendimiento con Podemos. Mucho más tras la destitución de su
secretario de Organización, persona de la máxima confianza de Íñigo
Errejón y el nombramiento de Pablo Echenique. Además el sector
Anticapitalista de Podemos, reforzado en esta crisis, rechaza el acuerdo
con el PSOE, prefiriendo formar un gobierno de coalición entre el PSOE,
Podemos, Izquierda Unida y Compromís que llegue al poder con la
abstención de Democràcia i Llibertat y Esquerra Republicana de
Catalunya, es decir un pacto por la izquierda.
La situación cada día se complica más y Rajoy no facilita las cosas,
sino que ha provocado un conflicto entre el Gobierno y el Congreso de
los Diputados, al negarse a comparecer. «Ni
Rajoy ni su equipo se someterán al control de la Cámara»,
dice el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, como así hizo
el ministro de Defensa que dejó plantada a la Comisión. El PSOE, Podemos
y Ciudadanos ven inevitable acudir al Constitucional para que aclare, si
un Gobierno en funciones, debe someterse al control parlamentario. Es de
sentido común, que si un gobierno ha de estar controlado y rendir
cuentas de su gestión, es precisamente el que está en funciones. Por
esta razón, el Gobierno en funciones del PP, al declararse en rebeldía,
está dando un golpe de mano contra la democracia y contra el pueblo. «Rajoy
se comporta como un dictador temporal», al no
someterse a la soberanía representada en las Cortes.
No
parece que sean los intereses generales los que se están defendiendo.
Pedro Sánchez con la mirada puesta en el Congreso Federal de mayo y la
presentación de Susana Díaz como candidata para disputarle la secretaría
general, que se hará efectiva, si Sánchez vuelve a fracasar en su
intento de ser presidente. Mariano Rajoy presionado por quienes se han
artado de tanta corrupción, piden el cese de Rita Barbera como Senadora,
incluso voces apagadas su propia dimisión. Por su parte Pablo Iglesias
cuestionado por el caso de Madrid y la opinión de Ada Colau, criticando
la «arrogancia» en la forma de actuar del líder. Alberto Garzón en
Izquierda Unida, no lo está teniendo más fácil. Dirigentes críticos con
su política, cercanos a Cayo Lara, preparan una lista alternativa para
liderar la organización, Y en este barullo, Ciudadanos, con sus al menos
59 cargos que han dejado el partido, por dimisiones o expulsiones, como
el caso de la diputada en la Asamblea de Madrid, Eva Bórox, implicada en
«la Púnica».
Tres
meses han transcurrido, sin que se haya visto una auténtica voluntad
para formar gobierno. Con insultos y descalificaciones, difícil ponen la
negociación. Postureo es lo que hacen. Ningún político ha asumido
la responsabilidad de lo que ocurre, pocos han tendido la mano
sinceramente y todos culpan al contrario de marcar «líneas rojas» –otra
nueva expresión– que hacen imposible un acuerdo. Entre unos y otros
están consiguiendo que la ciudadanía quede harta de tanta palabrería,
que pese a lo que dicen, carece de compromiso, cargados de intereses
personales y partidistas.
Es casi
seguro que acudamos el 26 de junio de nuevo a las urnas. Los partidos
políticos deben asumir su responsabilidad ante el gravísimo
incumplimiento del mandato electoral ciudadano. Frente al despropósito
en la negociación, es urgente que se pongan en marcha medidas para
recuperar los derechos sociales y económicos eliminados o restringidos
durante el Gobierno de Rajoy; que se aprueben disposiciones contra la
corrupción, por la regeneración democrática y un plan de emergencia
social a favor de quienes sufren más las consecuencias de estas
políticas antisociales, cuando no reaccionarias.
Me sumo a la propuesta
de presentar una Iniciativa Legislativa Popular
(promovida por Emilio A. Díaz Berenguer e Ignacio Trillo Huertas) para
reformar la Ley Electoral, que haga recaer sobre los partidos, diputados
y senadores elegidos en las últimas elecciones la responsabilidad
política, fruto de su incapacidad para formar un gobierno. De manera que
si cumplido el plazo fijado en la Constitución se convocan nuevos
comicios, se consideren inhabilitados, cada uno de dichos
parlamentarios, para volver a formar parte de las candidaturas de
cualquier lista electoral en las dos próximas legislaturas.
En esta
línea, los grupos parlamentarios deberán asumir la responsabilidad
económica derivada de su incapacidad política manifiesta e ingresar en
las arcas públicas, en función del porcentaje de votos obtenidos el 20D,
los gastos generados por el Estado para la puesta en marcha y
realización de la campaña electoral. Estos fondos tendrían como
finalidad la financiación de las nuevas elecciones los gastos iníciales
de la nueva legislatura.
Es necesario que se conforme un gobierno de progreso, con un programa de
compromisos concretos (Alternativa
Socialista). Es necesaria la conformación de
un nuevo gobierno que tome medidas urgentes ante la renovada
resurrección de la crisis. Para AS, desde el socialismo democrático,
exigen que es urgente que se comiencen a resolver los problemas de las
personas, de las clases trabajadoras y del pueblo trabajador que sufren
todos los males.
La
falta de capacidades o la mala voluntad deben reconocerse y que cada
político y formación asuma sus errores, negligencias y
responsabilidades. No puede, no debe haber nuevas elecciones. No es
seguro que la repetición facilite la gobernabilidad. Según los últimos
sondeos, los resultados entre el 20D y el 26J en el conjunto no
variarían demasiado y las posiciones de los partidos seguirían poniendo
difícil a formación de un gobierno. Los plazos y el procedimiento de la
investidura, dejarían prácticamente un año en blanco, vacío en la toma
de decisiones urgentes necesarias para el común bien social.
Hay que
formar un gobierno de cambio, progresista y por la izquierda. Hay
elementos para ello.
