El primer
Consejo de
Ministros
celebrado
el 1 de
septiembre,
ha dado el
pistoletazo
de salida
al curso
político.
Tenemos
por
delante
temas, que
por
esperados,
no dejan
de
presentar
incógnitas
y
soluciones
desconcertantes.
El desafío
catalán,
la
corrupción
y el
yihadismo
marcarán
los
tiempos
políticos
y
judiciales.
Decíamos
que
comienza
el
espectáculo,
cuando
deberíamos
decir el
espectáculo
continúa,
porque
este
verano los
actores no
han dejado
de
representar
sus
papeles.
Con lo que
hemos
visto,
podemos
hacernos
una idea
sobre lo
que nos
espera.
Lamentablemente,
agosto,
nos dejó
un
atentado
terrorista,
que sesgó
la vida de
16
personas y
más de 150
resultaron
heridas;
además
seis
terroristas
fueron
abatidos
por los
Mossos.
Dolor
humano y
lamentos
políticos.
El
espectáculo
lo están
dando
ahora,
tanto del
Gobierno
del Estado
español,
como del
Govern de
Catalunya.
Están
instrumentalizando
políticamente
los
atentados.
Si éstos
son
acciones
de guerra
yihadista
contra la
población,
la guerra
sucia que
se juega
entre los
políticos,
es pura
utilización
del dolor
y contra
la
democracia,
que tendrá
consecuencias.
El
Sindicato
de Mossos
d’Esquadra
ha emitido
un
comunicado
en el que
lamenta la
controversia
generada
por la
información
de El
Periódico
en la que
se apunta
a un
supuesto
aviso de
la CIA a
los Mossos
y a la
inteligencia
española
sobre un
eventual
atentado
terrorista
en la
Rambla de
Barcelona.
El
comunicado
considera
ruin el
debate y
la
intención
que se
pretende
extender
bajo la
conclusión
de que
«los
Mossos lo
sabían y
mintieron».
El
portavoz
del Govern
Jordi
Turull, ha
manifestado
que «Si
alguien lo
que quiere
insinuar
es que el
atentado
se podría
haber
evitado,
que tenga
el coraje
de decirlo».
Asegurado
que «la
absoluta
mayoría»
de los
ciudadanos
catalanes
están
perplejos
ante «la
campaña de
intento de
desprestigio»
hacia los
Mossos
d’Esquadra,
tras su
actuación
después
los
atentados.
El
Periódico
dice ahora
que
la Guardia
Civil
descartó
en 5
cortos
párrafos
el vínculo
de Es
Satty con
el
yihadismo.
Lo que se
sabe del
aviso de
EEUU sobre
un posible
atentado
en la
Rambla,
es que
tras negar
la
existencia
de una
alerta de
la CIA, la
Generalitat
reconoció
que
recibió un
aviso, sin
concretar
su origen,
que fue
considerado
de «baja
fiabilidad»
junto al
Gobierno
español.
El último
documento
publicado,
que se
refiere a
información
sin
concretar
de
veracidad
desconocida,
fue
enviado el
21 de
agosto al
CITCO del
Ministerio
del
Interior.
En su
comparecencia,
el
portavoz
del
Gobierno
no ha
querido
entrar en
la
polémica:
«No es
aconsejable
mantener
debates
públicos
sobre
operativa
policial».
Sobre
responsabilidades,
ha sido
claro:
«Los
únicos
culpables
de los
atentados
son los
terroristas».
Da la
impresión,
que del
primer
documento
publicado
«recreado»,
se ha
pasado a
publicar
otro que
parece
falso.
Recordemos,
que el
órgano que
tendría
que decir
si había
que avisar
a otras
fuerzas de
seguridad
es el CNI
que
depende de
la
vicepresidenta
Soraya
Sáenz de
Santamaría.
Si lo del
Iman de
Ripoll
olía a
confidente,
lo del
CITCO
huele a
cloacas
del
Estado. El
diario
digital
Público ha
estudiado
el tema y
recurrido
a diversas
fuentes
policiales
y de los
servicios
secretos y
hasta
nueve
interrogantes,
que nadie
responde,
plantea
sobre la
alerta de
atentado a
los Mossos:
¿Qué hay
de cierto
en esa
alerta?
¿Realmente
habría
podido
servir
para
evitar la
masacre?
¿Cuáles
son los
fallos
previos
que se
cometieron
a nivel
policial y
político?
¿Cuál es
el papel
del CNI?
El
presidente
Rajoy, se
ha
referido a
los
atentados
en
numerosas
ocasiones
en sus
intervenciones
públicas,
pero no se
ha
sometido a
una rueda
de prensa
–salvo la
que dio
con
Puigdemont
sobre los
primeros
pasos de
la
investigación–,
para dar
respuesta
a todas
estas
incógnitas
sobre el
atentado
más grave
que ha
padecido
España
desde el
11-M.
El curso
empezó con
la
comparecencia
forzada
por la
oposición
de Mariano
Rajoy en
el Pleno
del
Congreso
de los
Diputados,
para dar
cuentas de
la
corrupción
del PP, en
concreto
del caso
«Gürtel».
Mariano
Rajoy,
haciendo
gala de su
personalidad,
tomó el
pelo a sus
Señorías y
de paso al
pueblo
español y
como
es más
chulo que
un ocho,
abandonó
el
hemiciclo
y se fumó
un puro.
Rajoy
dejó sin
responder
las seis
preguntas
que le
formuló
Pablo
Iglesias,
sobre la
corrupción
que afecta
al PP y su
implicación
en la
Gürtel:
«¿Por qué
mandó
usted
aquel SMS
a Luis
Bárcenas?
¿Reconoce
los pagos
en B? ¿En
qué
momento se
enteró de
la
financiación?
¿Considera
buenos
colaboradores
a Mato,
Rato,
Aguirre o
Soria?
Cuando
dice que
no sabía
nada,
¿piensa de
corazón
que los
ciudadanos
le
creen?».
Unidos
Podemos
seguirá
trabajando
para
«echarle
del
Gobierno»
y para que
el PP
devuelva
todo el
dinero
robado,
aseguró
Pablo
Iglesias.
La
corrupción
tiene
cercado al
PP y a su
Presidente.
Irene
Montero
tuvo
ocasión de
leer,
durante su
intervención
en el
debate de
la moción
de censura
en junio,
una larga
lista de
casos de
corrupción
(más de
60) que
implican
al PP,
algunos ya
sentenciados,
con
condenas o
absoluciones.
Los
grandes
casos de
corrupción
que
investiga
la
Audiencia
Nacional
copan su
agenda.
Los jueces
retoman la
causas
pendientes
destapadas
este año
como la
operación
Lezo y los
de
siempre.
La trama
Gürtel,
caso
Púnica,
Acuamed,
Funeraria,
Mercamadrid,
en el que
está
imputada
la
delegada
del
Gobierno
Concepción
Dancausa;
Pokémon,
Caso
Taula, por
la
financiación
ilegal del
grupo del
PP
en el
Ayuntamiento
de
Valencia y
el Caso
Auditorio,
donde el
expresidente
de Murcia,
Pedro
Antonio
Sánchez
está
imputado
por
prevaricación,
fraude,
falsedad
documental
y
malversación;
y otros
más de
cincuenta
casos que
seguirán
instruyéndose,
bajo la
dirección
del
titular
del
Juzgado
Central de
Instrucción
número 6.
Mariano
Rajoy
se burló
del
Congreso
en su
comparecencia
en el
Pleno
sobre
corrupción.
No dedicó
ni un
minuto a
explicar
su
relación
con
Gürtel, ni
mencionó
al
tesorero
Luis
Bárcenas,
abroncando
al
Congreso
por su
«celo
inquisitorial»
contra el
PP;
afirmando
que no
tiene
ninguna
obligación
de asumir
«responsabilidades
políticas»
porque el
Congreso
le ha
otorgado
su
confianza
tanto en
la
investidura
como en la
moción que
superó
hace unos
meses.
Margarita
Robles sí
entró de
lleno
sobre la
presunta
financiación
ilegal del
partido en
el
Gobierno.
Pidió a
Rajoy que
asuma su
responsabilidad
política
parafraseando
a Pedro
Sánchez:
«Señor
Rajoy,
dimita
usted por
dignidad».
Robles, no
dudó en
acusar a
Rajoy de
ser «un
presidente
bajo
sospecha»
que ha
estado en
connivencia
con la
corrupción,
acusándole
de
esconderse
y
atrincherarse
en la
lucha
contra el
terrorismo
y el
problema
de
Cataluña
para no
hablar de
los casos
de
corrupción
que
afectan al
PP.
Y Rajoy
sacó su
lado de
político
indecente,
mencionando
el caso
Lasa y
Zabala.
Recordó a
la
portavoz
socialista
su
declaración
como
testigo en
el juicio,
cuando era
secretaria
de Estado
de
Interior.
Robles ha
declarado:
«Somos
muy
diferentes;
él hizo
todo lo
posible
por tapar
la
corrupción
y yo por
juzgar a
los
criminales».
El
ministro y
portavoz
del
Gobierno,
Íñigo
Méndez de
Vigo,
asegura
que el 1
de octubre
«no habrá
referéndum
de
secesión».
El
Gobierno
tiene
previstos
«todos los
escenarios
posibles y
cuenta con
los
instrumentos
necesarios»
para hacer
frente al
desafío
soberanista.
El
diputado
de ERC
Joan Tardà
declaró en
el
Congreso,
que el día
1 de
octubre
Cataluña
optará por
«la
valentía
democrática»
y al
Gobierno «sólo
les queda
la fuerza
bruta y
corrupta»
para
imponer el
poder. El
ministro
portavoz
se ha
referido a
la
presentación
del
anuncio de
ley de
Transitoriedad
Jurídica
por parte
de PDeCAT,
ERC y CUP
y ha
reiterado
que se
trata de
un texto
que no
respeta
las más
elementales
garantías
democráticas,
y que es
un nuevo
intento
dirigido
«a
vulnerar
el
principio
de
legalidad».
Pronto
vamos a
conocer lo
daños que
provocará
el seguro
choque de
trenes.
El
Gobierno,
a través
de la
Abogacía
del Estado
y la
Fiscalía
General,
pondrá en
marcha
toda su
artillería
legal para
frenar el
referéndum
que la
Generalitat
de
Cataluña
pretende
celebrar.
Una vez
que el
Parlament
apruebe la
Ley de
Transitoriedad
jurídica y
fundacional
de la
República,
el fiscal
general
del
Estado,
presentará
por la vía
penal una
querella
contra los
impulsores
de la
misma.
Simultáneamente,
la
Abogacía
del
Estado,
impugnará
la citada
Ley ante
el
Tribunal
Constitucional,
que la
anulará
cautelarmente.
Y aquí la
gran
incógnita:
¿acatará
el
President
Carles
Puigdemont
y los
miembros
del Govern
el mandato
del Alto
Tribunal?
Por otra
parte, el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Cataluña
continuará
tramitando
la
querella
por
delitos de
prevaricación
y
desobediencia
contra la
presidenta
del
Parlament,
Carme
Forcadell,
por
permitir
votar una
resolución
a favor
del
referéndum.
Mientras
que
Puigdemont
denuncia
que hay en
marcha una
«operación
provocación»
para
crispar
antes del
1-O, Rajoy
advierte
al «puñado
de gente
instalada
en el
extremismo:
Nadie va a
liquidar
la
democracia».
Rajoy
asegura
que
el
Gobierno
responderá
al desafío
independentista
«con toda
la
legitimidad
y con toda
la fuerza
de la ley,
sin entrar
en
enfrentamiento
estéril,
que es lo
que
pretenden
los
extremistas
y
radicales».
Enfrente,
Jordi
Turull,
que dice
que la
gestión de
los
tiempos y
los
anuncios
sobre el
referéndum
los
manejan
ellos, «con
el gran
objetivo y
determinación
de
garantizar
que el 1
de octubre
se vote, y
se a votar».
Pese a la
firmeza de
sus
palabras,
Rajoy
arranca el
curso como
lo
terminó:
bajo
sospecha y
sin
apoyos. La
oposición
le ha
presentado
cuatro
reprobaciones
a sus
ministros
y una
moción de
censura.
El 26 de
julio,
Rajoy,
tuvo el
dudoso
honor al
erigirse
como
el primer
presidente
del
Gobierno
de España
en activo
que tuvo
que
declarar
en sede
judicial
(aunque
fuera en
calidad de
testigo).
Todo
parece que
Rajoy
mintió en
la
Audiencia
Nacional,
donde
estaba
obligado a
decir
verdad, y,
como era
de
esperar,
también ha
mentido en
sede
parlamentaria.
Nadie se
fía ya del
Presidente
del
Gobierno.
Alguna
fuerza
política
debería
querellarse
con él por
perjurio.
Cortinas
de humo,
confusión,
filtraciones
y
supuestos
documentos
que pueden
ser
falsos, y
Rajoy
ni se
despeina.
Entre
todas y
todos,
utilizando
cuantos
instrumentos
posibles
sean
necesarios,
tenemos
que
desalojar
a Rajoy de
la
Moncloa,
antes de
que sea
demasiado
tarde.
