Esta
semana ha
estado
cargadita
de
noticias
con un
denominador
común:
Catalunya
y el
derecho a
decidir.
Demasiada
invocación
a la
Constitución
sobre el
soberanismo
y poco en
defensa de
derechos y
libertades
recogidos
en la
Carta
Magna y
que el
Gobierno
incumple.
Esto si es
una
vergüenza
democrática;
como el
rescate
bancario
que lo
vamos a
pagar
entre
todos,
pese a
tanta
declaración
de que
correría a
costa de
los
banqueros.
También yo
quiero
ejercer mi
derecho a
decidir y
avanzar
hacia la
República
federal.
Preguntar
no debería
ofender ni
responder
tampoco.
Negando el
derecho a
decidir
sobre el
modelo
territorial,
se niega
el derecho
a decidir
sobre el
modelo
político,
social y
económico.
El
Tribunal
Constitucional,
la
Fiscalía
General,
el
Gobierno y
los
partidos
que le
apoyan,
entienden
que
preguntar
si ofende
y
facilitar
el
ejercicio
de la
palabra un
delito. La
gente, el
pueblo, la
ciudadanía,
deben ser
libre para
decidir su
futuro.
Soy
internacionalista
y no
defiendo
fronteras
ni
territorios,
defiendo a
la gente
obrera, a
la clase
trabajadora
a la que
pertenezco
y a la
ciudadanía
soberana.
Se ha
puesto de
moda el
término de
partidos
«constitucionalistas»,
al
referirse
a los
grupos
políticos
contrarios
al
soberanismo.
Yo
pretendo
que la
Constitución
se cambie
por otra
acorde con
los
tiempos y
las
aspiraciones
del
pueblo.
Defiendo
el Estado
social y
democrático
y que los
derechos
fundamentales
que recoge
se hagan
cumplir.
También
que los
derechos
sociales −De
los
principios
rectores
de la
política
social y
económica−,
tengan las
mismas
garantías
que los
fundamentales
y las
libertades
públicas.
Que las
libertades
no se vean
sometidas
a cargas
ideológicas
reaccionarias
como la
«ley
mordaza»,
que limita
y
coacciona
la
libertad
de
expresión
y el
ejercicio
de la
protesta
legítima.
Lo que
ocurre es
una
vergüenza
democrática
y que la
vicepresidenta
Sáenz de
Santamaría
no se ha
referido a
ello
y debería
hacerlo
por
dignidad y
decencia
política.
Rajoy dice
que no
tolerará
que los
catalanes
incumplan
la ley;
incumplir
la ley es
financiar
su partido
ilegalmente,
incumplir
la
Constitución,
la Ley de
Dependencia
o la de
Memoria
Histórica.
El
Tribunal
de Cuentas
reclama al
expresidente
de la
Generalitat
Artur Mas
y otros
diez altos
cargos que
asuman el
gasto de
dinero
público
que
autorizaron
en 2014
para la
consulta
del 9-N, y
que la
Fiscalía
cifró en
5,1
millones
de euros.
Han sido
citados
para fijar
la
liquidación
provisional
y
determinar
las
cantidades
sobre las
que debe
responder
cada uno
de ellos,
y de no
hacerlo el
embargo de
sus
bienes.
Todo
parece que
alguien se
ha saltado
el Estado
de derecho
y dar un
salto
cualitativo
en su
estrategia
desesperada
de
fomentar
el miedo
para
impedir el
1-O.
Enlazando
con lo
anterior:
el Banco
de España
ha
publicado
en el
último
balance,
el coste
de la
crisis
financiera.
Un total
de 14
entidades
financieras
recibieron
54.353
millones
de euros
para su
rescate o
recapitalización,
de los que
se han
recuperado
3.873
millones.
De otras
operaciones,
el
supervisor
prevé
recuperar
otros
10.402
millones.
Resumiendo:
se van a
recuperar
14.275
millones,
lo que
supone una
pérdida
para el
Estado de
40.078
millones
de euros y
82.000
empleos.
El
gobierno,
a
sabiendas,
mintió al
pueblo al
negar que
hubiera
rescate.
¿Actuará
el
Tribunal
de Cuentas
con tanta
diligencia
como con
los gastos
del 9-N?
El fiscal
general
del
Estado,
garantizó
que el
ministerio
público
actuará de
forma
«serena y
siempre
sometida a
la norma»
pero tan
«firme y
enérgica»
como
requiera
la defensa
de las
instituciones
del Estado
«patria
común e
indivisible
de todos
los
españoles».
En un acto
solemne de
apertura
del año
judicial y
ante
Felipe de
Borbón,
aseguró
que todas
las
fiscalías
actuarán
con
celeridad
para
preservar
el orden
constitucional,
porque «no
caben
vacilaciones»
frente a
«la
sinrazón
de quienes
se sitúan
al margen
de la
ley». Maza
no se
acuerda de
su amigo
el fiscal
Moix, «el
jefe más
nefasto
que nunca
antes ha
tenido la
Fiscalía
Anticorrupción»,
que
dimitió,
pese al
apoyo del
Fiscal
General,
en aquella
rueda de
prensa
cargada de
falsedades.
El
presidente
de la
Generalitat
y los
miembros
del Govern
firmaron
el decreto
de
convocatoria
del
referéndum.
La ley del
referéndum
fue
aprobada
con los 72
votos de
Junts pel
Sí y la
CUP.
Los 11
diputados
de
Catalunya
Sí Que es
Pot se
abstuvieron,
mientras
que los de
C's, PSC y
PPC
abandonaron
el
hemiciclo
para no
dar
cobertura
a una
«ilegalidad».
En ese
mismo
instante,
Mariano
Rajoy,
firmó la
orden para
que se
interponga
un
incidente
de
ejecución
de
sentencia
ante el
Tribunal
Constitucional,
en el que
pide la
anulación
de los
acuerdos y
se exijan
responsabilidades
penales a
la
presidenta
y a los
miembros
del órgano
rector que
votaron a
favor de
la
admisión a
trámite de
la ley. El
Constitucional
(¿separación
de
poderes?),
admitió a
trámite
los
recursos
presentados,
lo que se
traduce en
la
suspensión
cautelar
de la
vigencia.
En la
resolución
del Alto
Tribunal,
reunido
con
carácter
de
urgencia,
apercibe a
más de un
millar de
cargos
públicos,
de su
deber de
«impedir o
paralizar
cualquier
iniciativa
que
suponga
ignorar o
eludir la
suspensión
acordada».
El
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Catalunya,
ha
admitido
la
querella
de la
Fiscalía
contra el
president
Puigdemont,
el
vicepresident
Oriol
Junqueras;
y los doce
consellers
por los
delitos de
desobediencia,
prevaricación
y
malversación
de fondos
públicos,
castigado
con penas
de
prisión,
por la
firma del
decreto
del
referéndum.
El fiscal
les acusa
no solo de
infringir
la ley,
sino de
impulsar
«una
derogación
abierta y
deliberada»
del
ordenamiento
constitucional.
El
presidente
del
Gobierno,
Mariano
Rajoy,
queriendo
mostrar la
dignidad
que no
tiene,
rodeado de
los
miembros
del
consejo de
ministros,
aseguró
que no
renunciará
«a nada»
para
impedir
que los
independentistas
catalanes
«liquiden
de un
plumazo»
el modelo
de
convivencia
democrático
marcado
por la
Constitución
y las
leyes.
«Nadie va
a vacilar
a la hora
de cumplir
con su
deber; la
democracia
responderá,
lo hará
con
firmeza,
con
aplomo,
con
serenidad
y con
dignidad».
Coincido
con Carlos
Elordi en
que
Rajoy no
vale para
hacer
frente a
esto;
porque no
ha
negociado;
por
intereses
electorales
y por sus
propios
principios
al
respecto
que mamó
desde niño
en el
franquismo.
Pese a
todo, la
consulta
se
celebrará
y quedará
al
descubierto
que la
voluntad
de un
pueblo,
vale más
que las
amenazas
del poder
total.
Como no
era
suficiente
con haber
aprobado
la Ley de
Referéndum,
el
Parlament
aprobó la
Ley de
Transitoriedad
Jurídica y
Fundacional
de la
República,
que prevé
convertir
a Cataluña
en una
república
independiente.
La norma
salió
adelante
con los
votos de
Junts pel
Sí y la
CUP, con
el rechazo
de
Catalunya
Sí Que es
Pot.
Ciudadanos,
PP y PSC
se
ausentaron,
al igual
que
hicieron
el día
anterior
con la
aprobación
de la ley
del
referéndum.
La Ley se
convertiría
en una
Carta
Magna de
la
República
Catalana
independiente
(suena
bien), si
se llegase
a celebrar
un
referéndum
y ganase
el SÍ a la
secesión.
Ni el
Govern ni
la
presidenta
del
Parlament
reconocen
los
dictámenes
jurídicos
del TC y
pretenden
seguir
adelante
en su
desobediencia.
No es
estar a
favor del
referéndum,
sino que
estoy a
favor del
derecho a
decidir de
los
pueblos.
Se podía
haber
formulado
de otra
forma si
hubiera
habido
voluntad
política,
pero
Rajoy, el
Gobierno,
su partido
y quienes
les
apoyan, no
la han
tenido.
Quieren
mantener
el modelo
de la
España
franquista,
en el que
no encaja
una nación
como la
catalana,
indistintamente
de que
quieran
establecer
una
república.
Ha habido
un
incremento
del
soberanismo
precisamente
porque
cuanta más
política
reaccionaria
hay en
Madrid,
más
política
de avance
soberanista
hay en
Cataluña.
El fracaso
del
Gobierno
Rajoy, que
ha
renunciado
a la más
mínima
iniciativa
política
sobre
Cataluña,
agrava la
crisis del
Estado
hasta tal
punto, que
amenaza
con
llevarse
por
delante
las más
altas
instituciones
estatales.
La España
de 2017 no
es la de
1978,
cuando la
guerra
fría marcó
los
límites
que la
transición
no podía
rebasar, y
los padres
de la
Constitución
nos
metieron a
la
monarquía
de rondón
y sin
preguntar.
Rajoy no
solo no ha
buscado el
diálogo
con la
Generalitat
sino que
allana el
terreno
para el
choque
entre la
legalidad
constitucional
y la
legitimidad
democrática
catalana.
«El
autoritarismo
del PP ha
hecho que
en
Cataluña
las
fuerzas
catalanistas
y
soberanistas
se sumaran
para
defender
la
democracia»,
sentenció
Coscubiela.
Dos
democracias
enfrentadas
en una
realidad
política
en la que
ni los
buenos son
tan buenos
ni los
malos tan
malos.
Por
cierto,
que en un
estado de
alerta 4
contra el
terrorismo,
la Guardia
Civil esté
persiguiendo
urnas y
papeletas
de
votación,
muestra el
cinismo
extremo
del
Gobierno
del PP,
presidido
por Rajoy.
Joan Tardà
se
preguntaba
en Twitter
y yo con
él: Sr.
Rajoy ¿qué
es más
democrático,
dejar
votar a
los
catalanes
como en
Escocia o
encarcelar
a sus
representantes
electos?
¿Qué
número de
presos
políticos
necesitará
para
impedir el
referéndum
de
Cataluña?
Con 500
presos
políticos,
la mitad
de los
cargos
públicos a
los que ha
apercibido
el TC,
tendrá
suficiente
para parar
el
referéndum?
¿Convertirá
en presos
políticos
a los
16.000
voluntarios
que se han
apuntado
como
agentes
electorales?
«Si en el
referéndum
gana el No
habrá
elecciones
autonómicas
y si gana
el Sí
entrará en
vigor la
Ley de
transitoriedad»,
afirma el
diputado
de ERC.
Respeto a
quienes
muestran
sus
razones
para no
votar el
1-O,
porque
siendo
catalanes
no residen
Cataluña;
porque el
resultado
del
refrendo
carezca de
efectos
jurídicos,
porque
está al
margen de
las
resoluciones
de la ONU
y de la
Comisión
de Venecia
de la
Unión
europea,
porque
entiendan
que el
procedimiento
para
aprobar la
ley haya
carecido
de
garantías
suficientes,
porque los
soberanistas
no
representan
a la
mayoría de
los
catalanes
y otros
argumentos
igual de
respetables.
Pero
reconózcanme
que
también es
cierto,
que todas
las leyes,
los
sistemas y
regímenes,
se cambian
por la
voluntad
del
pueblo, no
solo por
los
intereses
del poder
económico
y el
político a
su
servicio.
Hay
políticos,
intelectuales
y voceros,
que
pretenden
demostrar
que es más
democrático
no votar
que votar,
cosa que
no se
entiende,
salvo
porque no
sean
demócratas.
También yo
quiero
ejercer mi
derecho a
decidir y
avanzar
hacia la
República
española y
federal.
Mi deseo,
es que se
celebre el
referéndum,
que tenga
una
participación
que le de
legitimidad
democrática,
y que el
gobierno
reconozca
la
voluntad
del pueblo
catalán.
