Hanna
Arendt, que en su obra reflexionó sobre el totalitarismo en los años
50 del siglo XX, sobre la crisis de la tradición humanística en los
años 60, y sobre la legitimación de la violencia en los movimientos de
protesta de los años 70, es una voz autorizada para contextualizar a
estos cachorros provocadores, carentes del talento suficiente para
alcanzar niveles aceptables de responsabilidad política. Inclusive
considerando su concepto de la "banalización de la violencia".
El grado de
calculada violencia que provocan con sus mentiras los líderes de la
nueva derecha, acerca de nuestro trágico pasado, es equiparable a la
misoginia, la homofobia y la xenofobia de la que hacen alarde. Así, se
ausentan del debate político que nos haga un país más culto, mejor
preparado en lo tecnológico y con claras recompensas al talento, del
que carecen, para domiciliarse en alentar el enfrentamiento, promover
noches de los cristales rotos y apoyar la ocupación amenazante, cuando
no violenta, de los espacios públicos. Por su carácter instrumental,
la violencia siempre necesita herramientas, armas y tecnología, pero
en cuánto acción tiene resultados impredecibles. Esa será su
responsabilidad, aunque los medios del régimen sólo aprecien violencia
en las expresiones opuestas.
De lo que
debemos reflexionar es si este Estado está moralmente capacitado para
cumplir con su finalidad. Hablamos de la relación entre poder y
violencia. Porque uno de los atributos del Estado es monopolizar la
violencia, como medio para garantizar la convivencia entre todos los
ciudadanos. Ahora bien, si ese Estado no es capaz de neutralizar
manifestaciones como las vividas en templos, plazas y calles,
expresando las virtudes de un genocida desde organizaciones que
justifican el exterminio masivo, es que su capacidad para desempeñarse
se ha diluido.
La historia reciente de España está en proceso
de revisión y son las derechas, de toda la vida, con caras nuevas y no
tanto, quienes pretenden hacerlo para blanquear sus hábitos. De
aquellos polvos, estos lodos. Una de las leyes aprobadas durante la
Transición fue la
Ley de Amnistía. Las Cortes se apresuraron
en promulgar la ley en octubre de 1977 (las elecciones se habían
celebrado el 15 de junio), con el loable fin de poner en libertad a
los presos políticos que todavía quedaban en las cárceles. Aquella ley
significó lo que vino en llamarse un "pacto del olvido". No solamente
se amnistiaba a los presos encarcelados por delitos "de motivación
política", incluidos los "de sangre", sino que ha permitido no
perseguir ni juzgar los crímenes cometidos por el franquismo y sus
dirigentes sanguinarios.
La Ley de
Amnistía no contó con el respaldo de Alianza Popular, como ahora sus
sucesores en el Partido Popular y Ciudadanos, han rechazado la moción
del Grupo Socialista en el Senado de condena del franquismo. El Senado
aprobó la moción que también pide la prohibición de las fundaciones
que exalten el fascismo y muestra el respaldo para exhumar a Franco
del Valle de los Caídos.
Con la ley
de 1977, se trataba de dar por acabada una reivindicación muy antigua
de la oposición antifranquista. El problema que se plantea ahora es
que aquella amnistía, viene a amparar a las personas que cometieron
delitos durante la represión franquista, por las violaciones de los
derechos humanos cometidas por los aparatos de represión de la
dictadura. La izquierda favoreció esta especie de "pacto del olvido",
que no de amnesia colectiva, sino de "echar al olvido", según Santos
Juliá.
Lo cierto
es que la violencia viene ejerciéndose desde una de las partes del
tapiz, provocando a quienes legítimamente protestan, para hacer ver y
resaltar una situación de injusticia, de pérdida de derechos y
libertades. Quienes ejercen la violencia o quienes acusan de violencia
a la otra parte, lo que hacen en realidad es provocar, con el ánimo de
que los provocados actúen violentamente, para así justificar la
contundencia la represión que desean.
Y en estas
estamos, cuando reaparece, en estado de promoción de su último libro,
el expresidente Aznar, para calmar los ánimos. Asegura que España
estará "atascada" hasta que no se resuelva el "golpe" en Cataluña. A
su entender, "alguien tendrá que decir hasta aquí hemos llegado, se
acabó". Compara la situación con el golpe de Estado de octubre de
1934. Se atreve a decir incluso que es "muy difícil" situar a los
socialistas en el ámbito de los constitucionalistas, advirtiendo que
solo si gana el "centroderecha", que está fragmentado, se podrá
mantener el orden constitucional.
Entre unas
cosas y otras, podríamos llegar a ser considerados un "estados
fallido". Noam Chomsky señala como estados fallidos a aquellos que
"padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones de
autentica sustancia". Después del escándalo del que ha sido
protagonista la Justicia, por los manejos políticos de alcance, en la
negociación para la renovación del Poder Judicial y la renuncia de
Marchena a presidir el organismo, así como el bloqueo en Las Cortes,
por el PP y el PSOE a la renovación, han puesto a la institución al
borde del precipicio; además de la reprobación, por tercera vez, de la
ministra de Justicia, como ha ocurrido esta semana. Para resaltar más
la inestabilidad, no podemos dejar de mencionar, que Pablo Iglesias da
por rota la mayoría de la moción de censura, porque "No se puede
gobernar por decreto con 84 diputados".
En el mismo
orden de crisis por la que pasa el Estado, está la bronca en el
Congreso entre el diputado de ERC Gabriel Rufián y el ministro Borrel,
acompañado de un supuesto "escupitajo", que ha tapado el verdadero
debate que se mantenía, que ha pasado desapercibido y nadie recuerda
el tema del que se trataba en la sesión de control al Gobierno. Por
último y abundando en la crisis, está la convocatoria de las consultas
populares convocadas por organizaciones municipales y más de veinte
universidades, en las que se pregunta sobre la preferencia del modelo
de Estado, si "Monarquía" o "República". Lo que no se preguntó en
1977, la ciudadanía se organiza y responde.
El diario
The New York Times situó a España entre las democracias europeas que
se derrumban, según un análisis de los politólogos Michael Albertus y
Victor Menaldo. Señalan, que en los modelos de transición desde la
dictadura a la democracia, como ocurrió en España: "Las instituciones
democráticas han sido diseñadas a menudo por el régimen autoritario
que terminaba, para salvaguardar a las élites que están en el poder
del Estado y ayudarles en la política para después de la
democratización". El franquismo, que nunca se fue, diseñó la
"Monarquía del Movimiento", ahora se apropian de la Constitución con
ánimo de manipulación
Hanna
Arendt, nos dice que allí donde hay comunidad política, hay poder, y
no necesita justificación, sino legitimidad de origen. "El poder surge
allí donde las personas se juntan y actúan concertadamente, pero
deriva su legitimidad de la reunión inicial más que de cualquier
acción que pueda seguir a ésta". Por eso, según ella, la legitimidad
mira al pasado, la justificación al futuro, a un fin que se encuentra
alejado. El pasado es la victoria del 39. El futuro es radicalizar la
toma del poder y consolidar las instituciones neofranquistas. Entre
estas últimas podríamos contar a la Iglesia Católica que ha dado
cobijo a los mantos franquistas que cubrieron a las vírgenes de los
templos.
A través de
la violencia de los grupos extremistas, que en España ha aumentado en
los últimos tiempos, y actuando con cierta impunidad, ejercen de punta
de lanza. De otra parte, la actuación parcial y arbitraria del Poder
Judicial y el desprestigio de la política responsable, el Sistema se
aleja del modelo de las democracias liberales, para acercarse a las
democracias fallidas.
