La mayoría de las conquistas sociales y políticas a lo largo de la historia, lo han sido con lucha y protesta, con sudor y lágrimas, muchas de ellas partiendo de ilegalidades, que no es el caso. Y viene a cuento tras la liberación de la activista de los Comités de Defensa de la República, a quien le imputaban delitos de terrorismo y rebelión, por manifestarse en el procés en Catalunya. A este paso, faltan poco para que acusen de terrorismo a los pensionistas, que defienden el futuro de las pensiones. ¿Terrorismo y rebelión, por protestar? El Gobierno ha perdido la razón, algunos jueces el sentido de la justicia y la ciudadanía nuestros derechos.

Retomo un artículo escrito hace unos años sobre La legitimidad de las protestas, que poniendo y quitando poco, sirve para lo que hoy ocurre. Imputar terrorismo, sin organización terrorista, sin explosivos, armas, estragos, lesiones, muertes, no es terrorismo ni colaboración con terrorismo. «Después de la rebelión sin rebelión llega terrorismo sin terrorismo» (Joan Queralt). Lo del Gobierno reaccionario es de esperar, pero el silencio del PSOE en la oposición, es delito de lesa dignidad.

La democracia no consiste solamente en participar en un periodo de tiempo determinado, votando en elecciones generales, autonómicas y municipales. La democracia es participación, y cuanta más participación, mayor calidad adquiere el Sistema. La Constitución mandata a los poderes públicos para que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La ciudadanía que se sienta afectada por las decisiones de los poderes públicos, tiene derecho a manifestar públicamente su disgusto o malestar, a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; pero también a ejercer ese derecho por si misma, sin intermediarios que la represente, en manifestaciones, reuniones y concentraciones.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política; como los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Pero ¿qué ocurre cuando un gobierno amparándose en la legalidad de una mayoría parlamentaria, ataca, con su política, la raíz misma del Estado y los valores que le identifican, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político? o ¿qué ocurre cuando ese gobierno se desentiende del mandato constitucional de promover los llamados principios rectores de la política social y económica?.

Dice la Constitución que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. También establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. O cuando dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios; que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho y promoverán la ciencia y la investigación en beneficio del interés general.

También dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Si, ya se que los derechos anteriores no tienen la consideración de derechos fundamentales y que por tanto no están protegidos constitucionalmente; ya se que solo son mandatos orientativos, principios rectores, que los poderes públicos tendrán en cuenta, regularán o no regularán siguiendo su voluntad, o lo que es peor eliminarán algunos de los que ya estaban reconocidos y regulados, como así está ocurriendo, a favor de otros intereses particulares, que no generales. De ahí la necesidad de blindar los derechos relacionados con la educación, la salud y las pensiones, para que, convertidos en fundamentales, queden protegidos y no estén al pairo de las políticas de gobiernos indeseables, como el que ahora gobierna.

Cuando un gobierno no tiene la legitimidad de la mayoría social y además se desentiende de proteger y regular derechos que la Constitución promueve; la ciudadanía desprotegida adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo está siendo por el actual gobierno. La ley Mordaza debe derogarse, para el cabal ejercicio de la libertad de expresión. ¿Pueden esperar los desahuciados por las hipotecas bancarias a que un próximo gobierno resuelva su futuro? ¿Y los enfermos, ancianos y dependientes, pueden esperar cuatro años a que les atiendan debidamente? ¿Los padres, madres y jóvenes desempleados, cuatro años más sin trabajo? ¿Es que el pueblo puede esperar cuatro años para tener la oportunidad de elegir otro parlamento y otro gobierno?

Esta semana hemos visto como la ciudadanía ha salido a la calle reivindicando, protestando por diferentes causas. Convocados por CCOO y UGT se han celebrado un centenar de manifestaciones en todo el país por las pensiones dignas, haciendo un llamamiento para «para frenar las intenciones del Gobierno de recortar las pensiones de manera continuada». Todo parece que las pensiones serán uno de los principales ejes de las movilizaciones que preparan ambos sindicatos para el 1º de mayo.

De otra parte, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, está recogiendo firmas para promover una reforma de la Constitución, que prohíba expresamente cualquier medida que rebaje el poder adquisitivo de las pensiones o permita la privatización, parcial o total, del sistema público de pensiones. Argumentan que cobrar una pensión pública digna es un derecho inquebrantable proclamado por la Constitución española y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pensiones dignas y suficientes no pueden depender de nada más que de la voluntad política por garantizar un derecho. Si se blindó el pago de la deuda en la Constitución ¿por qué no hacerlo con las pensiones? Los acreedores del Estado no son más importantes que l@s pensionistas.

Un frente de entidades sociales, sindicatos y partidos se han movilizado por la libertad de los presos políticos. La movilización ha sido organizada desde el 'Espai Democràcia i Convivència', plataforma compuesta por decenas de entidades políticas y sociales, de las que destacan la ANC, Òmnium Cultural, CC.OO. y UGT de Cataluña. Cientos de miles de personas (315.000 según la Guardia Urbana y 750.000 según la organización) han llenado el Paral·lel y la plaza España de Barcelona en defensa de los derechos y la democracia, medio año después de la entrada de los Jordis en prisión.

Unas 50.000 personas se han congregado en Pamplona (casi 100.000 han firmado el manifiesto de apoyo), para exigir justicia en el caso Alsasua. «No es terrorismo. Justicia. Libertad para los de Alsasua», se leía en la pancarta. Este lunes da comienzo el juicio en la Audiencia Nacional, en el que se piden hasta 375 años de cárcel, entre los ocho jóvenes encausados, algunos con 62 o 50 años de prisión, por su presunta participación en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en 2016. Desde Altsasu Gurasoak se pide «presunción de inocencia, principio de proporcionalidad, derecho a la defensa y a un juicio imparcial». Los padres y madres de los ocho jóvenes, tres de los cuales llevan más de 500 días en la cárcel, han denunciado la injusticia de acusarles de terrorismo, por una trifulca de bar y reclaman que el caso se juzgue en Navarra, en un tribunal ordinario, y no en la Audiencia Nacional.

En Madrid se ha recordado a las 3.000 víctimas asesinadas por el Franquismo en las tapias del cementerio del Este, entre 1939 y 1944. El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha recordado. que en este lugar para la memoria, el Ayuntamiento va a realizar una intervención para recordar lo sucedido y a quienes lo sufrieron. Un memorial en recuerdo a las víctimas de la represión franquista de la posguerra, tristemente vinculadas a este cementerio.

No podemos olvidar los actos del 14 de Abril, conmemorando los 87 años desde que la monarquía de Alfonso XIII llegó a su fin y se proclamó la Segunda República. En su conmemoración, las calles del Estado se han llenado de banderas tricolor y miles de manifestantes han reivindicado la llegada de la Tercera República. Para el flamante secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago: «Hoy es un día para homenajear a quienes lucharon por la libertad». Los alcaldes socialistas de Eibar, Jaca y Sahagún han reivindicado la vigencia de los «valores de la II República», que deben ser los que «guíen a la sociedad y a las instituciones», considerando que a partir de ahí el futuro será republicano. No piensan lo mismo desde la dirección del PSOE en Ferraz

Todo está claro como la noche clara. Se ha subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Se han roto las reglas de juego y se pretende que solo una de las dos partes las siga respetando. El sistema ha abandonado a la ciudadanía. Cuando se producen injusticias, es el tiempo de la  reivindicación y la protesta, sin contemplaciones.