El 1 de julio de 2015, entraba en vigor una de
las leyes más represivas que se ha aprobado en España, desde la
entrada en vigor de la Constitución en 1978; la
Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida
como «ley mordaza», por lo que significa contra la protesta y el
derecho a la libertad de expresión e información. Fue aprobada por el
Gobierno del Partido Popular y el rechazo de la oposición. Hubo otra,
la anterior Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, conocida como ley de patada en la puerta, siendo ministro
del Interior del PSOE, José Luis Corcuera.
El pleno del Tribunal Constitucional anuló el precepto de la ley
Corcuera, por el que se permitía a los
policías entrar y registrar un domicilio sin autorización del juez
cuando persiguen delitos de narcotráfico. Quedó anulado el artículo
21.2, por considerarlo directamente contrario al
artículo 18.2 de la Constitución, «El
domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en
él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso
de flagrante delito».
La «ley mordaza» es una amenaza que recorta
derechos y atenta contra la libertad de expresión;
ha provocado que se haya perdido calidad democrática en España.
El 26 de marzo de 2015, el Congreso −con mayoría absoluta del PP− dio
luz verde a la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el
rechazo unánime de la oposición. Pocos meses después, la mayoría de
los grupos la recurrieron al Tribunal Constitucional. Según la ley, lo
que antes figuraba como falta, ahora es una
infracción administrativa con multas, que
puede oscilar entre muy grave (de 30.001 y 600.000 euros), grave (de
601 a 30.000 euros) y leve (de 100 a 600 euros). Con esta ley, el PP
que perseguía limitar el derecho de manifestación.
La Ley de Seguridad del PP,
ha dejado un balance de 47.980 multas por
«faltas de respeto y/o consideración» a los agentes de la Policía. La
Guardia Civil y Policía han multado a 48 personas cada día por este
motivo durante los últimos tres años. Los últimos seis meses de 2015,
fueron sancionadas 3.130 personas.
En 2016, la cifra de sanciones se triplicó y ascendió a 19.497.
En
2017 la cifra volvió a crecer hasta las
20.722 sanciones y en los tres primeros meses de 2018, las multas se
quedaron en 4.631. En total, 47.980 multas, una media de 48 multas al
día. A 31 de diciembre de 2016, el Estado había recaudado 131.470.206
euros por aplicar la dichosa ley.
Amnistía Internacional ha recogido más de 65.000
firmas para acabar con esta perversa ley. Los derechos de reunión,
expresión e información no están garantizados, ya que la ley no
introduce «mecanismos de control adecuados» a las Fuerzas de Seguridad
del Estado. El director de AI, Esteban Beltrán, ha señalado que, tanto
la ley mordaza como la reforma del Código Penal,
están sirviendo para «procesar penalmente o sancionar
administrativamente», por utilizar
expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la
libertad de expresión e información.
Ni las
movilizaciones en contra ni los recursos ante el Constitucional han
logrado detener la aplicación de la ley. Colgar en Internet
fotografías de la policía en acción, es considerado como una falta
grave. Dificultar operaciones de desahucio concentrándose frente a las
casas de los afectados o impedir a cualquier autoridad el ejercicio de
sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o
judiciales es castigado. Manifestarse frente al Congreso, el Senado y
los parlamentos autonómicos, es considerado como una perturbación
grave de la seguridad ciudadana. Desobedecer o resistirse a la
autoridad y no identificarse y no colaborar con las fuerzas de
seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de
acciones, también es castigado.
Solo el PP
se ha mostrado contrario a una reforma en profundidad que el propio
Pedro Sánchez calificó de urgente en el discurso de la moción de
censura que le convirtió en Presidente. Sobre la mesa hay dos
proposiciones. Una, presentada por el PSOE, que pide la derogación de
la «ley mordaza» y vuelta a la ley Corcuera de 1992. La segunda,
propuesta por el PNV, plantea trabajar sobre el texto de la actual y
modificar sus preceptos más polémicos. Todo está bloqueado en el
Congreso.
El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su compromiso para
reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Antes, cuando su partido
estaba en la oposición, fue uno de los que se sumaron al recurso que
presentaron todos los grupos (salvo PNV, CiU y PP) ante el Tribunal
Constitucional, para derogar ocho artículos. Ahora, con Sánchez
liderando el Gobierno, el compromiso ha sido impulsar la derogación
urgente de los artículos recurridos, que limitan desproporcionadamente
los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión.
Nada se ha dicho de la derogación de otros artículos de la ley no
recurridos, que también vulneran derechos fundamentales.
La libertad
de expresión y manifestación no son derechos cualesquiera, sino que
son derechos humanos y derechos fundamentales, que los tratados y
declaraciones internacionales recogen y la Constitución española
reconoce y protege. Derecho de reunión y manifestación pacifica, así
como «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio».
La ley de
Seguridad Ciudadana, coarta la libertad ciudadana, ejerce un mayor
control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crítica
al gobierno. Si no teníamos bastante con el Código Penal, que
criminaliza la protesta, mediante duras penas de cárcel, con la ley
mordaza pretenden arruinar a quienes protestamos. Cuando un gobierno
se desentiende de proteger los derechos fundamentales que la
Constitución promueve, la ciudadanía, desprotegida, adquiere la
legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida
digna. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser
penalizada como lo pretendió el gobierno del PP.
La solución no es volver a la ley de la patada en la puerta.
El objetivo de este tipo de leyes debe ser salvaguardar los derechos y
no acotarlos, con la Administración como juez y parte. «Tanto la ley
mordaza como la ley Corcuera comparten el espíritu de restringir
derechos y libertades fundamentales. La Plataforma
en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), ha
advertido que si la derogación del supuesto núcleo duro de la ley, se
limita a los artículos recurridos ante el Tribunal Constitucional, se
mantendrán en vigor artículos muy lesivos para los Derechos
Fundamentales.
La
Protección de la Seguridad Ciudadana no puede ser una excusa para
continuar con leyes de Orden Público. Eso no es compatible con la
democracia. Ni un día más en vigor de la ley mordaza; hay que
derogarla
