Hay muchas razones para protestar y no quiero dejar de hacerlo por ninguna. Discúlpenme que me repita en la teoría, pero la democracia no consiste solamente en participar en un periodo de tiempo determinado, votando en elecciones generales, autonómicas o municipales. La democracia es participación, y cuanta más participación mayor calidad adquiere el Sistema. Hoy protesto por las pensiones, contra la injusticia en la Justicia, la sanidad y por la indecencia de la corrupción.

Estos días hay razones para protestar. La decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad a los cinco violadores condenados, miembros de la autodenomina manada, es para protestar. Algunos quieren hacernos creer que los ponen en libertad por ser inocentes, pero son culpables de violación según los hechos probados, aunque la sentencia condena por «abuso sexual continuado». No pararé hasta que la Justicia reaccione, el Gobierno actúe y tengan en cuenta la voluntad del pueblo. Justifican la libertad, porque la «alarma social no es un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional». El presidente del TSJA aboga por revisar el Código Penal pero «sin hacer una justicia a golpe de manifestaciones». Pero no es eso. El pueblo es soberano del que surgen los poderes del Estado. ¿Suena a demagogia?, pero no lo es; «Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber» (Thomas Jefferson).

Yo protesto por la situación en la que se encuentra las pensiones y su futuro. Hay que promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa que impida a los gobiernos tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente el sistema público de pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables. Protesto y exijo que se blinden las pensiones en la Constitución. Tocar las pensiones es cruzar una línea roja que no debemos permitir.

Hay que protestar por el deterioro que sufre la sanidad pública. Desde 2009 se vive un continuo proceso de recortes, deterioro y privatizaciones que ponen en peligro el sistema a medio plazo. Los recortes, que superan los 10.000 millones de euros ha significado la disminución del personal sanitario, el cierre de camas, quirófanos, consultas, aumento de las listas de espera y empeoramiento de la calidad de la asistencia. UGT ha denunciado la cronificación de las listas de espera en la sanidad pública. Más de medio millón de pacientes esperaban para ser operados en diciembre de 2017 y más de 2 millones esperaban para primera consulta y especialidades básicas. Las privatizaciones que han aumentado, encarecen los costes del sistema sanitario y empeoran la calidad de las prestaciones. Con todo, la exclusión sanitaria, que ha dejado fuera de la cobertura a inmigrantes en situación irregular y con los copagos, a los menos favorecidos económicamente.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, advierte de que más del 60% de los juzgados está «claramente sobrecargado» y que «mientras no se lleve a cabo una gran reforma organizativa» de la Justicia, difícilmente se podrá superar la situación. Ha recordado que el número de causas judiciales en España sigue siendo elevada frente a países de nuestro entorno y es una situación difícilmente sostenible. Yo protesto por la situación que perjudica gravemente a derechos y libertades, y porque Lesmes lo diga ahora, en vez de haberlo dicho y exixgido de forma contundentemente al Gobierno del PP en lugar de templar gaitas.

Y protesto contra la corrupción generalizada que estamos soportando y me sumo a todas las iniciativas que se promuevan para finalizar con esta lacra. Por eso me he sumado a la reivindicación de los denunciantes de casos de corrupción, que demandan, para dar jaque a la corrupción, aprobar la ley para proteger a los alertadores, que lleva más de seis meses atascada en el Congreso por la inacción del PP. La Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes no saldrá adelante este curso político que tanto la ONU como la OCDE, la consideran básica para la lucha contra la corrupción. Fue bandera electoral de PSOE, Podemos y Cs en las pasadas elecciones pero ha quedado atrapada en un cajón. España es el único país de los 37 de la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para los denunciantes de corrupción ni mediante una ley propia ni en el articulado de otras normas.

Dice la Constitución que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. También establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; o que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Si, ya se que los derechos anteriores no tienen la consideración de derechos fundamentales y que por tanto no están protegidos constitucionalmente; ya se que sólo son mandatos orientadores, principios rectores, que los poderes públicos regularán o no siguiendo su voluntad, incluso eliminar, como así ha ocurriendo, a favor de otros intereses particulares, que no generales.

Cuando un gobierno se desentiende de proteger y regular derechos que la Constitución promueve, la ciudadanía desprotegida adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo está siendo.

La ciudadanía que se sienta afectada por las decisiones de los poderes públicos, tiene derecho a manifestar públicamente sus disgusto o malestar, a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; pero también a ejercer ese derecho por si misma, sin intermediarios que la represente, en manifestaciones y reuniones.

Se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría. Si esto es así, es que el sistema ha abandonado a la ciudadanía y el Estado ha fallado en la garantía de servicios básicos. Contra el Estado fallido, yo protesto.