El
PSC en su 14è Congrés
que se ha celebrado este
fin de semana, ha
aprobado la definición
de España como "nación
de naciones" y Catalunya
una "nación". Por otra
parte nada nuevo ni en
el PSC ni en el PSOE,
que han venido usando
esa expresión en
diferentes momentos, a
su conveniencia
política, según los
tiempos.
La definición de
Catalunya como nación
por parte del PSC, pese
a no ser ninguna
novedad, ha removido las
aguas y causado malestar
entre los barones más
conservadores del PSOE,
justo cuando Pedro
Sánchez negocia su
investidura con ERC.
El
nuevo texto añade la
expresión "nación de
naciones", después de la
polémica generada sobre
la definición de
Catalunya como "nación"
y de España como país
"plurinacional", dos
nociones aprobadas en la
ponencia política y
que ya aprobó en su
anterior congreso.
La nueva reformulación,
se ha hecho a petición
expresa del primer
secretario, Miquel
Iceta. La expresión
"nación de naciones"
para definir España ya
fue defendida y
utilizada por el propio
Pedro Sánchez cuando en
julio del 2017 suscribió
la declaración de
Barcelona, donde el PSOE
y el PSC apostaban por
la vía federal y una
reforma de la
Constitución para
articular una nueva
organización
territorial:
La nación de naciones es
la España que vendrá, el
centralismo es el pasado.
"Y el federalismo que
defendemos los
socialistas será la
garantía de que exista
un futuro común".
García Page y Lambán,
entre otros históricos,
como Rodríguez Ibarra (Si
Pedro Sánchez forma
gobierno con Podemos y
los independentistas, yo
me voy del PSOE),
cuestionan el pacto con
ERC y cargan contra
Iceta. Los presidentes
muestran su malestar con
el líder del PSC después
de que reclamara
"respeto" hacia los
independentistas.
La crisis en Catalunya
es siempre un terreno
delicado para el PSOE,
aunque Sánchez tiene
manos libres para llegar
a un entendimiento.
Con este panorama, no se
espera una revuelta como
en el año 2016, cuando
el poder territorial del
partido impidió a
Sánchez llegar a Moncloa
con el apoyo de los
independentistas. Desde
que se hizo de nuevo con
las riendas del partido
y tras su llegada al
Gobierno, el poder de
Sánchez es total.
Llegados a este punto,
me permito referirme al
artículo
De la Nación de Naciones
que publiqué en 2012 y
que aparece en mi libro
Reflexiones Republicanas,
en el que analizo estas
ideas y conceptos que
estuvieron de actualidad
ya por entonces, sobre
la cuestión española,
catalana y otras
nacionalidades.
En su artículo 2, la
Constitución española
establece que se
fundamenta en la
indisoluble unidad de la
Nación española y
reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía
de las nacionalidades y
regiones; sin terminar
de explicar el concepto
nación, nacionalidades o
región. Conceptos
ambiguos, con múltiples
interpretaciones y
connotaciones políticas.
Fue la solución
consensuada en 1978, al
tan traído tema de la
"unidad" de España,
superando el concepto
utilizado por la
dictadura: "España,
unidad de destino en lo
universal", que diciendo
mucho supuestamente, no
terminaba de saberse que
quería de decir en su
más estricto sentido.
Además, con la fórmula
que se adoptó en 1978,
se salvaba la situación
creada durante la
Segunda República
Española con Cataluña,
País Vasco y Galicia.
Hoy las ideas siguen
encendidas, los
intereses vivos y la
unidad de la nación y la
existencia de
nacionalidades
cuestionadas.
El término nación tiene,
al menos, dos diferentes
acepciones: una
político-jurídica y la
otra socio-ideológica.
Anthony. D. Smith define
la nación como "una
comunidad humana con
nombre propio, asociada
a un territorio
nacional, que posee
mitos comunes de
antepasados, que
comparte una memoria
histórica, uno o más
elementos de una cultura
compartida y un cierto
grado de solidaridad, al
menos entre sus élites".
Generalmente la nación
surge sobre bases
mitológicas, cuentos
fantásticos de batallas
ancestrales y de héroes
poderosos o villanos,
inventados para gloria
de quienes lo cuentan y
para la manipulación de
la voluntad de los
humildes alrededor de
una bandera, que
generalmente representa
los intereses del poder.
La Constitución de Cádiz
dedicaba sus cuatro
primeros artículos a la
nación española, en
términos acordes con el
principio, entonces
revolucionario, de
soberanía nacional. La
Constitución de 1931
constituye un precedente
directo, al establecer
que "La República
constituye un Estado
integral, compatible con
la autonomía de los
Municipios y las
Regiones" y sobre esta
base se aprobaron los
Estatutos de Cataluña
(1932), el País Vasco
(1936) y Galicia (1938).
Se trata del modelo que,
con importantes
modificaciones, seguirán
los constituyentes en
1978.
Durante el debate
constituyente de 1978,
las posiciones críticas
a este precepto, fueron
múltiples. Se produjo
una oposición frontal al
término "nacionalidades"
por considerarlo
ambiguo, discriminatorio
y peligroso, confuso e
innecesario (fue la
posición de Alianza
Popular). Otra posición
contraria, minoritaria,
de los nacionalistas más
extremos, eran
partidarios de suprimir
el vocablo Nación, por
entender que España no
es una Nación sino un
Estado formado por un
conjunto de naciones.
Otra posición más
ambigua respecto a los
rasgos nacionales
unitarios la defendió el
PNV que se limitaba a
declarar que "la
Constitución se
fundamenta en la unión,
la solidaridad y el
derecho a la autonomía
de las nacionalidades
que integran España".
Por último la Minoría
Catalana defendió que
aun reconociendo la
unidad nacional proponía
que "la Constitución se
fundamenta en la unidad
de España, la
solidaridad entre sus
pueblos y el derecho a
la autonomía de las
nacionalidades que la
integran".
La posición de los
llamados padres de la
Constitución fue sesuda,
amplia y diversa.
Herrero y Rodríguez de
Miñón entendió que el
término nacionalidades
se refería a "hechos
diferenciales con
conciencia de su propia,
infungible e
irreductible
personalidad". Roca
Junyet entendía que
“nacionalidades” se
refería a "Nación sin
Estado, con personalidad
cultural, histórica y
política propia...
dentro de la realidad
plurinacional de
España,... como Nación
de Naciones".
Peces-Barba proponía que
"la existencia de
diversas naciones o
nacionalidades no
excluye, sino todo lo
contrario, hace mucho
más real y más posible
la existencia de esa
Nación que para nosotros
es fundamental, que es
el conjunto y la
absorción de todas las
demás y que se llama
España". Y Solé Tura lo
definía como "un estado
de conciencia colectivo
que se fundamenta no
sólo en la historia, en
el pasado común, en la
lengua, en la cultura o
en la realidad económica
sino también en una
forma determinada de
concebir su propia
realidad frente a las
otras".
Ideas, principios y
filosofía, cargadas de
buena voluntad y de
intereses políticos e
ideológicos, como no
podía ser de otra forma
y por una u otra razón,
ninguno de acuerdo y por
eso salió adelante. La
votación del Pleno del
Congreso reveló el
carácter consensuado
entre las principales
formaciones políticas de
la versión finalmente
aprobada: 278 votos a
favor, 20 en contra y13
abstenciones. En el
Senado el resultado fue
parecido: 140 votos a
favor, 16 en contra y 11
abstenciones. No se si
hoy las posiciones
serían diferentes.
Hasta aquí el artículo
de 2012 y seguimos
hablando de lo mismo.
Han pasado cuarenta y un
años desde que se
promulgó la
Constitución, −nacida
tras una cruel
dictadura, que nos privó
hasta de los más
elementales derechos
fundamentales−, tiempo
suficiente como para que
la sociedad española se
plantee una lectura
actualizada del texto,
que apoyamos en aquel
tiempo, quienes
anhelábamos igualdad,
libertad y democracia.
La
resolución del PSC,
aboga por "una
España y una Catalunya
más federal"
y afirma que las nuevas
formas de relación,
decisión y su
articulación han de ser
fruto de reformas
acordadas entre fuerzas
catalanas, pactado en
todo el Estado y
refrendado por el
conjunto de la
ciudadanía. Esto se
traduciría en principio,
en un nuevo Estatut y
una reforma de la
Constitución, que se
debería impulsar en el
momento que existiesen
las mayorías
parlamentarias
suficiente para aprobar
dichos cambios.
A
pesar del malestar que
genera la subida de tono
de algunos barones,
la dirección del PSOE
optan por guardar
silencio más allá de la
respuesta de algún
dirigente, como Odón
Elorza:
"Con respeto a las
opiniones de Lambán −que
quiere ahora un pacto
con Ciudadanos− y
García-Page, tras la
consulta realizada a la
militancia socialista,
quiero expresar mi total
apoyo al acuerdo con
Unidas Podemos y a la
compleja negociación con
ERC. Por cierto, contra
el mareo y el vértigo,
biodramina". El PSC ha
levantado la bandera del
federalismo.
Al
paso de la cuestión, el
lehendakari, Iñigo
Urkullu, ha dicho que
Sánchez ya conoce cuáles
son las cuestiones que
reivindica el Ejecutivo
autonómico en relación
al autogobierno vasco. "No
estamos en tiempo de
tacticismos".
Manifiesta que llevan
tiempo pendientes de una
mesa en la que se puedan
abordar cuestiones
pensando que son
estructurales y no
coyunturales, para
abordar la cuestión
territorial.
La ciudadanía del 2019,
hombres y mujeres
menores de 60 años, no
pudieron participar en
el referéndum de 1978 y
no tienen por qué asumir
como suyos, ni los
miedos, ni los anhelos
de entonces. Hay que
abrir un Proceso
Constituyente, que de
respuestas, acordes con
los tiempos que corren,
a los problemas que los
siglos acarrean.
España es una Nación,
como lo son Catalunya,
Euskadi, Galiza,
Andalucía, Comunitat
Valenciana, Baleares o
Canarias (que bajo el
amparo de la
Constitución y según sus
Estatutos se consideran
nacionalidades o
nacionalidades
históricas). Para el
PSC, el federalismo es
"la mejor expresión de
la unión y la unidad en
la diversidad" de esta
España "plurinacional".
Es tiempo de abrir un
Proceso Constituyente,
que recoja estos
anhelos, desde una
perspectiva dinámica y
viva, no sacramental,
como corresponde a un
Estado social y
democrático de Derecho,
en una República federal
