Los servicios secretos de
Estados Unidos estaban
interesados en los
acontecimientos políticos y
sociales de España y que
pudieran tener repercusión
en el exterior. En los años
ochenta, éramos un valioso
aliado. En 1984, la CIA se
preocupó por uno de los
episodios más oscuros de
nuestra historia; investigó
a los GAL, sus antecedentes
y las actividades
contraterroristas. La
historia llega a nuestros
días sin clarificar.
Los
Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL) fueron
agrupaciones parapoliciales
que practicaron terrorismo
de Estado o guerra sucia
contra la organización
terrorista ETA y su entorno.
Estuvieron activos entre
1983 y 1987, durante los
primeros años de los
Gobiernos de Felipe
González. En sus cuatro años
de historia,
los GAL cometieron más de
treinta acciones
terroristas, matando e
hiriendo a cerca de sesenta
personas.
Entre sus métodos habituales
estaban la colocación de
bombas en los coches, tiros
en la nuca y ametrallamiento
en los bares donde
supuestamente se encontraban
los etarras. Varias de sus
víctimas no tenían ninguna
relación aparente con ETA.
En algunos de esos casos,
inclusoo los GAL
reconocieron haber
equivocado su objetivo o
pidieron disculpas.
Durante el proceso judicial
contra los GAL, quedó
probado que fue financiada
por altos funcionarios del
Ministerio del Interior.
Años después fueron
condenados los exministros
del Interior José
Barrionuevo y José Corcuera,
el secretario de Estado por
la Seguridad Rafael Vera, el
secretario general del
Partido Socialista de
Euskadi-PSOE, Ricardo García
Damborenea; el gobernador
civil de Guipúzcoa Julen
Elgorriaga, el teniente
coronel Ángel Vaquero y el
general de la Guardia Civil
del cuartel de Intxaurrondo
Enrique Rodríguez Galindo.
En un
documento fechado en 1984,
la agencia estadounidense
admitía la guerra sucia
contra ETA
y reconocía que "si la
supuesta participación de
Madrid es confirmada, las
credenciales democráticas
del Gobierno español y del
Partido Socialista quedarían
manchadas seriamente", según
informa La Razón. La CIA
tenía muy claro que Felipe
González fue el famoso
"señor X" de los Grupos
Antiterroristas de
Liberación. De momento, el
expresidente del Gobierno ni
reconoce ni niega, pero no
calla.
El expresidente intensifica
sus declaraciones contra el
Ejecutivo de Pedro Sánchez y
Unidas Podemos.
En Moncloa la preocupación
es mínima. La solidez de la
coalición PSOE-Unidas
Podemos se ha reforzado
durante la pandemia.
González "está ganando
credibilidad en sectores
conservadores, pero en el
mundo progresista la gente
le comprende cada día
menos".
El
conflicto que no se cerró
entonces queda abierto
ahora. Pablo Echenique, ha
anunciado que
Unidas Podemos va a votar
finalmente a favor de la
creación de una comisión en
el Congreso que investigue
sobre los GAL y el papel del
expresidente del Gobierno,
propuesta
por Bildu.
Echenique mantiene que la
información sobre documentos
desclasificados por la CIA
no aporta nada nuevo sobre
el terrorismo de Estado,
"todo el mundo sabe lo que
pasó".
El
PNV, ERC, Junts Per
Catalunya, EH Bildu, CUP y
el BNG
han registrado en el
Congreso una petición
conjunta para que la Cámara
abra una comisión de
investigación
"para esclarecer las
responsabilidades y vínculos
con los GAL de los gobiernos
presididos por Felipe
González", en cuanto
responsable de la creación
en los años 80 de los Grupos
Antiterroristas de
Liberación, "un grupo
violento amparado por el
Estado y que debía acabar
con ETA usando sus mismos
métodos".
El
diario La Razón informa de
que la CIA ha desclasificado
varios documentos y que en
ellos, sin la menor duda, el
Gobierno de Felipe González
queda señalado como quién
organizó los GAL. En el
informe de la CIA, titulado
España: Terrorismo vasco y
respuesta gubernamental,
se afirma que: "Felipe
González ha acordado la
creación de un grupo de
mercenarios para combatir
fuera de la ley a
terroristas". La CIA
reconoce que los GAL "han
sembrado el miedo y la
desorganización entre los
etarras fugitivos" y explica
que "los terroristas están
todavía más a la defensiva
porque saben que salir de
España no garantiza la
seguridad", concluye el
informe.
La CIA, en el informe de
1984, habla de la situación
del terrorismo internacional
y asegura que el Gobierno de
España parece determinado a
adoptar una estrategia poco
ortodoxa en relación con
ETA. La Agencia escribe que
"González ha acordado la
formación de un grupo de
mercenarios, controlado por
el Ejército, para combatir
fuera de la ley a los
terroristas". Lo suponíamos,
lo conocíamos y ahora queda
al descubierto con todos sus
matices. Es necesario crear
una comisión parlamentaria
que aclare aquellos tétricos
acontecimientos.
El
informe de la CIA, elaborado
por la Oficina de Análisis
Europeo, clasificado como
"secreto",
muestra que EEUU conocía
tanto sobre el terrorismo de
ETA como sobre los GAL.
Además, lamenta que después
de haber sido investigados y
juzgados estos hechos, "solo
una decena de personas
fueron procesadas" y "los
principales condenados
apenas cumplieron unos meses
de prisión pues la mayoría
fueron indultados y las
responsabilidades políticas
nunca fueron asumidas".
En
julio de 1993
el juez Garzón reabrió el
expediente sobre el
secuestro de Segundo Marey
para evitar que
prescribiera, al hilo de los
escándalos por el desvío de
fondos reservados en la
investigación sobre el
exdirector de la Guardia
Civil, Luis Roldán.
Finalmente el Tribunal
Supremo condenó a prisión
por secuestro y malversación
de caudales públicos a José
Barrionuevo, ministro de
Interior; Rafael Vera,
secretario de Estado para la
Seguridad; Francisco
Álvarez, jefe de la Lucha
Antiterrorista; Miguel
Planchuelo, jefe de la
Brigada de Información de
Bilbao; José Amedo,
subcomisario de Policía;
Julián Sancristobal,
gobernador civil de Vizcaya.
Ricardo García Damborenea,
secretario general del PSOE
en Vizcaya fue condenado a
prisión por secuestro;
Michel Domínguez, policía,
ingresó también en prisión
como cómplice de secuestro.
Una de
las consecuencias que
produjo el caso GAL fue el
final del santuario francés
para los refugiados ligados
a ETA en el sur de Francia.
No disminuyeron las víctimas
y no perdió un ápice el
apoyo político en el País
Vasco. Las actuaciones
ilegales de los GAL jugaron
un factor determinante en la
derrota del PSOE durante las
elecciones generales
españolas de 1996 en las que
González renunció al
liderazgo del partido.
El propio González fue
acusado de estar tras la
misteriosa figura del "Sr.
X",
al declarar "me enteré por
la prensa".
El PSOE siempre ha negado
toda responsabilidad
respecto a los GAL y
González nunca ha sido
acusado formalmente ante un
tribunal por estos hechos.
Sin embargo, Felipe González
no permitió la investigación
completa sobre los fondos
reservados con los que se
había financiado a los GAL.
El gobierno de José María
Aznar concedió el indulto
parcial a Barrionuevo y Vera
en el año 1998.
Tras la investidura del
gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero en 2004,
que supuso la vuelta al
poder del PSOE, diferentes
dirigentes socialistas, con
Felipe González al frente,
reclamaron el indulto total
para Rafael Vera y otros
condenados, aunque sin
éxito. En enero de 2010, el
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos rechazó un recurso
de Rafael Vera por posible
violación de la presunción
de inocencia y falta de
imparcialidad en la fase de
instrucción.
El
ministro de Transportes y
secretario de Organización
del PSOE, José Luis Ábalos,
se ha mostrado contrario a
crear la comisión en el
Congreso para investigar al
expresidente del Gobierno
Felipe González. "No creo
que sea un motivo especial
en el que se deba dedicar el
Parlamento, por un hecho que
pasó hace años y que tuvo su
resolución judicial y con
condenas".
Al PSOE "no le parece bien"
esta petición de comisión de
investigación, por lo que el
Grupo Socialista no lo
apoyará,
porque considera que no hay
afán de búsqueda de la
verdad, sino por oportunismo
político.
Los Grupos Antiterroristas
de Liberación practicaron
terrorismo de Estado durante
los dos primeros gobiernos
de Felipe González. Durante
el proceso judicial quedó
probado que el grupo estaba
financiado por altos
funcionarios del Ministerio
de Interior. Si no fue así
qué se investigue en una
comisión parlamentaria. El
terrorismo de estado o la
guerra sucia no caben en un
Estado de Derecho ni en un
sistema democrático la
impunidad.
