Con la proclamación de
la República el 14 de
abril de 1931 y la
posterior celebración de
elecciones legislativas,
se inició un proceso
constituyente. El Estado
republicano quedaba
legitimado
democráticamente por las
elecciones del 28 de
junio y por la
Constitución del 9 de
diciembre. Todo quedaba
por hacer y no se lo
permitieron.
La República fue
recibida por la mayor
parte de la población
con gran entusiasmo. Se
abría una oportunidad
para abordar las
reformas necesarias y
modernizar las
estructuras políticas,
económicas y sociales.
Tuvo enfrente los
intereses creados de la
derecha de toda la vida
que lo impidieron con
una dura oposición, con
las contrarreformas del
segundo bienio, con un
golpe de estado, la
guerra y la dictadura
franquista interminable.
El
Gobierno Provisional que
se conformó tras la
caída de la monarquía y
la proclamación de la
República, se mantuvo
hasta la aprobación de
la Constitución. El
nuevo gobierno tuvo que
hacer frente a las
llamadas
cuestión regional,
cuestión religiosa,
cuestión militar,
cuestión agraria y
cuestión social.
Demasiadas cuestiones,
que hoy siguen en
nuestras vidas como
viejos fantasmas. Todo
en un ambiente
influenciado por la
depresión económica
mundial tras el crack de
la Bolsa de Nueva York
en 1929. Creció el
desempleo en las
ciudades y se incrementó
el subempleo en el
campo, disminuyendo las
expectativas de
bienestar para todos. En
estas circunstancias
adversas se desarrolló
el gobierno formado por
la coalición
republicano-socialista,
en medio de una alta
conflictividad política
y social.
Las dificultades
económicas tenían una
raíz interna
tradicional: el paro
agrícola y desigualdad
en el reparto de la
tierra;
descapitalización
industrial con escasa
competitividad
internacional. Por otro
lado se sumaron los
problemas derivados de
la escasa confianza de
empresarios y
propietarios agrícolas
hacia el nuevo sistema
republicano. Como
siempre ocurre, mejorar
las condiciones para la
clase trabajadora,
provocan descenso en las
inversiones
empresariales.
Uno de los problemas
inmediatos al que tuvo
que hacer frente el
Gobierno Provisional,
fue el de la
proclamación de la
República Catalana,
impulsada por Francesc
Macià de Esquerra
Republicana de
Catalunya. El Gobierno
consiguió que ERC
renunciara a la
República Catalana, a
cambio del compromiso de
presentar en las Cortes
un Estatuto de
Autonomía. En el País
Vasco, el PNV y los
carlistas, aprobaron en
1931 el llamado
Estatuto de Estella,
al que se opusieron los
republicanos de
izquierda y los
socialistas por su
carácter confesional y
poco democrático,
incompatible con la
Constitución. Se
mantuvieron intensas
negociaciones hasta que
en octubre de 1936,
iniciada ya la guerra,
fue aprobado un estatuto
vasco democrático,
siendo elegido José
Antonio Aguirre como
Lehendakari. Desde antes
y desde entonces,
aquellos problemas lo
siguen siendo, pese a la
represión franquista en
los territorios.
La agricultura jugaba un
papel importantísimo en
la economía española de
la época, tanto por su
contribución a la renta
nacional como por la
mano de obra que
empleaba.
La
reforma agraria era
imprescindible, si se
quería acabar con el
hambre y su histórico
atraso. Los campesinos
vivían en situación de
esclavitud, sufriendo
hambre e injusticias.
Los trabajadores de la
tierra no la poseían y
padecían bajos jornales,
malas condiciones de
vida, escasa
alimentación y jornadas
de sol a sol. La
Ley de Reforma Agraria
puso de acuerdo a los
latifundistas, caciques
señoritos, opuestos a la
modernización del campo,
junto con algunos
sectores del
campesinado, frustrados
por la falta de
resultados y defraudados
con las posibilidades de
cambio social.
El ministro de Trabajo
socialista Largo
Caballero, promovió
una
reforma laboral,
que otorgaba a los
trabajadores, a través
de sus sindicatos, mayor
control sobre las
empresas. Era un
proyecto coherente con
los principios marxistas
del socialismo español,
que no renunciaba a la
transformación
revolucionaria de la
sociedad, pero pretendía
alcanzarla por cauces
pacíficos y
democráticos. Se aprobó
la ley
de contratos de trabajo
y de jurados mixtos; se
estableció la jornada
laboral de 40 horas;
hubo aumento de salarios
y
se
impulsaron los seguros
sociales. Se amplió el
Seguro obligatorio de
Retiro Obrero, se
estableció el Seguro de
Maternidad y el Seguro
de Accidentes de Trabajo.
Las organizaciones
patronales se opusieron
a todas estas medidas.
CNT fue crítica y
continuó con la
convocatoria de huelgas,
al entender que las
reformas iban en
beneficio de la UGT.
Se reformó el sistema
educativo,
adaptándolo al modelo
que la Constitución
establecía. Se
potenció la
universalización de una
educación laica,
liberal, mixta,
obligatoria y gratuita.
El objetivo principal
fue la educación
primaria.
Entre 1932 y 1933 se
levantaron 6.570
escuelas y se crearon
7.000 plazas de maestros
y maestras, con mejores
salarios. El experimento
más notable, fue la
creación de las
Misiones Pedagógicas,
ligadas a la Institución
Libre de Enseñanza, que
llevó el aliento del
progreso a los pueblos
más aislados y atrasados
de España. Se promovió
la creación de
Universidades Populares,
con el objeto de
extender la cultura −que
era patrimonio de una
minoría− al pueblo y
promover la
alfabetización,
principalmente entre las
mujeres.
La eliminación de la
religión católica como
asignatura y la
prohibición del
ejercicio de la
enseñanza a las
congregaciones
religiosas, provocaron
el rechazo de la iglesia
y de la derecha
católica. La iglesia se
negó a cerrar sus
escuelas y prohibió a
los católicos que
matricularan a sus hijos
en las escuelas públicas
del Estado.
La República trató de
limitar la influencia de
la Iglesia en la
sociedad y en la
política española y para
ello procedió con la
secularización del
estado, declarándose la
no confesionalidad
oficial, la libertad de
cultos y se suprimió el
presupuesto para la
Iglesia. Asimismo se
legalizó el matrimonio
civil y el divorcio y se
secularizaron los
cementerios. Se decretó
la disolución de
aquellas órdenes que
tuvieran como cuarto
voto la obediencia al
Papa frente a cualquier
otra autoridad. De este
modo la orden de los
jesuitas, que tenía una
gran influencia en la
educación, quedó
disuelta en España,
quedando sus bienes
nacionalizados.
Todas estas medidas
provocaron una
polarización radical de
la opinión pública. Del
ámbito religioso
surgieron importantes
enemigos de la
República. La mayor
parte de la población de
aquella época, como hoy,
era católica, por lo que
no le fue difícil a la
jerarquía religiosa
movilizar a importantes
sectores en contra del
sistema. El gobierno
decidió expulsar de
España a los religiosos
especialmente activos y
molestos para los planes
de modernización de
España.
Manuel Azaña, como
ministro de la Guerra,
pretendía constituir un
ejército profesional
defensor de la
democracia, para lo que
había que reducir la
proporción de oficiales
existente. Se promulgó
la
Ley de retiro de la
oficialidad,
que obligaba a jurar
fidelidad a la República
o, en caso contrario, a
retirarse
voluntariamente
conservando el sueldo
íntegro. Se cerró la
Academia militar de
Zaragoza, por considerar
sus enseñanzas como
anticuadas, se
clausuraron los Consejos
de Honor, el Consejo
Supremo de Justicia
Militar y se eliminó la
prensa militar. La ley
de reforma militar fue
recibida por un sector
del ejército como una
agresión a la tradición
militar, lo que provocó
importantes tensiones,
especialmente entre los
africanistas. La
prioridad dada por el
gobierno a los gastos
sociales, impidió
mejorar la capacidad
técnica y de armamento,
como estaba previsto.
Años después, los mandos
militares sediciosos, se
le cobraron con creces.
El gobierno radical-cedista
entre 1933 y 1936,
presidido por Lerroux, y
sostenido por la derecha
católica de la CEDA de
Gil Robles, derogó la
mayoría de las medidas
anteriores. Aprobó la
Ley para la Reforma de
la Reforma Agraria;
paralizó la reforma
militar, amnistió a los
golpistas de la
sanjurjada y
designó, para los
puestos claves, a
Franco, Goded y Mola; se
concilió con la iglesia
e inició la negociación
con el Vaticano;
paralizó el programa de
construcciones escolares
y anuló la enseñanza
mixta.
Los republicanos de
izquierda pretendían
consolidar la democracia
sin cambiar el sistema.
Por el contrario, los
socialistas,
consideraban que el
sistema democrático, era
un paso intermedio hacia
una sociedad nueva −de
igualdad, justicia y
libertad−, y daban
prioridad a las reformas
sociales. El enemigo
político, mantenía sus
posiciones de poder
intactas y no permitió
más reformas.
Algunos de los problemas
sociales de aquella
época siguen teniendo
vigencia hoy, y los
comportamientos de la
derecha siguen siendo
parecidos, pretendiendo
ejercer el poder para
beneficio propio, muy
alejado de los intereses
de la mayoría
trabajadora.
Se pretendió modernizar
el país y promover la
justicia social y los
estamentos sociales
corporativos afectados
lo impidieron. Tanto se
opusieron algunos que
dieron un golpe de
Estado, que provocó una
guerra, que ganaron,
creando un estado
totalitario, que
sufrimos durante
cuarenta años.
