El Gobierno ha remitido, por
fin, a las Cortes el
Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para
2021. Todavía se desconoce
con que apoyos contara para
su aprobación definitiva,
que supere el tránsito entre
prórroga y prórroga, desde
aquellos aprobados en la
lejana época de Cristóbal
Montoro. María Jesús Montero
está que no cabe en si de
gozo, pero la espera un
calvario hasta que pueda
verlos aprobados, si lo ve.
El texto pactado entre los
socios del Gobierno de
coalición (PSOE y Unidas
Podemos) avanza en el gasto
social para combatir los
efectos de la pandemia e
incorpora subidas de
impuestos para ingresar unos
6.000 millones adicionales
en el 2021 y otros 2.323
millones en el 2022 (8.342
millones en dos años). Estas
son algunas de las medidas
que incorpora el Proyecto y
los acuerdos de última hora
(alquileres e ingreso mínimo
vital) que permitieron
salvar la negociación
presupuestaria entre PSOE y
UP.
La ley
de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE)
es considerada la ley anual
más importante de un
gobierno, que determina su
política en la mayoría de
los ámbitos, además de ser
la base sobre la que se
mueve la economía del
Estado. Los aspectos básicos
están definidos por el
artículo 134 de la
Constitución,
que establece que el
Gobierno debe elaborar
anualmente los PGE y las
Cortes Generales aprobarlos.
Si los presupuestos no son
aprobados antes del
ejercicio correspondiente,
quedan automáticamente
prorrogados los del año
anterior.
En
definitiva, los PGE son la
expresión cifrada, conjunta
y sistemática de las
obligaciones que, como
máximo, puede reconocer el
sector público y de las
estimaciones de ingresos que
se prevea liquidar durante
el correspondiente ejercicio
y, por ello, constituyen una
pieza esencial en la
ejecución anual del programa
político del Gobierno.
Los Presupuestos traducen en
cifras las opciones
políticas y económicas
reales del Ejecutivo,
por lo que el debate
presupuestario se
caracteriza como el debate
político por excelencia y en
ello estamos. España
necesita unos nuevos
presupuestos que desbloqueen
algunas inversiones
fundamentales y superar los
aprobados por el PP en el
año 2018, prorrogados
sucesivamente durante estos
pasados años.
El
Consejo de Ministros fijó el
límite de gasto no
financiero de 2021, el
conocido como techo de
gasto, "un
paso imprescindible para la
elaboración de los
Presupuestos Generales del
Estado",
según apuntó la ministra de
Hacienda, María Jesús
Montero. Aseguró que ese
límite de gasto no
financiero para 2021 "no
admite comparación con
ejercicios pasados". Se
trata del techo de gasto de
unos Presupuestos que nacen
para combatir la mayor
pandemia a la que se ha
enfrentado el mundo en el
último siglo y engloba parte
de los fondos europeos y
transferencias
extraordinarias a la
Seguridad Social y
Comunidades Autónomas.
Montero anunció que el
límite de gasto para 2021
"crece de forma notable" y
se sitúa en 196.097 M€, para
ayudar al crecimiento
económico, dar mayores
oportunidades de empleo,
combatir la desigualdad y
"hacer que nadie se quede
atrás, como ocurrió en la
crisis anterior".
El
presidente Pedro Sánchez y
el Vicepresidente Pablo
Iglesias han presentado "los
Presupuestos que dejan atrás
la etapa neoliberal y los
recortes",
tirando de los fondos de
Europa. El presidente y el
vicepresidente han
desgranado las líneas
generales de las cuentas
para 2021, cuyo borrador
cerraron in extremis
los negociadores del PSOE y
de Unidas Podemos, que
deberán ahora buscar los
apoyos parlamentarios; y no
lo tienen fácil. El objetivo
del proyecto presupuestario
es "reconstruir lo que nos
ha arrebatado la crisis
sanitaria, económica y
social provocada por la
COVID-19", pero también
"modernizar nuestro modelo
productivo".
Se trata de garantizar una
recuperación económica, un
crecimiento económico sobre
bases más sólidas en un
mundo post pandemia: con una
mejor educación, una mayor
inversión en ciencia, una
mejor formación a lo largo
de la vida en el ámbito
laboral y una apuesta
decidida por la innovación,
la transición ecológica y la
transformación digital. El
presidente Sánchez resaltó
que uno de los objetivos
fundamentales de la política
económica "debe ser
fortalecer nuestro
patrimonio común, nuestro
estado del bienestar con un
sistema nacional de salud
que tiene que ser mucho más
robusto, unas pensiones que
deben garantizar la dignidad
de nuestros mayores y el
ingreso mínimo vital". Por
su parte Pablo Iglesias
resaltó que las cuentas del
año que viene, llevarán a
España "a la senda de la
recuperación de derechos
sociales y laborales", así
como a abordar "las
transformaciones económicas
que son necesarias desde
hace mucho tiempo, pero que
se han vuelto inaplazables
por la pandemia".
La
repetición de las elecciones
generales abocó al Gobierno
en funciones a tener que
prorrogar los Presupuestos
elaborados en 2018 por el
PP. Montoro ha reconocido
que su proyecto hasta ahora
prorrogado "viene a
constatar que los PGE eran
efectivos en términos de
garantía y prestación de los
servicios públicos y, sobre
todo, para seguir impulsando
el bienestar de los
españoles". El exministro
sostiene que la subida de
impuestos propuesta "es un
error" que, a su juicio,
atiende a intereses
"ideológicos". Cristóbal
Montoro considera que "no
hay entendimiento político
en España, lo que hay
incluso es demasiada
crispación en los debates
públicos y políticos ante
una situación de emergencia
tan excepcional como es
hacer frente a la pandemia y
a sus consecuencias
económicas y sociales".
Las cuentas de 2018, se
aprobaron con un Gobierno en
minoría, pero tenían la
ventaja de haberse pactado
con otros partidos como
Ciudadanos, PNV o Coalición
Canaria. Fueron elaboradas
por el Gobierno del PP, bajo
la tutela del ministro de
Hacienda, si bien fueron
definitivamente aprobadas
por el Gobierno de Pedro
Sánchez, que ganó la moción
de censura a Mariano Rajoy,
durante el trámite
parlamentario de los
presupuestos. Pero ese
Gobierno del PSOE, con 84
escaños, no fue capaz de
sacar sus presupuestos para
2019, lo que provocó la
convocatoria de elecciones.
Al no haber límite
constitucional, unos PGE
pueden prorrogarse
indefinidamente, aunque sí
hay un límite político y un
Gobierno que no fuera capaz
de sacar adelante sus
cuentas, debería convocar
elecciones. De otra parte,
la ausencia de nuevas
medidas lleva a un
agotamiento del crecimiento
económico. La prórroga
presupuestaria no es nueva
en España; se produjo
anteriormente con las
cuentas de 1978, 1982, 1995,
2011, 2016, 2017, pero
podría ser la primera vez
que se prorrogasen tres años
consecutivos.
El
sindicato UGT considera que
la presentación del Proyecto
de Presupuestos Generales
del Estado para 2021,
constituye una buena
noticia, de cara a
establecer las líneas
principales de ingresos y
gastos para el año que viene
y, lo que es lo mismo, las
políticas esenciales que
deben desarrollarse. A falta
de las negociaciones
pertinentes,
UGT reclama a los grupos
políticos responsabilidad
para aprobar, con las
mejoras oportunas, estas
cuentas públicas cruciales
para el desarrollo de
nuestro país.
El sindicato reitera su
voluntad de aportar sus
propuestas al proyecto, como
ya han hecho con
anterioridad, tanto con la
"Propuesta sindical para la
construcción de un nuevo
país. Un país con futuro",
presentada en la Comisión
para la Reconstrucción
Social y Económica del
Congreso.
La
aprobación del proyecto de
Presupuestos Generales del
Estado para 2021
supone un gran alivio para
el Gobierno de coalición.
Ahora deben pasar el filtro
del Congreso, lo que
derivará en duros debates,
incluso dentro del Gobierno.
Si en las filas del PSOE
apuestan por contar con los
diez diputados de Ciudadanos
para ofrecer una imagen de
apoyo amplio y
transversalidad política, en
Unidas Podemos empujan para
dejar fuera del acuerdo
presupuestario a los de Inés
Arrimadas ante el riesgo de
que rebaje los avances
sociales incluidos. El
presupuesto del año que
viene, prevé un gasto social
que representa el 19,6% del
PIB; el más alto, al menos,
desde 2009.
El
Grupo Socialista ha
comenzado su campaña
explicativa territorial. "Son
unos presupuestos
extraordinarios para una
situación extraordinaria",
en opinión de Rafael
Simancas. "Son los
presupuestos que necesita la
sociedad española para
enfrentar con éxito la mayor
crisis de nuestras vidas
derivada de la pandemia por
la Covid-19 y sus
consecuencias en la
economía, el empleo y la
vulnerabilidad social". El
Grupo Socialista defiende
que son los PGE más sociales
de la historia de la
democracia, con las
inversiones sociales más
importantes, y "son los PGE
para la modernización y
transformación del país".
Unos Presupuestos
progresistas que supondrán
la mayor inversión pública
en unas cuentas del Estado;
más de 239.765 millones de
euros, con un incremento
impositivo importante para
reducir la brecha de
ingresos fiscales de más de
siete puntos que nos separa
de Europa.
El debate sobre los PGE
representa una oportunidad
para impulsar un cambio en
la orientación de las
políticas económicas
aplicadas en España. Unos
Presupuestos para la
recuperación de la economía
y los buenos empleos, así
como para levantar un escudo
social, para que nadie quede
atrás y modernizar la
sociedad y la economía
española. Tiene que haber
acuerdos ante un problema de
salud pública para el que
nadie tiene una solución
definitiva, como estamos
viendo en el ámbito europeo
y mundial
