Permítanme esta simple
reflexión, que no simplista,
espero: si la patronal, los
partidos de la derecha y la
vicepresidenta de economía,
están satisfechos y se
oponen a la reforma laboral
del Partido Popular de 2012,
es que no es buena, nada
buena, para la clase
trabajadora. Requiere una
reforma total, tiene que ser
derogada, como así firmaron
el PSOE y Unidas Podemos en
el acuerdo para la formación
de un Gobierno de coalición
progresista. Otra cosa es,
si es oportuno reformar en
estos momentos, en plena
crisis sanitaria, social y
económica; yo creo que no.
PSOE y
Unidas Podemos acordaron la
derogación de la reforma
laboral del PP, para
recuperar derechos y
garantizar un trabajo digno,
estable y de calidad, en el
documento
Coalición progresista, Un
nuevo acuerdo para España.
Entre otras muchas medidas
acordaron derogar la
posibilidad de despido por
absentismo causado por bajas
por enfermedad. El PSOE y
Unidas Podemos acordaron
derogar la reforma laboral
del PP y recuperar los
derechos laborales
arrebatados por aquel
Real Decreto-ley 3/2012, de
10 de febrero.
Además, entre otras
materias, acordaron subir el
salario mínimo hasta
alcanzar el 60% del salario
medio en España y aumentar
los impuestos a las rentas
de más de 130.000 euros y de
cuatro puntos a las que
superen los 300.000;
recuperar el papel de los
convenios colectivos y
actualizar las pensiones
conforme al IPC real
mediante una ley y de forma
permanente.
Todo
viene a cuento, por el
acuerdo del PSOE y Unidas
Podemos con EH Bildu, para
conseguir la abstención del
partido vasco, en la
votación de la quinta
prorroga del Estado de
alarma, ante el riesgo de
perder la votación en el
Congreso. El documento
firmado apuntaba "acelerar
la derogación "íntegra", de
la reforma laboral del PP,
pese a que el Gobierno de
coalición había acordado
hacerla por fases.
Los negociadores pidieron
discreción a Bildu para no
poner en riesgo los síes de
Ciudadanos y no enfadar al
PNV,
que se juega precisamente
con el grupo de Arnaldo
Otegi la hegemonía
nacionalista en Euskadi, en
las elecciones del próximo
12 de julio.
La
polémica quedaba abierta,
cuando por la noche, el
PSOE, que no Moncloa,
rectificaba el pacto:
"Respecto al acuerdo firmado
a lo largo del día de hoy
entre el PSOE, Unidas
Podemos y EH Bildu, se anula
el punto primero". La nueva
redacción de dicho punto
copiaba el texto del acuerdo
del Gobierno de coalición, e
incluía "derogar con
carácter urgente la
posibilidad de despido por
absentismo causado por bajas
por enfermedad", algo que ya
está derogado hace meses. La
vicepresidenta tercera,
Nadia Calviño, representante
de la derecha liberal en el
Gobierno, que había impuesto
su criterio con la retirada
de la dichosa palabra
"integra" en el comunicado
del PSOE, ve
"absurdo y contraproducente
abrir el debate" de la
derogación de la reforma
laboral
en plena crisis del
coronavirus. Lo cierto es
que la situación da oxígeno
al PP y a la CEOE, muestra
que se ha gestionado mal y
afectará directamente a la
crisis que padecemos.
La
Unión General de
Trabajadores, en Febrero de
2019,
urgía al Gobierno a derogar
la reforma laboral de 2012 y
crear empleo de calidad y
con derechos,
y valoraba negativamente los
resultados de la reforma,
porque: ha aumentado la
temporalidad en el empleo un
1,7% desde 2011; ha
aumentado la rotación de los
contratos. Uno de cada
cuatro contratos es de muy
contra duración (un 6,5% más
que en 2011); ha
incrementado la parcialidad.
Uno de cada a tres empleos
creados desde 2011 ha sido a
tiempo parcial y la mayoría
es involuntario por no
encontrar un trabajo a
tiempo completo. Cinco
puntos menos de poder de
compra que en 2011; ha
decaído los ingresos del
Estado, ha deteriorado el
Estado de Bienestar; y ha
empeorado la salud y
seguridad de los
trabajadores y la calidad
del empleo.
Por su
parte Comisiones Obreras, en
febrero de 2020
hace un llamamiento para
derogar en el menor tiempo
posible la reforma laboral.
"Todos los contratos que se
crean son temporales y de
muy corta duración".
Anualmente, el 38% de los
contratos que se realizan
tienen una duración inferior
a un mes; además gracias a
la reforma laboral, los
empresarios disponen de
facilidades para el despido
y urgía al nuevo Gobierno a
que derogue la reforma
laboral, avance en reformas
fundamentales que abaraten
el coste de la vivienda y la
energía y energía y apruebe
unos presupuestos
progresistas que permitan
recuperar derechos y
responder a los retos
económicos, sociales y
medioambientales de nuestro
país.
La reforma del PP tiene sus
orígenes a finales de 2011,
cuando el nuevo Gobierno de
Mariano Rajoy, solicitó a
patronal y sindicatos que le
presentaran una propuesta
conjunta para la reforma del
mercado laboral, ante la
situación de crisis
económica y a pocos meses de
pedir el rescate del sector
financiero. Los agentes
sociales lograron un acuerdo
para la moderación salarial,
pero no avanzaron en temas
como la contratación o el
despido, lo que llevó al
Gobierno a presentar una
reforma unilateral, aprobada
por decreto ley (se tramitó
como proyecto de ley y se
aprobó con los apoyos de
CiU, UPN y Foro). La reforma
facilitaba la modalidad más
barata de despido, abarataba
el despido improcedente y
establecía un contrato
indefinido para pymes sin
indemnización por despido el
primer año. La reforma de
Luis de Guindos, calificada
en Europa como
"extremadamente agresiva",
le costó una huelga general
al Gobierno del PP.
Con la
reforma del PP,
desaparecía la exigencia de
autorización administrativa
previa para las regulaciones
de empleo;
la indemnización por despido
improcedente se redujo para
los contratos indefinidos de
45 a 33 días por año
trabajado, con un máximo de
24 mensualidades (antes de
la reforma eran 42). En el
caso del despido objetivo
−que permite a las empresas
despedir por causas
económicas, organizativas,
técnicas o de producción con
una indemnización de 20 días
por año trabajado−, se
entiende que concurren
causas económicas cuando
haya pérdidas o disminuyan
las ventas durante nueve
meses. Se considera causa de
despido las ausencias de un
trabajador aún justificadas
pero intermitentes que
alcancen el 20% de las
jornadas hábiles en dos
meses consecutivos, siempre
que el total de faltas de
asistencia en los doce meses
anteriores alcance el 5% de
las jornadas hábiles, o el
25% en cuatro meses
discontinuos dentro de un
periodo de doce meses.
(Derogado el pasado 18 de
febrero por decreto ley).
Con la reforma del PP, los
convenios de empresa tienen
prioridad sobre los de
ámbito superior; el
empresario puede incumplir
lo pactado en un convenio
colectivo (descuelgue) en
materia de horario,
distribución del tiempo de
trabajo, turnos, salarios o
funciones, cuando concurran
causas económicas, técnicas,
organizativas o de
producción. Se limita a un
año la prórroga de los
convenios cuya vigencia haya
expirado (ultra actividad).
Se crea un contrato para
pymes con menos de 50
trabajadores, con un periodo
de prueba de un año en el
que no hay indemnización por
despido, que desaparecerá
cuando la tasa de paro baje
del 15%. Las ETT podrán
actuar como agencias
privadas de colocación.
En
septiembre de 2010, el
Gobierno que presidía José
Luis Rodríguez Zapatero
había aprobado la
Ley de Medidas Urgentes para
la Reforma del Mercado de
Trabajo,
lo que suponía la
decimosexta reforma laboral
de la democracia y una de
las más regresivas, solo
superada por la que en 2012
llevaría a cabo Mariano
Rajoy.
El
vicepresidente
Pablo Iglesias dice que la
derogación de la reforma
laboral debe ser total como
se firmó con Bildu después
de que el PSOE limitase su
alcance.
Por su parte
CEOE rechaza el pacto con
Bildu para derogar la
reforma laboral,
al entender que es un
desprecio indignante al
diálogo social.
El
secretario general de UGT
ha pedido a las patronales
"mucha mesura" y que no
rompan el diálogo social.
"En otros momentos han
pasado otras cosas y
nosotros podríamos habernos
aprovechado para levantarnos
de la mesa y no lo hemos
hecho. Comisiones Obreras en
un comunicado valora el
acuerdo PSOE-Unidas
Podemos-Bildu y señala que
el acuerdo PSOE-EH Bildu,
reproduce el acuerdo de
investidura, que recogía el
compromiso de derogar la
reforma laboral,
sin entrar en el debate
sobre si la derogación ha de
ser parcial o íntegra.
El
Gobierno reconoce su soledad
en el Congreso y defiende el
pacto con EH Bildu porque le
permitió sacar la prorroga
del Estado de alarma y así
seguir frenando contagios; y
tomará todas las decisiones
en el marco del diálogo
social. La ministra
portavoz. Lejos de reconocer
el caos
desatado por el pacto con
Bildu sobre la derogación de
la reforma laboral, con
sus posteriores
rectificaciones y confusión,
el Gobierno se ha
atrincherado en sus
posiciones.
María Jesús Montero, dice
que "la acción del Gobierno
sobre la reforma laboral se
llama Estatuto de los
Trabajadores"
y admite que hay "distintas
sensibilidades" en el
Gobierno sobre cómo afrontar
este tema, pero que irán
"todos a una" para derogar
la reforma.
PSOE y Unidas Podemos
cierran filas ante las
presiones externas tras el
pacto con Bildu, mientras
que algunos miembros del
Gobierno admiten errores en
la gestación del acuerdo con
la izquierda abertzale.
Esperemos que no cierren en
falso la crisis, que parece
desmesurada y que la derecha
busca para presionar a la
coalición.
El pacto de socialistas con
la formación vasca ha
generado diferencias entre
los dos partidos en el
Gobierno, en cuanto que si
la derogación debe ser
"íntegra" o no. Las
centrales sindicales han
reiterado su demanda de
eliminar la reforma laboral
del PP, como reclaman desde
hace años, pero ambas
reiteran que el Gobierno
lleve esta cuestión a la
mesa de diálogo social con
la patronal y los
sindicatos.
Con todo y con esto, la
reforma laboral del PP, fue
un ataque directo a
trabajadoras y trabajadores.
"Quieren acabar con todo,
con los derechos laborales y
sociales", fue el lema de la
huelga general de aquel 29
de marzo; razón más que
suficiente, como para que un
Gobierno de coalición
progresista, acometa a la
mayor brevedad de tiempo
posible la derogación de
este instrumento, que ha
venido a atacar los derechos
de la clase trabajadora y
dinamitar las bases del
Estado de bienestar.