La pasada semana
escribía sobre la
ejecución del golpe de
Estado de aquel 23-F de
1981. En este mes de
Febrero he retomado el
hilo de la historia y
recuperado una serie de
artículos, revisados y
ampliados, que aparecen
en mí libro Reflexiones
republicanas (2013). Hoy
vamos a conocer algunos
extremos del juicio
contra quienes lo
consumaron. Se celebró
en la Casa de Campo de
Madrid.
Cerca de cuarenta años
han pasado desde que
fuerzas
antidemocráticas, mandos
militares, guardias
civiles y una trama
ideológica de la derecha
reaccionaria sin
identificar en su
totalidad, perpetraron
el último golpe de
estado en España.
También fue un golpe de
Estado promovido desde
las instancias del poder
para reconducir la
situación política a la
deriva. La
mayoría de cuantos
participaron no han
pagado su culpa. Sigue
habiendo algún tapado
que quizás sea
irresponsable
penalmente.
¿Se hizo todo en nombre
del rey? ¿Es cierta la
frase conocida, y que el
rey repetía: "a mi
dármelo hecho"?
¿Participaron destacados
miembros de los partidos
en la oposición y en el
gobierno? ¿Cuál fue el
papel que jugaron los
servicios de información
e inteligencia? El 23-F
ha generado infinidad de
libros y publicaciones,
que han clarificado
muchos extremos; pero
siguen habiendo un
cúmulo de interrogantes
que sólo el tiempo
desvelará. Fue un
episodio que se quiso
cerrar con demasiadas
prisas y se hizo en
falso. Quienes
participaron, trataron
de ocultar y desvirtuar
la realidad; quienes
algo conocían, por su
interés lo taparon, y
otros silencios por
corporativismo y
lealtades mal
entendidas; demasiadas
instituciones y gente
importante implicada.
Iñaqui Anasagasti
recuerda una
conversación con Sabino
Fernández Campo
−entonces secretario
general de la Casa del
Rey−, sobre lo que
escuchó decir al rey, en
su conversación con el
general Armada: "¡Qué
coño es eso de
intimidación! ¡Eso no
estaba previsto!". Según
Anasagasti, Fernández
Campo le contó que: "Al
quedarme sólo me di
cuenta que mi cabeza era
un volcán y cien
preguntas me surgieron.
¿Qué significaba lo de
no estaba previsto? ¿Por
qué el Rey aparentaba
estar tranquilo conmigo
y no con Armada?". ¿Era
la acción individual del
loco Tejero? ¿Era un
golpe de Estado? "Cogí
el teléfono y llamé a mi
hombre de confianza
destacado en el Congreso
y me confirmó que Tejero
había dicho que aquello
lo hacía en nombre del
Rey".
La
instrucción de la causa
fue irregular y el
Juicio ante el Consejo
Supremo de Justicia
Militar una componenda.
No estaban sentados en
el banquillo todos los
implicados, aunque
algunos de ellos fueron
juzgados. La Casa de
Campo, fue un desfile de
carnaval. Todos eran
compañeros: de uniforme,
de cuerpo o de arma. Los
que juzgaban, podrían
haber sido inculpados,
lo defensores acusadores
y los procesados
juzgadores. Se pretendió
una férrea censura
durante el juicio para
acallar a la prensa que
no consiguieron. Pedro
J. Ramírez, entonces
director de Diario16,
fue expulsado de la sala
por sus artículos y
comentarios,
que fue amparado por el
Tribunal Constitucional.
La causa 2/81 nunca
desentrañó la trama
CESID, por lo que quedó
sin conocerse la
procedencia de las
órdenes, si existieron,
de acciones encubiertas
o de inducción, y el
papel que jugaron los
agentes implicados.
Todos declararon su
inocencia, salvo Pardo
Zancada que creía que la
operación contaba con el
apoyo real. No solamente
invocaron al rey para su
defensa, sino que
alegaron obediencia
debida y estado de
necesidad, como
eximentes. Todo fue un
cúmulo de
contradicciones.
Entre los acusados se
formaron dos grupos
irreconciliables:
Armada, con los del
CESID (Gómez Iglesias y
Cortina), frente a los
demás. No se conoció si
Armada formaba parte del
golpe principal o si por
el contrario los fue del
alternativo, o si
participó para
reconducir la situación;
declaró que "antes,
durante y después, actuó
a las órdenes del rey".
Milans se escudó tras
las reuniones que dijo
haber tenido con Armada,
donde se le aseguró que
el rey estaba de
acuerdo.
Tampoco el juicio
conoció la autoría
intelectual; si fue
Milans, junto con los
otros generales y
militares de alta
graduación procesados, o
quien fue el tapado
"elefante blanco". En el
juicio si quedó probado
que había habido una
rebelión militar.
También quedó probado,
por grabado, el asalto
de la guardia civil al
Congreso. De no haber
habido esas imágenes,
posiblemente nos habrían
ocultado hasta la propia
acción.
Fueron juzgados catorce
militares, dieciocho
guardias civiles y un ex
dirigente del sindicato
vertical franquista;
pese a que muchos más
participaron, por acción
u omisión, conocimiento
o inducción.
La sentencia condenó al
general Milans y el
teniente coronel Tejero,
fueron condenados a 30
años de prisión, por un
delito probado de
rebelión militar.
Posteriormente el
Supremo condenó a la
misma pena, por el mismo
delito, al general
Armada. El resto de
procesados fueron
condenados a diferentes
penas, entre los doce
años a uno de prisión, o
a la pérdida de empleo
temporal, y tres
absoluciones.
La
reunión de Juan Carlos
de Borbón con las
fuerzas políticas el día
24 de febrero, fue un
pacto de conveniencia,
para evitar la
generalización de la
culpa hacia las fuerzas
armadas y de seguridad
del Estado. Después ya
nadie supo nada; Tejero
llegó a decir: "espero
que alguien me cuente
algún día lo que fue el
23F". El presidente
Calvo Sotelo, intentó
que se implicara al
menor número posible de
militares.
En los papeles del
embajador alemán, ya
citados la pasada semana,
se dice que el monarca
intercedió ante el
gobierno y ante la
justicia militar para
que a los involucrados,
no les sucediera nada
demasiado grave, porque
a fin de cuentas, los
golpistas sólo querían
lo mejor.
La
Zarzuela afirmó que: "La
participación y
actuación del rey en
defensa de la democracia
y la Constitución aquel
23-F, está fuera de toda
duda para los españoles
y la comunidad
internacional";
no todo está aclarado.
La corona estima que el
23-F es más territorio
de los historiadores.
Pocos años han pasado
para pretender que la
historia se haga cargo
de la situación. Muchos
somos los que vivimos la
congoja de un golpe de
Estado y si de verdad
fue, como parece, una
operación en la que el
rey estaba implicado
para consolidar su
situación ante la
democracia, su culpa no
ha prescrito.
Sabino Fernández Campos
habló por teléfono con
el general Armada:
"Alfonso, si es verdad
que ese loco ha entrado
en el Congreso en nombre
del Rey hay que
desmentirlo
urgentemente". Se
dirigió al rey y en
presencia de la reina le
dijo: "Señor, lo que
está sucediendo es muy
grave. −Sí, Sabino, la
cosa es grave. Creo que
debemos autorizar a
Armada a que venga a la
Zarzuela y nos explique
lo que está pasando,
porque creo que están
pasando cosas que no
estaban previstas−"
¿Cosas que no estaban
previstas? ¿A qué se
refería? "Por primera
vez noté cierto
nerviosismo en el rey,
como si quisiera
ocultarme algo".
Para Suárez estaba claro
que el alma del 23-F era
el rey.
Franco en su testamento
político, dejaba todo
"atado y bien atado" en
manos del rey, la banca,
la alta burguesía, los
altos mandos de la
administración, el
ejército y la Iglesia.
Seis años después de su
desaparición, su
espíritu seguía vivo y
el aparato intacto. No
podían consentir que se
otorgase la soberanía al
pueblo, se legalizaran
los partidos,
especialmente el PCE, se
desmontara el estado
totalitario y se
reconociese el derecho
al autogobierno de
nacionalidades y
regiones. Otros
intereses de poder
pretendían reconducir la
situación, ante la
política de Suárez "que
llevaba al abismo".
Si los golpistas estaban
en ese juego
−visionario, violento,
peligroso y sucio para
la joven democracia y
españoles y españolas−,
sin triunfar, algo
consiguieron: la figura
del rey se consolidó
ante la ciudadanía y las
fuerzas políticas (renta
de la que todavía
sobreviven); la
democracia se consolidó
(a costa de quedar
sometida al miedo a la
involución); el
desarrollo del estado
autonómico (que
supuestamente hacía
peligrar la unidad de
España), se paralizó
temporalmente, y la
situación política e
institucional (creada
por los gobiernos de
Suárez ya dimitido) se
recondujo.
El 17 de marzo de 1981,
el Congreso de los
Diputados celebró un
pleno monográfico sobre
el 23-F a puerta cerrada
−algo sin precedentes−,
sin cámaras de
televisión, fotógrafos
ni invitados. El
ministro de Defensa,
Alberto Oliart, presentó
la primera explicación
oficial. El informe
Oliart precisaba que el
golpe sufrió un adelanto
forzado, ante la
inesperada dimisión de
Adolfo Suárez y cogió a
los golpistas con el pie
cambiado. Como los
autores del golpe
primaron la seguridad,
la conjura "no fue
detectada a tiempo por
los servicios de
información".
El
Congreso guarda bajo
relativo secreto tres
informes sobre el golpe
de Estado del 23-F: uno
redactado por el jefe de
seguridad de la Cámara,
otro de los secretarios
de la Mesa y un tercero
que refleja la
transcripción de la
comparecencia en la que
el ministro de Defensa
ofreció las primeras
conclusiones en esa
sesión a puerta cerrada.
Los papeles fueron
parcialmente
desclasificados en 2011,
durante la presidencia
de José Bono. Los
archiveros de la cámara
son claros sobre el
material, que se permite
consultar a algunos
periodistas: se pueden
tomar notas, pero no
hacer fotografías o
fotocopias.
Según el informe Oliart,
el papel de Juan Carlos
I constituye "un
ejemplar ejercicio de la
suprema magistratura de
un Estado y del respecto
por la soberanía
popular". Frente a la
teoría de Oliart, otros
analistas del 23-F
han destacado siempre
que el monarca fue
ambiguo durante las
primeras horas del golpe
y solo actuó con
rotundidad cuando la
asonada estaba en fase
de fracaso.
En Anatomía de un
Instante, Javier Cercas
profundiza en las zonas
grises en torno al papel
antes y durante el golpe
de Estado. En una
entrevista al diario El
País, Cercas aseguraba:
"El rey hizo cosas en el
23-F que no debería
haber hecho".
El golpe del 23-F, sigue
siendo secreto de
Estado; quedan preguntas
sin respuestas, que
plantearemos la próxima
semana.