El día 1 de Abril
comienza la campaña de
recaudación del Impuesto
sobre la Renta de las
Personas Físicas. En la
declaración, podemos
optar por destinar un
porcentaje de la cuota a
colaborar con el
sostenimiento económico
de la Iglesia católica y
a otros fines de interés
social. En estos
momentos de crisis
sanitaria por el
coronavirus se aprecian
grandes carencias y
necesidades en el
sistema público de
salud. Es preciso dotar
a la sanidad de mayores
recursos económicos, por
lo que el IRPF, puede
ser un buen instrumento
para este objetivo.
Es
conocida
la grave situación en la
que se encuentra la
Sanidad pública,
entre otras razones por
los recortes a los que
se ha visto sometida por
las políticas
privatizadoras y de
concertación llevadas a
cabo por la derecha:
faltan
recursos materiales y
humanos, existe
precariedad laboral y es
necesaria una provisión
mayor de fondos y
recursos. Ante la crisis
sanitaria, social y
económica sin
precedentes que
padecemos, yo me sumo a
las campañas que
solicitan al Gobierno de
España que cambie en la
declaración de la renta,
la casilla de asignación
tributaria a la iglesia
católica, por otra para
la sanidad pública
española. Con estas
iniciativas nuestro
sistema sanitario pueda
recibir la asignación de
forma exclusiva, aparte
de la que se le asigne
en los Presupuestos
Generales del Estado,
que como se ha
demostrado ahora es
insuficiente.
La
asignación tributaria es
una parte de la cuota
íntegra de la
declaración de la renta,
en la que se puede
elegir si destinarla a
fines de interés social,
al sostenimiento
económico de la Iglesia
católica o, si no marcas
nada, a los Presupuestos
Generales del Estado
para fines generales.
Marcar las casillas no
supone pagar más
impuestos sobre la Renta
ni que devuelvan menos.
Por una asignación
tributaria para la
Sanidad pública.
En
los datos de la
declaración de la renta
de 2019, sobre la
actividad económica
desarrollada en 2018,
uno de cada tres
contribuyentes marcó el
año pasado la casilla en
favor de la Iglesia
católica,
la única confesión con
ese privilegio. Fueron
7.191.387 declaraciones
personales, 26.885 más
que en ejercicios
anteriores, y un ingreso
para los obispos de
284,4 millones de euros.
Un 6,19% más que el
ejercicio anterior y la
cifra más alta desde el
comienzo del actual
sistema de asignación
tributaria, de 2007.
Pese a que el porcentaje
de declaraciones en
favor de la Iglesia
católica ha descendido
casi un punto, ha
aumentado la cantidad
que ingresan los obispos
en algo más de 16
millones, gracias a la
evolución de la
situación económica en
España.
El
Tribunal de Cuentas
denuncia falta de
control en el dinero que
la Iglesia recibe de la
casilla de la renta.
Las conclusiones
provisionales del
Tribunal, tras auditar
por primera vez la
asignación, confirman lo
que era un secreto a
voces: no hay ningún
control sobre la
justificación del
dinero. Nadie audita la
memoria que presentan
anualmente los obispos.
El tribunal lo atribuye
a la falta de criterios
acordados entre la
Iglesia y el Estado para
esa justificación: "No
existen acuerdos entre
el Estado y la Santa
Sede o normativa estatal
que regulen los plazos,
la forma de presentación
y el contenido que ha de
tener la memoria". Esta
falta de normativa
provoca que la memoria
para explicar a qué se
destina el dinero se
haga en función de lo
que decida la
Conferencia Episcopal.
El Tribunal ha detectado
además un desfase de
300.000 euros en el
ejercicio de 2017 entre
el dinero recibido y lo
justificado por la
Iglesia.
El
artículo 16.3 de la
Constitución
establece que "Ninguna
confesión tendrá
carácter estatal. Los
poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias
religiosas de la
sociedad española y
mantendrán las
consiguientes relaciones
de cooperación con la
Iglesia Católica y las
demás confesiones". Por
su parte, el
Acuerdo sobre Asuntos
Económicos con la Santa
Sede, en su Artículo II.1,
establece que "el Estado
se compromete a
colaborar con la Iglesia
Católica en la
consecución de su
adecuado sostenimiento
económico, con respeto
absoluto del principio
de libertad religiosa".
Pero cooperación y
colaboración no es
financiación directa ni
subvención permanente.
Los cuatro acuerdos
suscritos entre el
Gobierno de Adolfo
Suárez y el Estado
Vaticano –firmados en
Roma un mes después del
referéndum
constitucional de 1978,
pero antes de la
aprobación de la
Constitución–, permiten
a la Iglesia mantener
hoy privilegios del
franquismo en asuntos
económicos, educativos y
jurídicos. Dichos textos
también regulan la
asistencia católica a
las Fuerzas Armadas y el
servicio militar de los
clérigos.
El contenido de la
reforma de 2007, es
fruto del acuerdo al que
había llegado el
Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero con
la Conferencia Episcopal
para modificar el modelo
de financiación de la
Iglesia. Esas
negociaciones estuvieron
motivadas por una
exigencia de la UE, que
llevaba tiempo
cuestionando que la
jerarquía católica
española no estuviera
sujeta al pago del IVA
en las operaciones
comerciales, compras de
bienes muebles e
inmuebles, entre otros,
lo que suponía una
vulneración de la
normativa de
armonización fiscal.
Algunas de las razones
que
Europa Laica
argumenta para no marcar
las casillas del IRPF ni
para la Iglesia ni fines
sociales, se relacionan
con la discriminación
que supone para los
contribuyentes; porque
quienes marcan estas
casillas reducen su
aportación a los gastos
públicos en un 0,7%,
conculcando el
artículo 31 de la
Constitución.
La propia existencia de
esta casilla refleja el
apoyo del Estado a la
religión católica,
discriminando otras
creencias, por lo que se
conculca así el
principio de no
discriminación por razón
de creencias regulado en
el
artículo 14 CE.
El Estado no debe ser un
recaudador de
organizaciones privadas.
La asignación que se
lleva la Iglesia, se
detrae de las políticas
públicas para escuelas,
hospitales, servicios
sociales,
infraestructuras o
empleo.
Aumentar el presupuesto
para la sanidad pública
es vital para garantizar
que ésta sea universal y
de calidad, según
Ecologistas en Acción.
Es necesario más
personal sanitario, con
mejores condiciones
laborales, más camas,
más medios, más y
mejores servicios
auxiliares,
que puedan atender a
toda la población, sin
distinción de su clase
social o procedencia. La
partida de sanidad de
los presupuestos de 2020
debería incrementarse al
menos el 7% del gasto
público con el fin de
alcanzar el 15 al final
de la legislatura, para
recuperarse así los
recortes que la sanidad
pública ha sufrido.
Es preciso revertir los
procesos de
privatización y
externalización de la
sanidad y del trabajo
social en todos los
niveles, porque la
atención primaria en un
sistema de salud público
financiado y provisto
públicamente es la ruta
más adecuada para
garantizar el derecho a
la atención universal y
de calidad de la salud.
Asimismo hay que exigir
a los seguros y
hospitales privados que
asuman el coste del
tratamiento del
coronavirus, para que la
sanidad privada se
corresponsabilice de los
enormes gastos que hasta
este momento solo ha
soportado el sistema de
sanidad público y no
solo sea partícipe del
reparto de beneficios.
Es preciso asegurar
servicios públicos de
calidad; y no solo la
sanidad, también la
educación, el
transporte, la energía y
el abastecimiento de
agua, que son necesarios
para hacer frente a una
crisis de estas
dimensiones
Ahora más que nunca
podemos aportar nuestro
granito de arena
cambiando la casilla de
Iglesia por la de
Sanidad pública en la
declaración de la renta
del IRPF. Quién quiera
iglesias que se las
pague, como cuando uno
quiere peces se tiene
que mojar. Para
establecer un Estado
auténticamente laico, la
Constitución tendría que
estar redactada de otra
forma, pero se hizo como
se hizo y como en otras
tantas materias, dice lo
uno, lo otro y lo
contrario. El Estado ha
de romper con la Iglesia
que oprime conciencias,
controla gobiernos y
vive a costa del erario
público. Hay que
denunciar los acuerdos
con el Estado Vaticano.
El dinero de la
asignación de interés
general, para
actividades de interés
social lo distribuye el
Estado mediante
convocatorias públicas
de subvenciones,
considerando las
siguientes: la atención
a las personas con
necesidades de atención
integral
socio-sanitaria; la
atención a las personas
con necesidades
educativas o de
inserción laboral; el
fomento de la seguridad
ciudadana y prevención
de la delincuencia; la
protección del medio
ambiente; y la
cooperación al
desarrollo.
Cuando acaban los
aplausos, "no
puedo dejar de
preguntarme en voz alta
una serie de cuestiones
que todos deberíamos
hacernos en el momento
que todo pase, que
pasará, y que hasta
ahora quizás no nos
hemos planteado".
¿Seguiremos exigiendo
atención inmediata para
patologías banales
colapsando cada día los
servicios de Urgencias?
¿Seguiremos tratando al
personal sanitario con
malas maneras y con poco
respeto? ¿Seguiremos
considerando a la
sanidad como un asunto
de los políticos o los
gestores o
interiorizaremos que
también es nuestra y que
hay que cuidarla?
"Cuando entren de los
balcones, después de
aplaudir cada día a las
ocho, contesten con
sinceridad alguna de
estas preguntas, quizás
entonces la crisis
sanitaria habrá servido
para algo".
La
Agencia Tributaria
señala que, cuando el
contribuyente no marca
ninguna de las opciones
anteriores, el 0,7% de
los impuestos irá a
parar a los Presupuestos
Generales del Estado
para destinarlo a fines
generales. Mi propuesta
es que no sea destinado
a fines generales, sino
a la Sanidad pública;
pero llega tarde para
esta campaña. En
cualquier caso no
marques ninguna X en tu
declaración.
