El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
aprobó el pasado 20 de
Noviembre, una moción
presentada por la Plataforma
Vasca contra los Crímenes
del Franquismo, para
impulsar la lucha contra la
impunidad y el procesamiento
de Rodolfo Martín Villa, al
que ya se le había declarado
en 2019 como persona non
grata.
Este acuerdo municipal será
trasladado al Ministerio de
Justicia, así como a los
presidentes de la Audiencia
Nacional, Tribunal Supremo,
Tribunal Constitucional, a
la Fiscalía General del
Estado y al Juzgado Nacional
de lo Criminal argentino.
Así lo han aprobado en pleno
los grupos municipales de
PNV, EH Bildu y Elkarrekin
Vitoria con el fin de dar
"un empuje mayor" a la
solicitud presentada por la
Asociación de Víctimas del 3
de Marzo de 1976 de Vitoria,
frente a la negativa de PSE-EE
y PP.
La
moción insta al Gobierno
español
a dejar sin efecto el
Acuerdo del Consejo de
Ministros de 13 de marzo de
2015 relativo a las
extradiciones solicitadas
por la jueza María Servini
para toma de declaración
indagatoria;
y que en aplicación al
Derecho Internacional, se
adopten por el Estado
español todas las medidas
necesarias para que en los
Tribunales españoles se
investigue y juzguen los
crímenes contra la humanidad
cometidos durante la
dictadura franquista y la
Transición.
La Justicia (no la española)
investiga dos
ajusticiamientos a garrote
vil, cinco fusilados ante
pelotones voluntarios de la
muerte y cinco muertos por
defender sus derechos
laborales, tiroteados por la
policía conformada por
secuaces al servicio del
fascismo de la época. Doce
muertos heroicos, asesinatos
inmisericordes, por el
régimen franquista. el
Gobierno español encubre,
protege a sus responsables y
se convierte en cómplice.
Tras esta moción aprobada en
Vitoria-Gasteiz, conviene
recordar que la jueza
argentina María Servini,
abrió un procedimiento
contra distintos dirigentes
franquistas, que estuvieron
implicados en
acontecimientos, que
pudieran estar considerados
como crímenes de lesa
humanidad. En concreto se
les relaciona con la
sentencia de muerte y
posterior ejecución de
Salvador Puig Antich en
1974; con los cinco últimos
fusilamientos del régimen de
Franco en 1975; y con la
represión, en una
concentración en Vitoria en
1976, en la que fueron
asesinados cinco
trabajadores.
Como consecuencia de todo,
la Interpol cursó orden de
arresto contra 20 dirigentes
franquistas, algunos
vinculados a la Transición.
El gobierno de Rajoy, en su
día, manifestó que la
oficina de la Interpol en
España, vinculada a la
Dirección General de la
Policía del Ministerio del
Interior −del catolicísimo
Fernández− no iba a cumplir
la orden. El Gobierno, de
forma vergonzante, presentó
una queja ante la Interpol
en Lyon, consiguiendo que se
paralizara la orden, hasta
que se aclarase el caso. El
régimen comenzó matando y
terminó matando y el
gobierno del Partido Popular
encubriéndolo.
Siete ex ministros, jueces y
miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado
figuraron en la lista de
"Buscados" por la
Organización Internacional
de Policía Criminal. El
Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional,
considera crimen contra la
humanidad o de lesa
humanidad, las conductas
tipificadas como asesinato,
exterminio, deportación o
desplazamiento forzoso,
tortura, violación y
encarcelación o persecución
por motivos políticos,
religiosos, ideológicos,
raciales, étnicos o de
orientación sexual, crímenes
que no prescriben, al
haberse cometido contra los
Derechos Humanos.
En opinión del ex juez
Baltasar Garzón, los
crímenes que se persiguen no
son "amnistiables",
considerando que la
investigación debería
abordarse desde España, como
lo reclama la ONU. La Ley
−preconstitucional− de
Amnistía de 1977 que se
alega, para proteger a los
presuntos criminales, no
cubre los crímenes contra la
humanidad. Otros consideran
que es una "ley de punto
final", por la que se
renunció a revisar
penalmente el pasado y
exigir responsabilidades
generadas durante la
dictadura. Lo que realmente
ocurrió es que se instauró
la impunidad, que nos llega
hasta hoy.
Por la
Ley de Amnistía,
quedaban amnistiados todos
los actos de intencionalidad
política, cualquiera que
fuese su resultado,
tipificados como delitos y
faltas, realizados con
anterioridad al 15 de junio
de 1977. Esta ley señala
que, en todo caso, están
comprendidos en la amnistía:
los delitos de rebelión y
sedición, así como los
delitos y faltas cometidos
con ocasión o motivo de
ellos; la objeción de
conciencia a la prestación
del servido militar, por
motivos éticos o religiosos;
los actos de expresión de
opinión, realizados a través
de prensa, imprenta o
cualquier otro medio de
comunicación; los delitos y
faltas que pudieran haber
cometido las autoridades,
funcionarios y agentes del
orden público, con motivo u
ocasión de la investigación
y persecución de los actos
incluidos en esta Ley; y los
delitos cometidos por los
funcionarios y agentes del
orden público contra el
ejercicio de los derechos de
las personas.
Tendrían que haber aparecido
expresamente, de entre los
delitos que se amnistiaban,
las ejecuciones sumarias,
las desapariciones forzosas,
las ejecuciones
clandestinas, los
enterramientos ilegales en
las cunetas o las torturas
hasta la muerte. No se
atrevieron con tanto
detalle, y lo que no se dice
no queda dicho. Las leyes
internacionales los
consideran imprescriptibles.
Las organizaciones Human
Rights Watch y Amnistía
Internacional han solicitado
al gobierno de España, la
derogación de la ley de
Amnistía, al considerarla
incompatible con el Derecho
Internacional, al impedir
que se juzguen los delitos
que no prescriben, como los
cometidos contra la
humanidad, genocidio y
desaparición forzada,
cometidos durante la guerra
civil española y el
franquismo. En el año 2012,
el representante de la
Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, pidió
formalmente a España la
derogación de la ley,
argumentando que incumplía
la normativa internacional
sobre Derechos Humanos.
Pocos meses después de la
muerte del dictador, el 3 de
marzo de 1976, ocurrieron
los sucesos de Vitoria.
Había comenzado la
Transición, pero no había
terminado la dictadura.
Durante una huelga, la
Policía Armada lanzó gases
lacrimógenos para desalojar
a los trabajadores reunidos
en una iglesia. Pedro
Martínez, Francisco Aznar,
Romualdo Barroso, José
Castillo y Bienvenido
Pereda, murieron asesinados
y más de 150 fueron heridos
de bala. Mal comenzaba la
democracia. "−Si hay gente
¡a por ellos!… −¡Buen
servicio! −Dile a Salinas,
que hemos contribuido a la
paliza más grande de la
historia. −Aquí ha habido
una masacre. Cambio. −De
acuerdo, de acuerdo. −Pero
de verdad una masacre". Se
oía por las emisoras de la
policía. Cómo sería, que la
Coordinación Democrática, la
Platajunta −fusión de
la Junta Democrática y la
Plataforma de Convergencia−,
exigió amnistía, libertad
sindical, democracia y
rechazo de las leyes
reformistas, acelerándose
con ello el fin del
franquismo. Algo se
consiguió, a costa del
silencio y dejación de la
búsqueda de
responsabilidades. Luego
ocurrió que, quienes
defendían la ruptura,
reformaron.
No fue hasta el año 2008,
cuando el Parlamento Vasco,
consideró responsables
políticos de aquellos
sucesos a los ministros:
Fraga Iribarne de
Gobernación, Martín Villa de
Relaciones Sindicales y
Alfonso Osorio de
Presidencia. La jueza
Servini, considera a Martín
Villa, responsable último de
la represión, sancionable
con la "pena de reclusión o
prisión perpetua", en
referencia al delito de
homicidio, con el agravante
de haber sido cometido de
forma premeditada. Los
supuestos delitos de Martín
Villa y del resto de los
imputados constituyen
crímenes de lesa
humanidad, sujetos a
persecución por el principio
de Justicia Universal.
Salvador Puig Antich, fue
ejecutado, a los 26 años, el
2 de marzo de 1974,
condenado "por la muerte de
un funcionario público por
razones políticas". Militaba
en el Movimiento Ibérico de
Liberación, que realizaba
acciones armadas y robos de
bancos para fomentar la
lucha obrera. Huelo el
ambiente de aquella mañana,
fría y siniestra, que
anunciaba la primavera y
oigo el crac, crac, del
tornillo asesino, que quitó
la vida a Salvador. Fue,
tristemente, el último preso
ejecutado en España a
garrote vil. Colectivos de
derechos humanos y
mandatarios extranjeros,
como el Vaticano o el
canciller alemán Willy
Brandt, pidieron su indulto.
El mismo día y por el mismo
método, fue ejecutado en
Tarragona, Heinz Chez. Con
ello, se pretendía distraer
la atención hacia otra
muerte, por otras razones,
pero con la misma crueldad.
Rodolfo Martín Villa,
imputado por cometer
crímenes durante el
franquismo, recibió el apoyo
de Felipe González, José
María Aznar, José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy, presionando a la
jueza argentina. Ahora, el
Ayuntamiento de Vitoria, ha
denunciado el apoyo que le
dieron,
antes de su declaración por
videoconferencia ante la
jueza María Servini.
Además de rechazar el apoyo
por parte de los
expresidentes, Vitoria
agradece el trabajo de la
jueza para acabar con "la
impunidad de los crímenes
del franquismo" y reclama
que la Justicia española
investigue y enjuicie "los
crímenes contra la humanidad
cometidos durante la
dictadura franquista" y la
Transición y, en particular,
aquellos cuya
responsabilidad pudiera
recaer en Martín Villa.
Los partidos que han apoyado
la moción en Vitoria-Gastei,
reclaman el esclarecimiento
de la verdad para acabar con
"la impunidad" y depurar
responsabilidades para
obtener "el derecho a la
verdad, reparación y
memoria". El PSOE y el PP no
han secundado la moción, ya
que, a su juicio, "no
procede entrar a valorar a
la justicia ni las
declaraciones de
expresidentes de este país".
Por razones de trabajo, que
no vienen al caso, me
encontraba en el palacete de
Castellana 3, donde se
reunía el Consejo de
Ministros presidido por
Arias Navarro, el viernes 26
de septiembre de 1975.
Ministros con caras serias,
firmes e impertérritas. En
unos instantes iban a
conceder el indulto a seis
de los condenados a muerte,
conmutando sus penas por la
de prisión y dar el
"enterado" a las cinco
sentencias de muerte, que
fueron ejecutadas al "alba".
