Abril es el mes
republicano por
excelencia, por lo que
voy a aprovechar estos
días a retomar mis
reflexiones
republicanas; unas serán
nuevas y otras
recuperadas de otros de
mis artículos publicados
sobre el tema. Lo cierto
es que pretendo
alejarme, en lo posible,
de la crisis sanitaria,
social y económica,
provocada por el
coronavirus, y despejar
ideas en estos largos
días de confinamiento.
El próximo 14 de abril,
se cumplen 85 años del
advenimiento de la
Segunda República. Vivió
ocho años, tres de ellos
defendiéndose en guerra,
tras el golpe de Estado
fascista contra la
legitimidad democrática,
otorgada en las
elecciones del 12 de
abril de 1931 y el
abandono precipitado del
rey Alfonso de Borbón,
que huyó con la
conciencia poco
tranquila, por los
desmanes políticos y
personales que
protagonizó. Aquellos
acontecimientos y estos
días, son una
oportunidad para ampliar
mis reflexiones
republicanas y a ello me
voy a dedicar.
En
septiembre de 1923 el
general
Primo de Rivera había
dado un golpe de Estado,
militar por supuesto,
auspiciado por el rey,
"para salvar España de
los profesionales de la
política". Su intención
era poner en orden
España y devolver
después el poder a manos
civiles. El golpe fue
apoyado por la
burguesía, la Iglesia,
el ejército, los
industriales catalanes y
los terratenientes
andaluces. Todos contra
la clase trabajadora que
reclamaba más salarios y
más derechos y hacían
peligrar, con el
creciente malestar
social, los privilegios
reales y de las clases
pudiente. El Partido
Socialistas Obrero
Español y la Unión
General de Trabajadores,
se mostraron en
principio ambiguos
frente al golpe. La CNT
se mostró abiertamente
contrarios al dictador.
El Partido Comunista,
creado el 14 de
noviembre de 1921, por
una escisión del PSOE,
convocó una huelga
general, que fue poco
secundada y los
huelguistas perseguidos.
Primo de Rivera, como
buen dictador, disolvió
el gobierno, que fue
sustituido por un
Directorio militar;
suspendió la
Constitución, disolvió
los ayuntamientos y
prohibió los partidos
políticos. Todo el poder
para el ejército, que no
estaba en sus mejores
momentos, tras la guerra
de Marruecos y todos los
sucesos trágicos en el
norte de África. El
Directorio no tenía
programa político salvo
las dos cuestiones
típicas de la derecha
caciquil de todos los
tiempos: la unidad de la
patria y el
mantenimiento del orden
público. No fue todo
negativo. Construyó
grupos escolares,
pantanos, carreteras,
ferrocarriles y creó
empresas públicas como
Campsa, Telefónica o
Tabacalera. Hay que
tener en cuenta que la
peseta estaba fuerte y
la industria había sido
fortalecida por la
neutralidad de España
durante la Primera
Guerra Mundial.
Pero llegó la crisis
internacional con
el crac financiero de
1929
y la economía española
se derrumbó y rugió la
crisis social. Revueltas
estudiantiles, huelgas
de trabajadores,
disturbios, intrigas
políticas de adversarios
y criticas desde dentro
del régimen y sus
correligionarios
militares. Primo de
Rivera, confundido,
creía contar con el
apoyo del rey, pero todo
lo había perdido. Al día
siguiente de pronunciar
la celebre frase "a mi
nadie me borbonea", el
rey, como buen Borbón,
que van dejando
cadáveres políticos por
donde reinan, le
abandonó. En el exilio
de París murió el
dictador un mes después,
dejando en herencia a
sus hijos Pilar y José
Antonio, con su
ideología fascista, que
tanto hiciera sufrir a
cientos de miles de los
mejores españoles y
españolas.
De
una dictadura a una
dictablanda, presidida
por el general Dámaso
Berenguer.
Nuevos desórdenes
sociales y unas fuerzas
políticas que nunca
habían perdonado al rey
Alfonso su apoyo a la
Dictadura, coincidieron
en derribar la
monarquía. Incluso los
liberales, que siempre
habían considerado la
monarquía como su
sistema de privilegios,
se pasaron al campo
republicano, junto con
nacionalistas catalanes
e intelectuales. Las
elecciones municipales
convocadas, que
pretendían consolidar el
sistema y conseguir
mayor apoyo popular,
resultaron ser la
perdición real. La
monarquía era
considerada como un
símbolo en decadencia.
Republicanos y
socialistas, decidieron
convertir las elecciones
municipales de 1931 en
un plebiscito sobre la
continuidad de la
monarquía en España. La
suerte estaba echada.
Previamente en agosto de
1930, en
El Pacto de San
Sebastián,
los partidos que
asistieron (Alianza
Republicana, Partido
Radical Socialista,
Derecha Liberal
Republicana, Acción
Catalana, Acción
Republicana de Cataluña,
Estat Catalá, y la
Federación Republicana
Gallega), acordaron
poner fin a la monarquía
y proclamar la Segunda
República. Meses después
el PSOE y la UGT se
sumaron al Pacto. Se
pensó en organizar una
huelga general, que
fuera acompañada de una
insurrección militar,
que metiera a "la
monarquía en los
archivos de la historia"
y establecer "la
República sobre la base
de la soberanía nacional
representada en una
Asamblea Constituyente".
La huelga general no
llegó a declararse y la
sublevación de Jaca
fracasó, siendo
fusilados los capitanes
Galán y García
Hernández. Muchos de los
miembros del Comité
Revolucionario fueron
encarcelados y otros
huyeron del país. El
general Berenguer, para
suavizar la situación y
fortalecer la soberanía
del rey, aplicó la
Constitución de 1876
que reconocía las
libertades de expresión,
reunión y asociación.
Todo se estaba
precipitando hasta el
desastre final.
Tras el cese del general
Berenguer por el rey,
forma gobierno el
almirante Juan Bautista
Aznar-Cabañas, con
viejos liberales y
conservadores. Una de
sus primeras decisiones
fue proponer nuevo
calendario electoral:
elecciones municipales
el 12 de abril
y posteriormente
elecciones a Cortes
Constituyentes. Las
elecciones, suponían
para la monarquía,
volver a la normalidad
anterior a Primo de
Rivera. Para las fuerzas
republicanas una
consulta sobre la forma
de Estado. Los
resultados fueron un
mazazo para los
monárquicos, que poco
hicieron para evitar que
Alfonso XIII perdiera el
trono.
Los resultados del 12 de
abril,
dieron a las
candidaturas
republicano-socialistas
el triunfo en 41 de las
50 capitales de
provincia. Los partidos
monárquicos ganaron en
9: Cádiz, Palma de
Mallorca, Las Palmas,
Burgos, Ávila, Soria,
Lugo y Orense. La
participación ciudadana
representó el 70% del
electorado. Los
monárquicos consiguieron
40.324 concejales,
frente a los 36.282 que
obtuvieron los
republicanos y
socialistas. Los
comunistas 67
concejales; los partidos
nacionalistas catalanes
más de 4.000 y los
vascos 267.
Cuando en Madrid se
conocieron los
resultados parciales,
que mostraban que las
ciudades más importantes
eran mayoritariamente
republicanas, el pueblo
se echó a la calle para
proclamar la República.
El rey, dejando a su
familia atrás, abandonó
el país. "España se
acostó monárquica y se
levantó republicana",
que diría el almirante
Aznar. Unas elecciones
municipales derrocaron a
la monarquía.