El juez García Castellón imputa Fernández
Díaz y a su cúpula policial en el caso Kitchen por espiar a Bárcenas.
Así mismo desvincula del caso al Partido Popular, en concreto a María
Dolores de Cospedal, sin mencionar a Mariano Rajoy y al CNI. Todo parece
que el exministro y sus policías se comen el marrón. Veremos cual es su
posición en el juicio. El bloqueo del PP a la renovación del CGPJ está
presente en la decisión del juez que tanto debe a los gobiernos de la
derecha.
Manuel García Castellón llegó llevó la instrucción
del caso Banesto y también la de varios atentados terroristas de ETA.
Entre otros el coche-bomba de 1995 contra José María Aznar. Fue García
Castellón
quien intentó imputar a Pablo Iglesias con
argumentos bastante endebles, en
una causa surrealista donde le quitaron la razón tanto el Tribunal
Supremo, como la Fiscalía como sus propios compañeros de la Audiencia
Nacional. Es quien imputó a Cifuentes, también por la financiación B del
PP, para después archivar la investigación. Es también el juez que hoy
ha cerrado la investigación de uno de los mayores escándalos de la
historia democrática: el caso Kitchen. Sigue prestando servicios al
Partido Popular
El caso Kitchen es uno más de salpican al
Partido Popular, por la utilización de los recursos del Estado en su
propio provecho y beneficio; primero para financiarse, después para
ocultar las huellas. Una historia de saqueo de las arcas pública por
malos policías, espías traidores y altos cargos corruptos, desde las
cloacas del Estado. Un entramado que utilizó los fondos reservados para
su lucro personal.
A finales de 2016, el expresidente de
Madrid andaba muy preocupado con el juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional. Allí se estaban investigando sus
correrías, y también varios de los casos más delicados para el PP: Lezo,
Púnica, más tarde Kitchen. Y en una conversación con el exministro
Eduardo Zaplana que grabó la Guardia Civil, Ignacio González confesó un
deseo que, muy pronto, se hizo realidad: que se fuera el juez que había
en ese juzgado y que volviera a la plaza el titular. Es justo lo que
pasó, apenas siete meses después.
¿Recuerdan a Ignacio González?; "Vamos
a ver, Eduardo (Zaplana).
Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y
escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le
digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?
Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular,
que ya me las apañaré con el titular, coño". Esto es lo que hay en la
administración de Justicia. (lo pongo con mayúscula por el respeto a la
institución).
Hoy conocemos que María Dolores de Cospedal, en
una de sus colaboraciones junto al excomisario Villarejo, trabajó para
que Ricardo Costa, entonces tesorero del PP valenciano, asumiera todas
las responsabilidades de la trama Gürtel. "Esto
te lo tienes que comer", asegura
Villarejo en uno de los audios publicados. El excomisario propone que el
damnificado fuera el tesorero Ricardo Costa, y se "coma" todas las
cargas que la causa conllevara. Tras estas conversaciones, donde también
participaba Ignacio López del Hierro marido de Cospedal, Costa fue
destituido y apartado de su cargo.
Nuestro sistema diseña un marco
constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye,
por parte del Estado, una prestación de servicio básico fundamental,
encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este
derecho sea real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo
carezca de recursos económicos. La tutela judicial efectiva no es sólo
un derecho, sino que es principio y fundamento del orden político y de
la paz social, en un espacio de igualdad y justicia social.
Hasta ahora, en la historia de la
democracia, ningún gobierno ha puesto en tela de juicio el derecho
acceso a la justicia en igualdad de condiciones; ahora si se está
produciendo. Ha habido una subida abusiva e indiscriminada de las tasas,
están atacando el Estado de Derecho. Impiden que muchos ciudadanos sin
recursos, podamos acudir a los tribunales en demanda de justicia. No
quiero ni pensarlo; pero hubo rumores, con la excusa económica, de
eliminar incluso la asistencia de letrado en las detenciones policiales.
Si fuera así, el Estado de Derecho plasmado en la Constitución, quedaría
en papel mojado, como así está ocurriendo con otros derechos
fundamentales.
Pero no solamente es la subida del importe
de las tasas la que ataca al Estado de Derecho; la asistencia gratuita
está siendo duramente agredida. Las Comunidades Autónomas, con especial
referencia a Madrid, con competencia en materia de Administración de
Justicia, están pagando tarde y mal a los abogados de los turnos de
oficio y rebajando los honorarios. Esta situación está perjudicando
gravemente el derecho a la defensa.
Siempre me he preguntado y no he encontrado
la respuesta satisfactoria: ¿Cómo es posible que no se haya abordado
decididamente, la modernización de la administración de justicia y que a
estas alturas de los avances tecnológicos se sigan utilizando medios del
siglo XIX? Quiero pensar que es por la gran dificultad tecnológica y los
enormes recursos económicos que hay que poner a su disposición, pero no
me lo creo ni yo mismo, es por que no quieren.
La operación Kitchen, es el nombre dado al
dispositivo que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para robarle a
Luis Bárcenas pruebas de la financiación irregular del PP. Respetando la
presunción de inocencia de todos los implicados, destacan el muy
católico ministro Fernández Díaz, hoy procesado y la muy leal secretaria
general María Dolores de Cospedal, hoy sin cargos por malversación,
prevaricación y revelación de secretos.
Los informes de anticorrupción ya apuntaban
a Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, y a Cospedal,
secretaria general del PP y ministra de Defensa, junto al que fuera
número dos de Interior, Francisco Martínez, responsable por su cargo de
los fondos reservados. Parece que ya ha avisado: "no voy a comerme ese
marrón solo".
El proceso judicial que más daño ha hecho a
la reputación del PP se refiere a la contabilidad secreta que manejaron
los extesoreros Álvaro Lapuerta (fallecido) y Luis Bárcenas. Por los
hechos registrados en esa contabilidad oculta al fisco, el juez tan solo
ha procesado a los tesoreros y gerentes del PP, por pagar con dinero
negro la compra de acciones de Libertad Digital o parte de las obras de
la sede de Génova, 13, y a los directivos de un despacho de arquitectura
por defraudar a Hacienda al no declarar parte de los ingresos logrados
por esa reforma.
García Castellón ha sido capaz de archivar
la investigación sin llamar siquiera a declarar como testigo al
principal beneficiado de todo el operativo y principal responsable del
Gobierno bajo el que todo esto ocurrió. En un ejercicio de malabarismo
difícil de igualar, cierra la investigación sin mencionar siquiera por
su nombre a Mariano Rajoy en los 70 folios del auto. "Ninguna diligencia
permite sostener", asegura el juez, que el señor Villarejo tuviera
comunicación directa con ningún presidente o primer ministro. Ese
presidente del que me está usted hablando, que diría M. Rajoy.
Más sobre más, todo es interminable,
García Castellón procesa a Granados y al
exsenador del PP David Erguido,
por contratos de la Púnica, por delitos de tráfico de influencias y
prevaricación y a otras quince personas más, entre otros al cerebro de
la trama, el que fuera secretario general del PP en Madrid y a los
responsables de los municipios afectados. Se investiga el pago de
comisiones ilegales a cambio de contratos para fiestas municipales a
través de la empresa Waiter Music.
Con toda esta situación de imputaciones en
la que se encuentra el PP, se entiende el bloqueo al que somete la
renovación del Consejo General del Poder Judicial, nombrado en la época
Rajoy. Siguen utilizando los poderes del Estado como propios y la
Constitución a su antojo y beneficio, lo que no deja de ser una
vergüenza.
El Partido Popular sigue implicado en casos
de corrupción hasta las cachas. Pese a todo y a la realidad manipulada
en beneficio del poder, tenemos derecho a que se haga Justicia con
justicia.
