Trabajadoras y pensionistas, somos los que estamos pagando la crisis
económica que cíclicamente afecta a la economía. Somos rehenes de las
políticas de la Unión Europea, de las reformas que los gobiernos han
implementado a lo largo de los años al amparo de las decisiones del
Pacto de Toledo, Reforma de las Pensiones, IPC Medio en vez del Real,
Planes de Pensiones de Empresa o Pacto de Rentas. La no derogación de
la reforma laboral de la derecha, ha hecho agudizar más la pobreza de
mucha gente.
Las
pensiones que se recibimos son la consecuencia de muchos años de
cotización, pero la cotización de todos estos años, en muchos casos no
da para unas pensiones mínimas dignas. La cuestión es mantener el
poder adquisitivo, que es de justicia, porque un jubilado ya no tiene
capacidad de generar más ingresos, por lo que no es admisible que
asuman una pérdida de poder adquisitivo. Las pensiones tienen que
permitir una vida digna, sin olvidar que quien paga las pensiones hoy,
son los hijos y nietos de los pensionistas.
Miles de personas se han manifestado en Madrid
para exigir la revalorización de las pensiones y los salarios conforme
al Índice de Precios de Consumo y defender que el sistema que sostiene
las prestaciones públicas en la jubilación es solvente y no necesita
ninguna privatización.
La protesta, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del
Sistema Público de Pensiones y a la que se han adherido sindicatos
como CGT, ha reunido a pensionistas de
distintas partes de España. "Soy viejo, no pendejo", decía una de las
pancartas; "todos somos pensionistas, quiero mi pensión o "blindar las
pensiones y no a los borbones", coreando cánticos como "pensiones
dignas para todas las mujeres" o "viva la lucha de la clase obrera".
Han sido y son un ejemplo. Toca Movilización y
Unidad, ante las agresiones a la forma de vida de trabajadores y
pensionistas.
Hoy me hago eco del llamamiento de Pensionistas: Lucha
Internacionalista, que apoya las
movilizaciones que pretende unir a pensionistas y a trabajadores en la
defensa de salarios y pensiones dignas. Estoy a favor de las
movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones.
El 44,9% de
la población española tiene alguna clase de dificultad para llegar a
fin de mes. El Capital ya no garantiza trabajo ni salarios y utiliza
su propia crisis para garantizar sus beneficios. El grado de
explotación ya no garantiza un salario o una pensión. Ya no hay
seguridad para tener una vida digna, después de haber cotizado y
trabajado toda una vida. La cantidad de personas que se encuentran en
pobreza severa va en aumento. La gente tiene dificultades para pagar
un alquiler, y el coste de los suministros básicos es cada vez más
grande. La cesta de la compra cuesta más, agravado por la cuantía de
los salarios y las pensiones que se cobran, mientras vemos como los
bancos, las eléctricas y los intermediarios se hacen cada vez más
ricos a coste de nuestra miseria.
Sigue
aumentando la brecha de género en salarios y pensiones. Las personas
que cobran las pensiones no contributivas tienen que sobrevivir con
una pensión que no llega ni al salario mínimo interprofesional, por
desgracia este colectivo está mayoritariamente compuesto por mujeres.
Un 27,8% es la población está ya en riesgo de pobreza según el
Gobierno y más del 60% según la Carta Social Europea para España.
En términos
absolutos, están en pobreza severa todas aquellas personas que viven
en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a
6.417,3 euros al año, 535 euros al mes. En 2021 esta cifra es ocho
décimas superiores a la del año anterior. Sin embargo, en combinación
con el aumento de población supone unas 372.000 personas más.
El capital
financiero y los monopolios son los beneficiarios de su propia crisis,
y provocan que el conjunto de las clases populares sufran todo su
peso. Desde la crisis de la especulación inmobiliaria del 2008, las
medidas de los sucesivos gobiernos han sido a favor del capital. A la
invasión de Ucrania por Rusia se le achaca la inflación, cuando antes
de comenzar la guerra ya teníamos una tasa del 8,2% y los pensionistas
estábamos en la calle pidiendo subida de las pensiones, para paliar la
inflación.
Seguimos
viendo cómo se sigue permitiendo la subida de los alquileres, un gran
negocio financiero que niega el derecho a una vivienda digna. Se ha
facilitado que las facturas de luz y gas suban de forma inalcanzable
para muchas familias, en vez de nacionalizar los grandes monopolios
energéticos que se reparten ingentes beneficios y bonificaciones.
Es
importante que trabajadores y trabajadoras, entiendan que si se
renuncia a las movilizaciones seguiremos perdiendo poder adquisitivo y
seguirá perdiéndose empleo. Sin un salario y un empleo dignos no
podremos tener unas pensiones dignas. Hay que decir basta a los
convenios que no aseguran el empleo y no incrementan los salarios
ajustados a la inflación. Es necesario decir no a los convenios que
intenten imponer los Planes Privados de Empresa.
Por un plan
obrero de medidas que son urgentes. Es necesario un acuerdo entre
organizaciones de pensionistas, sindicatos y movimientos sociales para
preparar una huelga general, porque motivos tenemos. Que se discuta en
los centros de trabajo, en la universidad, que todas y todos los
trabajadores, pensionistas y estudiantes la secundemos.
Por la
subida de salarios y pensiones con el IPC Real. Ante la subida del
coste de la vida y el plan de rentas que solo pretende consolidar la
bajada de salarios y que los trabajadores perdamos el Coste de la Vida
como referencia en convenios y revalorización de pensiones.
No es
admisible la subida de precios que se está produciendo. Los alimentos
y las bebidas no alcohólicas se encarecieron en septiembre un 14,4%
respecto al mismo mes de 2021 –seis décimas más que en el mes
anterior– y un 0,5% respecto al pasado mes de agosto, con alzas
anuales destacadas en leche, aceites y grasas, huevos y cereales y sus
derivados. El Gobierno tiene que intervenir.
Mientras,
los salarios aprobados en los convenios subieron una media del 2,61%
hasta setiembre. Apenas es un 0,01% por encima de lo que aumentaron
hasta agosto, que fue del 2,60%. El dato supone más de seis puntos por
debajo del último IPC (8,9%). Este aumento salarial se queda por
debajo de la subida del 3,6% que acordó el Gobierno con los sindicatos
para el SMI. Urge subir los salarios, controlar los precios, limitar
los beneficios y garantizar unas pensiones dignas.
Hasta un
total de 13,1 millones de personas estaba en riesgo de pobreza y/o
exclusión social en el año 2021 en España, lo que supone el 27,8% de
la población, según el XII Informe El Estado de la Pobreza. El informe
refleja que el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión
social aumentó casi un punto porcentual con respecto al año anterior.
En términos absolutos, unas 380.000 nuevas personas más están en
riesgo de pobreza o exclusión social este último año. Los hogares en
los que viven niños y adolescentes tienen tasas más altas en los
principales indicadores que aquellos donde hay adultos solamente.
Dentro de estos hogares, destacan especialmente los monoparentales y
las regiones del sur, más pobres que las del norte de España.
En el año
2021, unos 3,9 millones de personas, que constituyen el 8,3% de la
población española, vivía con privación material y social severa, que
incluye a aquellas personas que viven en hogares que no pueden
afrontar siete o más conceptos o elementos de consumo, de un total de
nuevo considerados básicos en el territorio europeo, lo que representa
un indicador de vulnerabilidad grave.
Hay que
seguir reivindicando el IPC real, es decir, lo que sube el coste de la
vida en el año. El año pasado perdimos cerca de un 3% y este año
podemos perder un 2%, porque el cálculo se hace en noviembre y según
las estimaciones este año subirá a más del 10%, pero a las pensiones
subirán un 8.5%.
Debemos
preparar movilizaciones contra el capital, que se prepara para salir
beneficiado de la crisis y que el pago de la deuda financiera siga a
costa de nuevos recortes sociales. Partidos como Ciudadanos se oponen
abiertamente a la subida lineal de las pensiones y otros como el PP se
refugian en la indefinición. Algunos de sus dirigentes plantean un
pacto de rentas en el que las pensiones más altas suban menos que el
IPC; lo que significaría que las prestaciones más elevadas no subieran
un 8,5%, sino en una horquilla de entre un 4,5% y un 7%.
Hay que
apoyar las movilizaciones que se está convocando y celebrando desde el
movimiento pensionista, los sindicatos y los movimientos sociales,
porque gobierne quien gobierne las pensiones y los salarios se
defienden.
